Política Nacional de Telecomunicaciones

Política Nacional de Telecomunicaciones: un día germinal y fecundo.
Gonzalo Perera

En 1992, cuando los Carlos Saúl Menem, excitados por sus “relaciones carnales” con el imperio, sembraban el neoliberalismo a ultranza en el Río de la Plata, el pueblo uruguayo tomó una decisión histórica. Optó por defender el Estado, como herramienta fundamental para la soberanía y la instrumentación de políticas de inclusión y progreso. Un 72% votó por proteger las empresas públicas de los afanes vendedores que, allende el Plata, se impusieran rotundamente y culminaran devastando la estructura social y política de la hermana Argentina. Y posibilitando numerosos “afanes”, por cierto.

En el Uruguay, el pueblo dijo rotundamente que éste NO era el camino. Y en los últimos sondeos, en el 2009, un 66% de la ciudadanía encuestada manifiesta su intención de volver a votar igual que en el 92 si fuera menester.

Sin embargo, se prohijó dentro de la derecha nacional y llegó a permear a algunos compañeros de nuestro FA la doctrina del “vacío legal” sobre las Telecomunicaciones, según la cual las competencias de ANTEL y en particular los servicios sujetos a monopolio estatal, no están debidamente aclarados. No puede y no debe ninguna ley detallar a la minucia las características de la tecnología que usa para brindar un servicio de telecomunicaciones, pues dicha forma seguramente será reemplazada por otras o al menos tendrá alternativas comparables en dos años.Y ciertamente, ninguna ley puede adivinar el futuro tecnológico. Por ende, es saludable que las legislaciones en la materia sean generales, no excesivamente detallistas, pero radicalmente claras en sus rumbos estratégicos. La doctrina del “vacío legal”, sustentada en la ambigüedad de la expresión “telefonía básica” (que desde el punto de vista tecnológico no es una categoría precisa) pretendió entonces confundir elefantes con trombones y pasó por alto que, tecnicismos más o menos, la expresión de la voluntad popular en 1992 (y en instancias posteriores, diversas y reiteradas) fue inequívoca y un direccionamiento estratégico nítido y contundente: debe ser el Estado el conductor de las políticas de telecomunicaciones, por la enorme incidencia de éstas en la seguridad, producción, educación, etc. Y para ello no hay que reinventar la rueda sino fortalecer un instrumento que el Estado posee, llamado ANTEL. Esto no significa que la empresa estatal no sea susceptible de mejoras profundas, obviamente. Pero no se puede, ya sea por ideologismos, por tecnicismos o por picardía, desconocer que para la gran mayoría del pueblo uruguayo sigue siendo hoy el Estado a través de ANTEL quien debe conducir las telecomunicaciones del país.

Y si el vacío legal no fue suficiente, se reiteró como muletilla la muerte inevitable de los monopolios por avance de la tecnología. Lejos de morir los monopolios, el progreso tecnológico del mercado librado a sus propias reglas, fomenta la sustitución de unos monopolios por otros, cada vez más poderosos, concentrados en muy pocas manos y ajenos al control societario. Si caen los monopolios estatales, en unos años serán uno o dos grandes grupos económicos los dueños del mercado de telecomunicaciones, como ya son pocas las manos que controlan el mercado de las comunicaciones, brindando una perfecta ejemplificación de la construcción gramsciana del discurso hegemónico. No se trata de si monopolio sí o no. La única disyuntiva real en la región es si monopolio (o neta hegemonía) estatal, controlable desde la sociedad civil por las reglas de la vida democrática, o monopolio (o franca hegemonía) de un gigante económico propiedad de muy pocos e incontrolable para el ciudadano. E insisto, esto no sólo es aplicable en una escala tan pequeña como la uruguaya, sino incluso a otras mayores. ¿O acaso estamos todos distraídos cuando vemos la feroz guerra que el Grupo Clarín y su colosal poder concentrado ha desatado contra los gobiernos de Kirchner y Fernández en Argentina? ¿Es que acaso no vemos lo que cuesta en un país de la riqueza y potencialidad de la Argentina poner coto al poder del sempiterno constructor de la agenda política y social a través de los medios? ¿Qué le espera a Uruguay, ya sea en materia de medios y contenidos culturales como de sus vehículos, las telecomunicaciones, sino defendemos y priorizamos el rol del Estado?

La red nacional de telecomunicaciones, bajo sus diversas expresiones tecnológicas, debe ser, en el Uruguay, propiedad estatal. Esa es mi sincera opinión si pretendo imaginar un futuro medianamente sustentable y progresista para nuestro país. La alternativa es el país en manos de muy pocos. Sobre esta red de propiedad estatal, siempre según mi entender, pueden distribuir comercialmente diversos servicios actores públicos y privados, pero manteniendo la integralidad de la red bajo la órbita estatal, tanto en lo que tiene que ver con su propiedad como su contralor y gestión.

Muchos dirán que esto es imposible, voluntarismo, ideologismo. Responderé que es perfectamente posible si se prescinde de los dogmas de la doctrina neoliberal y que además, similares argumentos pretendían amparar el desmantelamiento del Estado en 1992.

Red única estatal, sobre la que diversos actores pueden ofrecer servicios y agregar valor. Red en manos de una ANTEL fuerte, que integre y universalice el acceso a la mejor tecnología disponible. Esa es la visión estratégica que suscribimos para las telecomunicaciones en el Uruguay, que requiere nueva legislación y si cabe, consulta directa a la ciudadanía.

Los fuegos de artificio de la libre competencia y el mercado abierto y desregulado, son pan para hoy y hambre para mañana, y su frondoso discurso es parte de una página de la historia que todo el subcontinente debe dejar atrás... Y antes que “noche de las luces”, prefiero que el quinquenio que comienza, sea día germinal y fecundo, de visión política estratégica y acción decidida.