Grupo de Investigación Académica

“Uruguay 2010. Telecomunicaciones: entre la innovación y el acceso”

Este grupo académico compuesto de ocho investigadores pretende ingresar al debate ciudadano en materia de telecomunicación y medios con la finalidad de ser un agente esclarecedor de la articulación entre lo especifico del asunto y la dimensión mas amplia, que implica la construcción de un modelo de desarrollo en el marco de una convivencia democrática.

Paralelamente a la tarea de investigación y además de la construcción de los datos, surgen preguntas y señalamientos acerca de la forma de procesar las transformaciones del país en el área que lo ocupa.

El equipo de trabajo ha sido seleccionado, en el marco del programa PRODIC (Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación) para ser financiado con fondos públicos de CSIC. Sus integrantes provienen de diferentes ramas del conocimiento con la finalidad de conformar un prisma de abordaje multidisciplinario. Tres de ellos intervendrán en la mesa del 3 de agosto “Comunicación y Poder en Uruguay Hoy”.

Profesor Gerardo Caetano. Facultad de Ciencias Sociales (FCS) - Instituto de Ciencia Política (ICP).
Coordinador y DT del proyecto. Su función es la coordinación y seguimiento del conjunto de investigadores. Evaluación de la información relevada. Colaboración y dirección en los informes de avances de la investigación y co-redactor del trabajo final.-
Federico Betramelli. Docente LICCOM_UdelaR.- Investigador principal. Relevamiento de la información,búsqueda y obtención de documentación relevante. Elaboración de informes. Evaluación de la información relevada. Co- redactor de los informes de avance y del informe final.-
Otros seis universitarios asistirán la investigación y elaboraran algunos informes así como serán co-redactores del trabajo final. Cuatro también pertenecen al Instituto de Ciencia Política de la FCS: los Licenciados (maestrando) Jaén Motta y Eduardo Alonso; los estudiantes de grado Pablo Irigoin y Juan Alberto Meyer. María Fernanda Osorio. Docente LICCOM - Facultad de Ciencias Económicas.
Luis Delio Machado. Docente Facultad de Derecho - UdelaR

Resumen de la investigación.

Esta investigación apunta a analizar las capacidades estatales y el esquema institucional implementado hasta la fecha por el Estado uruguayo en atención a la emergencia de cambios profundos en los diseños de radiodifusión (advenimiento de la Televisión Digital, el modelo de negocios de prestadores actuales bajo el nuevo esquema, la participación de instituciones públicas en la oferta, marco regulatorio, etc.) y en la trasmisión de datos (ampliación de la oferta mediante fibra óptica, regulación estatal en la oferta, operadores por triple play, etc.).

La complejidad del análisis (para investigadores y policymaking), reside en que las políticas de medios, como consecuencia de la convergencia tecnológica, ya no se reduce al seguimiento pasivo de la productividad de la actividad privada y a los criterios de asignación de ondas, sino que quedan fuertemente vinculadas a las políticas de telecomunicaciones y a los problemas políticos, económicos y tecnológicos que éstas atraen. Las resoluciones adoptadas o por adoptar vía regulaciones o modelos de negocios sobre contenidos conforman un campo de vasto investigación.

Esta investigación procura establecer cuáles son las instituciones y con qué capacidades instaladas cuenta el estado uruguayo para enfrentar la nueva oleada tecnológica contemporánea y paralelamente observar prospectivamente cuáles son las herramientas que tendrá disponibles en el futuro, como también la matriz institucionalista que emerge de las mismas dando cuenta de los desafíos tecnológicos y estratégicos de un fenómeno que interviene en nuestro sistema de valores democráticos republicanos, como también los modelos de negocios emergentes que ciertamente determinarán las posibilidades geopolíticas de desarrollo.


La implementación de la TV digital permitiría incrementar el número de ofertas a una
cantidad que oscila entre 16 y 32 canales de aire. Asimismo se accedería a una mejor calidad de imagen y de audio, dependiendo de la norma (se denomina así al tipo de tecnología que se utiliza para la transmisión de la señal) que se adopte y se abrirían amplias posibilidades de desarrollar funciones complementarias, debido a la capacidad de interactividad con el usuario final. Este fenómeno no es aislado, sino que se enmarca en un proceso mucho más amplio, que refiere a la revolución tecnológica en el campo de las telecomunicaciones y que provoca una tendencia de convergencia entre diferentes tecnologías vinculadas a las comunicaciones, que hasta el momento se desarrollaban en forma independiente.
Las inversiones de la telefonía fija, de la telefonía móvil, de la transmisión de datos, de Internet y de la electrónica mundiales, entre otras, ahora se interconectan y vinculan, modificando las estrategias de las grandes empresas líderes en cada uno de esos conocimientos (se reconocen dentro de las denominadas TICs ).

Esto le da a las políticas de medios de comunicación mayor complejidad porque no es posible entender el fenómeno específico de la televisión abierta digital, desconociendo los movimientos tecnológicos, económicos y estratégicos en el resto de los campos mencionados. La prueba más reciente ha sido la incursión de los operadores de cable en la transmisión de datos, en el marco del fallido plan CARDALES, o en las presiones internacionales que Uruguay está recibiendo a partir de la adopción de la norma europea para Televisión Digital. Esto, porque la convergencia tecnológica coloca a grandes empresas privadas con know how en la materia, en el centro de las estrategias geopolíticas de los gobiernos.

La interrogante que plantea este escenario, es ¿cómo hace un pequeño país
tomador de tecnologías, económicamente dependiente y con una baja capacidad institucional instalada, para establecer políticas promovidas por el Estado y conservar una autonomía lo suficientemente fuerte frente a otras naciones e intereses del mercado nacional e internacional, sin dejar de respetar los intereses de la sociedad representados por la autoridades elegidas democráticamente?

Las primeras impresiones, sugieren que la mayoría de las decisiones tomadas desde la aparición del nuevo fenómeno tecnológico, han sido puntuales, inconexas, sin un debido proceso de evaluación política y generalmente cómo producto de presiones de actores extra-estatales. No se observa el planteamiento de “una política”, sino el devenir espontáneo de decisiones aisladas que pretenden aplazar el tema por no ingresar en la agenda y generan avances y retrocesos sin un objetivo preciso.
A modo de ejemplo y tomando en cuenta sólo los últimos meses podemos enumerar los cuestionamiento de los gobiernos vecinos a la opción de la norma europea por parte de Uruguay, el decreto adjudicando a las empresas locales privadas la transmisión de datos del plan CARDALES y luego su derogación, la autorización de la URSEC al grupo SLIM (mexicano) para explotar telefonía móvil y su posterior derogación por un decreto de presidencia, el traslado de la Dirección Nacional de Comunicaciones del Ministerio de Defensa al Ministerio de Industria sin la previsión de recursos presupuestales y un largo collar de situaciones similares, parecen ser la norma en materia de tecnología de telecomunicaciones y de su prima hermana, la tecnología de la televisión digital. Mientras, en otros países, cercanos y lejanos, ya está funcionando la televisión digital en forma masiva y desarrollan un know how, que nos coloca con un retraso significativo en la materia, lo que quizás nos deje a las puertas de una nueva oleada de la revolución tecnológica en la materia, haciendo de estas preocupaciones un tópico obsoleto.

Pero estas, son sólo impresiones e informaciones que nos estimulan a realizar un
estudio riguroso en la materia, que incorpore un diagnóstico preciso de la situación
institucional del Estado uruguayo y permita determinar cuales son sus potencialidades así cómo sus debilidades, frente al conjunto de amenazas y oportunidades que traen aparejados estos avances tecnológicos en el mundo de las telecomunicaciones. La novedad del análisis, es que debe ser incorporado en el marco de los desarrollos tecnológicos en el terreno de las telecomunicaciones en general, debido a la incidencia que éstos tienen sobre el tema objeto de la investigación.


Antecedentes.

Política de medios local .El sistema de Telecomunicaciones uruguayo se compone desde su nacimiento (no planificado) del Ente de Telecomunicaciones, actualmente independizado de su homólogo energético que es Antel (monopólico desde su creación, hasta procesada la desregulación del servicio de telefonía móvil) y por la red de prestadores de servicios de radiodifusión nucleados mayoritariamente en ANDEBU (Asociación Nacional de Broadcasters del
Uruguay).

De conformación levemente tardía, la aparición de núcleos corporativos en la
radiodifusión uruguaya no tardaron en comparecer en el mercado y sobretodo en el orden
público, La ANDEBU nació el 20 de julio de 1933, con un retraso de once años de la primera transmisión de radio en Uruguay, agrupando a once emisoras existentes y planteando un debate que será paradigmático en lo que respecta a la radiodifusión nacional, la imposibilidad de aceptar la radiodifusión como un servicio público. “La posición históricamente mantenida por ANDEBU es la de entender la radiodifusión como servicio de interés público. Es así que ANDEBU defiende la propiedad privada y múltiple de los medios electrónicos como garantía de la libertad de expresión” (García Rubio, Carlos: 1994). En el momento del surgimiento del canal estatal (1963) esta posición se resumió en un poderoso lobby que impidió por un lado la utilización del espacio publicitario en el canal del Estado y por otro frenó un proyecto de ley
de Luis Hierro Gambardella, que pretendía regular los medios electrónicos, “hubo un primer intento de desarrollar el canal oficial de modo de llegar a disponer de un instrumento competitivo con el nivel técnico de los canales privados, a partir de 1964. En la ley de presupuesto de ese año se estableció que el 20% de la publicidad de todos los organismos del Estado debía ser destinado al SODRE, que hasta entonces seguía sin publicidad, tanto en las ondas radiales como en la TV” (Faraone, Roque: 1998). La aplicación fue dificultosa por no decir un pequeño campo de batalla.

Claramente la conformación del sistema de telecomunicaciones en Uruguay generaba
un movimiento pendular que por un lado le daba al Estado el monopolio de la trasmisión de datos a través del Ente prestador y por otro lado dejaba bajo una lógica privada prestadora de servicios a la televisión y a la radiodifusión; ciertamente en el horizonte no estaba el problema de la convergencia tecnológica y mucho menos la transnacionalización de las telecomunicaciones. Tan es así que el organismo encargado de nuclear los componentes monopólicos creados a tales efectos fue la ITU (1932) "la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), un régimen básicamente diseñado no para permitir la competencia entre operadores, sino para conectar monopolios nacionales. De este modo, la ITU proporcionaba un paraguas limitado, pero también necesario, de reglas y estándares que hacían posible una operativa construida sobre la base de acuerdos intergubernamentales bilaterales" (Narbondo, P. Ramos, C. y Zurbrigen, C : 2003). Esta síntesis institucional internacional (ITU) proveía a los Estados de una salvaguarda precisa y económica, que en definitiva aseguraba una interrelación paritaria de los monopolios (Narbondo: 2003:17), en su gran mayoría públicos, particularmente en lo que respecta a Latinoamérica. Bajo la impronta del necesario acceso universal y el impulso desregulador de los años 90 nos encontramos con una ITU remozada que sigue administrando monopolios pero esta vez mucho más distantes de una entronización estatal. Esta delegación de un espacio público (el radioeléctrico) será parte
de un expertiz que agentes privados harán pesar en la puja por la trasmisión de datos.

Los tres grupos que detentan los clúster significativos de los medios masivos
nacionales se pueden resumir en:
Grupo Romay Salvo: dueños de CX 12 Oriental y CX 20 Montecarlo, los canales de televisión abierta 4 de Montevideo, 3 de Colonia, 8 de Rosario, 11 de Maldonado 12 de Fray Bentos. Además cuenta con tres canales para abonados.
Grupo Scheck (Sociedad Televisora Larrañaga): propietarios de Canal 12 de Montevideo, 2 de Maldonado y 10 de Rivera que comparte con los otros dos grupos de medios. Asimismo se destaca su fuerte conexión con el diario El País.
Grupo De Feo-Fontaina: Detenta CX 16 Radio Carve, CX 24, Canal 10 de Montevideo, Canal 7 de Pan de Azúcar, además del 9 de Rocha. (García Rubio, C: 1994).

Asimismo estos tres grupos tienen una red que controla la distribución de una síntesis de los tres canales a través de Red Uruguaya de Televisión (RUTSA) que atiende al interior del país. Estos conglomerados de medios de fuerte impronta familiar permanecen sin competencia comercial privada desde 1961 en lo que a televisión nacional respecta, y a su vez son los que se han proyectado sobre la televisión por abonados consolidando el mismo espectro de incidencia que en la radiodifusión abierta. Esto último se reproduce recientemente con el frustrado decreto del poder Ejecutivo 537/009 que habilitaba a operadores de TV por abonados a operar en los sistemas Triple Play. ¿Acaso esto es el resultado de una capacidad
instalada en el mercado, abonada por el aislamiento del canal estatal de larga data, o es el resultado de una inercia de incapacidades; será acaso consecuencia de la ausencia de autonomía estatal en la materia o quizás por presiones que a esta altura superan a la lógica del estado nación?.

Conviene observar que los espacios de autonomías en nuestro Estado parecen estar
circunscriptas al ente autónomo que maneja la trasmisión de datos (ANTEL). Como ya hemos observado, operada la separación inicial entre radiodifusión y datos, la parte correspondiente a la TV y la radio quedaron sin ninguna participación de organismos estatales en el rol de supervisor o regulador, recién el año 2001 se creó la URSEC, más a influjo de la necesidad de comparecer ante organismos reguladores supranacionales (REGULATEL y UIT) que por la racionalidad estratégica de nuestro Estado.

La URSEC cuenta entre sus cometidos con la necesidad de asesorar a los poderes
gubernamentales, pero pocas veces sus iniciativas configuraron tendencias autónomas, más bien por la vía del decreto (marco resolutivo actual) se llegó a su desautorización, lo que implicó la laxitud de su eficacia en ese aspecto. En el plano legal la URSEC desempeña gestiones en forma amplia, lo que equivaldría a afirmar que el Estado uruguayo cuenta (aunque de forma reciente) con un cuerpo profesional que toma a su cargo este campo estratégico, pero en los hechos, la ingeniería institucional termina en el Poder Ejecutivo, bajo un régimen presidencialista con capacidad de veto, que hacen de la URSEC un organismo
satélite con capacidades instaladas (en su saber técnico) pero sin lograr plasmar sus
iniciativas en políticas públicas específicas.

Por supuesto que la transmisión digital no es problema exclusivo del Uruguay, sino
que es el resultado de inversiones millonarias de industrias multinacionales que se enmarcan
en la denominada convergencia tecnológica de la industria de las telecomunicaciones.
Provienen del mercado de la telefonía, la electrónica y de los medios de comunicación
(propietarios de poderosos multimedios). En Latinoamérica, grupos como Clarín, O Globo o
Slim compiten con empresas como Telefónica, Vodafone, Movistar o Claro y todos ellos
deben aliarse con industrias más sofisticadas vinculadas fundamentalmente a la electrónica como Siemens, Philips o las japonesas que lideran el sector. Las normas de TV Digital que se van consolidando en los diferentes países del globo son: la europea (DVB), la americana (ATSC), la japonesa (ISDB) y un tipo híbrido desarrollado por Brasil que se basa en la japonesa y le incorpora modificaciones. También existen otras normas en desarrollo en los países asiáticos (China e India). Esa convergencia tecnológica produce una mutación de los mercados y fundamentalmente de las industrias que los explotan.

En nuestro país, la irrupción de la incorporación del sistema de tecnología digital en la televisión deja entrever la necesaria comparecencia de nuevos actores, que junto a los tradicionales, le imponen al Estado la necesidad de ordenar y regular las políticas sectoriales e institucionalidades remanentes.

Estos cambios son más profundos que en otros países, porque los actores tradicionales vinculados al mundo de la televisión, optaron hace años por no
ingresar a otros campos colaterales que se le ofrecían desde el Estado y hoy están obligados a ingresar en ellos. Construyeron un fuerte bloque oligopólico negociador y conservaron una enorme hegemonía en la televisión por cable y casi monopólico en la televisión abierta. Pero no desarrollaron la infraestructura necesaria para la explotación de trasmisión de Internet a través de su red física de cable, ni la de otros servicios que acompañan la convergencia tecnológica en materia de telecomunicaciones, como los de transmisión de datos. El problema que se genera actualmente es que la televisión deberá adaptarse a la tecnología digital, ya no
por una opción de políticas desarrolladas por el gobierno, sino por una imposición tecnológica global que proviene del mundo exterior. Esa imposición es además, insorteable. Todo cambia.
El espacio para transmisión de comunicaciones se multiplica en el peor de los casos por 4 y las características de la transmisión habilitan para cargar en la misma señal una serie de servicios complementarios. Hasta aquí lo sabido.

Estos dos aspectos (características de las nuevas señales y cantidad de las mismas)
conllevan a una serie de decisiones que se deben tomar que condicionan fuertemente el status quo tradicional y en dónde ya no sólo se involucran agentes privados del mercado, sino que también el impacto en la transmisión de valores culturales se potencia, obligando al Estado a tomar cartas en el asunto como un actor involucrado. Para poner el ejemplo de Montevideo (la mitad de la población del país): de disponer de 4 canales de televisión (3 privados y uno estatal) y el acceso por cable a una enorme cantidad de señales y algunas nuevas nacionales o estatales (TV Ciudad, TV libre, VTV y señales exclusivas de los canales de aire en el cable), ahora tendrá sin costo señales aéreas digitales que cómo mínimo serán 16 canales. Los sectores de menores recursos, que hasta ahora no accedían a la televisión por abonados,
dispondrán de una oferta televisiva muchísimo más amplia que en el sistema actual. El perfil de los mismos está en manos de las decisiones que se tomen desde el Estado y se implementen tanto desde el sector público desde el privado.

Pese al impacto de la tecnología digital y a la importancia de las decisiones que se
tomen en la materia, el tema no ha estado en la agenda pública hasta la asunción del nuevo gobierno, ni ha tenido casi visibilidad. Aparece planteado como si fuera un tema exclusivo para técnicos y las decisiones quedan oscuras o con baja difusión. En cambio, en el mundo las empresas vinculadas al sector se han convertido en estratégicas y son parte de las relaciones internacionales. El peso económico es tan grande y el rol que juegan es tan importante que las mismas se desarrollan en estrategias nacionales y no privadas. La norma es negociada por los gobiernos y el mercado es determinado por estas negociaciones. Pero en Uruguay, ¿quién
decide qué es lo relevante y qué no lo es?, ¿sobre qué argumentos y respondiendo a qué
interés se han tomado decisiones?, ¿por qué los partidos no han participado ni han debatido sobre un cuerpo de políticas estratégicas en telecomunicaciones? ¿La televisión digital se instalará en el Uruguay sin un análisis y debates abiertos, de las conveniencias o perjuicios a la sociedad? ¿Qué ocurrirá con los actores tradicionales de la televisión (las tres familias dominantes)? ¿Esta oscuridad se debe a alguna intencionalidad política o económica o responde a la ausencia de capacidades estatales para procesar estos temas?.

Las interrogantes se pueden agregar en un continuo y en dónde casi no existen respuestas. O por lo menos, no son conocidas públicamente. Hacia un esclarecimiento del proceso y de sus fundamentos se avoca este proyecto de investigación, que intentará relevar todos los pasos, las decisiones, los actores y los potenciales impactos, tanto económicos como sociales.

Objetivos generales

_ El trabajo tiene como principal objetivo, describir los procesos decisorios
vinculados a las Telecomunicaciones en Uruguay, estableciendo sus antecedentes, los actores involucrados, las decisiones en el marco de políticas o decretos reglamentarios, las capacidades instaladas del Estado (cuerpo burocráticos, entes reguladores, competencias asignadas y/o ejercidas) y la Institucionalidad actual y/o prevista.-

_ Un segundo objetivo general, es conocer cuál ha sido el grado de participación en
dichas decisiones de los policymaking: qué debates parlamentarios y mediáticos se realizaron frente a la opinión pública y en general, con qué grado de autonomía el Estado en su esquema de representación política ha avanzado en las decisiones consideradas.-

_ Un tercer objetivo general será identificar y enumerar mediante qué protocolos y en
el marco de qué institucionalidad se toman las decisiones sobre la asignación del espacio radioeléctrico y de trasmisión de datos.-

_ Un cuarto objetivo será indagar el plan de negocios expuesto por los operadores
privados y por el Estado como actor público sobresaliente, sin descuidar la observación de sectores provenientes de la sociedad civil (el espacio civil-comunitario) en oportunidad de las trasformaciones actuales y por venir en el campo de las Telecomunicaciones.-

Estos objetivos admiten un abordaje descriptivo del Estado en las siguientes dos
dimensiones:

A.- Determinación de las capacidades / incapacidades del Estado uruguayo, ya sea por su
sistema político, como por su burocracia en relación a la Telecomunicaciones. Lo que implica también, inventariar la posible actuación de instituciones ad-hoc como tomadores de decisiones de forma delegada por el Estado y a su vez, la participación de corporaciones gremiales y empresariales en estas.

B.- Establecer la presencia y/o ausencia de Políticas Públicas desde la salida de la dictadura en referencia a las Telecomunicaciones en el Uruguay, mediante un raconto descriptivo histórico, que incluya el esquema regulatorio y legal actual.

Del balance de ambas dimensiones, se intentará identificar a los tomadores de
decisiones en la materia, para la generación de posibles mapas cognitivos (Axelrod, Robert:
1976), además de intentar reconstruir la tramitación parlamentaria de las distintas
incorporaciones tecnológicas y o definiciones en políticas al respecto.

Objetivos específicos:

_ Determinar las capacidades/incapacidades estatales en el conjunto de instituciones
involucradas a partir del estudio de (Legislación de uso y acceso de las Telecomunicaciones,
Legislación en relación a las mismas, Inversión en I+D en Telecomunicaciones en el período estudiado, Productividad en legislación en relación a las Telecomunicaciones (Medios Masivos de Comunicación y Trasmisión de datos).-
.
_ Describir cómo es su comunicación interna y su coordinación interinstitucional (área de influencia de los organismos técnicos estatales competentes en el período de estudio).-

_ Establecer mapa de competencias en las diferentes áreas del Estado, para lo cual se
intentará: Relevar la institucionalidad existente, relevar y describir el cuerpo legal competente en telecomunicaciones actual (organismos instalados institucionalmente (LATU, URSEC,
ANTEL).-

_ Descripción de los procesos racionales decisorios en la incorporación de nueva
tecnología en telecomunicaciones.-

_ Sistematizar las propuestas programáticas de los distintos partidos políticos con
representación parlamentaria; el registro de debates públicos, de los debates parlamentarios y de los programas partidarios, permitirá observar las capacidades/incapacidades de los actores partidarios, su sistema institucional para el tratamiento de estos temas, la presencia o ausencia de personal especializado, involucramiento de los partidos con los problemas tecnológicos, incorporación en la agenda pública, extremo que nos permitirá extrapolar este balance a las capacidades instaladas en el Estado propiamente dicho.

Estos conocimientos se buscan bajo la certeza de ser un país tomador de tecnología en
lo que a trasmisión de datos respecta y bajo la advertencia de las consecuencias geopolíticas que esto conlleva. A su vez otra de las consecuencias constatables de esta dependencia está relacionada con el deficitario flujo comercial y de contenidos en lo que a industria cultura refiere que nuestro país asume. Establecer la magnitud de tal fenómeno cuantitativa y cualitativamente, también es un objetivo a alcanzar.

Algunos indicadores a modo de ejemplo:

-Evolución del sector Telecomunicaciones en relación al PBI en el período estudiado.
-Porcentaje de participación pública en el sector Telecomunicaciones y en la tenencia de frecuencias en el período estudiado.
-Presencia o ausencia de políticas sectoriales en los distintos gobiernos y / o programas partidarios.
-Presencia o ausencia de institucionalidad burocrática específica.
-Porcentaje de participación privada en el sector en la tenencia de frecuencias por sector.
-Grado de participación en el mercado de los proveedores privados por rubro.
-Descripción de integración y organigrama de grupos empresariales.
-Tipos de servicios y modelo de negocios prestados por operadores privados y públicos.
-Índice de crecimiento de las TICs.
-Productividad parlamentaria en la materia.
-Productividad en normativa internacional.

Preguntas que se busca responder

Las preguntas fundamentales son: ¿el Estado uruguayo se encuentra capacitado como
cuerpo burocrático y político para la toma de decisiones que involucran compromisos
económicos y culturales a mediano y largo plazo? y ¿cómo hace un pequeño país tomador de tecnologías, económicamente dependiente y con una baja capacidad institucional instalada, para establecer políticas promovidas por el Estado y conservar una autonomía lo suficientemente fuerte frente a las otras naciones e intereses del mercado nacional e internacional, sin dejar de respetar los intereses de la sociedad representados por la autoridades elegidas democráticamente?

Como consecuencia de las anteriores interrogantes cabría preguntarse ¿Cómo se toman
las decisiones de incorporación tecnológica en el Uruguay?, ¿Qué instituciones tenemos y cuáles deberíamos tener para desarrollar una política de telecomunicaciones y más ampliamente una política de tecnología en telecomunicaciones?, ¿Cómo articular los intereses privados con los intereses generales en la materia?, ¿Puede Uruguay desarrollar una industria de exportación en lo cultural (contenidos)?, ¿Puede Uruguay reducir el rezago tecnológico con políticas de Estado y mejorar las actuales inversiones en la materia?, ¿Deberían tener los partidos políticos, instituciones propias para las propuestas de políticas futuras en el campo tecnológico?, ¿los grupos económicos nacionales, pueden sobrevivir con nuevas reglas de juego e incorporando a los actores internacionales públicos y privados?, ¿Cómo fue, es y será la relación entre los operadores locales y el Estado?. ¿Qué impacto provocará el advenimiento de la Televisión Digital en la demanda cultural de la sociedad? Estas interrogantes y algunas otras que el desarrollo de la investigación nos irá abriendo serán el norte del proceso de la
misma
Estrategia de investigación
(Incluye las articulaciones a realizar entre las funciones universitarias y con los actores sociales)

Esta investigación está en continuidad con la propuesta formulada en el marco de la
presentación de las 'Ideas Fuerzas' -PRODIC (Octubre de 2009) por el Prof. Caetano y por los demás adscriptos al mismo.

En relación a la articulación intra universitaria dejamos constancia que partimos de un abordaje multidisplinario e interinstitucional, que hace intervenir a dos servicios (LICCOM/FCS-ICP) y a tres perfiles técnicos distintos: Economía, Ciencia Política y Ciencias de la Comunicación. Asimismo se destaca que dentro de la LICCOM, el Seminario de Comunicación Audiovisual (4to. Ciclo) concentrará por su especificidad, buena parte de la sistematización de los avances de la investigación dentro de su currícula, mientras que en el ICP esta línea de investigación es parte de un proyecto de tesis de maestría y de avances en las tesis de grado de alguno de los suscritos.

En relación a la función Extensión y Relacionamiento con el medio (extra universitaria) se estima que es imprescindible crear un espacio académico dentro de la UdelaR que genere masa crítica suficiente para atender a los desafíos actuales y por venir, en relación de asistencia y co-participación a distintos niveles con actores como: La Dirección de Telecomunicaciones, URSEC, Asociaciones de la Sociedad Civil, Operadores establecidos, etc.
En lo concerniente a la investigación, la consecución del proyecto dará cuenta del cumplimiento con esta función universitaria.

Resultados esperados

Se espera en primer lugar la verificación de los impactos de este desarrollo
tecnológico que irrumpe en el marco de las oleadas tecnológicas y globales que admite
múltiples dimensiones, tanto en lo cultural, en la calidad democrática en juego, como en lo económico. Las fallas del mercado, suelen ser más profundas y estar más ampliamente presentes en las sociedades en desarrollo como la nuestra, por lo que se produce una gran tensión para los gobiernos, frente a los impactos en los medios de comunicación y en el conjunto de las empresas vinculadas al sector (muchas de ellas declaradas de interés prioritario como son las vinculadas a la “industria cultural”, como lo demuestra la presentación reciente de un proyecto de ley de contenidos en los medios de comunicación).
Una industria que impacta en sus propias definiciones democráticas y culturales, viene
fuertemente sostenida por el impulso de un mercado que no dominamos. Frente a este
fenómeno, adquiere particular relevancia conocer, cuáles son, y cómo se producen las
decisiones de nuestros dirigentes políticos que deben gestionar el problema.
De acuerdo a fuertes señales recientes, también es notorio que el Estado ha
aparentemente avanzado en un conjunto importante de decisiones, sin las capacidades
desarrolladas para su correcta evaluación y con un notorio déficit de institucionalidad capaz
de procesar racionalmente los problemas que se enfrentaban. Esto es evidente, por ejemplo, en el traspaso de la Dirección Nacional de Comunicaciones desde el Ministerio de Defensa Nacional para revestir bajo la órbita del Ministerio de Industria y Energía sin la previsión de recursos presupuestales y fundamentalmente las opacas actuaciones en la definición técnica para la adopción por parte del Estado uruguayo de la norma europea para la implementación de la televisión digital, en forma absolutamente aislada del resto de la región, que han optado por la norma nipona-brasileña (Brasil, Argentina, Chile, Paraguay entre otros.
Sin embargo, también se espera encontrar capacidades desarrolladas a partir de la
fuerte identidad del Estado uruguayo a las definiciones democráticas republicanas, que como en ningún otro país de la región, tiene una historia fuerte en experiencias y desarrollos a partir del impulso del Estado. De modo que el poco desarrollo técnico muchas veces se suple con un alto desarrollo de la conciencia estatal en las actividades estratégicas, lo que evita que se produzca una rápida apropiación del área por particulares o grupos privados nacionales o extranjeros. El conjunto de decisiones políticas respecto a la TDT y la Trasmisión de datos está fuertemente permeada por esa visión, pero se espera encontrar evidencia suficiente para
comprobar que esto no es suficiente para obtener políticas eficientes y coherentes con los valores sociales locales, sino que es necesario el desarrollo de capacidades tecnológicas y promoverlas a partir de un andamiaje institucional fuerte. El discurso de asunción del presidente José Mujica hizo presente la prioridad en la agenda política asignada a este tema, colocando en tela de juicio los pronunciamientos administrativos de la anterior gestión y advirtiendo una revisión de las decisiones tomadas. Inclusive la adscripción a la norma europea.

Estrategias de apropiación social previstas.

En el marco de las actividades previstas habíamos adelantado que el tema se encuentra
hoy en los primeros lugares de la agenda política. La estrategia de difusión y comunicación son centrales en este proyecto, al que pretendemos otorgarle una alta visibilidad. El primer desafío estratégico, se centra en que los tiempos políticos le imponen a esta investigación ciertos condicionamientos que los investigadores no debemos ignorar. Si bien, el objetivo es aportar avances académicos suficientemente significativos, como para poder ser utilizados para futuras investigaciones científicas, resulta evidente que también deberán ser significativos para los tomadores de decisión y fundamentalmente convertirse en aportes al debate frente a la opinión pública, al ciudadano común, sobre el supuesto que la ciencia no debe ni puede permanecer autista o aislada de su contexto social, ni se pretende que el conocimiento generado permanezca bajo grilletes intelectuales de unos pocos expertos.

El proyecto prevé dar a luz en un período prudencial, organizados los datos relevados y consolidadas sus principales conclusiones, mediante la elaboración de un informe de avance a los proveedores del fondo, pero automáticamente ponerlo en consideración de quién lo considere útil para su integración al debate público, o para los tomadores de decisión que les signifique algún tipo de valor. Esto a través de su divulgación en medios periodísticos y su presentación en los diferentes eventos académicos previstos dentro del período de la investigación.

También se pretende para el período final de la investigación la publicación de un
libro con los resultados de la misma, así como la participación de los miembros del equipo de investigadores en los debates públicos que se generen y eventualmente, en función del momento de los avances, producirlos. A lo largo del período, se prevé la presentación de 3 hitos con sus avances respectivos y la transmisión a través de los docentes intervinientes, a los alumnos de Ciencias de la Comunicación, de Ciencias Políticas y eventualmente en alguna otra especialidad, acompañados por las 3 publicaciones.

Finalmente, también se difundirán a través de artículos académicos en revistas
arbitradas, a cargo de los diferentes investigadores involucrados en el proyecto, como también en artículos producidos en los medios gráficos de comunicación o explicados en espacios periodísticos que se interesen por los avances.

Impactos esperados a nivel social, científico, etc.

Se espera que el proyecto impacte en un esclarecimiento respecto al diagnóstico de las capacidades estatales, sus fortalezas y sus debilidades y permita abrir el debate social, político y académico hacia una argumentación más sustentable y esclarecida, habilitando al desarrollo de actividades políticas futuras sobre bases mucho más fuertes, en función no sólo de las creencias y convicciones de quienes representan a todos los intereses presentes en la sociedad, sino también al mandato y a las constricciones a la luz de realidades conocidas y analizadas por ésta investigación.

Del mismo modo, la actividad académica no puede detenerse en el
diagnóstico de una realidad dada, sino que también tiene el compromiso social de proponer ideas y nuevos conocimientos para sus utilización de actores públicos, tanto estatales como privados, corporizados o individuales.

Esta investigación se propone identificar actores, denunciar las fallas institucionales, su funcionamiento y eventualmente, allá donde sea evidente establecer las mejores soluciones conocidas en otras experiencias, o exponer las reflexiones académicas que han investigado ésta problemática y que se constituyan en herramientas apropiadas para su incorporación al debate.

Por las mismas razones, este proyecto considera que puede aportar información
valiosa al PRODIC y su utilización se enmarca dentro de los objetivos del mismo. La
incorporación de los resultados de la investigación a la actividad docente, puede basar su
utilidad en que no se puede soslayar la encrucijada en que la tecnología ha colocado a los procesos de información y comunicación. El tema objeto de esta investigación es un tema específico de ese fenómeno más general y a la vez lo influye y lo condiciona. La revolución tecnológica en el campo de las comunicaciones no ha emitido señales de agotamiento y por el contrario, la posible instalación de la televisión digital o la ampliación de la oferta en la trasmisión de datos incorporan una nueva perla a esa revolución tecnológica, sumando más interrogantes sin respuestas a un fenómeno que se nos aparece y se nos impone naturalmente.