Aporte de SUTEL Hacia el II congreso del pueblo

Aporte de SUTEL Hacia el II congreso del pueblo

Uno de los temas fundamentales que hace a la vida de todos los orientales es la necesidad de una profunda Transformación del Estado.
Rechazamos la filosofía de las “reformas neoliberales” financiadas por los organismos internacionales de crédito como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que proponen una simple racionalización de funciones o achicamiento de la burocracia.
Tampoco acordamos con los criterios de “eficientismo” o “productivismo” de mercado que han venido reduciendo sistemáticamente la capacidad reguladora del Estado, sus funciones específicas en la producción de bienes y servicios y en la protección de los sectores más necesitados (tomando como modelo el sistema privatizador chileno). Reformas neo liberales que han disminuido los ingresos de los trabajadores y los han marginado de las principales decisiones y del control de los procesos productivos empujándolos a una pauperización contante. En definitiva, reforma que han cuestionado las condiciones materiales de la democracia y las condiciones de vida de los ciudadanos en general.
El estado deberá edificarse de una manera más incluyente; para ello debemos apuntar a la contrición de un bloque hegemónico alternativo, que incorpore a los sectores más postergados y discriminados de la sociedad. Lo cual será sustancial para hacer efectivo el anhelo del PIT-CNT de “contribuir a lograr que el actual gobierno desarrolle un “programa Alternativo Nacional, Popular, Democrático e Integrador”. Es así que una transformación del estado en el sentido de una radicalización democrática, de un desarrollo auto-sustentado y basado en la apropiación popular de sus frutos se compatibiliza con la reivindicación de un Estado “honesto, eficiente, solidario, social y productivo”.
El estado no es de ningún modo un poder impuesto desde afuera de la sociedad; tampoco es en el contexto de la idea moral, ni la imagen ni la realidad de la razón. Es más bien un producto de la sociedad. Cuando se llega un de terminado grado de desarrollo, el estado es la manifestación de que esa sociedad esta en una irremediable contradicción consigo misma y está divididas por antagonismitos incompatibles y que es importante para resolverlos. Las clases dominantes toman entre sus manos el mismo; Estado tiene por fin mantener el orden de las cosas existentes y aplastar la resistencia de las otras clases. Surgió a consecuencia de la escisión de la sociedad en clases, como instrumento de la clase explotadora para mantener sometido al pueblo explotado. El proceso de formación del Estado consistió en destacar un poder público especial, sus leyes, su ejército, su policía, sus cárceles, instituciones coercidas de distinto género etcétera.
Planteamos un Estado democrático, donde se desarrollen los grandes cambios, gradualmente, que luche permanentemente por la independencia política y económica , desarrollando política firmes, de caras a sus pueblos contra los grandes centros de poder, la defensa de las libertadas democráticas, con la participación de las amplias masas. Un Estado de democracia nacional mediante la participación activa de la clase obrera a través de sus organizaciones. Dicho Estado no es socialista por su naturaleza social, pero puede permitir avances importantes.
Debemos recuperar para el Estado el control de las áreas estratégicas. En este tema juegan un papel fundamental las empresas públicas como locomotoras del desarrollo productivo por los siguientes factores:

■ Su peso en la economía.
■ Su papel en el control nacional de los recursos estratégicos y su impacto en todo el aparto productivo.
■ El papel que juegan en el desarrollo tecnológico y en la generación de empleos directos e indirectos.
■ Su poder de compra como factor dinamizador de la producción.
■ La posibilidad de una política de tarifas que implique proveer a la sociedad y a las empresas privadas de la infraestructura productiva con altísima calidad y bajos costos para facilitar el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Todos estos factores son fundamentales par el despegue del Uruguay productivo con justicia social que todos anhelamos.

■ Debemos asegurar el derecho del Estado a decidir sobre los asuntos públicos y a examinar la legitimidad de las operaciones realizadas, llevando adelante las auditorias correspondientes.
■ Las empresas estatales deberán ser favorecidas porque es indiscutiblemente un problema de soberanía.
■ Fomentar la investigación a invertir en recursos humanos y tecnológicos.
■ Potenciar la innovación y el desarrollo de las telecomunicaciones, designando los cargos de dirección por idoneidad.
■ Brindar especial atención a las actividades vinculadas a la información y nuevas tecnologías.
■ Las empresas públicas no venden mercancías, brindan servicios esenciales, por lo tanto, suministrarlos es una responsabilidad insoslayable.
Ante los planteamientos, SUTEL, la organización que nuclear a todos los trabajadores de ANTEL, rechaza cualquier intento de privatización de ANTEL (asociaciones o sociedades anónimas) y de todas las empresas públicas, así como a eventuales propuestas del pasaje al derecho privado de los trabajadores públicos, haciendo especial énfasis en la recuperación especificidad de los roles de los organismos públicos.
El mantenimiento de las empresas públicas en manos del Estado es un elemento imprescindible de la soberanía e instrumento especial para el desarrollo del país productivo con política social. El PIT-CNT lo impulsó a través de sus plebiscitos en defensa del patrimonio.
Por lo tanto, plateamos la más absoluta defensa de los pronunciamientos populares de 1992 y 2002.
Respecto a las comunicaciones tomadas como un servicio público, se debe garantizar los derechos de los habitantes al acceso material y libre a la información, verificando el cumplimiento de los preceptos contenidos en los tratados internacionales, en la Constitución y las leyes, además de procurar que los servicios estén disponibles a precios accesibles, verificar los principios de universalidad y de esta forma se generan condiciones materiales para:
■ Igualdad de oportunidades para todos los habitantes y equidad en el acceso a la información para todos los sectores de la sociedad, pilares estos de una democracia real.
■ Consolidación del Estado; sano y transparente, eficaz en los controles que le son encomendados y a la vez controlable por una población bien informada y alentada a participar activamente
■ La existencia de información suficiente, precisa y a tiempo, constituirá la base del orden y la eficiencia pública, factores necesarios para pensar en metas más ambiciosas que nos lleven a estudios superiores de bienestar, democracia y justicia.
■ En las áreas sociales, se destacan nítidamente el aporte que las telecomunicaciones manejadas con sentido social pueden aportar en la educación (sin olvidar el deporte y el entretenimiento como actividades recreativas y facilitadoras de la comunicación y la convivencia social), así como en la integración de regiones alejadas de los centros culturales. El concepto mismo de nación requiere la consolidación de una cultura nacional. Su vigencia, evolución y reproducción dependes esencialmente de la difusión tanto de valores como manifestaciones concretas. Así pues, la determinación de políticas nacionales de telecomunicaciones orientadas a los objetos culturales cobran trascendente relevancia.

La legislación vigente sobre telecomunicaciones

Componen el marco jurídico de las telecomunicaciones en el Uruguay:
■ Ley 12.082
Decreto ley 14.235 del 25 de julio de 1974: Separación de UTE y creación de ANTEL, consagrándole el monopolio en la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones, acorde a la UIT.
■ Ley 14.670.
■ Ley 15.671 del 8 de noviembre de 1984 (ley orgánica de la Dirección Nacional de Comunicaciones).
■ Ley de empresas públicas 16.211 del 1 de octubre de 1991.
■ Recursos de referéndum del 13 de diciembre de 1992, aprobado contra los artículos 1,2,3,10 y 32 por el 72% de la ciudadanía.
■ Ley 16.828 (ITC).
■ Ley de presupuesto 17.296 del 21 de febrero de 2001 (creación de URSEC, articulo 70 a 97), artículos 612 y 613, de cuestionable constitucionalidad.
■ Ley 17.524 del 5 de agosto de 2002, derogando el articulo 612 y 613 de la ley anterior. Para evitar ilegítima e inconstitucionalmente el plebiscito (construcción de la república, artículo 79, inciso2, artículo 82, incisos 2 y 4, y artículo 330 donde entre otros se consagra a la ciudadanía los actos de referéndum, cono legislador supremo).

Del estudio de estas disposiciones legales surge que:

■ básicamente siegue vigente la ley 14.235 salvo las modificaciones no derogadas por el referéndum de la ley 16-211 y por la ley 17.296 sin sus artículos 612 y 613.
■ En consecuencia ANTEL tiene como cometido específico y monopólico brindar todos los servicios de telecomunicaciones (en particular incluyendo a todos los de telefonía), entendiendo servicio público en su conjunto. El poder ejecutivo lo reconoce en una resolución del Presidente de la Republica en acuerdo con el ministerio de defensa del 24 de julio de 2003.
■ Los permisos otorgados “en forma precaria y revocable sin ningún tipo de indemnización para el Estado”, mientras rigieron las modificaciones derogadas, si bien podemos admitir su legalidad, sin embargo resultan cuestionables. Correspondimos por tanto su revisión y eventualmente sus cancelaciones.
■ La propia URSEC es alcanzada por los puntos 1,2, y 3, amén de que prestigiosos juristas entienden que su creación es inconstitucional por tratarse de organismos fuera del control de Poder Legislativo, ya que no pertenecen a ningún ministerio.
■ Resulta aún más claro el hecho del que el Poder Ejecutivo no puede innovar, respecto a los operadores ya autorizados (transformar autorizaciones precarias en plazos, o aprobar transferencias entre sociedades).

Defendemos ANTEL y al país, manteniendo niveles de excelencia técnica y gestión.

■ Brindando oportunidades de empleo a los jóvenes uruguayos.
■ Optimizar su gestión, mejorando la rentabilidad y contribuir al bienestar y desarrollo del país. Contribuir a las políticas de inclusión social, mediante su programa “relacionamiento con la Comunidad”.
■ Telefonía pública, servicio universal, convenios con ANEP y otras organizaciones por la igualdad de acceso a la información y la comunicación.
■ Fomentar la tecnología nacional y la investigación, fortaleciendo al Uruguay productivo e innovador. ANTEL, con la acumulación de conocimientos y estudios de sus propios técnicos y sus laboratorios, está en condiciones de desarrollar equipos con los últimos adelantos, con posibilidad para su fabricación; fomentando en la plaza la fabricación de los componentes para sus equipos e independizándose de las grandes multinacionales.
■ El fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico por la Universidad de la Republica.
■ Democratización de la información entre otras vías por medio de Internet. Dicha información está en manos del estado (ANTEL). A quién se le puede ocurrir pensar en las investigaciones de las universidades privadas serán de conocimiento público; éstas no apuntan al desarrollo del conocimiento de todo el pueblo, sino a los intereses de los grandes centros monopólicos, al enriquecimiento de los ya millonarios. Esto está garantizado porque son financiados por los grandes centros de poder, sus tarifas por estudiante son inalcanzable paro el hijo de los trabajadores.

El derecho a la información

El gobierno tiene las herramientas para apoyar el proyecto de fortalecimiento de las empresas públicas. Partiendo de la base que moderadamente el derecho a la información se reconoce dentro de los derechos individuales, se infiera inmediatamente que el aseguramiento del derecho público a la comunicación (en todas sus formas: epistolar, telecomunicación, acceso a los medios, etcétera) es una función indelegable del Estado, por lo tanto debe tener poder de decisión real sobre el desarrollo del sector, siendo primordial lo referente a la propiedad de los medios para la producción del servicio y la accesibilidad por parte de todos los habitantes.
Esto se opone irreconciliablemente al concepto de que la información y los servicios de telecomunicaciones pueden ser tratados como una mercancía más.
■ Tal derecho genérico a la información implica particularmente en el campo de las telecomunicaciones, instalaciones para la comunicación convencional o avanzada, para destruir información, derecho a acceder a los medios de comunicación, así como a los recursos, ideas y opiniones.
■ Derecho a reclamar que los recursos esenciales necesarios para la telecomunicación pública (tales como el espectro electromagnético y la infraestructura esencial de las telecomunicaciones, comprendiendo los cableados) sean patrimonio de la comunidad y no sean apropiados por sectores privados.
■ Derecho a participar en la toma de decisiones públicas acerca de la elección, desarrollo y aplicación de tecnologías de la telecomunicación, desarrollo y aplicación de tecnologías de la telecomunicación, y acerca de la estructura y política de la industria de servicios.
■ Derecho a acceder y hacer uso de manera igualitaria del nuevo entorno electrónico (ciberespacio) en condiciones de seguridad informática, entendida ésta como el respeto y la protección de la dignidad humana contra en abuso de las tecnologías de la información y comunicación cometidos por algunos gobiernos y entidades no estatales de cualquier naturaleza.

Los trabajadores de ANTEL y el pueblo uruguayo la defenderemos nuevamente para lograr el Uruguay de nuestros sueños.