Ley de Telecomunicaciones y Medios de Comunicación. Parte I

Ley de Telecomunicaciones y Medios de Comunicación. Parte I.
Gonzalo Perera

Ningún ingeniero vial proyecta una carretera sin considerar el tipo de tráfico que soportará. Así pues, las obras de Vialidad y la intensidad y características del tráfico automotor son dos niveles de estudio de la logística rutera que son absolutamente inseparables. Uno carece de sentido sin el otro.

Algo similar ocurre con la Telecomunicaciones y los Medios de Comunicación, o más en general, el complejo de las industrias culturales. Porque una red de enorme capacidad de transmisión sin contenidos que distribuír es fría osamenta. Y un excelente contenido cultural sin red que lo distribuya y lo haga accesible y disfrutable, es un secreto y desperdicio.

De tal modo, quien piensa en posibles mapas estratégicos para las Telecomunicaciones, no puede prescindir jamás de considerar muy a fondo la realidad de los medios de comunicación Más aún cuando en la vecina orilla, la valiente y en buena parte envidiable Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual ha desencadenado una guerra política sin cuartel entre el Grupo Clarín y la más rancia derecha argentina, por un lado y el gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. El mismo gobierno que afectara los intereses de la gran oligarquía rural, que renacionalizara las AFJP ( equivalentes de nuestras AFAP), que mantuviera una inclaudicable política de Verdad y Justicia sobre las violaciones a los Derechos Humanos de la dictadura militar y que generara varias políticas sociales de clara intención inclusiva, como la asignación familiar por hijo, la inversión en obra de infraestructura pública, la apuesta universalización de la formación secundaria, etc.
En Argentina quizás no corresponda hablar de un gobierno revolucionario, con la intensidad e innovación de los gobiernos de Evo o Rafael Correa, para citar dos ejemplos paradigmáticos de gobiernos que en lapsos similares al argentino han procesado muy profundas reformas estructurales e institucionales. Pero el accionar del gobierno argentino merece atención y compañía, y la colosal guerra que enfrenta al meter una incómoda lupa en la realidad del poder mediático, hace inevitable reflejarse en dicho espejo y pensar qué haremos nosotros, en nuestro segundo gobierno del FA.

Pongamos un poco de marco teórico a la discusión. Stanislaw Ossowski fue uno de los exponentes centrales de la sociología polaca. Fallecido en 1963, fue considerado por muchos una expresión heterodoxa de la teoría marxista. En tiempos en que tantos abandonaron despavoridos al gran maestro de Tréveris para hundirse (literalmente) en las obras de Paulo Coehlo, en tiempos que la deificación del mercado y la tecnocratización de la sociedad ha sembrado bajo el frondoso árbol de la izquierda, indisimulados brotes de elitismo intelectual y político, santificados por los indispensables Ph D de las principales universidades de la metrópoli, recordar la existencia de pensamiento marxista vivo, polémico, en permanente gestación, hace casi 50 años, es francamente revitalizador. Ossowski puede ser recordado por diversos aportes. Me gustaría traer a colación uno, el concepto de los medios de coacción y su propiedad, como alternativa (incluyente) a la clásica remisión a la propiedad de los medios de producción. Y me gustaría ejemplificar este concepto y aterrizarlos de manera muy concreta en los principales medios de comunicaciones (Canales de TV y principales radios).

Formalmente, en el Uruguay, el “propietario” de un canal de televisión o radio no es más que el permisarios, habilitado a utilizar cierta parte del espectro de radiofrecuencias con determinados fines. Simple depositario de permisos que son o bien provisorios o bien revocables. Desde tal ángulo de análisis, los grandes broadcasters no son propietarios de grandes medios de producción. Sin embargo, todos sabemos cuán fuerte pueden moldear la opinión pública instalando temas y sensaciones en la agenda, sesgando la opinión hacia ciertas posiciones, cuán anhelados son sus créditos o flexibilidades de pago en campañas electorales, etc. Esta capacidad de intimidación y coacción lleva a que difícilmente salgan del tablero de ajedrez con menos unas “tablas” bien conseguidas. Si alguien tiene la peregrina idea de que, al igual que en casi todo el mundo, las regulaciones y controles sobre estas concesiones revocables sean aumentadas o revisadas en profundidad, debe prepararse a recibir un buen baño de opinión pública adversa, pues se habrá ganado la animadversión de quienes en buena medida la moldean. Así, lo provisorio se hace eterno e irreversible, y un enorme poder fáctico se concentra en muy pocos. Este es un ejemplo paradigmático de la aplicación de un medio de coacción, donde ya poco importa que en realidad el braodcaster no sea propietario de las frecuencias públicas y su impacto social, pues difícilmente alguien intente ya no quitárselas, sino apenas limitarlas en su expansión y poderío.

Es éste y no otro, el fenómeno suscitado en Argentina por la Ley 2526.522, despectivamente titulada por la derecha como “ley K”. Está en disputa el poder, la capacidad de transmitir, amplificar o enmudecer los sonidos y dinámicas de la sociedad. Está en juego el sustento mismo de la sociedad, el equilibrio entre libertad e interés colectivo, que una feroz defensa de “libertad de expresión” in totum erigen como muralla los más eficaces colaboradores de la dictadura militar cuando sienten el más mínimo grado de amenaza a que la sociedad les diga “no vale todo, no hay ciudadanos que nacieron broadcasters y otros meros televidentes o radioescuchas”. La ferocidad e infantilismo de la reacción de Clarín y la derecha es la impávida sorpresa de quien todo lo ha podido, cuando la sociedad por vez primera le pone límites. Una suerte de niño de 3 años, pero multimillonario, forjador de agenda y torcedor de balanzas.

En este segundo gobierno del FA, aprovechando los vientos pamperos, debe ponerse en el foco la situación de los medios de comunicación audiovisual.¿ Es verosímil que un país donde más del 50% vota al FA, no exista ningún gran broadcaster con afinidad con nuestra fuerza política, sino que- más allá de la filiación ideológica y profesionalidad de los periodistas, que es otro tema- muy por el contrario, todos tengan muy antiguo y sólidos vínculos con los partidos tradicionales?¿ Se da cuenta la gauche caviar, la izquierda de barrios y estilos de vida acomodado, que frunce el ceño ante toda forma de “populismo” y que manifiesta un ancestral aversión ante nuestra hermana Argentina, a la que desprecia por incoherente, corrupta o cambalache político, que los programas de mayor rating en nuestra TV son las peores producciones de la vecina orilla? ¿ Todos tenemos condiciones razonablemente equitativas de acceso a los grandes medios?

Ni somos tan distintos, ni somos mucho mejores a nuestros vecinos de allende el Plata. En materia de medios, a veces somos consumidores culposos y de segunda mano de sus enlatados. Más allá de un buen baño de humildad que nunca está de más, es hora de comenzar a discutir a fondo cómo queremos que sean nuestro Medios de Comunicación Social en el futuro.

Ley de Telecomunicaciones y Medios de Comunicación. Parte II.
Gonzalo Perera

En el primer gobierno del FA, es destacable un avance en materia de democratización de medios de comunicaciones: la aprobación de la Ley 18.232 de Radios Comunitarias. Como todo avance, se podrá opinar que perfectible, que requiere mayor impulso su aplicación, pero es un significativo paso hacia la democratización de las comunicaciones ubica a nuestro país en una situación destacada en la región.

La provisión de contenidos educativos y de entretenimiento para niños y adolescentes en el marco del Plan CEIBAL, si bien formalmente no suelen incluírse en el marco de políticas de medios de comunicación, constituyen otro avance muy destacable en la inclusión socio-cultural y democratización del acceso a contenidos de calidad.

En otro plano, la Ley 17909 de octubre del 2005 prohíbe otorgar nuevas autorizaciones de uso de frecuencias radioeléctricas para servicios de radiodifusión, desde doce meses antes hasta seis meses después a las elecciones nacionales. A su vez, disposiciones legales básicamente relacionadas a las Resoluciones 293 de octubre del 2005 y 490 de marzo del 2007 de la URSEC, instrumentan la Tasa de Control del Marco Regulatorio de las Comunicaciones, tarea que fue a asignada a la unidad reguladora por la Ley 17820 de setiembre del 2004. Groseramente hablando, dicha tasa supone el aporte al Estado de un tres por mil de los ingresos brutos de los prestadores de servicios comerciales de telecomunicaciones (y actividades postales).

Este brevísimo resumen, pretende señalar algo muy simple: mientras que en materia de nuevas formas de comunicación social, en el último quinquenio ha habido un avance sobresaliente, permanece sin alteraciones sustantivos la estructura de poder de los grandes medios, de alcance masivo.

Por otra lado, desde la ley fundacional de ANTEL a la de Radiodifusión, e incluyendo incontables decretos, las firmas de Aparicio Méndez y Walter Ravenna endosaron sendos marcos normativos para las comunicaciones. Y los gobiernos de Lacalle y Batlle prohijaron la asignación de nuevos y redituable servicios de comunicaciones a grupos nacionales y/o multinacionales, muy ligados a fuertes núcleos de poder económico.

Este fenómeno ni es local, ni es casual. Para sólo poner un “espejo” exterior, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el actual congreso argentino y aún obstruída a nivel judicial, sucede, tras los fallidos intentos en la materia de Alfonsín en 1988 y de De la Rúa en el 2001, a Ley 22.285, llamada “Ley Nacional de Radiodifusión”. La que fuera promulgada en setiembre de 1980, con la rúbrica de tristes personajes como Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Y el inefable Carlos Saúl Menem, tanto en parte del articulado de su nefasta Ley 23.696 de “Reforma del Estado”, como en diversas resoluciones y decretos, abrió de par en par la puerta de los medios a los grandes capitales trasnacionales para la provisión de comunicaciones, contenidos audiovisuales, juegos de azar,etc.

Lo que observamos es entonces que quien gobierna para salvaguarda de los intereses de las clases dominantes, haya leído o no a Gramsci, la protección de la hegemonía cultural es asunto sagrado. Se ocupa privilegiadamente del tema y por ello recibe, claro está, el apoyo y beneplácito de grandes grupos económico y gobiernos de la metrópoli imperial.

Sin embargo, quien pretende llevar adelante una política progresista, democratizadora, inclusiva, soberana, que aliente la construcción contrahegemónica, la expresión en el campo de las ideas y los medios, de las voces de las clases trabajadoras y populares, debe enfrentarse a poderosos intereses, que sistemáticamente recurren a una táctica de tres etapas.

Primero, una etapa de seducción o cooptación de los principales referentes de estas voces díscolas e incómodas, para encausarlos en el marco de su curso de acción o al menos, hacer “un control de daños” que minimice su pérdida de poder relativo. Segundo, es el turno de la amenaza, que puede ser política, de presión a través de los propios medios, de otros sectores empresariales o sociales afines, de gobiernos amigos, etc. Por último , será el turno del ataque desembozado, ya sea nacional, inmternacional, político o mediante la presentación de diversos recursos judiciales contra el Estado, que congelen los procesos de redistribución del poder en espera de un gobierno “maleable”. Observe Ud. la relación entre el Grupo Clarín y los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la vecina orilla y verá que puede identificar perfectamente las tres fases antedichas.

No nos cabe esperar, por ende, mejor suerte si intentamos, en esta segunda etapa de gobierno del FA, hincar el diente al problema de la democratización de los grandes medios de comunicación y del acceso a la información.

¿ Cómo pararse entonces frente a este escenario? Ante todo ahorrémonos a todos el inútil juego de la seducción. Para quienes apostamos a cambiar la sociedad y no a redecorarla, las palmaditas en el hombro de hoy sabemos que serán fugaces y, reemplazadas por severos golpes mañana. Esto no significa agredir ni actuar de manera ilegal o ilegítima, sino plantarse claramente como lo que somos. Promotores de otra forma de distribución del gran poder que concede el derecho a decidir qué se divulga, de qué forma y qué no.. Significa promover la desconcentración de dicho poder, actualmente en poquísimas manos. Y que dichas privilegiadas manos viertan a la sociedad recursos mucho más significativos que el tres por mil antes citado. Significa hablar claro y en plata.

Tras CEIBAL y la ley de Radios Comunitarias, hagamos posible una Ley de medios general. Los primeros posicionamientos del Presidente Mujica fueron sumamente acertados: ningún regalo del Estado al oligopolio privado en la materia. Excelente comienzo para una gran esperanza de mayor democracia e igualdad de oportunidades.

Ley de Telecomunicaciones y Medios de Comunicación. Parte III (Final).
Gonzalo Perera

Culminaremos aquí un somero análisis de los elementos relativos a los Medios de Comunicaciones que a nuestro juicio deben ser objeto de consideración conjunta con una Ley Nacional de Telecomunicaciones, en el marco del segundo gobierno del FA. Medios y Contenidos, si bien no son lo mismo, son tan inseparables como rutas y tráfico automotor, no pueden ser analizados separadamente.

Hemos puntualizado en las dos notas precedentes la situación de los grandes medios de comunicación en el Uruguay es de un estrecho oligopolio privado de facto, restringido a muy pocos grupos familiares, que pese a gozar de licencias provisorias o revocables para el usufructo de un bien común (determinada porción del espectro radioeléctrico), en los hechos jamás han visto seriamente cuestionada, generación tras generación, su privilegiada posición. Por ello aportan específicamente apenas una tasa de control regilatorio, del orden de un 3 por mil de sus ingresos, lo cual es insostenible ante las mejores prácticas internacionales. Por otra parte mencionábamos que estos mismos grupos guardan vínculos de larga data con los partidos tradicionales, lo cual no es ilegítimo, pero al no tener un contrapeso de medios de similar talla que aporten otras visiones de la realidad, "moldean" la agenda pública con un notorio sesgo a la derecha. Basta ver la crónica roja televisiva o la dispar difusión de noticias comparables pero con beneficiarios/perjudicados de diversa orientación ideológica para constatarlo. No es ilegal tener camiseta, pero no es sano que todos los jugadores en la cancha usen la misma. Y especificamos que nos referimos a los medios, no a los periodistas o sus trabajadores. Señalamos también que el primer gobierno del FA gestó extraordinarios avances en materia de radios comunitarias y algunos, mucho más modestos, en materia de regulación de los medios en general, pero que la realidad previamente reseñada no sufrió modificaciones significativas.En un momento en que en la región, particularmente en la Argentina, se da un avance sustancial hacia la democratización de los Servicios Audiovisuales y en el marco de la profundización de una política progresista en el Uruguay, debe pues avanzarse profundamente en este terreno.

Ya habíamos opinado anteriormente en EL POPULAR que, anuestro entender, en el Uruguay la Red de Transporte de Telecomunicaciones (las "rutas" de la información: líneas de fibra óptica que recorren todo el territorio nacional y que habilitan el transporte de telefonía fija y celular, acceso a Internet y también diversas modalidades de TV ) debe ser propiedad exclusiva del Estado y administrada desde ANTEL, pudiendo empresas privadas comercializar productos que hagan uso de dicha red, bajo condiciones de pago razonables.

Atemos pues los diversos cabos, y resumamos algunas decisiones estratégicas que deben tomarse:

1. En el marco público, constituír una gran empresa de servicios de comunicaciones y contenidos culturales mediante la confluencia de los diversos medios de difusión del Estado (TNU, TV Ciudad, Radios del SODRE, etc.) , ANTEL (que puede reforzar capacidad de transporte, desarrollo tecnológico, potencia comercial y financiera ) y organismos del Estado que desarrollan o promueven la generación de productos culturales ( radicados en el MEC, en la Universidad de la República, o en diversos organismos, donde se promueva significativamente el cine, los medios audiovisuales, la música nacional, la tele-educación y tele-medicina, etc.). La Televisión estatal ha debido siempre correr con las piernas atadas contra los canales privados, con limitaciones presupuestales, de facilidades de operación comercial, cuando no de director freno. El proyecto de una gran Televisión Pública nacional ha sido siempre torpedeado, de manera muy funcional a los intereses del oligopolio privado. Y en el momento actual, en que la convergencia tecnológica hace que TV, Internet, animación, Interactividad, confluyan en una sola pantalla, hay que directamente saltar esa etapa y pasar a otra superior: una inversión fuerte en un conglomerado de comunicación pública que abarque todos los medios posibles y que tenga aspiraciones de disputar posiciones de LIDERAZGO en la llegada al público.

2. En el marco privado, una legislación que prohíba la concentración de grandes conglomerados de medios en las mismas manos y establecer la revisión regular (bianualmente, por ejemplo) de las licencias otorgadas, con sanciones o revocaciones si se constatan incumplimientos, de manera similar a la establecida en la Ley de Medios aprobada en la vecina orilla. Institituír el pago al Estado de cánones y tasas de aporte a la universalización del acceso a la sociedad de la información, en montos acordes a los stándares internacionales (2% de la facturación total, por ejemplo). Concesión, bajo estrictas y transparentes normas de concurso, de al menos un canal de televisión abierta de alcance nacional, con privilegio a las propuestas nacionales y que privilegien el desarrollo de contenidos nacionales. Velando además, por el mayor equilibrio democrático y pluralidad posibles en la oferta global de medios. Estableciendo fuertes estímulos a la producción nacional (el proyecto de "cuota pantalla" no parece aún un instrumento idóneo) o las producciones internacionales de excelencia. Por otra parte, conceder al PIT-CNT su propio canal, de acuerdo al proyecto oportunamente presentado. No hay otra organización social comparable a la central obrera en el Uruguay, ni por su naturaleza, ni por su cantidad de integrantes, ni por su extensión en el territorio nacional.


Por último, más allá del marco legal, se deben promover las alianzas con medios públicos de la región o apuestas unificadoras ya existentes como Telesur, de manera de contribuír a generar un discurso contrahegemónico a nivel subcontinental, particularmente en el feliz marco de la creciente integración de América Latina y el Caribe.

Algunos dirán que todo cuanto hemos dicho son quimeras o restricciones a la libertad de información, dogmatismo marxista, etc. Bienvenidos sean las críticas, como siempre. Y si provienen de quienes han gozado demasiado tiempo de demasiados privilegios, para nuestro oído serán elogios, pues se trata de establecer claramente un deber inaplazablede un gobierno efectivamente democrático y de izquierda.