FOTOS 3 de agosto "Anexo del Palacio Legislativo"







Fotos de Guillermo Cardozo, a quien agradecemos la calidad y ritmo de fotoperiodista, ya que el material estaba disponible en la madrugada siguiente al evento.

AUDIO 3 de agosto


AUDIO. Presentaciones del 3 de agosto.


Presentación de Rodolfo Porley.


Exposición de López Goldaracena.


Exposición Ana Rivoir


Exposición de Alvaro Gascue


Exposición de Gabriel Kaplún


Exposición de Gonzalo Perera


Exposición de Gerardo Caetano


Exposición de Federico Beltramelli


Exposición de Jaén Motta


Comentario de los presentes


Cierres de los panelistas


Intervención de Gustavo Gómez


Cierre del grupo académico


Respuesta de Gonzalo Perera a Gustavo Gómez


Cierre






Comunicación y poder en Uruguay



Martes 3 de agosto, de 18 a 21 horas, Palacio Legislativo, Subsuelo Edificio Anexo, Sala Acuña de Figueroa.




Rueda abierta de análisis y debate desde la obra de Manuel Castells, en particular su último libro “Comunicación y Poder”, con la finalidad de pensar la actualidad e intercambiar ideas que sirvan para reflexionar Políticas Públicas y el formato institucional de las Empresas Públicas en función de los cambios tecnológicos y de la propia “Reforma del Estado”.

Aportes de Oscar López Goldaracena, Gerardo Caetano, Gabriel Kaplún, Gabriel Molina, Federico Beltramelli, Jaén Motta, Ana Rivoir, Gonzalo Perera, Álvaro Gascue. Modera Rodolfo Porley.

Especialmente invitados parlamentarios, comunicadores, investigadores universitarios, docentes y otros gestores sociales, culturales y sindicales.

Promueve Movimiento de Independientes por DD.HH. del FA como aporte a otra Admirable Alarma (ver nota abajo)




Se entregaran certificados a docentes, estudiantes y demás interesados inscriptos previamente por mail ixddhh@gmail.com
Consultas:
098272116


Admirable Alarma

Surge una “admirable alarma” de cuño artiguista a los 200 años de la lucha emancipatoria. Como otrora se trata de participación y movilización, hoy por el Derecho Humano a la Comunicación, que pasa por:

- presupuestar la infraestructura tecnológica apropiada, soberana y oportuna que posibilite el real dominio público;
- actualizar y proyectar voluntad plebiscitaria mayoritaria que respaldó ANTEL en 1992, que viene siendo horadada por la vía de los hechos consumados y de la presión constante de importantes grupos de poder económico concentrado;
- asumir el privilegio de ser un país con dimensiones y geografía favorables para el acceso democrático, participativo y real a los servicios de revolución digital de las comunicaciones,
- abrir paso a la cultura democrática en los medios alentando la mayor pluralidad y fomentando genuinamente el derecho humano a dar y recibir información como fundamental;
- terminar con la vergonzante realidad de ser un país en el que los broadcasters y principales propietarios de medios masivos constituyen una casta, cuyos derechos permanecen intocados generación tras generación sin realizar aporte económico alguno que contribuya a universalizar el acceso a las comunicaciones;
- desplegar la soberanía particular que significa responsabilidad por participar creativa y libremente desde todas las actividades e intereses culturales, sociales, económicos y políticos, autogenerando producción de contenidos y usos en torrentes sin fin hasta y desde cada domicilio, oficinas, centros de estudios, empresas, medios de comunicación y desde toda esa ávida y comprometida diáspora uruguaya en todo el planeta,
- abrir potentes cauces de un existir uruguayo, basado en el multiculturalismo artiguista con justicia social reparadora, en un mundo en acelerada reconfiguración bajo el vértigo de la concentración privatizadora manipuladora, la que no solo pone en cuestión las democracias sino la civilización y con ella la viabilidad de la vida en un mundo mejor y posible.

Esta nueva admirable alarma por cierto no concitará unanimidades. ¿Es que acaso la anterior los suscitó? ¿Lo han hecho los grandes pasos democratizadores y civilizadores en la historia de la humanidad? Si no rompemos de una vez y de manera muy clara el resabio dictatorial de confundir la tensión democrática con la violencia y la construcción societaria con la unanimidad, seguiremos teniendo un accionar colectivo tan débil en la materia que los grandes grupos de poder seguirán con la pista despejada para continuar gestando política por la vía de hechos consumados.-

Martes 3 de agosto de 18 a 21 hs, Anexo Palacio Legislativo Sala Acuña de Figueroa - Mesa “Comunicación y Poder en Uruguay Hoy”

Movimiento de Independientes por DD.HH. del FA.
Independientesxddhhfa@montevideo.com.uy - Cel 098272116

DD.HH. a la Comunicación Hoy

Este es un espacio abierto de acción cultural de comunicación interactiva, dialogante en la co-construcción sin fin del saber colectivo, desde complementaciones y antagonismos que apostamos sean fértiles. Es un puntapié inicial del Movimiento de Independientes por los DD.HH. del FA, abierto a todo tipo de enfoques y aportes, en total coincidencia con la emergente y necesaria “autocomunicación de masas” excelentemente caracterizada por la ultima obra de Manuel Castells.
Partimos de avances conceptuales crecientes desde comienzos de siglo en los Foros Sociales Mundiales primero y diversos intelectuales comprometidos por un mundo mejor y posible (tales como Ignacio Ramonet y Armand Mattelart entre otros) así como comunicadores e investigadores uruguayos.
Estos desarrollos han llevado a reforzar la trascendencia del Derecho Humano a Informar y ser Informados amenazado y en casos negado por un acelerado proceso de concentración global privatizadora, que ha instaurado “medios de manipulación”, de la mano de la generalización de un saturante consumo mediático como espectáculo y entretenimiento, donde predominan el escándalo, violencias y los aspectos denigrantes de la existencia humana, junto a varios recursos de desinformación.
Emergió en estos años una reconceptuación reforzadora del aludido DD.HH. que se propone como “Derecho Humano a la Comunicación Hoy” y que reclama ser posibilitado como bien público, esencialmente social, con ámbitos estatales y de organismos internacionales que lo sustente frente al vértigo concentrador/ privatizador/ manipulador.
Hemos coincidido con que tal objetivo supone una política nacional de comunicación, en la que participen las instituciones sociales, sindicales, universitarias, gubernamentales y empresariales del sector, para lograr que hoy este DD.HH. sea un efectivo Derecho a la Comunicación a través de su Pertinencia, (información suficiente, contextualizadora, no banalizadora ni saturadora), así como la incorporación de los principios de Diversidad, Libertad, Acceso, Participación y Compromiso Ético-social.
Queremos compartir otra “Admirable Alarma” de movilización ciudadana. Una ventana es este espacio, otra la jornada del 3 de agosto, y otras pueden ser interactuar dos secciones interactivas complementarias: CAZA MANIPULACIONES y PRO INFORMACIONES PERTINENTES. Donde ciudadanos de cualquier índole vigilemos, investiguemos y señalemos casos de manipulación en cualquier medios del país, región o mundo. Asi también esfuerzos y logros de coberturas, programas y servicios que merecen ser compartidos y respaldados con nuestra interacción positiva.
Documento para ser presentado en el marco de las
jornadas de: “Integración, Diversidad y Democracia en
tiempos de Bicentenario”: 28-30 de julio de 2010, Buenos
Aires, Argentina.

Autores: Lic. Jaén Motta y Lic. Federico Beltramelli
Centro miembro: Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Ciencia Política,
Universidad de la República. LICCOM-PRODIC-UdelaR
Función ejercida en los centro ICP: Maestrandos en Ciencia Política.
Datos Personales:
Jaén Motta
Montevideo / Uruguay
Martín C. Martínez 2380
C.P. 11.800
+598 2 2032274
+598 94 140163
jaenmotta@gmail.com

Federico Beltramelli.
Montevideo / Uruguay
Dirección: Santiago de Chile 1053 / 005
C.P. 11.200
+598 2 908 5063
+598 94 988 224
beltramelli@gmail.com

Título: El rol del Estado uruguayo ante la coyuntura tecnológica: Límites
contestados, los medios y su regulación.

I
La evolución política de un país se puede observar bajo valoraciones que respondan a su
régimen de gobierno, su sistema electoral, la productividad parlamentaria, el rol del Estado,
su régimen de partidos y una larga lista de variables que dan sustento a un ajuste retrospectivo
en lo que respecta a su evolución institucional. También es posible observarla en las
regularidades y discontinuidades jurídicas y normativas vigentes, en la aptitud institucional y
la madurez sistémica ante los avatares exógenos como por ejemplo la introducción o adopción
de nuevas tecnologías y las políticas públicas que giran en torno a esta problemática
eminentemente política que cuestiona los modelos de representación, estamentos
organizativos y parcelas estatales, y que muchas veces queda solapada en los abordajes
tradicionales de las ciencia sociales contemporáneas.
La acumulación de estudios históricos–legales en torno al tema representa una base empírica
para avanzar, sobretodo si comparamos los estudios sobre la variable legislación, siendo la
misma una dimensión central para entender los procesos en el contexto actual, extremo que
quizás evidencie una sostenida incapacidad endógena del sistema político o confirme la
permeabilidad del sistema para con sectores corporativos.
Ahora bien, es imprescindible dar orden a un asunto que se presenta al escenario político y a
las decisiones de los gobiernos como un río en permanente fluir. Pero este permanente
cambio, que supone el área donde nos movemos, no debe representar un obstáculo para la
comprensión del sentido de las políticas públicas específicas que pretendan introducir o
integrar los cambios tecnológicos con un sentido de Bienestar sistémico. Muchas veces el rol
del Estado y la fundamentación respecto de hacia qué modelo de desarrollo o de sociedad se
apunta pasa por el tipo de normativas y leyes que se sancionan. “Uno de los factores más
relevantes en la crisis de la “estatalidad” del Derecho es el creciente protagonismo de
grupos y corporaciones, sobre todo económicos, en los procesos de creación de normas. Se
trata de manifestaciones de pluralismo jurídico, que resultan de especial interés para
explicar el fenómeno de la desregulación. Al contrario de lo que la expresión puede sugerir,
la desregulación no equivale a la anomia, sino que se identifica con el desplazamiento de
normas intervencionistas, propias del Estado social, por otras cuya función se limita a
asegurar la autonomía privada y la libre competencia entre sujetos que operan en el
mercado. La desregulación suele justificarse en razones de eficiencia del mercado, pero
también en razones de mayor legitimidad de las instancias públicas. Si bien la desregulación
está cobrando importancia en el ámbito del Derecho estatal, es seguramente en el plano
transnacional en el que más se advierte su presencia. Es más, cabría decir que la
desregulación es la técnica normativa más característica de la sociedad global (piénsese en
la nueva lex mercatoria): los agentes económicos que operan a escala global necesitan
normas uniformes, adecuadas a los avances científicos y tecnológicos, que doten de
seguridad y protejan frente a la delincuencia a las transacciones comerciales, y muy
especialmente necesitan normas que no pongan trabas al mercado. Éste es precisamente el
tipo de Derecho que propicia la desregulación.” (Gema Marcilla Córdoba: 2005). Es de vital
importancia tener presente que los aspectos jurídicos representan la base desde la cual se
opera para desmontar y quitar poder al Estado en relación con el mercado. Cuando las
normativas son permeables por los intereses corporativos es cuando la regulación del modelo
de Bienestar es desarticulada y sustituida por una regulación pro mercado. Este proceso no
supone una mera desregulación o retirada del Estado sino que implica un cambio de la
regulación en función de un modelo de desarrollo donde el Estado cambia su rol activo
favoreciendo intereses privados.
El fenómeno de la normas de origen privado se ha instalado en nuestros sistemas jurídicos.
Así, en la práctica concreta, el legislador o ministro presta audiencia a grupos organizados que
defienden intereses particulares y acepta que intervengan en la adopción de decisiones
políticas, avala normas en cuya formación el propio legislador no ha intervenido, reconoce la
autonomía normativa de los sujetos privados para la gestión de sus asuntos y admite la
negociación como vía de solución a sus conflictos. Lo mas interesante es cómo la estrategia
política posterior de legitimación de la norma esconde los proceso de su gestación, y se hace
desde una retórica socialdemócrata (construcción de ciudadanía, integración, etc.) pero con
cláusulas especificas (que pueden ser uno o dos artículos particulares) que contiene y legitima
los intereses de grupos económicos que reciben los beneficios de esas leyes.

II
El sistema de Telecomunicaciones uruguayo se compone, desde su nacimiento no planificado,
del Ente de Telecomunicaciones (ANTEL) monopólico desde su creación, hasta procesada la
desregulación del servicio de telefonía móvil, y de la red de prestadores de servicios de
radiodifusión nucleados mayoritariamente en ANDEBU (Asociación Nacional de
Broadcasters del Uruguay).
De conformación levemente tardía, la aparición de núcleos corporativos en la radiodifusión
uruguaya no tardó en comparecer en el mercado y sobretodo en el orden público. La
ANDEBU nació el 20 de julio de 1933, con un retraso de once años de la primera transmisión
de radio en Uruguay, agrupando a once emisoras existentes y planteando un debate que será
paradigmático en lo que respecta a la radiodifusión nacional, marcando corporativamente la
necesidad de fortalecer un formato de radiodifusión privado y libre. “Es así que ANDEBU
defiende la propiedad privada y múltiple de los medios electrónicos como garantía de la
libertad de expresión” (García Rubio, Carlos: 1994).
La conformación del sistema de telecomunicaciones en Uruguay generó un movimiento
pendular y paradójico que por un lado le otorgó al Estado el monopolio de la trasmisión de
datos a través del Ente prestador (ANTEL) y por otro lado dejaba bajo una lógica privada
prestadora de servicios a la televisión y a la radiodifusión; ciertamente en el horizonte no
estaba el problema de la convergencia tecnológica y mucho menos la transnacionalización de
las telecomunicaciones. Tanto es así que el Estado compareció de manera natural ante el
organismo internacional encargado de nuclear los componentes monopólicos creados a tales
efectos: "la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), un régimen básicamente
diseñado no para permitir la competencia entre operadores, sino para conectar monopolios
nacionales. De este modo, la ITU proporcionaba un paraguas limitado, pero también
necesario, de reglas y estándares que hacían posible una operativa construida sobre la base
de acuerdos intergubernamentales bilaterales" (inédito Narbondo, P, Ramos, C, Labadie, G
Vázquez, J y Zurbriggen, C: 2008). Esta síntesis institucional internacional (ITU) proveía a
los Estados de una salvaguarda precisa y económica, que en definitiva aseguraba una
interrelación paritaria de los monopolios (Narbondo et al: 2008), en su gran mayoría públicos,
particularmente en lo que respecta a Latinoamérica.
Más tarde bajo la impronta del necesario acceso universal y el impulso desregulador de los
años 90 nos encontramos con una ITU remozada que sigue administrando monopolios pero
esta vez mucho más distantes de una entronización estatal.
Esta delegación de un espacio público (el radioeléctrico) en su génesis (para el Uruguay) será
parte de una acumulación de expertiz técnico y de gestión que los agentes privados harán
pesar en la puja por la trasmisión de datos y contenidos en la actualidad, proponiendo
modelos de negocios (integración horizontal de la convergencia tecnológica) que anticipan al
ente estatal en iniciativa y sobretodo en su integración vertical con otros grupos
supranacionales.
En Uruguay los tres grupos que detentan los clúster significativos de los medios masivos
nacionales se pueden resumir en:
Grupo Romay Salvo: dueños de CX 12 Oriental y CX 20 Montecarlo, los canales de
televisión abierta 4 de Montevideo, 3 de Colonia, 8 de Rosario, 11 de Maldonado 12
de Fray Bentos. Además cuenta con tres canales para abonados.
Grupo Scheck (Sociedad Televisora Larrañaga): propietarios de Canal 12 de
Montevideo, 2 de Maldonado y 10 de Rivera que comparte con los otros dos grupos de
medios. Asimismo se destaca su fuerte conexión con el diario El País.
Grupo De Feo-Fontaina: Detenta CX 16 Radio Carve, CX 24, Canal 10 de
Montevideo, Canal 7 de Pan de Azúcar, además del 9 de Rocha. (García Rubio, C:
1994).
Asimismo estos tres grupos tienen una red que controla la distribución de una síntesis de los
tres canales a través de Red Uruguaya de Televisión (RUTSA) que atiende al interior del país.
Estos conglomerados de medios de fuerte impronta familiar permanecen sin competencia
comercial privada desde 1961 en lo que a televisión nacional respecta, y a su vez son los
mismos que se han proyectado sobre la televisión por abonados consolidando el mismo
espectro de incidencia que en la radiodifusión abierta y por cable.
Institucionalidad y Burocracia Estatal.
I
Claramente hasta la creación de la URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de
Telecomunicaciones), el 21 de febrero de 2001 por la Ley Nº 17.296 (Ley de Presupuesto)
bajo el rótulo de organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo, los organismos estatales y
gubernamentales que se disputaban la competencia sobre las telecomunicaciones en el país
eran la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y la Dirección Nacional
de Comunicaciones (DNC) creada en 1984 mediante decreto-Ley 15.671, esta última con
adscripción al Ministerio de Defensa y como brazo ejecutor de las políticas que fijadas por el
Poder Ejecutivo.
La ubicación institucional de la DNC fue cuestionada desde el reinicio del ciclo democrático
por todos los actores partidarios, por entender básicamente que adolecía de un determinismo
castrense que cercenaba la amplitud temática y estratégica de las telecomunicaciones.
A partir de la creación de la URSEC, las competencias en materia de regulación en
telecomunicaciones fueron asignadas a la misma. Aunque la unificación de la normativa,
independientemente de la creación del organismo regulador, todavía está en pañales, y una
Ley de Telecomunicaciones aparece como el norte para algunos y en el orden de los reclamos
de otros (Martínez, Laura: 2008).
Las inercias en el marco de las influencias y competencias dentro de “lo estatal” son fuertes y
a su vez la participación de las corporaciones privadas en su rol de “actores instalados” fluye
y es libre en su acción corporativa en un marco pautado por una carencia de definiciones
gubernamentales desde los organismos de alta dependencia del Poder Ejecutivo. En este
sentido es claro el suceso reciente que se relaciona con esta tensión no resuelta
(CARDALES).
En oportunidad de un llamado a interesados en el año 2005 para la adjudicación de licencias y
bajo el objetivo de abrir más servicios de televisión para abonados en Montevideo bajo el
régimen de triple play (TV por abonados, telefonía e Internet) el Poder Ejecutivo dejó trunco
ese llamado, lo que se puede interpretar de varias maneras pero siempre en el marco de
inercias, superposiciones de competencias y ausencia de un cuerpo normativo que regule con
independencia y generalidad legal el campo de las telecomunicaciones.
La (nueva) Dirección Nacional de Telecomunicaciones que ‘deroga’ la DNC, fue creada en
diciembre del año 2005 (también en el marco de una Ley presupuestal, la 17.930), con la
aspiración legal de rediseñar e implementar las políticas del sector.
En los papeles la URSEC desempeña gestiones en forma amplia, lo que equivaldría a afirmar
que el Estado uruguayo cuenta (aunque de forma reciente) con un cuerpo profesional que
toma a su cargo este campo estratégico, pero en la realidad la sutura política, sujeta a una
ingeniería institucional que concentra en el Poder Ejecutivo el poder bajo un régimen
presidencialista con capacidad de veto, hacen de este organismo un satélite con capacidades
instaladas (desde su expertiz técnico) pero sin lograr plasmar en las políticas su autonomía
profesional y técnica. En alguna medida "las instituciones son, en otras palabras, soporte,
obstáculo y output de las reacciones adaptativas por medio de las cuales los estados buscan
ajustar sus capacidades a los desafíos planteados por su cambiante entorno en proceso de
globalización. La distinción entre “dotaciones institucionales” (institutional endowments) y
“gobernanza regulatoria” (regulatory governance) referida por Melo et al (2005) busca dar
cuenta de esa condición bifronte. Esa distinción, además, captura otro aspecto relevante: que
las “reingenierías institucionales” nunca son absolutas, porque nunca parten de cero. Y ello
no sólo porque los legados institucionales determinan en parte el repertorio de caminos de
reforma viables, sino además porque los estados nunca “se bañan dos veces en la misma
globalización”. La variante “histórica” del institucionalismo en política ha buscado dar
cuenta de estos dos últimos aspectos a través de la incorporación de las nociones de “path
dependency” (inédito Vazquez D´Elia, J. y Labadie, G. et al: 2008).
Claramente la institucionalidad que se ha conseguido hasta el momento es en buena medida
un conjunto de estructuras ad-hoc, dependientes del Poder Ejecutivo, que no encuentran una
ubicación consolidada en el Estado uruguayo. Esto genera una tensión entre lo técnico y lo
político, entre mercado y Estado, etc. que solamente puede resolverse en la medida que los
partidos políticos elaboren y desarrollen líneas estratégicas de desarrollo en función de los
nuevos cambios, y en la medida que el Estado incorpore “Capacidades” que le permitan tomar
decisiones en materia de un modelo de desarrollo nacional. Las preguntas que surgen son:
¿En qué formato se va a construir esta institucionalidad? ¿Tendrá centralidad el Estado, será
un modelo de mercado o se articulará en un formato de Governance de redes? Esta nueva
institucionalidad que se está diseñando, ¿al servicio de qué modelo de desarrollo estará?
Teniendo en cuenta que acaba de comenzar un nuevo gobierno del Frente Amplio ¿qué
supondrá “profundizar los cambios” o seguir el “giro a la izquierda” en los asuntos que aquí
nos planteamos?
Cabe preguntarse además si la estructura y articulación institucional actual se debe a razones
de distribución en el organigrama estatal o quizás sea parte de la ausencia de un marco legal
que regule o prescriba todo lo relacionado con los distintos formatos que ha asumido la
comunicación.
Como hemos visto la arena donde se dirimen estos temas es difusa y siempre bajo la atenta
mirada de un Poder Ejecutivo que no tiene precisión en el modelo que pretende desarrollar. Es
un gobierno que se muestra enredado en estos temas, abierto sí, pero sin definir con claridad
el rumbo y el sentido de acción. La instalación de una agenda post-neoliberal para los
gobiernos de izquierda se ha tornado compleja. En términos de Antonio Gramsci el proceso se
transformó en una agonía, contemporánea por cierto, donde lo viejo no termina de morir y lo
nuevo no termina de nacer.
II
Un actor relevante y siempre a la sombra de los procesos concernientes a la comunicación en
el Estado uruguayo es ANTEL. Si bien su creación por el decreto 14,235, el 12 de junio de
1974, lo definía como servicio descentralizado y cuya competencia se prescribía para la
comunicación de telefonía y similares, con la transformación y convergencia tecnológica de la
comunicación de datos que posibilitan los nuevos sistemas de comunicaciones, este servicio
estatal, juega su estrategia particular en el marco de la libre competencia abierta en la década
del 90 con la desregulación parcial de la comunicación por telefonía celular y en lo externo
debido a la fuerte presencia en la región de grupos económicos que detentan ramificaciones
en la telefonía y en los medios de comunicación masivos bajo sus distintos formatos.
De esta forma nos encontramos otra vez más con renglones deficitarios, donde la capacidad
del Estado uruguayo fue tardía, la URSEC se instaló al influjo desregulador más que bajo una
estrategia desarrollista (es un organismo regulador antes que nada), mientras que la
separación inicial entre transmisión de datos (ANTEL) y radiodifusión (ANDEBU) entre
otras consecuencias, dan cuenta de una exposición peligrosa ante la síntesis de las tecnologías
de convergencia en telecomunicaciones, lo que demandaría en lo inmediato lograr suturar la
división histórica de competencia y capacidades y a su vez generar un enraizamiento
estratégico a los efectos de edificar un modelo de país en el marco de un mercado mundial de
las telecomunicaciones cada vez más concentrado y unidireccional.
Además de ser un sector creciente económicamente, el terreno de las telecomunicaciones no
deja de ser un área de puja geopolítica clave para un Estado tomador de tecnologías y lo que
es peor, tomador de contenidos, algo característico de las denominas “sociedades
emergentes”, en un sector muy dinámico para nuestra economía, que en el año 2007 “creció
un 17 % con respecto a 2006, situándose en 914 millones de dólares, casi el 4 % del PBI del
país, según estudios de la Asesoría Económica de la URSEC" (Op. Cit: 2008).
Siendo este sector y el contexto actual una instancia clave en el horizonte cercano, las
definiciones que el Estado tiene que tomar en referencia específicamente a la Televisión
Digital nos dará elementos para juzgar las líneas de acción del nuevo gobierno, donde por un
lado podrían redundar en una negociación a puertas cerradas con la estructura económica y
comercial vernácula (ANDEBU) o contrariamente orientarse hacia una definitiva política de
Estado al servicio de un modelo de Bienestar, con la debida institucionalidad y transparencia
burocrática. Dependiendo hacia dónde se incline la balanza en este punto, permitirá o no
modificarse una situación estructural en la cual "el promedio de la concentración de las
industrias infocomunicacionales en Uruguay (2004) es muy elevado: representa el 85% por
parte de los principales operadores, en el caso del dominio del mercado, y el 87% en el caso
de la facturación" (Becerra, M. Mastrini, G: 2009).
Si bien la concurrencia del mercado en lo social y de lo social en el mercado es un tópico
recurrente y de larga data para las sociedades occidentales, anima debates y encierra
polémicas que se dividen a través de los distintos “corsets” ideológicos y académicos y por
sobretodo concentra consecuencias en los sinóptico y en el largo plazo con determinantes
profundos en lo que respecta a la configuración de las lógicas de relacionamiento entre
Estado, Mercado y Sociedad, donde los canales relacionales por los cuales poder entender o
plantearse deliberadamente el rol del Estado nos pone en la encrucijada hobbesoniana de
articular nuestro propio Leviatán y diseñar nuestro ideal de orden entre el acceso y la
marginalidad, entre el poder y la anarquía.
Tal triangulación abre interrogantes claves que debemos determinar: ¿El Estado debe ser el
centro en la planificación y estructuración de los procesos; debe ser un articulador de los
agentes que entran en juego; o debe mantenerse al margen? En caso de aceptar las dos
primeras opciones: ¿El Estado uruguayo se encuentra capacitado como cuerpo burocrático y
político para la toma de decisiones que involucran compromisos económicos y culturales a
mediano y largo plazo? y la otra cuestión central : ¿Cómo hace un pequeño país tomador de
tecnologías, económicamente dependiente y con una baja capacidad institucional instalada,
para establecer políticas promovidas por el Estado y conservar una autonomía lo
suficientemente fuerte frente a las otras naciones e intereses del mercado nacional e
internacional, sin dejar de respetar los intereses de la sociedad representados por la
autoridades elegidas democráticamente?
Una encrucijada elocuente.
Últimamente, las definiciones políticas por parte del Estado uruguayo vienen siendo tomadas
a partir de decisiones técnicas que dejan a posteriori un derrotero pautado (definido) en la
implementación de políticas en el acceso a bienes informacionales de distinto orden. En este
punto también está en juego el modelo de ciudadanía con el que se estructura el modelo.
En este sentido podríamos considerar el Plan Ceibal (Proyecto de Conectividad Educativa de
Informática Básica para el Aprendizaje en Línea) creado por decreto presidencial1 como ejemplo de la incorporación de una TIC sin una política definida por parte del Estado
uruguayo.

1
Artículo
1o

Créase el Proyecto Conectividad Educativa de Informática Básica para el aprendizaje en Línea (CEIBAL) con el fin de realizar los estudios, evaluaciones y acciones necesarios para proporcionar a cada niño en edad escolar y para cada maestro de la escuela pública un computador portátil, capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta y promover
la elaboración de propuestas educativas acordes con las mismas.



La estrategia de “bypassear” el sistema político y el sindical permitió la concreción
de la Política, pero dejó entrever una estrategia de acción pautada por líneas focalizadas sin
estructurarse y fundamentarse en un sentido universal de desarrollo. Si leemos detenidamente
el decreto queda en evidencia la baja institucionalidad existente al momento de su aparición.
Al centrarnos en el proceso de asignación de competencias institucionales y en los
organismos que deben quedar adscriptos, queda claro, no ya la ausencia una política precisa,
sino una baja o nula coordinación institucional dentro del Estado.
Siendo esta incorporación indicustible en sus propósitos y resultados (el proyecto Ceibal es la
contraparte uruguaya del proyecto One Laptop Per Child a nivel internacional, que ya ha
distribuido una computadora portatil para cada niño en edad escolar y tiene proyección al
nivel secundario en todo el país), no podemos dejar de observar la ausencia de organización
institucional en la materia, y no podemos obviar lo que deja entrever este evento en el juego
de decisiones e institucionalidad adscripta.
Si analizamos las decisiones de gobierno en el período comprendido entre la reapertura
democrática y la actualidad (1985-2010) lo único demostrable empíricamente es la ausencia
de criterios claros, y de políticas de Estado en la materia. Uruguay se ha caracterizado por
tener una fuerte impronta estatista, asociado a una sociedad civil atenta y un sector sindical
movilizado para frenar reformas de corte neoliberal. El resultado de esto (pasados los
procesos de desregulación en los años ’90) posicionó a Uruguay como una de las pocas
excepciones en América Latina que preservó dentro de la órbita pública-estatal (entre otros
monopolios) el de las telecomunicaciones a través de su empresa pública ANTEL. Sin
embargo, este relativo bloqueo al influjo desregulador no terminó por cerrar el camino a las
posibles sinergias con grupos privados, ya que “en el año 2001, (fue) creada la Unidad
Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), (la) que se agrega al proceso de competencia incipiente la apertura a la competencia en llamadas internacionales y en
telefonía móvil.

Artículo
2o Créase una comisión integrada por un delegado de la Presidencia de la República, que
la presidirá, un delegado de la Administración Nacional de Educación Pública, un delegado
del Consejo de Educación Primaria, un delegado del Ministerio de Educación y Cultura,
un delegado del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, un delegado de la Administración
Nacional de Telecomunicaciones, un delegado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno
Electrónico y la Sociedad de la información y un delegado de la Agencia de la Innovación.
La referida Comisión acordará las condiciones, ritmos y contenidos para llevar a cabo dicho
Proyecto.
Artículo 3o -­ La Comisión antedicha propondrá las políticas aplicables al proyecto y acordará
las acciones a efectos de lograr en el año 2009 que todos los escolares y maestros de escuelas
públicas del país hayan recibido un computador portátil.
Artículo 4o -­ Encomiéndase al Laboratorio Tecnológico del Uruguay la implementación
técnica y operativa del proyecto.


Actualmente, aquellos servicios que representan las mayores oportunidades
de crecimiento actuales del sector, como la telefonía móvil y la banda ancha de Internet,
están en los hechos en procesos avanzados y consolidados de apertura a la competencia
(Berretta, Nora: 2006).
Como vemos la interdicción impuesta por la ausencia de una política de Estado en la materia
no es obstáculo para que las tecnologías y los modelos de negocios se abran camino por las
grietas de una baja institucionalidad y una dispersión de “capacidades” instaladas.
De alguna manera hablar de regulación o la ausencia de la misma en el marco de
telecomunicaciones en Uruguay nos enfrenta a la exégesis de los propios medios de
comunicación y su path dependency para con nuestro sistema legal, con la institucionalidad
burocrática estatal y privada y su adscripción a entornos supranacionales.
Es difícil establecer un mapa que enumere los intersticios por donde se ha trazado esta
situación, que termina por consolidar a actores centrales en nuestras sociedades (las empresas
de comunicación), los que a su vez no terminan de integrarla, una suerte de presencia
fantasmal e indefinida donde los límites entre lo comercial, lo político y lo cultural no
terminan por definirse.
Ciertamente lo relacionado a las industrias culturales y la regulación sobre los medios de
comunicación masiva en sociedades tomadoras de tecnologías y en desventaja en el flujo
informacional y comercial debería ser parte de un debate permanente en los Estados
democráticos.
Sobre la tensión Público – Privado.
Como bien lo expresa Habermas, la labor de las comunicaciones en sus inicios permanecía
sujeta a “correspondencias privadas y estaba auspiciada exclusivamente por su interés
crematístico, el que tan solo se limitaba en sustancia a la organización del tráfico de noticias
y su clasificación” (Habermas: 1988). Si bien hasta ese momento los editores tan sólo
aseguraban la publicación, se comenzaron a dar cuenta que la intervención se especializaba, y
que actuaría de aquí en más como una “facticidad patrocinante” del medio y de la política en
relación al establecimiento de la agenda pública.
Concretamente la nueva conciencia pública y relacional de los medios que imperaría en
adelante (como lo señala el mismo Habermas) funcionaría bajo una “refiguración
pseudorealista de la superficie de lo existente” o como lo afirma otro integrante de la escuela
de Frankfurt, Theodor Adorno, podríamos decir que la “finalidad propiamente dicha de la
ideología de la cultura de masas…sería: conviértete en lo que eres, como abusiva
reduplicación y legitimación de la situación existente, con embargo de toda trascendencia y
crítica” (Adorno:1988). De esta forma se inaugura por imposición un espacio donde lo
público y lo privado son condiciones de intercambio, es un escenario público de operadores
privados donde se nos propone un nuevo pacto o nueva forma de entablar la facticidad entre
los medios masivos y los consumidores, y entre los medios y la condición pública del Estado,
asegurándose de esa forma una autonomía privada de orden liberal y autonómica por encima
de la estatal y sistémica.
Si consideramos que la exposición de un niño frente a los medios es mucho mayor que la que
puede ostentar el ámbito educativo, y que esto determina su formación política y ciudadana,
debemos al menos reconocer un rol Estatal y público central en la determinación del acceso a
los bienes informativos y por ende en la comprensión, adquisición y construcción del
principio de realidad. En una actualidad donde el acontecimiento es postergado por la
reproducción mecánica de los medios tecnológicos, donde la alteridad es una construcción
mediada; los procesos que atienden a la conformación de la identidad, como cuerpo
estructurado de valores y conductas, resultan más opacos y quizás más intrincados y
complejos que hace 20 años.
La condición omnipresente de las nuevas tecnologías hacen que estamentos estables como la
noción de “ciudadanía” queden en entredicho o al menos cuestionada en su ágora natural,
delegándose en máquinas (o en su intermediación) los encuentros, los intercambios y hasta el
reconocimiento del “deber ser” de nuestra condición ciudadana.
Las tecnologías y sus profundos efectores comunicacionales poseen una historicidad
inexorable, esto nos ubican en una coyuntura de convergencia e imbricación de lenguajes
inédita. Tal situación nos obliga a discutir las posibilidades de acceso a bienes
informacionales e intervenir de manera más crítica tanto desde el Estado como desde la órbita
académica.
Sobre la necesaria autonomía estatal en materia de información como bien público, debemos
decir que es un espacio a construir o a definir y para eso es necesario el aporte de las
universidades.
Intentos históricos de un nuevo orden: Del Informe McBride a Uruguay.
Con la aprobación en 1980 por la Conferencia General de la UNESCO del llamado “Informe
McBride” se daba comienzo a una propuesta de un Nuevo Orden Mundial de la Información y
la Comunicación con mayores niveles democráticos en el acceso a los bienes informacionales,
lo que significó un esfuerzo importante en atención a la equidad de un Derecho Humano
insoslayable, que se orientaría a la promoción de políticas nacionales y supranacionales que
atendieran la aplicación de las conclusiones del informe (Kaplún, G: 2002).
Sin embargo, el empuje neoliberal dejó prácticamente sin asunto a un encuadre programático
que pugnaba por la generación de políticas de alcance medio, donde los servicios de
comunicación pasaran a ser vistos como un servicio público antes que una mercancías,
máxime si consideramos que para la lógica neoliberal, conservadora en lo ético, es rechazable
todo lo referido a la intervención pública, ya que el Estado es visto como el sujeto a
desmontar, siendo su lógica la contraria, donde la mejor política para el neoliberalismo es la
no política, la ausencia de intervención, de regulación, de planificación, de modo que “a
diferencia del caso europeo, por ejemplo, donde sí se desarrollaron sistemas de radiodifusión
de servicio público -financiados con fondos públicos-, la mayor parte de los países
latinoamericanos adoptaron un modelo de radiodifusión similar al estadounidense,
protagonizado por el sector privado-comercial financiado por la publicidad, con una
presencia menor y subsidiaria de medios público-estatales” (Kaplún, G: 2002).
A la vez que ocurría esto en Europa, “Nuestra América” vivió el proceso a sangre y fuego
donde las políticas neoliberales se vieron ambientadas por la imposición de gobiernos
militares que en buena medida se explicaban por la necesidad de desarrollo de estos modelos.
Con el proceso de redemocratización la naturalización del sistema comercial publicitario que
ambientaba la lógica norteamericana se radicalizó con la irrupción de la televisión cable, lo
que terminó de suturar alianzas supranacionales de las empresas y en los contenidos,
invirtiendo de esta forma lo propuesto por el Informe McBride. (Kaplún, G: 2002).
En este sentido Uruguay, ha dado pocos pasos, respondiendo más a un encuadre incremental
(lindblomiano), de negociación paso a paso con actores mayoritariamente vernáculos, lo que a
su vez trajo aparejado una situación consolidada en lo fáctico por la vía de la escasa
competencia comercial entre operadores y por la ausencia de reflexión académica específica
que cuestione las lógicas operativas y funcionales. Es un elemento característico del Uruguay
“escuchar expresiones tales como: los empresarios son buscadores de rentas, no son
innovadores, buscan solo privilegios. Es frecuente ver a los empresarios clamando por
refinanciaciones, exoneraciones, aranceles, subsidios, desgravaciones, devoluciones de
impuestos, etc.” (Zurbriggen: 2005)
Actualmente hay condiciones coyunturales que permitan la consolidación de estándares
democráticos en el acceso a los bienes informacionales, debido a la inminencia de la
instalación de la TV digital, lo que podría aportar a la democratización de la oferta en
cantidad y calidad, aunque el panorama institucional y la discusión política es opaco.
Lo anterior se encuentra a su vez bajo el tamiz de una discusión contemporanea: la utilización
de un espacio público, como el de la trasmisión de las telecomunicaciones, por parte de
operadores privados. Es necesario resolver este aspecto a los efectos de poder contar con
reglas claras que observen la competencia y el ejercicio de los medios como un bien público y
de interés general-sistémico.
Las definiciones que se tomen en la asignación de las señales de Televisión digital deberían
abordar este tema desde una estrategia que deslinde las competencias comerciales de las
conceptualizaciones referidas al bien público que representa la información.
El asunto clave será fortalecer el estatuto autonómico del Estado y de sus políticas públicas.
En la actualidad las competencias e institucionalidades siguen todavía bajo una dispersión
poco saludable, lo que dificulta la consecución de políticas públicas de alcance medio en
materia de telecomunicaciones.
Hay quienes sugieren que la salida para el caso uruguayo y para la región pase por el diseño
de una estrategia del tipo “new public management” (NPM) o governance de Redes que
"implica organizaciones con fuerte descentralización Ministerial (muchas de ellas sin una
clara delimitación jurídica entre su status público o privado), (de modo que) la
caracterización se asemejaría más a un sistema planetario con soles (Ministerios), cada uno
de ellos rodeado de satélites" (Narbondo, Op. Cit). Allí el Estado no declina de las funciones
básicas, y su rol estratégico se limita a ser articulador-gestor en interacción con sectores
privados. Claramente esta fórmula se aproxima bastante a lo que la tradición neoliberal,
aunque se aleja de modelo de governance de mercado mas radical.
Otro camino sería más reconstructivo, tendríamos que transitar la restructuración de una
governance estatal jerárquica realizando un ordenamiento y puesta a punto de las agencias
estatales, la legislación (fuertemente retraída en sus inicios y mucho más en la actualidad por
la lógica de la regulación por agencias internacionales, REGULATEL, ITU, OMC) y
diseñando una política de incorporación de tecnología.
De alguna forma podemos afirmar que actualmente el país y la región están en una coyuntura
clave para tomar decisiones en relación a la interacción entre sectores públicos y privados.
De ahora en más la fuerte convergencia tecnológica, en su historia independiente y particular
en el terreno de las telecomunicaciones, desafiará fuertemente las capacidades estatales, al
propio Estado, a la democracia y a la “Política” misma.
Tarea más que urgente es la de sistematizar, estudiar y proponer en la conformación de
políticas y estrategias públicas al respecto, tomando como referencia el esquema
universalizador de las mismas o la literatura que habla de igualdad de capacidades que estén
al servicio de un Welfare State con un Estado fuerte y autónomo.
Para transitar por ese camino partimos del pesimista diagnóstico de Max Horkheimer y
Theodor Adorno en “La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas”,
pero bajo lo utopía de poder torcer el escenario y reconquistar la “Política” como eje desde el
cual construir una nueva sociedad mas igualitaria e independiente.
“Cada civilización de masas en un sistema de economía concentrada, es idéntica y su
esqueleto —la armadura conceptual fabricada por el sistema— comienza a delinearse. Los
dirigentes no están ya tan interesados en esconderla; su autoridad se refuerza en la medida
en que es reconocida con mayor brutalidad. Film y radio no tienen ya más necesidad de
hacerse pasar por arte. La verdad de que no son mas que negocios, les sirve de ideología
deliberadamente. Se autodefinen como industrias y las cifras publicadas de las rentas de sus
directores generales quitan toda duda respecto a la necesidad social de sus productos”
(Horkheimer y Adorno:1988).

Bibliografía consultada.
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Cuarto Congreso Argentino de Administración Pública. Panel: Capacidades Estatales: debate teórico y
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importaciones en Uruguay. El path dependence de las reformas actuales” Universität Tübingen, 2005.

Vendieron una peligrosa gripe.

La llegada de la sociedad de redes ha cambiado ciertas viejas costumbres.
Hace 30 años si un par de laboratorios decidían hacer unos millones de dólares extra a expensas de los bolsillos de la gente sobornaban algunos gobiernos y generaban las compras necesarias.
Actualmente el mecanismo ha variado un poco por necesidad, es importante lograr un cierto concenso para conseguir el resultado deseado.
No basta con comprar un gobierno, la información circula de manera mas eficiente entre la gente, quedaría muy expuesta la maniobra, es necesario cierto concenso para meterle la mano en el bolsillo a la sociedad.
En esta sociedad de redes,el poder se ejerce en parte controlando la información que compone una porción de los ladrillos que usa la gente para construir opinión.
Por eso hubo que asustar a todo el planeta con el tema de la gripe H1N1, a pesar que todo indicaba que la peligrosidad de este nuevo virus era francamente menor que el de la gripe estacional.
Se manipuló la Organización Mundial de Salud, poniendo a muchos funcionarios a sueldo de los laboratorios, se logró que se declarara la epidemia y la entrada de muchos gobiernos en emergencia sanitaria.
Así se vendieron millones de dosis de antivirales como el tamiflú. Dos laboratorios ganaron millones gracias a la transferencia de dinero desde el bolsillo de los ciudadanos de países pobres y ricos a sus cajas.
Todo ese dinero no se usó para planes contra el hambre o las enfermedades del tercer mundo, se utilizó para comprarle a dos laboratorios millones de dosis de un producto innecesario.
No conformes con eso, siguieron alimentando el pánico diciendo que en la segunda temporada iba a ser peor,comenzó el negocio de la vacuna.
Con el cuento de la escasez de dosis, lograron que los gobiernos confirmaran los pedidos por adelantado y millones de dólares adicionales fluyeron del bolsillo de la gente a la caja de los laboratorios.
Millones de dosis ya pagadas de la tan publicitada vacuna han quedado sin usar y se vencieron, al comprender los gobiernos que no hubo tal emergencia y no amerita hacer ningún gasto mas por esta gripe que nos vendieron como peligrosa.
Hector Gomez

Alvaro Gascue


Alvaro Gascue


Licenciado y Magíster en Sociología. Profesor adjunto de la asignatura Sociología de la Comunicación que se dicta en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UDELAR.
Coordinador General del Proyecto Flor de Ceibo (Programa de la Universidad de la República de apoyo al Plan Ceibal)
Autor del libro Acerca de movimientos de mouse y golpecillos en el teclado.
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

Ana Rivoir


Ana Rivoir
Investigadora y Docente del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República de Uruguay.
Es Licenciada en Sociología, graduada en la Facultad Ciencias Sociales (Universidad de la República) con Maestría en Desarrollo Regional y Local en la Universidad Católica del Uruguay. Máster y candidata a Doctora por el Programa de Doctorado sobre Sociedad de la Información y el Conocimiento la Universidad Oberta de Catalunya.
Investigadora y Profesora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay. Co-coordinadora del ObervaTIC de la misma Facultad, Integra el Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad y otras redes y grupos académicos.
Ha participado en varios Proyectos de Investigación en la Universidad de la República y otras instituciones nacionales y extranjeras. Ha recibido Becas y premios del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO (1999) y del Programa Gestión de las Transformaciones Sociales (Most) de Unesco (2002) así como del Fondo Nacional de Investigadores de Uruguay (2005). Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay (nivel I, desde 2008) Ha participado en múltiples Congresos Nacionales e Internacionales. Cuenta con publicaciones en libros y revistas especializadas.

Gabriel Kaplún


Gabriel Kaplún es comunicador, Magíster en Educación, Doctor en Estudios Culturales. Docente e investigador de la Universidad de la República, Director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, docente invitado de otras universidades latinoamericanas. Consultor de organizaciones sociales, empresas, organismos gubernamentales y no gubernamentales en temas de comunicación educativa y organizacional. Integró, entre otros organismos, la Comisión Nacional de Televisión Digital e integra actualmente el Consejo Honorario Asesor Independiente de Radiodifusión Comercial. Es miembro de la Asociación Latinoamericana y de la Asociación Internacional de Investigadores de la Comunicación. Ha escrito numerosos artículos y libros en temas de su especialidad. Entre los últimos cabe mencionar Educación, comunicación y cambio (La Habana 2002), Comunicaçao e movimentos populares: quais redes? (Porto Alegre 2002), Comunicación popular: ¿es o se hace? (Buenos Aires 2003), Aprender y enseñar en tiempos de internet (Montevideo 2005) y ¿Educar ya fue? Culturas juveniles y educación (Montevideo 2008).

Gabriel Molina


Gabriel Molina (42 años) Militante social y político desde sus 16
años, cuando empezaba la dictadura y fue aslariado en Barreiro y Ramos, Viterco, estiba del Mercado Modelo y cargador de reses en camiones de frogríficos. Trabajador de ANTEL (1982), delegado y dirigente gremial desde 1985. Actual presidente de SUTEL desde 2006. Activo defensor de las empresas públicas frente a los intentos de reprivatización. Integrante de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes. Miembro de la Mesa Representativa del PITCNT y del Secretariado Ejecutivo del PITCNT. Integrante de la Comisión de Telecomunicaciones del Frente Amplio.

Gonzalo Perera


Gonzalo Perera nació el 15 de setiembre de 1966 en Rocha, Uruguay. Se doctoró en Matemática (especialidad Estadística) en Uruguay, en febrero de 1994. Es Profesor Titular (Gr 5) de Matemática de la Facultad de Ingeniería; fue Profesor en la Université de Paris-Sud y en el CNRS de Marseille; ha sido Profesor visitante en una veintena de universidades latinoamericanas y europeas. Fue Presidente (2001-2004) de la Sociedad Latinoamericana de Probabilidad y Estadística Matemática. Fue Director del Laboratorios e Institutos , consejero en su Facultad. Es "elected member" del ISI (International Statistical Institute). Fue consultor estadístico para varias empresas. En la década del 90 co-fundó un grupo de investigación sobre performance de Redes de Telecomunicaciones. Es autor de una treintena de publicaciones arbitradas en temas de su especialidad. Ha dirigido una docena de tesis de posgrado en su área. Recibió en el 2000 el Premio PNUD "Roberto Caldeyro Barcia" a una trayectoria en ciencias básicas destacada por su impacto sobre otras disciplinas y problemas de la sociedad y el medio ambiente. Fue Director de la ANII y Vicepresidente de ANTEL. Es autor de libros técnicos y de divulgación. En el plano gremial, fue secretario de ADFI (Asociación de Docentes de Facultad de Ingeniería) y de ADUR ( Asociación de Docentes de la Universidad de la República). En el plano periodístico, ha escrito columnas de opinión para varios medios locales e internacionales y participado en similar tenor programas radiales. En la actualidad, escribe semanalmente para " La República" y "El Popular" y mensualmente para "Miradas".

Rodolfo Porley


Rodolfo Porley milita en la Asociación de la Prensa Uruguaya APU desde hace 47 años, cuando a los diecisiete años comenzó periodismo como corresponsal de ANI en Durazno, su pago natal, donde también trabajó para los diarios El Plata y BP Color. Ganó el primer premio nacional de corresponsales de dicha agencia. Creador en Uruguay del periodismo jurídico-policial (1967–1973), como jefe de página del diario “El Popular. Era directivo Secretario de Propaganda APU cuando se inició la resistencia a la dictadura en junio 1973, hasta su secuestro y torturas desde a fines de 1975, imputado de colaborar con la redacción clandestina de “Carta del PCU”. (Había sufrido tres detenciones dictatoriales previas, también relacionadas con su profesión y militancia sindical. Finalmente, tras 321 días encapuchado y maniatado, fue retenido en prisiones militares y expatriado a Suecia en 1979, donde integró la Asociación de Periodistas de Suecia, miembro de la Federación Internacional de Periodista, y co-fundó y dirigió el periódico sueco–uruguayo internacional “Mayoría”, además de editar la revista cultural de solidaridad sueca-uruguaya “Nyheter frân Uruguay” y coproducir dos videos suecos documentales (agregó un tercero desde Montevideo en 2006 para invitar a Ingmar Bergman a visitar Uruguay). Introdujo en 1991 en Uruguay el uso de la telemática, de manera pionera a nivel internacional en la producción periodística a nivel de todo un país (proyecto La República Entera) junto a una serie de suplementos por Departamentos de nuevo tipo (Raíces, Paisajes y Proyecciones). Persistiendo tras un Uruguay Entero, gestó proyectos y organizaciones culturales (Red Uruguay Entero RUE, Ámbito Transdisciplinario desde Uruguay Entero ATDUE, Centro Latinoamericano de Investigación CELADI, Ámbito Proceso Uruguay Entero Sur! APUES!). Edita en forma independiente por Internet y ha desarrollado docencia, así como trabajos y ensayos de investigación del patrimonio con rastros de culturas originarias, crítica y neorevisión histórica y antropológica (Serie “Laberinto de Salsipuedes”); aplicación a la comunicación del pensamiento de complejidad y la transdisciplinariedad, también para generar una nueva educación ambiental recivilizatoria en el marco de la RENEA, Red interinstitucional e intersectorial de Educación para el Desarrollo Humano Sustentable. Postuló – en simultáneo con demás directivos de la cAsa de los Escritores de Uruguay - acciones de colaboración y capacitación con APU, cual Puente Escritores-Periodistas (PEP), hacia una Cultura con la vigencia integral de los DD.HH. Cofundó en APU en 2008 la Agrupación Julio Castro y fue directivo titular 2008-2010 como Secretario de Derechos Humanos bajo el lema Comunicación: DD.HH. a potenciar como bien público. Coordina el programa de actividades Socialización Memorias APU junto con el Grupo de Experientes APU-SAG y e interactúa con el programa de investigación, docencia y extensión de la Licenciatura de la Comunicación de UdelaR que de 2010 a 2012 profundizará y completará la historia de resistencia de trabajadores de la comunicación al terrorismo de Estado. Se define CCI (Comunicador Investigador Independiente).-

Oscar López Goldaracena


Oscar López Goldaracena, abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Económico, novelista y político uruguayo, fundador del Movimiento Independientes por los Derechos Humanos, actual Senador de la República, suplente por el Espacio 1001 del FA.
En el terreno jurídico se destaca su desempeño como activista, conferencista, articulista e investigador en temas vinculados a los Derechos Humanos y Derecho Internacional. En particular, tuvo a su cargo la elaboración y redacción del Ante-Proyecto de Ley sobre Crímenes Internacionales e Implementación del Estatuto de Roma, en 2005, por encargo del Ministerio de Educación y Cultura. Más tarde, encabezó la comisión encargada de elaborar el proyecto plebiscitado en octubre de 2009 para la reforma constitucional y anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En este ámbito, López Goldaracena ha escrito libros y artículos en revistas y periódicos, ha ejercido como docente y dictado conferencias. Asimismo, es consultor de varias ONGs vinculadas a la temática de derechos humanos y ha tenido a su cargo la redacción de varios proyectos y anteproyectos en este sentido.
En el año 1985, fue miembro de la Comisión Nacional de Ética Médica, integrada por abogados y médicos, cuyo principal cometido era instruir las denuncias que se presentaran contra médicos que hubiesen incurrido en violaciones éticas de su profesión durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. Ese mismo año fue fundador del primer Consejo Directivo de la Asociación Americana de Juristas (Uruguay), el cual integró hasta el año siguiente. Por otra parte, fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Uruguay desde 1985 hasta 1987.
En 1986 publicó el libro Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, obra que constituyó el primer aporte de la doctrina jurídica uruguaya en la extensión del concepto de «Crimen contra la Humanidad» a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las dictaduras militares de Latinoamérica.
Entre 1986 y 1987 se desempeñó como Profesor Asistente en Teoría General de las Relaciones Internacionales para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UdelaR).En 1993 fue electo presidente del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y director de la Caja de Auxilio de Instituciones Financieras.Entre 1995 y 2005 integró las Unidades de Programa de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos del Frente Amplio y, en 2005, por encargo del Ministerio de Educación y Cultura, redactó un Ante-Proyecto de Ley sobre Crímenes Internacionales e Implementación del Estatuto de Roma, el cual fue presentado al Senado en noviembre de 2005 y convertido en Ley en septiembre de 2006.1 Asimismo, fue asesor en derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay e integró la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario entre agosto de 2005 y febrero de 2006.
En el año 2007 participó en la formación de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Ese mismo año, CRYSOL (organización de ex presos políticos) encomendó a López Goldaracena la elaboración de un proyecto de ley de reparación integral para las víctimas del terrorismo de Estado. eE este marco, escribe el libro Derecho a la Reparación Integral de Violaciones a los Derechos Humanos. Terrorismo de Estado.
López Goldaracena publicó, en colaboración con sus hijos, dos novelas infantiles: «El tesoro del Gran Peluca» - Aventuras del Pececito Andrés y sus amigos y «La Caverna Mahuida» - Aventuras del Pececito Andrés y sus amigos. Ambas fueron declaradas de «Interés Cultural» por el Ministerio de Educación y Cultura y de «Interés Cultural Departamental» por la Intendencia Municipal de Rocha, así como de «Interés Escolar» por parte del Consejo de Educación Primaria. Estas novelas tratan temas como el cuidado del ecosistema, la fauna marina y algunos principios del desarrollo sostenible.

Federico Beltramelli


Federico Beltramelli
Docente del Seminario de Comunicación, Cine TV y Audiovisual de la LICCOM-UdelaR.
Docente del Sub-Programa de Información de APEX-UdelaR. Documentalista.

Jaén Motta


Jaén Motta es Licenciado en Ciencia Política, Profesor de Filosofía, Candidato a Magíster en Ciencia política y actualmente integra en el marco del PRODIC un equipo de investigadores que tiene como objeto de estudio el área de las telecomunicaciones y las nuevas tecnológicas en el marco de la convergencia asociado a las Políticas Públicas y el rol del Estado en el proceso de cambios en esta materia. Integra también el Movimiento de Independientes por los Derechos Humanos del Frente Amplio y el Claustro de la Facultad de Ciencias Sociales por el Orden de Egresados

Gerardo Caetano


GERARDO CAETANO. Doctorado en Historia en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina en 2008 con el tema Modelos y prácticas de ciudadanía en Uruguay (1890-1930), ejerció investigación y docencia desde 1977 en el Instituto de profesores Artigas y el Instituto Universitario CLAEH. Dirige el Instituto de Ciencia Políticas de Facultad de Ciencias Sociales de UdelaR, donde además es el coordinador académico del Observatorio Político.
Su primera publicación académica data del año 1977.Mas de un centenar de sus trabajos han sido publicados desde entonces, una cuarta parte en formato de libros propios, medio centenar en capítulos de otros libros, además de una treintena en revistas científicas.
En mas de tres décadas vocación y de una matriz persistente en la Historia, como disciplina de origen y de anclaje intelectual, se ha formado y desplegado su trabajo académico con una clara proyección interdisciplinaria. En particular, su trabajo ha transitado en las fronteras fértiles de la Historia y de la Ciencia Política, con algunos focos temáticos prioritarios: partidos políticos, ciudadanía, nación, represión a los derechos humanos durante la dictadura, políticas culturales, dimensiones institucionales de los procesos de integración, labor de los Parlamentos. A partir de ese cruce interdisciplinario, su labor académica contribuyó a” la modernización de los enfoques de la Historia Política uruguaya a tono con los desarrollos más renovadores de la disciplina a nivel internacional. Desde análisis con su vocación historizante, ha buscado dotar a los desarrollos de la Ciencia Política vernácula con una mayor densidad de temporalidad, en procura de enriquecer las dimensiones específicas del abordaje politológico clásico con perspectivas interpretativas más plurales y comprensivas.” Desde ambas líneas y análisis combinados, desarrolló propuestas académicas en el campo de las Ciencias Sociales en su conjunto, planteando diálogos entre disciplinas como la Historia y el Psicoanálisis; así cómo abordajes pluridimensionales sobre temas de frontera como los de ciudadanía, derechos humanos o políticas culturales; proyectando y liderado compilaciones sobre perfiles de Historias de la vida privada, sobre el pasado más reciente y aun sobre las demandas exigentes de la prospectiva.
Ha procurado la promoción de esfuerzos de investigación innovadora en el campo de las ciencias sociales, con un foco en la centralidad de una visión ciudadana de la política y con proyecciones que buscaran “trascender los límites del acontecer nacional más estrecho para referirlo hacia contextos de corte más regional e internacional”. En esta última dirección se debe destacar su incorporación en redes internacionales de investigadores, así como su concurrencia permanente a eventos y actividades de carácter internacional. Más allá de la prioridad académica de su trabajo, ha buscado también asumir la dimensión pública del trabajo intelectual, desde la proyección de sus acumulaciones investigativas en los campos de la docencia y la divulgación. En una dirección similar, ha buscado aportar a la conducción y consolidación de esfuerzos institucionales (tanto desde el cogobierno universitario como en su actuación en otras organizaciones académicas),ya que su convicción es “que la investigación genuina y sistemática requiere respaldos institucionales sólidos”.
Más allá de los múltiples intereses temáticos, la apuesta prioritaria a su juicio ha sido “responder en clave innovadora a los desafíos de una investigación actualizada y con proyección de mundo acerca de la indagación sobre los perfiles cambiantes de la política más contemporánea, desde los campos disciplinarios de la Historia y de la Ciencia Política.”

De una veintena de premios y títulos, destacamos :2008 Premio Jerusalem, Organización Sionista del Uruguay, 2006 Titular del proyecto de investigación “Valores y virtudes cívicas", Comisión Sectorial de Investigación Científica, UdelaR, 2004 Investigador seleccionadoen el Nivel II del Fondo Nacional de Investigadores., CONICYT, 2003 Ensayo e Investigación, Premios Banco de Boston, 2002 Titular del proyecto de investigación “La reinvención de la política”, Comisión Sectorial de Investigación Científica,
UdelaR, 2001 Académico más destacado del año, Los hombres más destacados del año, 1999 Investigador seleccionado en el Nivel II del Fondo Nacional de Investigadores., CONICYT.
Así también una docena de distinc iones por su talento literario:2006 Académico de Número, Academia Nacional de Letras del Uruguay, 2004 Premio Morosoli de Plata en el rubro Investigación en Historia, Fundación Lolita Rubial, 1997 Premio Anual de Literatura, categoría Ensayo de Historia, biografías y temas afines éditos, Ministerio de Educación y Cultura, 1993 Premio Anual de Literatura, categoría Ciencias Sociales obras éditas, Ministerio de Educación y Cultura, 1992 Premio Anual de Literatura, categoría Historia Obras éditas, Ministerio de Educación y Cultura, 1992 Concurso Literario Municipal, Obras éditas de ensayo histórico, Intendencia Municipal de Montevideo, 1992 Premio Bartolomé Hidalgo a la producción Historiográfica nacional, Crítica especializada, 1989 Premio Anual de Literatura, categoría Historia obras éditas, Ministerio de Educación y Cultura, 1989 Segundo Premio Concurso Literario Municipal, Obras inéditas de ensayo histórico, Intendencia Municipal de Montevideo, 1989 Segundo Premio Concurso Literario Municipal, Obras éditas de ensayo histórico, Intendencia Municipal de Montevideo, 1986 Segundo Premio Concurso Literario Municipal , Obras éditas Género Ensayo, Intendencia Municipal de Montevideo, 1986 Premio Anual de Literatura, categoría Historia Obras éditas, Ministerio de Educacion y Cultura

En UDELAR Y UNIVERSIDADES EXTRANJERAS Desempeñó múltiples cargos dentro del cogobierno universitario. Ha sido Profesor en temas de su especialidad en cursos de grado y postgrado (Doctorado y Maestría) en instituciones y Universidades extranjeras. (Doctorado en Historia de la Universidad de Salamanca; Instituto Mora de México; Universidad Di Tella de Argentina; Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires; Maestría Mercosur, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de Rosario; Doctorado en Historia de la Universidad Nacional de La Plata; Universidad Federal de Río Grande; etc.) Ha integrado además jurados en Argentina para el otorgamiento de becas de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en el IDES. Ha sido también integrante de numerosas comisiones asesoras y jurados de concursos a docentes e investigadores en el campo de las ciencias sociales, en el Uruguay y en el extranjero.

Grupo de Investigación Académica

“Uruguay 2010. Telecomunicaciones: entre la innovación y el acceso”

Este grupo académico compuesto de ocho investigadores pretende ingresar al debate ciudadano en materia de telecomunicación y medios con la finalidad de ser un agente esclarecedor de la articulación entre lo especifico del asunto y la dimensión mas amplia, que implica la construcción de un modelo de desarrollo en el marco de una convivencia democrática.

Paralelamente a la tarea de investigación y además de la construcción de los datos, surgen preguntas y señalamientos acerca de la forma de procesar las transformaciones del país en el área que lo ocupa.

El equipo de trabajo ha sido seleccionado, en el marco del programa PRODIC (Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación) para ser financiado con fondos públicos de CSIC. Sus integrantes provienen de diferentes ramas del conocimiento con la finalidad de conformar un prisma de abordaje multidisciplinario. Tres de ellos intervendrán en la mesa del 3 de agosto “Comunicación y Poder en Uruguay Hoy”.

Profesor Gerardo Caetano. Facultad de Ciencias Sociales (FCS) - Instituto de Ciencia Política (ICP).
Coordinador y DT del proyecto. Su función es la coordinación y seguimiento del conjunto de investigadores. Evaluación de la información relevada. Colaboración y dirección en los informes de avances de la investigación y co-redactor del trabajo final.-
Federico Betramelli. Docente LICCOM_UdelaR.- Investigador principal. Relevamiento de la información,búsqueda y obtención de documentación relevante. Elaboración de informes. Evaluación de la información relevada. Co- redactor de los informes de avance y del informe final.-
Otros seis universitarios asistirán la investigación y elaboraran algunos informes así como serán co-redactores del trabajo final. Cuatro también pertenecen al Instituto de Ciencia Política de la FCS: los Licenciados (maestrando) Jaén Motta y Eduardo Alonso; los estudiantes de grado Pablo Irigoin y Juan Alberto Meyer. María Fernanda Osorio. Docente LICCOM - Facultad de Ciencias Económicas.
Luis Delio Machado. Docente Facultad de Derecho - UdelaR


Resumen de la investigación.

Esta investigación apunta a analizar las capacidades estatales y el esquema institucional implementado hasta la fecha por el Estado uruguayo en atención a la emergencia de cambios profundos en los diseños de radiodifusión (advenimiento de la Televisión Digital, el modelo de negocios de prestadores actuales bajo el nuevo esquema, la participación de instituciones públicas en la oferta, marco regulatorio, etc.) y en la trasmisión de datos (ampliación de la oferta mediante fibra óptica, regulación estatal en la oferta, operadores por triple play, etc.).

La complejidad del análisis (para investigadores y policymaking), reside en que las políticas de medios, como consecuencia de la convergencia tecnológica, ya no se reduce al seguimiento pasivo de la productividad de la actividad privada y a los criterios de asignación de ondas, sino que quedan fuertemente vinculadas a las políticas de telecomunicaciones y a los problemas políticos, económicos y tecnológicos que éstas atraen. Las resoluciones adoptadas o por adoptar vía regulaciones o modelos de negocios sobre contenidos conforman un campo de vasto investigación.

Esta investigación procura establecer cuáles son las instituciones y con qué capacidades instaladas cuenta el estado uruguayo para enfrentar la nueva oleada tecnológica contemporánea y paralelamente observar prospectivamente cuáles son las herramientas que tendrá disponibles en el futuro, como también la matriz institucionalista que emerge de las mismas dando cuenta de los desafíos tecnológicos y estratégicos de un fenómeno que interviene en nuestro sistema de valores democráticos republicanos, como también los modelos de negocios emergentes que ciertamente determinarán las posibilidades geopolíticas de desarrollo.


La implementación de la TV digital permitiría incrementar el número de ofertas a una
cantidad que oscila entre 16 y 32 canales de aire. Asimismo se accedería a una mejor calidad de imagen y de audio, dependiendo de la norma (se denomina así al tipo de tecnología que se utiliza para la transmisión de la señal) que se adopte y se abrirían amplias posibilidades de desarrollar funciones complementarias, debido a la capacidad de interactividad con el usuario final. Este fenómeno no es aislado, sino que se enmarca en un proceso mucho más amplio, que refiere a la revolución tecnológica en el campo de las telecomunicaciones y que provoca una tendencia de convergencia entre diferentes tecnologías vinculadas a las comunicaciones, que hasta el momento se desarrollaban en forma independiente.
Las inversiones de la telefonía fija, de la telefonía móvil, de la transmisión de datos, de Internet y de la electrónica mundiales, entre otras, ahora se interconectan y vinculan, modificando las estrategias de las grandes empresas líderes en cada uno de esos conocimientos (se reconocen dentro de las denominadas TICs ).

Esto le da a las políticas de medios de comunicación mayor complejidad porque no es posible entender el fenómeno específico de la televisión abierta digital, desconociendo los movimientos tecnológicos, económicos y estratégicos en el resto de los campos mencionados. La prueba más reciente ha sido la incursión de los operadores de cable en la transmisión de datos, en el marco del fallido plan CARDALES, o en las presiones internacionales que Uruguay está recibiendo a partir de la adopción de la norma europea para Televisión Digital. Esto, porque la convergencia tecnológica coloca a grandes empresas privadas con know how en la materia, en el centro de las estrategias geopolíticas de los gobiernos.

La interrogante que plantea este escenario, es ¿cómo hace un pequeño país
tomador de tecnologías, económicamente dependiente y con una baja capacidad institucional instalada, para establecer políticas promovidas por el Estado y conservar una autonomía lo suficientemente fuerte frente a otras naciones e intereses del mercado nacional e internacional, sin dejar de respetar los intereses de la sociedad representados por la autoridades elegidas democráticamente?

Las primeras impresiones, sugieren que la mayoría de las decisiones tomadas desde la aparición del nuevo fenómeno tecnológico, han sido puntuales, inconexas, sin un debido proceso de evaluación política y generalmente cómo producto de presiones de actores extra-estatales. No se observa el planteamiento de “una política”, sino el devenir espontáneo de decisiones aisladas que pretenden aplazar el tema por no ingresar en la agenda y generan avances y retrocesos sin un objetivo preciso.
A modo de ejemplo y tomando en cuenta sólo los últimos meses podemos enumerar los cuestionamiento de los gobiernos vecinos a la opción de la norma europea por parte de Uruguay, el decreto adjudicando a las empresas locales privadas la transmisión de datos del plan CARDALES y luego su derogación, la autorización de la URSEC al grupo SLIM (mexicano) para explotar telefonía móvil y su posterior derogación por un decreto de presidencia, el traslado de la Dirección Nacional de Comunicaciones del Ministerio de Defensa al Ministerio de Industria sin la previsión de recursos presupuestales y un largo collar de situaciones similares, parecen ser la norma en materia de tecnología de telecomunicaciones y de su prima hermana, la tecnología de la televisión digital. Mientras, en otros países, cercanos y lejanos, ya está funcionando la televisión digital en forma masiva y desarrollan un know how, que nos coloca con un retraso significativo en la materia, lo que quizás nos deje a las puertas de una nueva oleada de la revolución tecnológica en la materia, haciendo de estas preocupaciones un tópico obsoleto.

Pero estas, son sólo impresiones e informaciones que nos estimulan a realizar un
estudio riguroso en la materia, que incorpore un diagnóstico preciso de la situación
institucional del Estado uruguayo y permita determinar cuales son sus potencialidades así cómo sus debilidades, frente al conjunto de amenazas y oportunidades que traen aparejados estos avances tecnológicos en el mundo de las telecomunicaciones. La novedad del análisis, es que debe ser incorporado en el marco de los desarrollos tecnológicos en el terreno de las telecomunicaciones en general, debido a la incidencia que éstos tienen sobre el tema objeto de la investigación.


Antecedentes.

Política de medios local .El sistema de Telecomunicaciones uruguayo se compone desde su nacimiento (no planificado) del Ente de Telecomunicaciones, actualmente independizado de su homólogo energético que es Antel (monopólico desde su creación, hasta procesada la desregulación del servicio de telefonía móvil) y por la red de prestadores de servicios de radiodifusión nucleados mayoritariamente en ANDEBU (Asociación Nacional de Broadcasters del
Uruguay).

De conformación levemente tardía, la aparición de núcleos corporativos en la
radiodifusión uruguaya no tardaron en comparecer en el mercado y sobretodo en el orden
público, La ANDEBU nació el 20 de julio de 1933, con un retraso de once años de la primera transmisión de radio en Uruguay, agrupando a once emisoras existentes y planteando un debate que será paradigmático en lo que respecta a la radiodifusión nacional, la imposibilidad de aceptar la radiodifusión como un servicio público. “La posición históricamente mantenida por ANDEBU es la de entender la radiodifusión como servicio de interés público. Es así que ANDEBU defiende la propiedad privada y múltiple de los medios electrónicos como garantía de la libertad de expresión” (García Rubio, Carlos: 1994). En el momento del surgimiento del canal estatal (1963) esta posición se resumió en un poderoso lobby que impidió por un lado la utilización del espacio publicitario en el canal del Estado y por otro frenó un proyecto de ley
de Luis Hierro Gambardella, que pretendía regular los medios electrónicos, “hubo un primer intento de desarrollar el canal oficial de modo de llegar a disponer de un instrumento competitivo con el nivel técnico de los canales privados, a partir de 1964. En la ley de presupuesto de ese año se estableció que el 20% de la publicidad de todos los organismos del Estado debía ser destinado al SODRE, que hasta entonces seguía sin publicidad, tanto en las ondas radiales como en la TV” (Faraone, Roque: 1998). La aplicación fue dificultosa por no decir un pequeño campo de batalla.

Claramente la conformación del sistema de telecomunicaciones en Uruguay generaba
un movimiento pendular que por un lado le daba al Estado el monopolio de la trasmisión de datos a través del Ente prestador y por otro lado dejaba bajo una lógica privada prestadora de servicios a la televisión y a la radiodifusión; ciertamente en el horizonte no estaba el problema de la convergencia tecnológica y mucho menos la transnacionalización de las telecomunicaciones. Tan es así que el organismo encargado de nuclear los componentes monopólicos creados a tales efectos fue la ITU (1932) "la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), un régimen básicamente diseñado no para permitir la competencia entre operadores, sino para conectar monopolios nacionales. De este modo, la ITU proporcionaba un paraguas limitado, pero también necesario, de reglas y estándares que hacían posible una operativa construida sobre la base de acuerdos intergubernamentales bilaterales" (Narbondo, P. Ramos, C. y Zurbrigen, C : 2003). Esta síntesis institucional internacional (ITU) proveía a los Estados de una salvaguarda precisa y económica, que en definitiva aseguraba una interrelación paritaria de los monopolios (Narbondo: 2003:17), en su gran mayoría públicos, particularmente en lo que respecta a Latinoamérica. Bajo la impronta del necesario acceso universal y el impulso desregulador de los años 90 nos encontramos con una ITU remozada que sigue administrando monopolios pero esta vez mucho más distantes de una entronización estatal. Esta delegación de un espacio público (el radioeléctrico) será parte
de un expertiz que agentes privados harán pesar en la puja por la trasmisión de datos.

Los tres grupos que detentan los clúster significativos de los medios masivos
nacionales se pueden resumir en:
Grupo Romay Salvo: dueños de CX 12 Oriental y CX 20 Montecarlo, los canales de televisión abierta 4 de Montevideo, 3 de Colonia, 8 de Rosario, 11 de Maldonado 12 de Fray Bentos. Además cuenta con tres canales para abonados.
Grupo Scheck (Sociedad Televisora Larrañaga): propietarios de Canal 12 de Montevideo, 2 de Maldonado y 10 de Rivera que comparte con los otros dos grupos de medios. Asimismo se destaca su fuerte conexión con el diario El País.
Grupo De Feo-Fontaina: Detenta CX 16 Radio Carve, CX 24, Canal 10 de Montevideo, Canal 7 de Pan de Azúcar, además del 9 de Rocha. (García Rubio, C: 1994).

Asimismo estos tres grupos tienen una red que controla la distribución de una síntesis de los tres canales a través de Red Uruguaya de Televisión (RUTSA) que atiende al interior del país. Estos conglomerados de medios de fuerte impronta familiar permanecen sin competencia comercial privada desde 1961 en lo que a televisión nacional respecta, y a su vez son los que se han proyectado sobre la televisión por abonados consolidando el mismo espectro de incidencia que en la radiodifusión abierta. Esto último se reproduce recientemente con el frustrado decreto del poder Ejecutivo 537/009 que habilitaba a operadores de TV por abonados a operar en los sistemas Triple Play. ¿Acaso esto es el resultado de una capacidad
instalada en el mercado, abonada por el aislamiento del canal estatal de larga data, o es el resultado de una inercia de incapacidades; será acaso consecuencia de la ausencia de autonomía estatal en la materia o quizás por presiones que a esta altura superan a la lógica del estado nación?.

Conviene observar que los espacios de autonomías en nuestro Estado parecen estar
circunscriptas al ente autónomo que maneja la trasmisión de datos (ANTEL). Como ya hemos observado, operada la separación inicial entre radiodifusión y datos, la parte correspondiente a la TV y la radio quedaron sin ninguna participación de organismos estatales en el rol de supervisor o regulador, recién el año 2001 se creó la URSEC, más a influjo de la necesidad de comparecer ante organismos reguladores supranacionales (REGULATEL y UIT) que por la racionalidad estratégica de nuestro Estado.

La URSEC cuenta entre sus cometidos con la necesidad de asesorar a los poderes
gubernamentales, pero pocas veces sus iniciativas configuraron tendencias autónomas, más bien por la vía del decreto (marco resolutivo actual) se llegó a su desautorización, lo que implicó la laxitud de su eficacia en ese aspecto. En el plano legal la URSEC desempeña gestiones en forma amplia, lo que equivaldría a afirmar que el Estado uruguayo cuenta (aunque de forma reciente) con un cuerpo profesional que toma a su cargo este campo estratégico, pero en los hechos, la ingeniería institucional termina en el Poder Ejecutivo, bajo un régimen presidencialista con capacidad de veto, que hacen de la URSEC un organismo
satélite con capacidades instaladas (en su saber técnico) pero sin lograr plasmar sus
iniciativas en políticas públicas específicas.

Por supuesto que la transmisión digital no es problema exclusivo del Uruguay, sino
que es el resultado de inversiones millonarias de industrias multinacionales que se enmarcan
en la denominada convergencia tecnológica de la industria de las telecomunicaciones.
Provienen del mercado de la telefonía, la electrónica y de los medios de comunicación
(propietarios de poderosos multimedios). En Latinoamérica, grupos como Clarín, O Globo o
Slim compiten con empresas como Telefónica, Vodafone, Movistar o Claro y todos ellos
deben aliarse con industrias más sofisticadas vinculadas fundamentalmente a la electrónica como Siemens, Philips o las japonesas que lideran el sector. Las normas de TV Digital que se van consolidando en los diferentes países del globo son: la europea (DVB), la americana (ATSC), la japonesa (ISDB) y un tipo híbrido desarrollado por Brasil que se basa en la japonesa y le incorpora modificaciones. También existen otras normas en desarrollo en los países asiáticos (China e India). Esa convergencia tecnológica produce una mutación de los mercados y fundamentalmente de las industrias que los explotan.

En nuestro país, la irrupción de la incorporación del sistema de tecnología digital en la televisión deja entrever la necesaria comparecencia de nuevos actores, que junto a los tradicionales, le imponen al Estado la necesidad de ordenar y regular las políticas sectoriales e institucionalidades remanentes.

Estos cambios son más profundos que en otros países, porque los actores tradicionales vinculados al mundo de la televisión, optaron hace años por no
ingresar a otros campos colaterales que se le ofrecían desde el Estado y hoy están obligados a ingresar en ellos. Construyeron un fuerte bloque oligopólico negociador y conservaron una enorme hegemonía en la televisión por cable y casi monopólico en la televisión abierta. Pero no desarrollaron la infraestructura necesaria para la explotación de trasmisión de Internet a través de su red física de cable, ni la de otros servicios que acompañan la convergencia tecnológica en materia de telecomunicaciones, como los de transmisión de datos. El problema que se genera actualmente es que la televisión deberá adaptarse a la tecnología digital, ya no
por una opción de políticas desarrolladas por el gobierno, sino por una imposición tecnológica global que proviene del mundo exterior. Esa imposición es además, insorteable. Todo cambia.
El espacio para transmisión de comunicaciones se multiplica en el peor de los casos por 4 y las características de la transmisión habilitan para cargar en la misma señal una serie de servicios complementarios. Hasta aquí lo sabido.

Estos dos aspectos (características de las nuevas señales y cantidad de las mismas)
conllevan a una serie de decisiones que se deben tomar que condicionan fuertemente el status quo tradicional y en dónde ya no sólo se involucran agentes privados del mercado, sino que también el impacto en la transmisión de valores culturales se potencia, obligando al Estado a tomar cartas en el asunto como un actor involucrado. Para poner el ejemplo de Montevideo (la mitad de la población del país): de disponer de 4 canales de televisión (3 privados y uno estatal) y el acceso por cable a una enorme cantidad de señales y algunas nuevas nacionales o estatales (TV Ciudad, TV libre, VTV y señales exclusivas de los canales de aire en el cable), ahora tendrá sin costo señales aéreas digitales que cómo mínimo serán 16 canales. Los sectores de menores recursos, que hasta ahora no accedían a la televisión por abonados,
dispondrán de una oferta televisiva muchísimo más amplia que en el sistema actual. El perfil de los mismos está en manos de las decisiones que se tomen desde el Estado y se implementen tanto desde el sector público desde el privado.

Pese al impacto de la tecnología digital y a la importancia de las decisiones que se
tomen en la materia, el tema no ha estado en la agenda pública hasta la asunción del nuevo gobierno, ni ha tenido casi visibilidad. Aparece planteado como si fuera un tema exclusivo para técnicos y las decisiones quedan oscuras o con baja difusión. En cambio, en el mundo las empresas vinculadas al sector se han convertido en estratégicas y son parte de las relaciones internacionales. El peso económico es tan grande y el rol que juegan es tan importante que las mismas se desarrollan en estrategias nacionales y no privadas. La norma es negociada por los gobiernos y el mercado es determinado por estas negociaciones. Pero en Uruguay, ¿quién
decide qué es lo relevante y qué no lo es?, ¿sobre qué argumentos y respondiendo a qué
interés se han tomado decisiones?, ¿por qué los partidos no han participado ni han debatido sobre un cuerpo de políticas estratégicas en telecomunicaciones? ¿La televisión digital se instalará en el Uruguay sin un análisis y debates abiertos, de las conveniencias o perjuicios a la sociedad? ¿Qué ocurrirá con los actores tradicionales de la televisión (las tres familias dominantes)? ¿Esta oscuridad se debe a alguna intencionalidad política o económica o responde a la ausencia de capacidades estatales para procesar estos temas?.

Las interrogantes se pueden agregar en un continuo y en dónde casi no existen respuestas. O por lo menos, no son conocidas públicamente. Hacia un esclarecimiento del proceso y de sus fundamentos se avoca este proyecto de investigación, que intentará relevar todos los pasos, las decisiones, los actores y los potenciales impactos, tanto económicos como sociales.

Objetivos generales

_ El trabajo tiene como principal objetivo, describir los procesos decisorios
vinculados a las Telecomunicaciones en Uruguay, estableciendo sus antecedentes, los actores involucrados, las decisiones en el marco de políticas o decretos reglamentarios, las capacidades instaladas del Estado (cuerpo burocráticos, entes reguladores, competencias asignadas y/o ejercidas) y la Institucionalidad actual y/o prevista.-

_ Un segundo objetivo general, es conocer cuál ha sido el grado de participación en
dichas decisiones de los policymaking: qué debates parlamentarios y mediáticos se realizaron frente a la opinión pública y en general, con qué grado de autonomía el Estado en su esquema de representación política ha avanzado en las decisiones consideradas.-

_ Un tercer objetivo general será identificar y enumerar mediante qué protocolos y en
el marco de qué institucionalidad se toman las decisiones sobre la asignación del espacio radioeléctrico y de trasmisión de datos.-

_ Un cuarto objetivo será indagar el plan de negocios expuesto por los operadores
privados y por el Estado como actor público sobresaliente, sin descuidar la observación de sectores provenientes de la sociedad civil (el espacio civil-comunitario) en oportunidad de las trasformaciones actuales y por venir en el campo de las Telecomunicaciones.-

Estos objetivos admiten un abordaje descriptivo del Estado en las siguientes dos
dimensiones:

A.- Determinación de las capacidades / incapacidades del Estado uruguayo, ya sea por su
sistema político, como por su burocracia en relación a la Telecomunicaciones. Lo que implica también, inventariar la posible actuación de instituciones ad-hoc como tomadores de decisiones de forma delegada por el Estado y a su vez, la participación de corporaciones gremiales y empresariales en estas.

B.- Establecer la presencia y/o ausencia de Políticas Públicas desde la salida de la dictadura en referencia a las Telecomunicaciones en el Uruguay, mediante un raconto descriptivo histórico, que incluya el esquema regulatorio y legal actual.

Del balance de ambas dimensiones, se intentará identificar a los tomadores de
decisiones en la materia, para la generación de posibles mapas cognitivos (Axelrod, Robert:
1976), además de intentar reconstruir la tramitación parlamentaria de las distintas
incorporaciones tecnológicas y o definiciones en políticas al respecto.

Objetivos específicos:

_ Determinar las capacidades/incapacidades estatales en el conjunto de instituciones
involucradas a partir del estudio de (Legislación de uso y acceso de las Telecomunicaciones,
Legislación en relación a las mismas, Inversión en I+D en Telecomunicaciones en el período estudiado, Productividad en legislación en relación a las Telecomunicaciones (Medios Masivos de Comunicación y Trasmisión de datos).-
.
_ Describir cómo es su comunicación interna y su coordinación interinstitucional (área de influencia de los organismos técnicos estatales competentes en el período de estudio).-

_ Establecer mapa de competencias en las diferentes áreas del Estado, para lo cual se
intentará: Relevar la institucionalidad existente, relevar y describir el cuerpo legal competente en telecomunicaciones actual (organismos instalados institucionalmente (LATU, URSEC,
ANTEL).-

_ Descripción de los procesos racionales decisorios en la incorporación de nueva
tecnología en telecomunicaciones.-

_ Sistematizar las propuestas programáticas de los distintos partidos políticos con
representación parlamentaria; el registro de debates públicos, de los debates parlamentarios y de los programas partidarios, permitirá observar las capacidades/incapacidades de los actores partidarios, su sistema institucional para el tratamiento de estos temas, la presencia o ausencia de personal especializado, involucramiento de los partidos con los problemas tecnológicos, incorporación en la agenda pública, extremo que nos permitirá extrapolar este balance a las capacidades instaladas en el Estado propiamente dicho.

Estos conocimientos se buscan bajo la certeza de ser un país tomador de tecnología en
lo que a trasmisión de datos respecta y bajo la advertencia de las consecuencias geopolíticas que esto conlleva. A su vez otra de las consecuencias constatables de esta dependencia está relacionada con el deficitario flujo comercial y de contenidos en lo que a industria cultura refiere que nuestro país asume. Establecer la magnitud de tal fenómeno cuantitativa y cualitativamente, también es un objetivo a alcanzar.

Algunos indicadores a modo de ejemplo:

-Evolución del sector Telecomunicaciones en relación al PBI en el período estudiado.
-Porcentaje de participación pública en el sector Telecomunicaciones y en la tenencia de frecuencias en el período estudiado.
-Presencia o ausencia de políticas sectoriales en los distintos gobiernos y / o programas partidarios.
-Presencia o ausencia de institucionalidad burocrática específica.
-Porcentaje de participación privada en el sector en la tenencia de frecuencias por sector.
-Grado de participación en el mercado de los proveedores privados por rubro.
-Descripción de integración y organigrama de grupos empresariales.
-Tipos de servicios y modelo de negocios prestados por operadores privados y públicos.
-Índice de crecimiento de las TICs.
-Productividad parlamentaria en la materia.
-Productividad en normativa internacional.

Preguntas que se busca responder

Las preguntas fundamentales son: ¿el Estado uruguayo se encuentra capacitado como
cuerpo burocrático y político para la toma de decisiones que involucran compromisos
económicos y culturales a mediano y largo plazo? y ¿cómo hace un pequeño país tomador de tecnologías, económicamente dependiente y con una baja capacidad institucional instalada, para establecer políticas promovidas por el Estado y conservar una autonomía lo suficientemente fuerte frente a las otras naciones e intereses del mercado nacional e internacional, sin dejar de respetar los intereses de la sociedad representados por la autoridades elegidas democráticamente?

Como consecuencia de las anteriores interrogantes cabría preguntarse ¿Cómo se toman
las decisiones de incorporación tecnológica en el Uruguay?, ¿Qué instituciones tenemos y cuáles deberíamos tener para desarrollar una política de telecomunicaciones y más ampliamente una política de tecnología en telecomunicaciones?, ¿Cómo articular los intereses privados con los intereses generales en la materia?, ¿Puede Uruguay desarrollar una industria de exportación en lo cultural (contenidos)?, ¿Puede Uruguay reducir el rezago tecnológico con políticas de Estado y mejorar las actuales inversiones en la materia?, ¿Deberían tener los partidos políticos, instituciones propias para las propuestas de políticas futuras en el campo tecnológico?, ¿los grupos económicos nacionales, pueden sobrevivir con nuevas reglas de juego e incorporando a los actores internacionales públicos y privados?, ¿Cómo fue, es y será la relación entre los operadores locales y el Estado?. ¿Qué impacto provocará el advenimiento de la Televisión Digital en la demanda cultural de la sociedad? Estas interrogantes y algunas otras que el desarrollo de la investigación nos irá abriendo serán el norte del proceso de la
misma
Estrategia de investigación
(Incluye las articulaciones a realizar entre las funciones universitarias y con los actores sociales)

Esta investigación está en continuidad con la propuesta formulada en el marco de la
presentación de las 'Ideas Fuerzas' -PRODIC (Octubre de 2009) por el Prof. Caetano y por los demás adscriptos al mismo.

En relación a la articulación intra universitaria dejamos constancia que partimos de un abordaje multidisplinario e interinstitucional, que hace intervenir a dos servicios (LICCOM/FCS-ICP) y a tres perfiles técnicos distintos: Economía, Ciencia Política y Ciencias de la Comunicación. Asimismo se destaca que dentro de la LICCOM, el Seminario de Comunicación Audiovisual (4to. Ciclo) concentrará por su especificidad, buena parte de la sistematización de los avances de la investigación dentro de su currícula, mientras que en el ICP esta línea de investigación es parte de un proyecto de tesis de maestría y de avances en las tesis de grado de alguno de los suscritos.

En relación a la función Extensión y Relacionamiento con el medio (extra universitaria) se estima que es imprescindible crear un espacio académico dentro de la UdelaR que genere masa crítica suficiente para atender a los desafíos actuales y por venir, en relación de asistencia y co-participación a distintos niveles con actores como: La Dirección de Telecomunicaciones, URSEC, Asociaciones de la Sociedad Civil, Operadores establecidos, etc.
En lo concerniente a la investigación, la consecución del proyecto dará cuenta del cumplimiento con esta función universitaria.

Resultados esperados

Se espera en primer lugar la verificación de los impactos de este desarrollo
tecnológico que irrumpe en el marco de las oleadas tecnológicas y globales que admite
múltiples dimensiones, tanto en lo cultural, en la calidad democrática en juego, como en lo económico. Las fallas del mercado, suelen ser más profundas y estar más ampliamente presentes en las sociedades en desarrollo como la nuestra, por lo que se produce una gran tensión para los gobiernos, frente a los impactos en los medios de comunicación y en el conjunto de las empresas vinculadas al sector (muchas de ellas declaradas de interés prioritario como son las vinculadas a la “industria cultural”, como lo demuestra la presentación reciente de un proyecto de ley de contenidos en los medios de comunicación).
Una industria que impacta en sus propias definiciones democráticas y culturales, viene
fuertemente sostenida por el impulso de un mercado que no dominamos. Frente a este
fenómeno, adquiere particular relevancia conocer, cuáles son, y cómo se producen las
decisiones de nuestros dirigentes políticos que deben gestionar el problema.
De acuerdo a fuertes señales recientes, también es notorio que el Estado ha
aparentemente avanzado en un conjunto importante de decisiones, sin las capacidades
desarrolladas para su correcta evaluación y con un notorio déficit de institucionalidad capaz
de procesar racionalmente los problemas que se enfrentaban. Esto es evidente, por ejemplo, en el traspaso de la Dirección Nacional de Comunicaciones desde el Ministerio de Defensa Nacional para revestir bajo la órbita del Ministerio de Industria y Energía sin la previsión de recursos presupuestales y fundamentalmente las opacas actuaciones en la definición técnica para la adopción por parte del Estado uruguayo de la norma europea para la implementación de la televisión digital, en forma absolutamente aislada del resto de la región, que han optado por la norma nipona-brasileña (Brasil, Argentina, Chile, Paraguay entre otros.
Sin embargo, también se espera encontrar capacidades desarrolladas a partir de la
fuerte identidad del Estado uruguayo a las definiciones democráticas republicanas, que como en ningún otro país de la región, tiene una historia fuerte en experiencias y desarrollos a partir del impulso del Estado. De modo que el poco desarrollo técnico muchas veces se suple con un alto desarrollo de la conciencia estatal en las actividades estratégicas, lo que evita que se produzca una rápida apropiación del área por particulares o grupos privados nacionales o extranjeros. El conjunto de decisiones políticas respecto a la TDT y la Trasmisión de datos está fuertemente permeada por esa visión, pero se espera encontrar evidencia suficiente para
comprobar que esto no es suficiente para obtener políticas eficientes y coherentes con los valores sociales locales, sino que es necesario el desarrollo de capacidades tecnológicas y promoverlas a partir de un andamiaje institucional fuerte. El discurso de asunción del presidente José Mujica hizo presente la prioridad en la agenda política asignada a este tema, colocando en tela de juicio los pronunciamientos administrativos de la anterior gestión y advirtiendo una revisión de las decisiones tomadas. Inclusive la adscripción a la norma europea.

Estrategias de apropiación social previstas.

En el marco de las actividades previstas habíamos adelantado que el tema se encuentra
hoy en los primeros lugares de la agenda política. La estrategia de difusión y comunicación son centrales en este proyecto, al que pretendemos otorgarle una alta visibilidad. El primer desafío estratégico, se centra en que los tiempos políticos le imponen a esta investigación ciertos condicionamientos que los investigadores no debemos ignorar. Si bien, el objetivo es aportar avances académicos suficientemente significativos, como para poder ser utilizados para futuras investigaciones científicas, resulta evidente que también deberán ser significativos para los tomadores de decisión y fundamentalmente convertirse en aportes al debate frente a la opinión pública, al ciudadano común, sobre el supuesto que la ciencia no debe ni puede permanecer autista o aislada de su contexto social, ni se pretende que el conocimiento generado permanezca bajo grilletes intelectuales de unos pocos expertos.

El proyecto prevé dar a luz en un período prudencial, organizados los datos relevados y consolidadas sus principales conclusiones, mediante la elaboración de un informe de avance a los proveedores del fondo, pero automáticamente ponerlo en consideración de quién lo considere útil para su integración al debate público, o para los tomadores de decisión que les signifique algún tipo de valor. Esto a través de su divulgación en medios periodísticos y su presentación en los diferentes eventos académicos previstos dentro del período de la investigación.

También se pretende para el período final de la investigación la publicación de un
libro con los resultados de la misma, así como la participación de los miembros del equipo de investigadores en los debates públicos que se generen y eventualmente, en función del momento de los avances, producirlos. A lo largo del período, se prevé la presentación de 3 hitos con sus avances respectivos y la transmisión a través de los docentes intervinientes, a los alumnos de Ciencias de la Comunicación, de Ciencias Políticas y eventualmente en alguna otra especialidad, acompañados por las 3 publicaciones.

Finalmente, también se difundirán a través de artículos académicos en revistas
arbitradas, a cargo de los diferentes investigadores involucrados en el proyecto, como también en artículos producidos en los medios gráficos de comunicación o explicados en espacios periodísticos que se interesen por los avances.

Impactos esperados a nivel social, científico, etc.

Se espera que el proyecto impacte en un esclarecimiento respecto al diagnóstico de las capacidades estatales, sus fortalezas y sus debilidades y permita abrir el debate social, político y académico hacia una argumentación más sustentable y esclarecida, habilitando al desarrollo de actividades políticas futuras sobre bases mucho más fuertes, en función no sólo de las creencias y convicciones de quienes representan a todos los intereses presentes en la sociedad, sino también al mandato y a las constricciones a la luz de realidades conocidas y analizadas por ésta investigación.

Del mismo modo, la actividad académica no puede detenerse en el
diagnóstico de una realidad dada, sino que también tiene el compromiso social de proponer ideas y nuevos conocimientos para sus utilización de actores públicos, tanto estatales como privados, corporizados o individuales.

Esta investigación se propone identificar actores, denunciar las fallas institucionales, su funcionamiento y eventualmente, allá donde sea evidente establecer las mejores soluciones conocidas en otras experiencias, o exponer las reflexiones académicas que han investigado ésta problemática y que se constituyan en herramientas apropiadas para su incorporación al debate.

Por las mismas razones, este proyecto considera que puede aportar información
valiosa al PRODIC y su utilización se enmarca dentro de los objetivos del mismo. La
incorporación de los resultados de la investigación a la actividad docente, puede basar su
utilidad en que no se puede soslayar la encrucijada en que la tecnología ha colocado a los procesos de información y comunicación. El tema objeto de esta investigación es un tema específico de ese fenómeno más general y a la vez lo influye y lo condiciona. La revolución tecnológica en el campo de las comunicaciones no ha emitido señales de agotamiento y por el contrario, la posible instalación de la televisión digital o la ampliación de la oferta en la trasmisión de datos incorporan una nueva perla a esa revolución tecnológica, sumando más interrogantes sin respuestas a un fenómeno que se nos aparece y se nos impone naturalmente.