Manuel Castells: "El negocio de Google es vender libertad"
Invitado por la Fundación OSDE y la Universidad Nacional de San Martín, el sociólogo español pasó por Buenos Aires para hablar de Comunicación y poder en la sociedad red, tema de su último libro. Explicó conceptos como el de la automediación y la autocomunicación y dijo que "twitter es fantástico para hacer la revolución, pero cuando hay que explicar el programa revolucionario nos vamos a Facebook".
Aquí también puede oirse el audio de la conferencia: MEDIOS, TELEFONITOS Y REDES SOCIALES Extracto de la charla de Manuel Castells en Buenos Aires. Gentileza Fundación OSDE.
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Expertos de la comunicación, investigadores, periodistas, los cholulos de siempre y algunos figurones inclasificables componían el auditorio que en la sede porteña de la Fundación Osde se disponía a escuchar al sociólogo español Manuel Castells. Entre todos, tal vez haya sido Gustavo Grobocopatel, el hombre estigmatizado con el título de rey de la soja, quien recibía la mayor cantidad de saludos y agradecimientos por su presencia a esta ponencia magistral sobre Comunicación y poder en la sociedad red, un tema con el que viene coqueteando casi tanto como con su banda de folklore que podría llamarse Los Grobo pero se llama Cruz del sur. Sabiamente puntual, el antropólogo Alejandro Grimson, se encargó de subir al pedestal al orador de la noche. Contó rápido que Alain Touraine había sido su mentor y que Castells estaba entre los cinco teóricos sociales más referenciados de los últimos tiempos, a la par de figuras como Habermas, Giddens, Sassen y Beck. Mencionó varias veces a su archiconocida trilogía La era de la información pero dejó claro que Castells llegó a Buenos Aires para presentar su último trabajo, Comunicación y poder, un texto todavía no editado en la Argentina que, según su autor, es el resultado de una investigación que le llevó diez años. De resultado incierto, diría el propio Castells, ya que "tan pronto como se seca la tinta empiezo a cambiar de idea".
Bien informático, Castells arrancó diciendo que "en las relaciones de poder se encuentra el código fuente de cualquier sociedad". Y habló de una dialéctica, que no es la materialista en términos marxistas por cierto, pero es la que para él encierra el debate principal sobre estos tiempos. Cien por ciento gramsciano, el sociólogo definió: "Donde hay poder hay contrapoder, donde hay dominación hay resistencia". Y explicó luego que de esas relaciones surgen compromisos parciales que generan cambios y nuevas normas. Nada nuevo hasta allí. Apenas algo de contexto para aclimatar la dirección de su charla. "El poder es una relación, no se lo toma", avisó entonces categórico, aunque sobren ejemplos de que una cosa no impida la otra. "Ese poder, esa capacidad relacional se usa para influenciar y defender los valores e intereses del empoderado. Y de allí surge la batalla para influenciar nuestras mentes", esbozó.
Habló Castells de las dos vías para ostentar ese poder, a través del monopolio de la violencia o a través de construcción de significados. "Si no te convenzo, te mato", graficó. Una violencia e intimidación que puede construir tanto adhesión como resignación. Otra vez calcó la definición de hegemonía de Gramsci para quien el poder de las clases dominantes sobre las clases sometidas en el modo de producción capitalista no está dado solo por el control de los aparatos represivos del Estado sino fundado en la "hegemonía" cultural que las clases dominantes logran ejercer a través del control del sistema educativo, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación. Esos mecanismos consensuales de la dominación burguesa han entrado en una nueva etapa según Castells. No es que hayan desaparecido pero ahora se definen cada vez más en la sociedad red.
Suficiente contexto para que Castells se lanzara con todo su peso sobre el tema que lo trajo aquí. "El poder en la sociedad red es multidimensional y todas esas dimensiones dependen del sistema de comunicación", arriesgó. Algo así como decir que los intentos de cambio social y político dependerán casi exclusivamente de la posibilidad de transformar ese sistema de comunicaciones. Se basa en la teoría de la inteligencia afectiva Castells para avisar de los riesgos que implicaría perder las batallas de la comunicación. Batallas que sólo pueden llevarse a cabo si conservamos esos terrenos comunales que son las redes de comunicación que Internet ha hecho posible . La tarea no es sencilla. Ya lo viene advirtiendo Richard Stallman con un activismo más extremo desde hace años. Quienes ostentan el poder en la sociedad red buscan cercar la comunicación mediante redes comercializadas y/o vigiladas con el fin de cerrar la mente pública programando la conexión entre comunicación y poder. Algo que ya hicieron en el mundo real, plusvalía mediante. Pero que ahora la suma de individuos con espíritu colaborativo puede torcer en el mundo virtual. ¿Puede?
El éxito en Internet, que todavía es un espacio libre pero no tan libre al decir de Derrick de Kerkhove, muchas veces está ligado a impulsar la autonomía ciudadana. Castells sitúa entre estos impulsores a compañías como Google o Facebook. Y no porque sean seguidores de Stallman, sino porque ése es su negocio. "Google vende libertad. Si no lo hace, mañana aparecen dos chicos que crean un nuevo Google y le quitan la audiencia". Para Castells, en este sentido la competencia sigue siendo amplia y abierta. Menos democráticos y abiertos, son los operadores, que según el sociólogo (varios ejemplos le dan la razón) buscan acabar con esa neutralidad. "Quieren cerrar las tierras comunales, ese es el gran problema", dice Castells. Todo un atentado contra la preservación de las libertades. (Bastaría citar el caso de Filadelfia, que reculó con su wifi gratuito ante el asedio de los operadores) Y luego Castells insistirá con algo que ya ha repetido mil veces: "Los gobiernos odian Internet". Aunque más tarde sea menos categórico cuando sostengan que, en realidad, lo que todos los gobiernos se preguntan, es cómo controlarla. Y allí usan los latiguillos de siempre. Hay que proteger a los niños, bloquear tal o cual cosa. ¿Por qué no protegen a los niños de verdad? ¿Qué hacen contra el hambre, la miseria? "Los gobiernos tienen perdida la batalla, dice Castells. Pueden matar al mensajero, pero al mensaje no"
Y esa es una de las claves de lo que Castells llama autocomunicación. Un modo desintermediado de producir, acceder y compartir mensajes. Por oposición a los medios y basado en las redes sociales. No es que lo mediático haya desaparecido, todavía es a ése formato que debe adaptarse el lenguaje de la política. Para Castells los partidos políticos siguen siendo importantes, pero tienen que contar con un líder y necesariamente deben pasar por los medios. Medios que, por lo general cuando quieren destruir o generar desconfianza apelan a la política del escándalo. Una política que se basa en armas tales como la investigación opositiva, que se ha vuelto una industria, o en el latiguillo de que en la política todo el mundo está financiado ilegalmente. Según Castells esa política del escándalo está produciendo efectos variables. Y desde hace un tiempo, a las crisis de legitimidad o a la desconfianza generalizada, que suelen ser los efectos buscados, se opone lo que Castells llama fatiga del escándalo, un efecto colateral por el que todos aparecen como igualmente corruptos. "Como todos son iguales, yo me quedo con mi mentiroso, que es más simpático". Frente a este desgaste de la relación entre comunicación y poder, una verdadera crisis de legitimidad, surgen estas formas que Castells llama Autocomunicación.
Un concepto para el que obviamente Internet y los dispositivos móviles serán claves y dónde las redes sociales son, hoy, el pilar de esa comunidad. "Twitter es fantástico para hacer la revolución, pero cuando hay que explicar el programa revolucionario nos vamos a Facebook", dice Castells. ¿Puede alguien creer que la revolución vendrá a partir de estas herramientas tecnológicas, de las comunidades que se arman a través de ellas? ¿Siendo Twitter y Facebook empresas, qué clase de revolución permitirían? En realidad, lo que Castells sugiere es que las redes sociales, llámense como se llamen, están abiertas tanto a los activistas como a los ideólogos. Y que lentamente vamos a un proceso de desintermediación comunicativa. La sociedad sería entonces capaz de automediatizarse dando fin a los monopolios. O desbaratando cualquier tipo de intento por tergiversar la información. Castells rescató para ilustrarlo un ejemplo bien conocido, cuando el PP de Aznar buscó adjudicarle los atentados de Atocha en Madrid a ETA para ganar tiempo en las elecciones que finalmente perdió cuando se supo había sido Al Qaeda.
Confía en una autocomunicación de masas Castells. En una sociedad dispuesta a producir cambios. Y no cree para nada en las segmentaciones forzadas que hablan de mundos virtuales y reales. "No hay separación, todos vivimos en un híbrido. Todo lo que hacemos es virtual y a la vez físico", dice el sociólogo. Y agrega: "El debate se hace cada vez más por Internet, pero el compromiso se manifiesta en la calle. Aunque también se puedan cortar calles en Internet". De allí la importancia de defender ese espacio público híbrido, fundamental en todas las sociedades. Pero el salto, para Castells, está en ese paso de la esfera institucional a la comunicativa. "El poder se debate y se lucha en las redes sociales", dice Castells. ¿Volverán las ideologías a estar en debate por sobre la política del escándalo? El mensaje de Castells suena posmoderno a veces, pero él mismo le cede la palabra a la inteligencia colectiva, colaborativa. En pro de la confianza mutua, la liberación de los internautas será obra de los internautas mismos... Ya lo dijo alguien, ¿no?
Por: HORACIO BILBAO
http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2010/07/08/_-02204650.htm
Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red
Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red. Los medios y la política
Manuel Castells
¿Cuál es la influencia actual de los medios de comunicación en la opinión pública? ¿Qué impacto tienen Internet y la web 2.0 en la política hoy en día? Manuel Castells analiza estas y otras importantes cuestiones en este interesante artículo.
El poder y la política se deciden en el proceso de construcción de la mente humana a través de la comunicación. En nuestro tipo de sociedad, los medios de comunicación de masas son decisivos en la formación de la opinión pública que condiciona la decisión política. La política es sobre todo política mediática, lo cual tiene consecuencias importantes sobre la política misma, ya que conduce a su personalización y a la política del escándalo. Ahora bien, la comunicación de masas está siendo transformada por la difusión de Internet y la Web 2.0, así como por la comunicación inalámbrica. La emergencia de la autocomunicación de masa desintermedia a los medios y abre el abanico de influencias en el campo de la comunicación, permitiendo una mayor intervención de los ciudadanos, lo cual ayuda a los movimientos sociales y a las políticas alternativas. Pero al mismo tiempo también las empresas, los gobiernos, los políticos intervienen en el espacio de internet. De ahí que las tendencias sociales contradictorias se expresan por uno y otro lado tanto en los medios de comunicación de masas como en los nuevos medios de comunicación. De esta forma, el poder se decide cada vez más en un espacio de comunicación multimodal. En nuestra sociedad, el poder es el poder de la comunicación[*][*].
El ejercicio del poder a través de la construcción de la opinión pública
A lo largo de la historia, la comunicación y la información han constituido fuentes fundamentales de poder y contrapoder, de dominación y de cambio social. Esto se debe a que la batalla más importante que hoy se libra en la sociedad es la batalla por la opinión pública. La forma en que la gente piensa determina el destino de las normas y valores sobre los que se construyen las sociedades. Aunque la coerción y el miedo son fuentes decisivas para que los dominantes impongan su voluntad a los dominados, pocos sistemas institucionales pueden durar demasiado si se basan de forma preponderante en una represión aguda. Torturar cuerpos es menos efectivo que modelar mentes. Si la mayoría de la gente piensa de forma contradictoria respecto a los valores y normas institucionalizados en el estado y consagrados a través de leyes y normas, al final el sistema cambiará, aunque no necesariamente para colmar las esperanzas de los agentes del cambio social. Pero el cambio llegará. Tan sólo tardará un poco y será a costa de sufrimiento, mucho sufrimiento.
Como la comunicación, y en especial la comunicación socializada, la que existe en el ámbito público, ofrece el apoyo para la producción social del significado, la batalla de la opinión de las personas se juega en gran parte en los procesos de comunicación. Y esto es aún más aplicable a la sociedad en red, que se caracteriza por la omnipresencia de redes de comunicación en un hipertexto multimodal. En efecto, la actual transformación de la tecnología de la comunicación en la era digital amplía el alcance de los medios de comunicación a todas las esferas de la vida social en una red que es a un tiempo global y local, genérica y personalizada según un patrón siempre cambiante. Como resultado, las relaciones de poder, es decir, las relaciones que constituyen los fundamentos de toda sociedad, además de los procesos que desafían las relaciones de poder institucionalizadas, se determinan y deciden cada vez más en el campo de la comunicación.
Entiendo el poder como la capacidad estructural del actor social para imponer su voluntad sobre otro(s) actor(es) social(es). Todos los sistemas institucionales reflejan relaciones de poder, además de los límites a estas relaciones de poder tal y como han sido negociadas por parte de un proceso histórico de dominación y contra dominación. Así, también analizaré el proceso de formación de un contrapoder, que a mi entender es la capacidad de un actor social de resistirse y desafiar a las relaciones de poder institucionalizadas.
Efectivamente, las relaciones de poder son por naturaleza conflictivas, del mismo modo que las sociedades son diversas y contradictorias. Por lo tanto, la relación entre tecnología, comunicación y poder refleja valores e intereses opuestos, y afecta a una pluralidad de actores sociales en conflicto.
Tanto los periódicos todopoderosos como los sujetos de los proyectos del contrapoder funcionan en la actualidad dentro de una nueva estructura tecnológica: y esto tiene consecuencias en las formas, medios y metas de su conflictiva práctica. En este artículo presentaré algunas hipótesis sobre la transformación de esta relación, como un resultado de diversas tendencias que se relacionan entre sí, aunque son independientes:
• el papel predominante de la política mediática y su interacción con la crisis de la legitimidad política en la mayoría de los países del mundo;
• el papel clave de los medios de comunicación segmentados, personalizados en la producción de la cultura;
• el surgimiento de una nueva forma de comunicación relativa a la cultura y la tecnología de la sociedad en red, y basada en las redes de comunicación horizontales: lo que yo llamo autocomunicación de masa;
• y los usos tanto de los medios de comunicación de masas unidireccionales como la autocomunicación de masa en la relación entre el poder y el contrapoder, en la política formal, en la política insurgente y en las nuevas manifestaciones de los movimientos sociales.
Hay que entender esta transformación entre comunicación y poder situada en un contexto social caracterizado por varias tendencias importantes:
a) El Estado, tradicionalmente el principal centro de poder, está siendo desafiado en todo el mundo por:
• la globalización que limita su toma de decisiones soberana,
• las presiones del mercado hacia la desregulación que disminuyen su capacidad de intervención, y
• una crisis de la legitimidad política que debilita su influencia sobre sus ciudadanos (Bec, 2006; Castells, 2005, y Held & McGrew, 2007).
b) Las industrias culturales y los medios corporativos se caracterizan al mismo tiempo por la concentración empresarial y la segmentación del mercado, dirigiéndose hacia una competición oligopolista extrema, a una distribución personalizada de mensajes y al establecimiento de redes verticales de la industria multimedia (Crouteau & Hoynes, 2006; Hesmondhalgh, 2007;y Klinenberg, 2007).
c) La oposición mundial entre lo individual y lo comunitario define la cultura de las sociedades al tiempo que la construcción de la identidad funciona con materiales heredados de la historia y la geografía, y de los proyectos de los seres humanos. La cultura de lo comunitario tiene sus raíces en la religión, la nación, la territorialidad, la etnia, el género y el entorno (Castells, 2004; y Ong, 2006). La cultura del individualismo se extiende de formas diferentes: (Barber, en preparación; Touraine, 2006; y Wellman & Haythornwaite, 2002).
• como consumismo dirigido por el mercado,
• como nuevo patrón de sociabilidad basado en el individualismo estructurado en redes, y
• como el deseo de autonomía individual basada en proyectos vitales autodefinidos.
A pesar de esta evolución social compleja y multidimensional, el proceso decisivo que da forma a la sociedad, tanto a nivel individual como colectivo, es la dinámica de las relaciones de poder. Y las relaciones de poder, en nuestro contexto social y tecnológico, dependen en gran medida del proceso de comunicación socializada de formas que no voy a analizar secuencialmente.
Comunicación de masas y política mediática
La política se basa en la comunicación socializada, en la capacidad para influir en la opinión de las personas. El canal de comunicación más importante entre el sistema político y los ciudadanos es el sistema de los medios de comunicación de masas, siendo el primero de ellos la televisión. Hasta hace poco e incluso en la actualidad, los medios constituyen, en gran parte, un sistema articulado en el cual normalmente la prensa escrita produce una información original, la televisión la difunde a un gran público y la radio personaliza la interacción (Bennett, 2003). En nuestra sociedad, la política es básicamente política mediática. El funcionamiento del sistema político se representa para los medios de comunicación con el fin de obtener el apoyo, o al menos, la mínima hostilidad, de los ciudadanos que se convierten en consumidores en el mercado político[*].
Esto no significa, naturalmente, que el poder esté en manos de los medios[1]. Los actores políticos ejercen una considerable influencia sobre los medios . De hecho, el actual ciclo de noticias de 24 horas acrecienta la importancia de los políticos para los medios de comunicación, ya que éstos tienen que nutrirse incesantemente de contenidos.
Ni tampoco el público se limita a seguir lo que le dicen los medios. El concepto de público activo está ya bien establecido en la investigación sobre la comunicación. Y los medios cuentan con sus propios controles internos en términos de su capacidad para influir en el público, puesto que básicamente son una empresa y tienen que ganar audiencia; habitualmente son plurales y competitivos; tienen que mantener su credibilidad frente a sus competidores; y tienen ciertos límites internos para gestionar la información procedente de la profesionalidad de los periodistas[*]. Por otra parte, hay que recordar el actual aumento del periodismo ideológico militante en todos los países (un buen modelo empresarial realmente en EEUU, por ejemplo, las noticias de la Fox, o en España, El Mundo), además de la autonomía decreciente de los periodistas respecto a sus compañías y el entrelazamiento entre las corporaciones de medios de comunicación y los gobiernos[*].
La práctica de lo que Bennet (2003) ha denominado indexing, mediante la cual los periodistas y redactores limitan el abanico de opiniones y temas políticos sobre los que informan a los que se expresan dentro de la corriente dominante del sistema político, tiene un peso muy importante en el proceso informativo dirigido por los acontecimientos.
Sin embargo, la cuestión principal no es la modelación de la opinión través de mensajes explícitos en los medios de comunicación, sino la ausencia de un contenido determinado en los medios. Lo que no existe en los medios no existe en la opinión del público, aunque tenga una presencia fragmentada en las opiniones individuales[*]. Por lo tanto, un mensaje político es necesariamente un mensaje mediático. Y cuando un mensaje relacionado con la política se transmite a través de los medios, tiene que expresarse en el lenguaje específico de los medios. Esto significa, en muchos casos, lenguaje televisivo[2]. La necesidad de dar un formato al mensaje de acuerdo con una forma mediática tiene considerables repercusiones, como ya ha quedado establecido en la dilatada tradición investigadora sobre la comunicación[*]. Empíricamente hablando, no es del todo cierto que el medio sea el mensaje, pero desde luego tiene una influencia sustancial en la forma y efecto de éste.
En suma: los medios de comunicación de masas no son los depositarios del poder, pero en conjunto constituyen el espacio en el que se decide el poder. En nuestra sociedad, los políticos dependen de los medios de comunicación. El lenguaje de los medios tiene sus propias reglas. Se construye en gran medida en torno a imágenes, no necesariamente visuales, pero sí imágenes. El mensaje más poderoso es un mensaje sencillo adjunto a una imagen. En política, el mensaje más sencillo es un rostro humano. La política mediática tiende a la personalización de los políticos alrededor de dirigentes que puedan venderse adecuadamente en el mercado político. Esto no debería trivializarse como el color de la corbata o la apariencia de un rostro. Es la encarnación simbólica de un mensaje de confianza en el entorno de una persona, alrededor de su personaje y luego en términos de la proyección de la imagen de ese personaje[*].
La importancia de la política de la personalidad tiene relación con la evolución de la política electoral, normalmente determinada por votantes independientes o indecisos que hacen decantar la balanza, en todos los países, entre la derecha o el centro-derecha y el centro-izquierda. De aquí que, aunque existen diferencias sustanciales entre los partidos y los candidatos en la mayoría de los países, los programas y las promesas se confeccionan para adaptarse al centro y a los indecisos, con frecuencia a través de las mismas compañías publicitarias y consultores de marketing político que trabajan en las filas de partidos diferentes en años alternos (Farrell, Kolodny & Medvic, 2001; Jamieson, 1996;y Thurber & Nelson, 2000).
Sin embargo, más decisivos que las técnicas de marketing político y el diseño de los programas políticos son los valores asociados con y en los que se inspiran los diferentes candidatos. Como escribe George Lakoff, «Los temas son reales, como también los hechos en cuestión. Pero los temas también simbolizan los valores y la confianza. Las campañas efectivas tienen que comunicar los valores de los candidatos y utilizar los temas de forma simbólica, como indicadores de sus valores morales y de su honradez» (Lakoff, 2006, pág. 7). Los ciudadanos no leen los programas de los candidatos. Confían en la información de los medios sobre las posturas de los candidatos; y, finalmente, su decisión de voto está en función de la confianza que depositan en un candidato determinado. Por lo tanto, el personaje, tal y como ha quedado retratado en los medios, pasa a ser esencial; porque los valores -lo que más importa a la mayoría de la gente- están encarnados en la persona de los candidatos. Los políticos son los rostros de las políticas.
Si la credibilidad, la confianza y el personaje se convierten en cuestiones decisivas a la hora de decidir el resultado político, la destrucción de la credibilidad y el asesinato del personaje se convierten en las armas políticas más poderosas. Como todos los partidos recurren a ellas, todos necesitan hacer acopio de munición para la batalla. Como consecuencia, ha proliferado un mercado de intermediarios, que recaban información perjudicial sobre el oponente, manipulando la información o simplemente creando la información con ese fin. Además, la política mediática es cara y los medios legales de financiación de los partidos resultan insuficientes para costear toda la publicidad, los sondeos, las facturas telefónicas, los consultores, etc. Así, al margen de la moralidad de los políticos individuales, los agentes políticos están en venta para los miembros de los grupos de presión con diferentes grados de moralidad. Esto sucede incluso en los países europeos en los que los recursos financieros de los políticos son públicos y están regulados, ya que los partidos encuentran la forma de soslayar los controles mediante aportaciones de donantes anónimos. Estos fondos se utilizan para formas discretas de campaña electoral, tales como pagar a los informadores y a los productores de la información. Así que, la mayoría de las veces, no es difícil encontrar material malicioso y perjudicial para la mayoría de los partidos y candidatos. Teniendo en cuenta que es raro tener una vida personal intachable y dada la tendencia de muchas personas, sobre todo hombres, a la fanfarronería y la indiscreción, los pecados personales y la corrupción política componen un poderoso brebaje de intrigas y cotilleos que se convierte en el pan de cada día de la política mediática. Por lo tanto, la política mediática y la política de la personalidad conducen a la política del escándalo, como ha sido analizada por estudiosos e investigadores, tales como Thompson (2000), Tumber y Waisboard (2004), Esser y Hartung (2004), Liebes y Blum-Kulka (2004), Lawrence y Bennett (2001), y Williams y Delli Carpini (2004), por mencionar a unos cuantos. A la política del escándalo se le atribuye la caída de un gran número de políticos, gobiernos e incluso regímenes de todo el mundo, como demuestra el informe global sobre la política de los escándalos y las crisis políticas recopiladas por Amelia Arsenault (en preparación).
Política mediática, política de los escándalos y crisis de la legitimidad política
Los escándalos políticos tienen dos clases de efectos sobre el sistema político. En primer lugar, pueden afectar al proceso de elección y a la toma de decisiones debilitando la credibilidad de aquellos sujetos afectados por el escándalo. Sin embargo, este tipo de efecto es de impacto variable. A veces, es la saturación de la opinión pública de una política corrupta la que provoca una reacción o la indiferencia entre el público. En otros casos, el público se vuelve tan cínico que sitúa a todos los políticos en un bajo nivel de apreciación, así que escoge entre todos los inmorales el tipo de inmoral que encuentre más afín o cercano a sus intereses. Lo que es más, la gente a veces considera la divulgación de un comportamiento inadecuado como un buen entretenimiento, aunque no extrae consecuencias políticas de él. Este parece ser el proceso que explica el alto nivel de popularidad de Clinton al final de su mandato presidencial, basado en su trayectoria política, a pesar de sus mentiras televisadas ante el país (Williams & Delli Carpini, 2004).
No obstante, un interesante estudio de Renshon (2002) indica que el efecto secundario de esta falta de moralidad tuvo como consecuencia el aporte adicional de votos en las elecciones del año 2000 a George W. Bush, el candidato que parecía tener, en esa época, más principios que la administración competente.
Hay un segundo tipo de efecto de los escándalos políticos, uno que puede tener consecuencias duraderas en el ejercicio de la democracia. Como todo el mundo hace algo mal y prevalecen las calumnias de forma generalizada, los ciudadanos acaban metiendo a todos los políticos en el mismo saco porque desconfían de las promesas electorales, los partidos y los dirigentes políticos[*][*]. La crisis de la legitimidad política en la mayor parte del mundo no puede ser atribuida exclusivamente, de ningún modo, a los escándalos políticos y a la política mediática. Sin embargo, es probable que los escándalos sean como mínimo un factor desencadenante del cambio político a corto plazo y del arraigo del escepticismo respecto a la política formal a largo plazo[*]. Da la sensación de que la situación de la política mediática estimula la incredulidad en el proceso democrático[3]. No hay que culpar de esto a los medios de comunicación, ya que de hecho los actores políticos y sus asesores son la mayoría de las veces las fuentes de las filtraciones y de la información perjudicial. De nuevo, los medios de comunicación conforman el espacio en el que se ejerce el poder, no la fuente que lo sostiene.
En todo caso, observamos una crisis generalizada de la legitimidad política en prácticamente todos los países, con la excepción parcial de Escandinavia. Dos tercios de los ciudadanos del mundo, según los sondeos realizados en 2000 y 2002 por el secretariado de las Naciones Unidas y por el Fórum Económico Mundial, creían que su país no estaba gobernado según la voluntad del pueblo, siendo el porcentaje correspondiente a EEUU del 59 por ciento y para la Unión Europea del 61 por ciento. En los últimos años, el Eurobarómetro, el estudio de la UNDP sobre la democracia en América Latina, el World Values Survey (Estudio sobre los valores en el mundo) y diversos sondeos de Gallup, el Field Institute y el Pew Institute de Estados Unidos, apuntan hacia un nivel significativo de desconfianza de los ciudadanos respecto a los políticos, los partidos políticos, los parlamentos y, en menor medida, los gobiernos[4].
Esto explica en parte la razón por la que en todo el mundo una mayoría de la población tiende a votar en contra más que a favor, eligiendo el menor de dos males: cambiar a un tercer partido o protestar contra candidatos que muchas veces son promocionados por una presencia colorista en los medios de comunicación, que constituye un buen material o digno de aparecer en las noticias, abriendo la puerta a la política demagógica[*][*]. Al mismo tiempo, la desconfianza en el sistema no iguala la despolitización[*][*]. Varios estudios, incluyendo el del World Values Survey, indican que muchos ciudadanos creen que pueden influir en el mundo con su movilización[*][*]. Sólo que no piensan que puedan hacerlo a través de la política, como es habitual. Así pues, en este punto del análisis, voy a plantearme un cambio de rumbo hacia el surgimiento de los procesos de contrapoder vinculados a los movimientos sociales y a la movilización social. Sin embargo, cualquier intervención política en el espacio público requiere la presencia en el espacio mediático. Y dado que el espacio mediático está determinado en gran parte por las empresas y los gobiernos que establecen los parámetros políticos en cuanto al sistema político formal, pese a su pluralidad, la aparición de políticos insurgentes no puede separarse del surgimiento de un nuevo tipo de espacio mediático: el espacio creado en torno al proceso de comunicación masiva individual.
La emergencia de la autocomunicación de masa
La difusión de Internet, la comunicación móvil, los medios digitales y una variedad de herramientas de software social han impulsado el desarrollo de redes horizontales de comunicación interactiva que conectan local y globalmente en un tiempo determinado. El sistema de comunicación de la sociedad industrial se centraba en los medios de comunicación de masas, caracterizados por la distribución masiva de un mensaje unidireccional de uno a muchos. La base de la comunicación de la sociedad red es la web global de redes de comunicación horizontal que incluyen el intercambio multimodal de mensajes interactivos de muchos a muchos, tanto sincrónicos como asincrónicos. Desde luego, Internet es una tecnología antigua, utilizada por primera vez en 1969. Pero no ha sido hasta la última década cuando se ha extendido por todo el mundo excediendo en la actualidad los mil millones de usuarios[*]. La comunicación móvil ha estallado superando la cifra de los dos mil millones de titulares de teléfonos móviles en 2006, en contraste con los 16 millones de 1991[*]. Así pues, incluso explicando la difusión diferencial en los países en vías de desarrollo y las regiones pobres, una proporción muy elevada de la población del planeta tiene acceso a la comunicación móvil, a veces en zonas donde no hay electricidad pero existe alguna forma de cobertura y cargadores móviles de baterías en talleres de bicicletas. Las redes wifi y wimax contribuyen a establecer las comunidades conectadas a la Red. Con la convergencia entre Internet y la comunicación móvil y la difusión gradual de la capacidad de la Banda Ancha, el poder comunicador de Internet está siendo distribuido en todos los ámbitos de la vida social, del mismo modo que la red de suministro eléctrico y el motor eléctrico distribuían energía en la sociedad industrial[*][*]. Con las nuevas formas de comunicación, la gente ha construido su propio sistema de comunicación masiva, vía SMS, blogs, vlogs, podcasts, wikis y otros por el estilo (De Rosnay & Failly, 2006; Gillmor, 2004; Drezner & Farrell, 2004; y Cerezo, 2006). Las redes de ficheros compartidos y P2P (peer-to-peer,"entre iguales") hacen posible la circulación y el reformateo de cualquier contenido formateado digitalmente. En octubre de 2006, Technorati rastreaba 57,3 millones de blogs, desde los 26 millones en enero. Por término medio, se crean 75.000 blogs nuevos cada día. Cada día se publican 1,2 millones de nuevos mensajes o alrededor de 50.000 actualizaciones de blogs cada hora. Muchos bloggers actualizan sus blogs de forma regular: contra lo que habitualmente se cree, el 55 por ciento de los bloggers todavía publican mensajes tres meses después de haber creado el blog[*]. Nuevamente, según Technorati, la blogosfera en 2006 era 60 veces más grande que en 2003, y se dobla cada seis meses. Es un espacio de comunicación multilingüe e internacional, donde el inglés, dominante en las primeras etapas del desarrollo de los blogs, justificaba en marzo de 2006 menos de un tercio de los mensajes en los blogs, representando el japonés el 37 por ciento de los blogs, seguido del inglés (31 por ciento) y el chino (15 por ciento). El español, el italiano, el ruso, el francés, el portugués, el holandés, el alemán y muy probablemente el coreano son las lenguas que siguen en número de mensajes (Sifry, 2006).
La mayoría de los blogs son de carácter personal. Según el Pew Internet & American Life Project, el 52 por ciento de los bloggers declaran escribir su blog principalmente para sí mismos, mientras que el 32 por ciento lo hace para un público[*]. Así, hasta cierto punto, una buena parte de esta forma de comunicación masiva individual está más próxima al "autismo electrónico" que a la comunicación real. Sin embargo, cualquier mensaje en Internet, al margen de la intención de su autor, se convierte en una botella navegando a la deriva en el océano de la comunicación global, un mensaje susceptible de ser recibido y reprocesado de formas inesperadas. Lo que es más, el RSS fomenta el consentimiento de la integración y la filtración de contenidos en todas partes. Cierta versión del Xanadu nelsoniano se ha constituido actualmente en la forma de un hipertexto multimodal global. Esto incluye: estaciones de radio FM de baja potencia; redes de televisión de calle; una eclosión de teléfonos móviles; la capacidad de producción y distribución de bajo coste de vídeo y audio digital; y los sistemas no lineales de edición de vídeo por ordenador que aprovechan la ventaja del menor coste del espacio de memoria. Los progresos clave son: la creciente difusión del IPTV, P2P video streaming, vlogs (un blog que incluye vídeo) y una oleada de programas sociales de software que han hecho posible el florecimiento de comunidades en línea y de MMOGs (Massively Multiplayer Online Games - Juegos Multijugadores Masivos en Línea). Existe un creciente uso de esas redes de comunicación horizontales en el campo de la comunicación de masas.
Desde luego, los principales medios de comunicación utilizan los blogs y las redes interactivas para distribuir sus contenidos e interactuar con su público, mezclando los modos de comunicación horizontal y vertical. Pero también hay abundantes ejemplos en los que los medios de comunicación tradicionales, como la televisión por cable, se nutren a través de producciones autónomas de contenidos que utilizan la capacidad digital para producir y distribuir. En EEUU, uno de los ejemplos más conocidos de este tipo es la Current TV de Al Gore, en la que el contenido originado por los usuarios y editado profesionalmente ya justifica alrededor de un tercio del contenido del canal[*]. Los medios de prensa por Internet, como Jibonet y Ohmy News en Corea o Vilaweb en Barcelona, se están convirtiendo en fuentes de información fiables e innovadoras a escala masiva[*][*]. Por tanto, la creciente interacción entre redes de comunicación horizontales y verticales no significa que los principales medios se estén apoderando de las nuevas formas autónomas de generación y distribución de contenidos. Significa que existe un proceso contradictorio que da origen a una nueva realidad mediática, cuyos contornos y efectos se decidirán finalmente por medio de una serie de luchas de poder políticas y empresariales, mientras los propietarios de las redes de telecomunicación se están posicionando ya para controlar el acceso y el tráfico en favor de sus socios y clientes preferidos.
El creciente interés de los medios de comunicación corporativos por las formas de comunicación a través de Internet es, en realidad, el reflejo del surgimiento de una nueva forma de comunicación socializada: la comunicación masiva individual. Es comunicación masiva porque alcanza potencialmente a un público global a través de redes de P2P y conexión a Internet. Es multimodal, ya que la digitalización del contenido y el avanzado software social, en muchas ocasiones basado en códigos libres que se pueden descargar de forma gratuita, permite el reformateo de casi todos los contenidos en prácticamente cualquier formato, que se distribuye mediante redes inalámbricas cada vez con mayor frecuencia. Y de contenido autogenerado, de emisión autodirigida y de recepción autoselectiva por medio de muchos que se comunican con muchos. En efecto, nos encontramos en un nuevo ámbito de comunicación y, en última instancia, en un nuevo medio, cuyo eje principal está compuesto por redes informáticas, cuyo lenguaje es digital y cuyos remitentes están distribuidos por todo el mundo y son globalmente interactivos. En verdad, el medio, incluso un medio tan revolucionario como este, no determina el contenido y el efecto de sus mensajes. Pero hace posible la diversidad ilimitada y el origen en gran medida autónomo de la mayoría de los flujos de comunicación que construyen y reconstruyen a cada segundo la producción global y local de significado en la opinión pública.
Si el artículo ha sido de su interés, no deje de leer la segunda parte que publicaremos próximamente.
Referencias
[1] De esta manera, Hallin (1986), en su clásico estudio de la opinión pública respecto a la guerra de Vietnam, argumentó que la inmensa mayoría de los medios de comunicación norteamericanos carecieron en gran medida de sentido crítico respecto al esfuerzo bélico hasta después de producirse la Ofensiva del Tet de 1968 y que esto a su vez estaba «íntimamente relacionado con la unidad y la claridad del propio gobierno, además del grado de consenso de la sociedad en general» (pág. 213) En la misma línea, Mermin (1997) desmitifica la idea de que los medios de comunicación indujeran la decisión del gobierno estadounidense de intervenir en Somalia demostrando que, aunque los periodistas finalmente tomaron la decisión de cubrir la crisis, esa cobertura mediática clave en las cadenas de televisión se produjo después y no antes de que los directivos clave de Washington (pág. 392) prestaran atención al tema. Véase también Entman (2003), que ofrece pruebas de una teoría de "activación en cascada", en la cual las estructuras mediáticas activan las decisiones políticas de elite y viceversa.
[2] El Pew Research Center (2006a) documenta el hecho de que la televisión continúa siendo la fuente dominante de noticias en América. De hecho, el aumento del número de personas que se conecta a Internet en busca de noticias ha frenado considerablemente desde el año 2000. La investigación desarrollada en 2006 puso de manifiesto que el 57 por ciento había accedido a la televisión el día anterior (comparad o con el 56 por ciento en 2000 y el 60 por ciento en 2004) para ver las noticias por comparación con el 23 por ciento que había accedido a Internet (comparado con el 24 por ciento en 2004). Aun más, la gente no sólo tendía a acceder a la televisión con mayor frecuencia en busca de noticias e información, sino que pasaba más tiempo consumiéndolas.Tan sólo el 9 por ciento de los que accedían a las noticias a través de Internet pasaban media hora o más conectados mirando las noticias (Pew Research Center, 2006a, pág. 2). Naturalmente los nuevos patrones de consumo varían con la edad esta diferencia de comportamiento tiene importantes connotaciones en el papel de Internet respecto a la televisión en el futuro: el 30 por ciento de los jovenes entre 18-24 años lee regularmente las noticias en la Red (aumenta un uno por ciento desde 2000) comparado con el 42 por ciento de los jóvenes de 25-29 años (aumenta un 11 por ciento desde 2000), el 47 por ciento de los de 30-34 años (aumenta un 17 por ciento desde 2000), el 37 por ciento de los de 35-49 años (aumenta un 12 por ciento desde 2000) y el 31 por ciento de los de 50-64 (aumenta un 12 por ciento desde 2000) (Ibid.). Sin embargo, parece existir un mayor aumento entre la gente que accede a Internet en busca de las noticias durante las campañas electorales (pese a todo, alrededor de un 20 por ciento). Un estudio postelectoral de ámbito nacional elaborado por el Pew Internet & American Life Project muestra que la población estadounidense que consumió noticias políticas a través de la Red creció de forma dramática, del 18 por ciento en 2000 al 29 por ciento en 2004. También se produjo un espectacular aumento del número de personas que citaba Internet como una de sus fuentes más importantes de noticias durante la campaña presidencial: el 11 por ciento de los votantes registrados afirmó que Internet era una fuente esencial de noticias políticas en 2000 y el 18 por ciento en 2004 (Raine, Horrigan & Cornfield, 2005). Sin embargo, la televisión continúa siendo la fuente principal.
[3] Hay un desacuerdo sobre si los escándalos políticos influyen directamente en el comportamiento de los votantes. Sin embargo, en Estados Unidos, un estudio del Pew Research Center for the People and the Press, realizado en marzo de 2006, documentó el hecho de que las noticias sobre la corrupción influyen sobre el comportamiento de los votantes, aunque no necesariamente sobre su orientación política. El 69 por ciento de los que afirmaron seguir la cobertura mediática de la corrupción y el escándalo en el Congreso creía firmemente que la mayor parte de los miembros electos deberían ser votados en las elecciones de otoño de 2006, comparado con el 36 por ciento de aquellos que declararon seguir los medios muy poco o nada. Esta tendencia era más pronunciada en los votantes independientes (una fuerza decisiva en la política norteamericana): el 77 por ciento de los independientes que seguían de cerca los escándalos mediáticos pensaban que la mayoría del Congreso debería ser rechazada por votación en 2006 (Pew Center for the People and the Press, 2006b). Otros estudios han ilustrado que los escándalos políticos pueden relacionarse con la confianza en el sistema en conjunto, pero no con la forma en que los individuos votan a su representante particular. No obstante, está claro que los escándalos políticos han alterado tanto la forma como el método de las prácticas políticas y periodísticas (Tumber & Waisboard, 2004;Thompson, 2002; y Williams & Delli Carpini, 2004).
[4] Un sondeo GlobeScan encargado por el World Economic Forum (WEF) en 2005 revela niveles decrecientes de confianza en todos los países evaluados, salvo en Rusia, en una amplia variedad de instituciones (ONG, las Naciones Unidas, gobiernos nacionales, corporaciones mundiales y nacionales). Sólo en seis de los dieciséis países sobre los que había datos disponibles, los ciudadanos sentían más confianza que desconfianza hacia su gobierno nacional (GlobeScan/WEF 2006); según el sondeo de 2005 de Gallup International Voice of the People encargado también por el WEF, el 61 por ciento de la gente encuestada consideraba deshonestos a los políticos (Gallup/WEF, 2006); según el último sondeo del Eurobarómetro, tan sólo el 33 por ciento de los europeos encuestados confiaban en su gobierno nacional y el 39 por ciento confiaban en el parlamento (2006, pág. 25). Y la confianza en las instituciones de la Unión Europea continúa disminuyendo a todos los niveles (Eurobarómetro, 2006, pág. 72); según el Pew Research Center for the People and the Press, el 65 por ciento de los americanos dice confiar en el gobierno sólo a veces o nunca (2006b, pág. 11); el último Barómetro Latino muestra una ligera disminución en la confianza entre 2002-05. Sin embargo, hay una clara ruptura entre la confianza en las instituciones gubernamentales y la confianza en las elites. La confianza en el gobierno es generalmente más alta en conjunto, pero la confianza en las elites ha aumentado levemente, mientras que la confianza en el gobierno también ha bajado ligeramente. Por ejemplo, tras el escándalo Lula, la confianza en las instituciones gubernamentales descendió de un 20 por ciento a un 47 por ciento, pero conservó el apoyo de más de la mitad de la población (Latinobarometro, 2005, pág.10).Véanse también: Dalton (2004), Dalton (2005) e Ingleheart y Catterberg (2002) para un análisis de los datos del World Values Survey sobre los niveles de confianza en el gobierno.
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Autor: Manuel Castells. Universitat Oberta de Catalunya.
«Artículo publicado en la revista Telos nº 74. Enero-Marzo de 2008»
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116310137&activo=4.do?elem=6844
21/04/10
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Manuel Castells
¿Cuál es la influencia actual de los medios de comunicación en la opinión pública? ¿Qué impacto tienen Internet y la web 2.0 en la política hoy en día? Manuel Castells analiza estas y otras importantes cuestiones en este interesante artículo.
El poder y la política se deciden en el proceso de construcción de la mente humana a través de la comunicación. En nuestro tipo de sociedad, los medios de comunicación de masas son decisivos en la formación de la opinión pública que condiciona la decisión política. La política es sobre todo política mediática, lo cual tiene consecuencias importantes sobre la política misma, ya que conduce a su personalización y a la política del escándalo. Ahora bien, la comunicación de masas está siendo transformada por la difusión de Internet y la Web 2.0, así como por la comunicación inalámbrica. La emergencia de la autocomunicación de masa desintermedia a los medios y abre el abanico de influencias en el campo de la comunicación, permitiendo una mayor intervención de los ciudadanos, lo cual ayuda a los movimientos sociales y a las políticas alternativas. Pero al mismo tiempo también las empresas, los gobiernos, los políticos intervienen en el espacio de internet. De ahí que las tendencias sociales contradictorias se expresan por uno y otro lado tanto en los medios de comunicación de masas como en los nuevos medios de comunicación. De esta forma, el poder se decide cada vez más en un espacio de comunicación multimodal. En nuestra sociedad, el poder es el poder de la comunicación[*][*].
El ejercicio del poder a través de la construcción de la opinión pública
A lo largo de la historia, la comunicación y la información han constituido fuentes fundamentales de poder y contrapoder, de dominación y de cambio social. Esto se debe a que la batalla más importante que hoy se libra en la sociedad es la batalla por la opinión pública. La forma en que la gente piensa determina el destino de las normas y valores sobre los que se construyen las sociedades. Aunque la coerción y el miedo son fuentes decisivas para que los dominantes impongan su voluntad a los dominados, pocos sistemas institucionales pueden durar demasiado si se basan de forma preponderante en una represión aguda. Torturar cuerpos es menos efectivo que modelar mentes. Si la mayoría de la gente piensa de forma contradictoria respecto a los valores y normas institucionalizados en el estado y consagrados a través de leyes y normas, al final el sistema cambiará, aunque no necesariamente para colmar las esperanzas de los agentes del cambio social. Pero el cambio llegará. Tan sólo tardará un poco y será a costa de sufrimiento, mucho sufrimiento.
Como la comunicación, y en especial la comunicación socializada, la que existe en el ámbito público, ofrece el apoyo para la producción social del significado, la batalla de la opinión de las personas se juega en gran parte en los procesos de comunicación. Y esto es aún más aplicable a la sociedad en red, que se caracteriza por la omnipresencia de redes de comunicación en un hipertexto multimodal. En efecto, la actual transformación de la tecnología de la comunicación en la era digital amplía el alcance de los medios de comunicación a todas las esferas de la vida social en una red que es a un tiempo global y local, genérica y personalizada según un patrón siempre cambiante. Como resultado, las relaciones de poder, es decir, las relaciones que constituyen los fundamentos de toda sociedad, además de los procesos que desafían las relaciones de poder institucionalizadas, se determinan y deciden cada vez más en el campo de la comunicación.
Entiendo el poder como la capacidad estructural del actor social para imponer su voluntad sobre otro(s) actor(es) social(es). Todos los sistemas institucionales reflejan relaciones de poder, además de los límites a estas relaciones de poder tal y como han sido negociadas por parte de un proceso histórico de dominación y contra dominación. Así, también analizaré el proceso de formación de un contrapoder, que a mi entender es la capacidad de un actor social de resistirse y desafiar a las relaciones de poder institucionalizadas.
Efectivamente, las relaciones de poder son por naturaleza conflictivas, del mismo modo que las sociedades son diversas y contradictorias. Por lo tanto, la relación entre tecnología, comunicación y poder refleja valores e intereses opuestos, y afecta a una pluralidad de actores sociales en conflicto.
Tanto los periódicos todopoderosos como los sujetos de los proyectos del contrapoder funcionan en la actualidad dentro de una nueva estructura tecnológica: y esto tiene consecuencias en las formas, medios y metas de su conflictiva práctica. En este artículo presentaré algunas hipótesis sobre la transformación de esta relación, como un resultado de diversas tendencias que se relacionan entre sí, aunque son independientes:
• el papel predominante de la política mediática y su interacción con la crisis de la legitimidad política en la mayoría de los países del mundo;
• el papel clave de los medios de comunicación segmentados, personalizados en la producción de la cultura;
• el surgimiento de una nueva forma de comunicación relativa a la cultura y la tecnología de la sociedad en red, y basada en las redes de comunicación horizontales: lo que yo llamo autocomunicación de masa;
• y los usos tanto de los medios de comunicación de masas unidireccionales como la autocomunicación de masa en la relación entre el poder y el contrapoder, en la política formal, en la política insurgente y en las nuevas manifestaciones de los movimientos sociales.
Hay que entender esta transformación entre comunicación y poder situada en un contexto social caracterizado por varias tendencias importantes:
a) El Estado, tradicionalmente el principal centro de poder, está siendo desafiado en todo el mundo por:
• la globalización que limita su toma de decisiones soberana,
• las presiones del mercado hacia la desregulación que disminuyen su capacidad de intervención, y
• una crisis de la legitimidad política que debilita su influencia sobre sus ciudadanos (Bec, 2006; Castells, 2005, y Held & McGrew, 2007).
b) Las industrias culturales y los medios corporativos se caracterizan al mismo tiempo por la concentración empresarial y la segmentación del mercado, dirigiéndose hacia una competición oligopolista extrema, a una distribución personalizada de mensajes y al establecimiento de redes verticales de la industria multimedia (Crouteau & Hoynes, 2006; Hesmondhalgh, 2007;y Klinenberg, 2007).
c) La oposición mundial entre lo individual y lo comunitario define la cultura de las sociedades al tiempo que la construcción de la identidad funciona con materiales heredados de la historia y la geografía, y de los proyectos de los seres humanos. La cultura de lo comunitario tiene sus raíces en la religión, la nación, la territorialidad, la etnia, el género y el entorno (Castells, 2004; y Ong, 2006). La cultura del individualismo se extiende de formas diferentes: (Barber, en preparación; Touraine, 2006; y Wellman & Haythornwaite, 2002).
• como consumismo dirigido por el mercado,
• como nuevo patrón de sociabilidad basado en el individualismo estructurado en redes, y
• como el deseo de autonomía individual basada en proyectos vitales autodefinidos.
A pesar de esta evolución social compleja y multidimensional, el proceso decisivo que da forma a la sociedad, tanto a nivel individual como colectivo, es la dinámica de las relaciones de poder. Y las relaciones de poder, en nuestro contexto social y tecnológico, dependen en gran medida del proceso de comunicación socializada de formas que no voy a analizar secuencialmente.
Comunicación de masas y política mediática
La política se basa en la comunicación socializada, en la capacidad para influir en la opinión de las personas. El canal de comunicación más importante entre el sistema político y los ciudadanos es el sistema de los medios de comunicación de masas, siendo el primero de ellos la televisión. Hasta hace poco e incluso en la actualidad, los medios constituyen, en gran parte, un sistema articulado en el cual normalmente la prensa escrita produce una información original, la televisión la difunde a un gran público y la radio personaliza la interacción (Bennett, 2003). En nuestra sociedad, la política es básicamente política mediática. El funcionamiento del sistema político se representa para los medios de comunicación con el fin de obtener el apoyo, o al menos, la mínima hostilidad, de los ciudadanos que se convierten en consumidores en el mercado político[*].
Esto no significa, naturalmente, que el poder esté en manos de los medios[1]. Los actores políticos ejercen una considerable influencia sobre los medios . De hecho, el actual ciclo de noticias de 24 horas acrecienta la importancia de los políticos para los medios de comunicación, ya que éstos tienen que nutrirse incesantemente de contenidos.
Ni tampoco el público se limita a seguir lo que le dicen los medios. El concepto de público activo está ya bien establecido en la investigación sobre la comunicación. Y los medios cuentan con sus propios controles internos en términos de su capacidad para influir en el público, puesto que básicamente son una empresa y tienen que ganar audiencia; habitualmente son plurales y competitivos; tienen que mantener su credibilidad frente a sus competidores; y tienen ciertos límites internos para gestionar la información procedente de la profesionalidad de los periodistas[*]. Por otra parte, hay que recordar el actual aumento del periodismo ideológico militante en todos los países (un buen modelo empresarial realmente en EEUU, por ejemplo, las noticias de la Fox, o en España, El Mundo), además de la autonomía decreciente de los periodistas respecto a sus compañías y el entrelazamiento entre las corporaciones de medios de comunicación y los gobiernos[*].
La práctica de lo que Bennet (2003) ha denominado indexing, mediante la cual los periodistas y redactores limitan el abanico de opiniones y temas políticos sobre los que informan a los que se expresan dentro de la corriente dominante del sistema político, tiene un peso muy importante en el proceso informativo dirigido por los acontecimientos.
Sin embargo, la cuestión principal no es la modelación de la opinión través de mensajes explícitos en los medios de comunicación, sino la ausencia de un contenido determinado en los medios. Lo que no existe en los medios no existe en la opinión del público, aunque tenga una presencia fragmentada en las opiniones individuales[*]. Por lo tanto, un mensaje político es necesariamente un mensaje mediático. Y cuando un mensaje relacionado con la política se transmite a través de los medios, tiene que expresarse en el lenguaje específico de los medios. Esto significa, en muchos casos, lenguaje televisivo[2]. La necesidad de dar un formato al mensaje de acuerdo con una forma mediática tiene considerables repercusiones, como ya ha quedado establecido en la dilatada tradición investigadora sobre la comunicación[*]. Empíricamente hablando, no es del todo cierto que el medio sea el mensaje, pero desde luego tiene una influencia sustancial en la forma y efecto de éste.
En suma: los medios de comunicación de masas no son los depositarios del poder, pero en conjunto constituyen el espacio en el que se decide el poder. En nuestra sociedad, los políticos dependen de los medios de comunicación. El lenguaje de los medios tiene sus propias reglas. Se construye en gran medida en torno a imágenes, no necesariamente visuales, pero sí imágenes. El mensaje más poderoso es un mensaje sencillo adjunto a una imagen. En política, el mensaje más sencillo es un rostro humano. La política mediática tiende a la personalización de los políticos alrededor de dirigentes que puedan venderse adecuadamente en el mercado político. Esto no debería trivializarse como el color de la corbata o la apariencia de un rostro. Es la encarnación simbólica de un mensaje de confianza en el entorno de una persona, alrededor de su personaje y luego en términos de la proyección de la imagen de ese personaje[*].
La importancia de la política de la personalidad tiene relación con la evolución de la política electoral, normalmente determinada por votantes independientes o indecisos que hacen decantar la balanza, en todos los países, entre la derecha o el centro-derecha y el centro-izquierda. De aquí que, aunque existen diferencias sustanciales entre los partidos y los candidatos en la mayoría de los países, los programas y las promesas se confeccionan para adaptarse al centro y a los indecisos, con frecuencia a través de las mismas compañías publicitarias y consultores de marketing político que trabajan en las filas de partidos diferentes en años alternos (Farrell, Kolodny & Medvic, 2001; Jamieson, 1996;y Thurber & Nelson, 2000).
Sin embargo, más decisivos que las técnicas de marketing político y el diseño de los programas políticos son los valores asociados con y en los que se inspiran los diferentes candidatos. Como escribe George Lakoff, «Los temas son reales, como también los hechos en cuestión. Pero los temas también simbolizan los valores y la confianza. Las campañas efectivas tienen que comunicar los valores de los candidatos y utilizar los temas de forma simbólica, como indicadores de sus valores morales y de su honradez» (Lakoff, 2006, pág. 7). Los ciudadanos no leen los programas de los candidatos. Confían en la información de los medios sobre las posturas de los candidatos; y, finalmente, su decisión de voto está en función de la confianza que depositan en un candidato determinado. Por lo tanto, el personaje, tal y como ha quedado retratado en los medios, pasa a ser esencial; porque los valores -lo que más importa a la mayoría de la gente- están encarnados en la persona de los candidatos. Los políticos son los rostros de las políticas.
Si la credibilidad, la confianza y el personaje se convierten en cuestiones decisivas a la hora de decidir el resultado político, la destrucción de la credibilidad y el asesinato del personaje se convierten en las armas políticas más poderosas. Como todos los partidos recurren a ellas, todos necesitan hacer acopio de munición para la batalla. Como consecuencia, ha proliferado un mercado de intermediarios, que recaban información perjudicial sobre el oponente, manipulando la información o simplemente creando la información con ese fin. Además, la política mediática es cara y los medios legales de financiación de los partidos resultan insuficientes para costear toda la publicidad, los sondeos, las facturas telefónicas, los consultores, etc. Así, al margen de la moralidad de los políticos individuales, los agentes políticos están en venta para los miembros de los grupos de presión con diferentes grados de moralidad. Esto sucede incluso en los países europeos en los que los recursos financieros de los políticos son públicos y están regulados, ya que los partidos encuentran la forma de soslayar los controles mediante aportaciones de donantes anónimos. Estos fondos se utilizan para formas discretas de campaña electoral, tales como pagar a los informadores y a los productores de la información. Así que, la mayoría de las veces, no es difícil encontrar material malicioso y perjudicial para la mayoría de los partidos y candidatos. Teniendo en cuenta que es raro tener una vida personal intachable y dada la tendencia de muchas personas, sobre todo hombres, a la fanfarronería y la indiscreción, los pecados personales y la corrupción política componen un poderoso brebaje de intrigas y cotilleos que se convierte en el pan de cada día de la política mediática. Por lo tanto, la política mediática y la política de la personalidad conducen a la política del escándalo, como ha sido analizada por estudiosos e investigadores, tales como Thompson (2000), Tumber y Waisboard (2004), Esser y Hartung (2004), Liebes y Blum-Kulka (2004), Lawrence y Bennett (2001), y Williams y Delli Carpini (2004), por mencionar a unos cuantos. A la política del escándalo se le atribuye la caída de un gran número de políticos, gobiernos e incluso regímenes de todo el mundo, como demuestra el informe global sobre la política de los escándalos y las crisis políticas recopiladas por Amelia Arsenault (en preparación).
Política mediática, política de los escándalos y crisis de la legitimidad política
Los escándalos políticos tienen dos clases de efectos sobre el sistema político. En primer lugar, pueden afectar al proceso de elección y a la toma de decisiones debilitando la credibilidad de aquellos sujetos afectados por el escándalo. Sin embargo, este tipo de efecto es de impacto variable. A veces, es la saturación de la opinión pública de una política corrupta la que provoca una reacción o la indiferencia entre el público. En otros casos, el público se vuelve tan cínico que sitúa a todos los políticos en un bajo nivel de apreciación, así que escoge entre todos los inmorales el tipo de inmoral que encuentre más afín o cercano a sus intereses. Lo que es más, la gente a veces considera la divulgación de un comportamiento inadecuado como un buen entretenimiento, aunque no extrae consecuencias políticas de él. Este parece ser el proceso que explica el alto nivel de popularidad de Clinton al final de su mandato presidencial, basado en su trayectoria política, a pesar de sus mentiras televisadas ante el país (Williams & Delli Carpini, 2004).
No obstante, un interesante estudio de Renshon (2002) indica que el efecto secundario de esta falta de moralidad tuvo como consecuencia el aporte adicional de votos en las elecciones del año 2000 a George W. Bush, el candidato que parecía tener, en esa época, más principios que la administración competente.
Hay un segundo tipo de efecto de los escándalos políticos, uno que puede tener consecuencias duraderas en el ejercicio de la democracia. Como todo el mundo hace algo mal y prevalecen las calumnias de forma generalizada, los ciudadanos acaban metiendo a todos los políticos en el mismo saco porque desconfían de las promesas electorales, los partidos y los dirigentes políticos[*][*]. La crisis de la legitimidad política en la mayor parte del mundo no puede ser atribuida exclusivamente, de ningún modo, a los escándalos políticos y a la política mediática. Sin embargo, es probable que los escándalos sean como mínimo un factor desencadenante del cambio político a corto plazo y del arraigo del escepticismo respecto a la política formal a largo plazo[*]. Da la sensación de que la situación de la política mediática estimula la incredulidad en el proceso democrático[3]. No hay que culpar de esto a los medios de comunicación, ya que de hecho los actores políticos y sus asesores son la mayoría de las veces las fuentes de las filtraciones y de la información perjudicial. De nuevo, los medios de comunicación conforman el espacio en el que se ejerce el poder, no la fuente que lo sostiene.
En todo caso, observamos una crisis generalizada de la legitimidad política en prácticamente todos los países, con la excepción parcial de Escandinavia. Dos tercios de los ciudadanos del mundo, según los sondeos realizados en 2000 y 2002 por el secretariado de las Naciones Unidas y por el Fórum Económico Mundial, creían que su país no estaba gobernado según la voluntad del pueblo, siendo el porcentaje correspondiente a EEUU del 59 por ciento y para la Unión Europea del 61 por ciento. En los últimos años, el Eurobarómetro, el estudio de la UNDP sobre la democracia en América Latina, el World Values Survey (Estudio sobre los valores en el mundo) y diversos sondeos de Gallup, el Field Institute y el Pew Institute de Estados Unidos, apuntan hacia un nivel significativo de desconfianza de los ciudadanos respecto a los políticos, los partidos políticos, los parlamentos y, en menor medida, los gobiernos[4].
Esto explica en parte la razón por la que en todo el mundo una mayoría de la población tiende a votar en contra más que a favor, eligiendo el menor de dos males: cambiar a un tercer partido o protestar contra candidatos que muchas veces son promocionados por una presencia colorista en los medios de comunicación, que constituye un buen material o digno de aparecer en las noticias, abriendo la puerta a la política demagógica[*][*]. Al mismo tiempo, la desconfianza en el sistema no iguala la despolitización[*][*]. Varios estudios, incluyendo el del World Values Survey, indican que muchos ciudadanos creen que pueden influir en el mundo con su movilización[*][*]. Sólo que no piensan que puedan hacerlo a través de la política, como es habitual. Así pues, en este punto del análisis, voy a plantearme un cambio de rumbo hacia el surgimiento de los procesos de contrapoder vinculados a los movimientos sociales y a la movilización social. Sin embargo, cualquier intervención política en el espacio público requiere la presencia en el espacio mediático. Y dado que el espacio mediático está determinado en gran parte por las empresas y los gobiernos que establecen los parámetros políticos en cuanto al sistema político formal, pese a su pluralidad, la aparición de políticos insurgentes no puede separarse del surgimiento de un nuevo tipo de espacio mediático: el espacio creado en torno al proceso de comunicación masiva individual.
La emergencia de la autocomunicación de masa
La difusión de Internet, la comunicación móvil, los medios digitales y una variedad de herramientas de software social han impulsado el desarrollo de redes horizontales de comunicación interactiva que conectan local y globalmente en un tiempo determinado. El sistema de comunicación de la sociedad industrial se centraba en los medios de comunicación de masas, caracterizados por la distribución masiva de un mensaje unidireccional de uno a muchos. La base de la comunicación de la sociedad red es la web global de redes de comunicación horizontal que incluyen el intercambio multimodal de mensajes interactivos de muchos a muchos, tanto sincrónicos como asincrónicos. Desde luego, Internet es una tecnología antigua, utilizada por primera vez en 1969. Pero no ha sido hasta la última década cuando se ha extendido por todo el mundo excediendo en la actualidad los mil millones de usuarios[*]. La comunicación móvil ha estallado superando la cifra de los dos mil millones de titulares de teléfonos móviles en 2006, en contraste con los 16 millones de 1991[*]. Así pues, incluso explicando la difusión diferencial en los países en vías de desarrollo y las regiones pobres, una proporción muy elevada de la población del planeta tiene acceso a la comunicación móvil, a veces en zonas donde no hay electricidad pero existe alguna forma de cobertura y cargadores móviles de baterías en talleres de bicicletas. Las redes wifi y wimax contribuyen a establecer las comunidades conectadas a la Red. Con la convergencia entre Internet y la comunicación móvil y la difusión gradual de la capacidad de la Banda Ancha, el poder comunicador de Internet está siendo distribuido en todos los ámbitos de la vida social, del mismo modo que la red de suministro eléctrico y el motor eléctrico distribuían energía en la sociedad industrial[*][*]. Con las nuevas formas de comunicación, la gente ha construido su propio sistema de comunicación masiva, vía SMS, blogs, vlogs, podcasts, wikis y otros por el estilo (De Rosnay & Failly, 2006; Gillmor, 2004; Drezner & Farrell, 2004; y Cerezo, 2006). Las redes de ficheros compartidos y P2P (peer-to-peer,"entre iguales") hacen posible la circulación y el reformateo de cualquier contenido formateado digitalmente. En octubre de 2006, Technorati rastreaba 57,3 millones de blogs, desde los 26 millones en enero. Por término medio, se crean 75.000 blogs nuevos cada día. Cada día se publican 1,2 millones de nuevos mensajes o alrededor de 50.000 actualizaciones de blogs cada hora. Muchos bloggers actualizan sus blogs de forma regular: contra lo que habitualmente se cree, el 55 por ciento de los bloggers todavía publican mensajes tres meses después de haber creado el blog[*]. Nuevamente, según Technorati, la blogosfera en 2006 era 60 veces más grande que en 2003, y se dobla cada seis meses. Es un espacio de comunicación multilingüe e internacional, donde el inglés, dominante en las primeras etapas del desarrollo de los blogs, justificaba en marzo de 2006 menos de un tercio de los mensajes en los blogs, representando el japonés el 37 por ciento de los blogs, seguido del inglés (31 por ciento) y el chino (15 por ciento). El español, el italiano, el ruso, el francés, el portugués, el holandés, el alemán y muy probablemente el coreano son las lenguas que siguen en número de mensajes (Sifry, 2006).
La mayoría de los blogs son de carácter personal. Según el Pew Internet & American Life Project, el 52 por ciento de los bloggers declaran escribir su blog principalmente para sí mismos, mientras que el 32 por ciento lo hace para un público[*]. Así, hasta cierto punto, una buena parte de esta forma de comunicación masiva individual está más próxima al "autismo electrónico" que a la comunicación real. Sin embargo, cualquier mensaje en Internet, al margen de la intención de su autor, se convierte en una botella navegando a la deriva en el océano de la comunicación global, un mensaje susceptible de ser recibido y reprocesado de formas inesperadas. Lo que es más, el RSS fomenta el consentimiento de la integración y la filtración de contenidos en todas partes. Cierta versión del Xanadu nelsoniano se ha constituido actualmente en la forma de un hipertexto multimodal global. Esto incluye: estaciones de radio FM de baja potencia; redes de televisión de calle; una eclosión de teléfonos móviles; la capacidad de producción y distribución de bajo coste de vídeo y audio digital; y los sistemas no lineales de edición de vídeo por ordenador que aprovechan la ventaja del menor coste del espacio de memoria. Los progresos clave son: la creciente difusión del IPTV, P2P video streaming, vlogs (un blog que incluye vídeo) y una oleada de programas sociales de software que han hecho posible el florecimiento de comunidades en línea y de MMOGs (Massively Multiplayer Online Games - Juegos Multijugadores Masivos en Línea). Existe un creciente uso de esas redes de comunicación horizontales en el campo de la comunicación de masas.
Desde luego, los principales medios de comunicación utilizan los blogs y las redes interactivas para distribuir sus contenidos e interactuar con su público, mezclando los modos de comunicación horizontal y vertical. Pero también hay abundantes ejemplos en los que los medios de comunicación tradicionales, como la televisión por cable, se nutren a través de producciones autónomas de contenidos que utilizan la capacidad digital para producir y distribuir. En EEUU, uno de los ejemplos más conocidos de este tipo es la Current TV de Al Gore, en la que el contenido originado por los usuarios y editado profesionalmente ya justifica alrededor de un tercio del contenido del canal[*]. Los medios de prensa por Internet, como Jibonet y Ohmy News en Corea o Vilaweb en Barcelona, se están convirtiendo en fuentes de información fiables e innovadoras a escala masiva[*][*]. Por tanto, la creciente interacción entre redes de comunicación horizontales y verticales no significa que los principales medios se estén apoderando de las nuevas formas autónomas de generación y distribución de contenidos. Significa que existe un proceso contradictorio que da origen a una nueva realidad mediática, cuyos contornos y efectos se decidirán finalmente por medio de una serie de luchas de poder políticas y empresariales, mientras los propietarios de las redes de telecomunicación se están posicionando ya para controlar el acceso y el tráfico en favor de sus socios y clientes preferidos.
El creciente interés de los medios de comunicación corporativos por las formas de comunicación a través de Internet es, en realidad, el reflejo del surgimiento de una nueva forma de comunicación socializada: la comunicación masiva individual. Es comunicación masiva porque alcanza potencialmente a un público global a través de redes de P2P y conexión a Internet. Es multimodal, ya que la digitalización del contenido y el avanzado software social, en muchas ocasiones basado en códigos libres que se pueden descargar de forma gratuita, permite el reformateo de casi todos los contenidos en prácticamente cualquier formato, que se distribuye mediante redes inalámbricas cada vez con mayor frecuencia. Y de contenido autogenerado, de emisión autodirigida y de recepción autoselectiva por medio de muchos que se comunican con muchos. En efecto, nos encontramos en un nuevo ámbito de comunicación y, en última instancia, en un nuevo medio, cuyo eje principal está compuesto por redes informáticas, cuyo lenguaje es digital y cuyos remitentes están distribuidos por todo el mundo y son globalmente interactivos. En verdad, el medio, incluso un medio tan revolucionario como este, no determina el contenido y el efecto de sus mensajes. Pero hace posible la diversidad ilimitada y el origen en gran medida autónomo de la mayoría de los flujos de comunicación que construyen y reconstruyen a cada segundo la producción global y local de significado en la opinión pública.
Si el artículo ha sido de su interés, no deje de leer la segunda parte que publicaremos próximamente.
Referencias
[1] De esta manera, Hallin (1986), en su clásico estudio de la opinión pública respecto a la guerra de Vietnam, argumentó que la inmensa mayoría de los medios de comunicación norteamericanos carecieron en gran medida de sentido crítico respecto al esfuerzo bélico hasta después de producirse la Ofensiva del Tet de 1968 y que esto a su vez estaba «íntimamente relacionado con la unidad y la claridad del propio gobierno, además del grado de consenso de la sociedad en general» (pág. 213) En la misma línea, Mermin (1997) desmitifica la idea de que los medios de comunicación indujeran la decisión del gobierno estadounidense de intervenir en Somalia demostrando que, aunque los periodistas finalmente tomaron la decisión de cubrir la crisis, esa cobertura mediática clave en las cadenas de televisión se produjo después y no antes de que los directivos clave de Washington (pág. 392) prestaran atención al tema. Véase también Entman (2003), que ofrece pruebas de una teoría de "activación en cascada", en la cual las estructuras mediáticas activan las decisiones políticas de elite y viceversa.
[2] El Pew Research Center (2006a) documenta el hecho de que la televisión continúa siendo la fuente dominante de noticias en América. De hecho, el aumento del número de personas que se conecta a Internet en busca de noticias ha frenado considerablemente desde el año 2000. La investigación desarrollada en 2006 puso de manifiesto que el 57 por ciento había accedido a la televisión el día anterior (comparad o con el 56 por ciento en 2000 y el 60 por ciento en 2004) para ver las noticias por comparación con el 23 por ciento que había accedido a Internet (comparado con el 24 por ciento en 2004). Aun más, la gente no sólo tendía a acceder a la televisión con mayor frecuencia en busca de noticias e información, sino que pasaba más tiempo consumiéndolas.Tan sólo el 9 por ciento de los que accedían a las noticias a través de Internet pasaban media hora o más conectados mirando las noticias (Pew Research Center, 2006a, pág. 2). Naturalmente los nuevos patrones de consumo varían con la edad esta diferencia de comportamiento tiene importantes connotaciones en el papel de Internet respecto a la televisión en el futuro: el 30 por ciento de los jovenes entre 18-24 años lee regularmente las noticias en la Red (aumenta un uno por ciento desde 2000) comparado con el 42 por ciento de los jóvenes de 25-29 años (aumenta un 11 por ciento desde 2000), el 47 por ciento de los de 30-34 años (aumenta un 17 por ciento desde 2000), el 37 por ciento de los de 35-49 años (aumenta un 12 por ciento desde 2000) y el 31 por ciento de los de 50-64 (aumenta un 12 por ciento desde 2000) (Ibid.). Sin embargo, parece existir un mayor aumento entre la gente que accede a Internet en busca de las noticias durante las campañas electorales (pese a todo, alrededor de un 20 por ciento). Un estudio postelectoral de ámbito nacional elaborado por el Pew Internet & American Life Project muestra que la población estadounidense que consumió noticias políticas a través de la Red creció de forma dramática, del 18 por ciento en 2000 al 29 por ciento en 2004. También se produjo un espectacular aumento del número de personas que citaba Internet como una de sus fuentes más importantes de noticias durante la campaña presidencial: el 11 por ciento de los votantes registrados afirmó que Internet era una fuente esencial de noticias políticas en 2000 y el 18 por ciento en 2004 (Raine, Horrigan & Cornfield, 2005). Sin embargo, la televisión continúa siendo la fuente principal.
[3] Hay un desacuerdo sobre si los escándalos políticos influyen directamente en el comportamiento de los votantes. Sin embargo, en Estados Unidos, un estudio del Pew Research Center for the People and the Press, realizado en marzo de 2006, documentó el hecho de que las noticias sobre la corrupción influyen sobre el comportamiento de los votantes, aunque no necesariamente sobre su orientación política. El 69 por ciento de los que afirmaron seguir la cobertura mediática de la corrupción y el escándalo en el Congreso creía firmemente que la mayor parte de los miembros electos deberían ser votados en las elecciones de otoño de 2006, comparado con el 36 por ciento de aquellos que declararon seguir los medios muy poco o nada. Esta tendencia era más pronunciada en los votantes independientes (una fuerza decisiva en la política norteamericana): el 77 por ciento de los independientes que seguían de cerca los escándalos mediáticos pensaban que la mayoría del Congreso debería ser rechazada por votación en 2006 (Pew Center for the People and the Press, 2006b). Otros estudios han ilustrado que los escándalos políticos pueden relacionarse con la confianza en el sistema en conjunto, pero no con la forma en que los individuos votan a su representante particular. No obstante, está claro que los escándalos políticos han alterado tanto la forma como el método de las prácticas políticas y periodísticas (Tumber & Waisboard, 2004;Thompson, 2002; y Williams & Delli Carpini, 2004).
[4] Un sondeo GlobeScan encargado por el World Economic Forum (WEF) en 2005 revela niveles decrecientes de confianza en todos los países evaluados, salvo en Rusia, en una amplia variedad de instituciones (ONG, las Naciones Unidas, gobiernos nacionales, corporaciones mundiales y nacionales). Sólo en seis de los dieciséis países sobre los que había datos disponibles, los ciudadanos sentían más confianza que desconfianza hacia su gobierno nacional (GlobeScan/WEF 2006); según el sondeo de 2005 de Gallup International Voice of the People encargado también por el WEF, el 61 por ciento de la gente encuestada consideraba deshonestos a los políticos (Gallup/WEF, 2006); según el último sondeo del Eurobarómetro, tan sólo el 33 por ciento de los europeos encuestados confiaban en su gobierno nacional y el 39 por ciento confiaban en el parlamento (2006, pág. 25). Y la confianza en las instituciones de la Unión Europea continúa disminuyendo a todos los niveles (Eurobarómetro, 2006, pág. 72); según el Pew Research Center for the People and the Press, el 65 por ciento de los americanos dice confiar en el gobierno sólo a veces o nunca (2006b, pág. 11); el último Barómetro Latino muestra una ligera disminución en la confianza entre 2002-05. Sin embargo, hay una clara ruptura entre la confianza en las instituciones gubernamentales y la confianza en las elites. La confianza en el gobierno es generalmente más alta en conjunto, pero la confianza en las elites ha aumentado levemente, mientras que la confianza en el gobierno también ha bajado ligeramente. Por ejemplo, tras el escándalo Lula, la confianza en las instituciones gubernamentales descendió de un 20 por ciento a un 47 por ciento, pero conservó el apoyo de más de la mitad de la población (Latinobarometro, 2005, pág.10).Véanse también: Dalton (2004), Dalton (2005) e Ingleheart y Catterberg (2002) para un análisis de los datos del World Values Survey sobre los niveles de confianza en el gobierno.
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Autor: Manuel Castells. Universitat Oberta de Catalunya.
«Artículo publicado en la revista Telos nº 74. Enero-Marzo de 2008»
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116310137&activo=4.do?elem=6844
21/04/10
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"El poder tiene miedo de Internet"
ENTREVISTA a Manuel Castells, PROFESOR DE SOCIOLOGÍA
MILAGROS PÉREZ OLIVA 06/01/2008
Si alguien ha estudiado las interioridades de la sociedad de la información es el sociólogo Manuel Castells (Hellín, 1942). Su trilogía La era de la información: economía, sociedad y cultura ha sido traducida a 23 idiomas. Es uno de los primeros cerebros rescatados: volvió a España, a dirigir la investigación de la Universitat Oberta de Catalunya, en 2001, después de haber investigado e impartido clases durante 24 años en la Universidad de California, en Berkeley.
Una de sus investigaciones más reciente es el Proyecto Internet Cataluña, en el que durante seis años ha analizado, mediante 15.000 entrevistas personales y 40.000 a través de la Red, los cambios que Internet introduce en la cultura y la organización social, y acaba de publicar, con Marina Subirats, Mujeres y hombres, ¿un amor imposible? (Alianza Editorial), donde aborda las consecuencias de estos cambios.
Internet amplifica la más vieja brecha social de la historia, que es el nivel de educación
Pregunta. Esta investigación muestra que Internet no favorece el aislamiento, como muchos creen, sino que las personas que más chatean son las más sociables.
Respuesta. Sí. Para nosotros no es ninguna sorpresa. La sorpresa es que ese resultado haya sido una sorpresa. Hay por lo menos 15 estudios importantes en el mundo que dan ese mismo resultado.
P. ¿Por qué cree que la idea contraria se ha extendido con éxito?
R. Los medios de comunicación tienen mucho que ver. Todos sabemos que las malas noticias son más noticia. Usted utiliza Internet, y sus hijos, también; pero resulta más interesante creer que está lleno de terroristas, de pornografía... Pensar que es un factor de alienación resulta más interesante que decir: Internet es la extensión de su vida. Si usted es sociable, será más sociable; si no lo es, Internet le ayudará un poquito, pero no mucho. Los medios son en cierto modo la expresión de lo que piensa la sociedad: la cuestión es por qué la sociedad piensa eso.
P. ¿Por miedo a lo nuevo?
R. Exacto. Pero miedo, ¿de quién? De la vieja sociedad a la nueva, de los padres a sus hijos, de las personas que tienen el poder anclado en un mundo tecnológica, social y culturalmente antiguo, respecto de lo que se les viene encima, que no entienden ni controlan y que perciben como un peligro, y en el fondo lo es. Porque Internet es un instrumento de libertad y de autonomía, cuando el poder siempre ha estado basado en el control de las personas, mediante el de información y comunicación. Pero esto se acaba. Porque Internet no se puede controlar.
P. Vivimos en una sociedad en la que la gestión de la visibilidad en la esfera pública mediática, como la define John J. Thompson, se ha convertido en la principal preocupación de cualquier institución, empresa u organismo. Pero el control de la imagen pública requiere medios que sean controlables, y si Internet no lo es...
R. No lo es, y eso explica por qué los poderes tienen miedo de Internet. Yo he estado en no sé cuántas comisiones asesoras de gobiernos e instituciones internacionales en los últimos 15 años, y la primera pregunta que los gobiernos hacen siempre es: ¿cómo podemos controlar Internet? La respuesta es siempre la misma: no se puede. Puede haber vigilancia, pero no control.
P. Si Internet es tan determinante de la vida social y económica, ¿su acceso puede ser el principal factor de exclusión?
R. No, el más importante seguirá siendo el acceso al trabajo y a la carrera profesional, y antes el nivel educativo, porque, sin educación, la tecnología no sirve para nada. En España, la llamada brecha digital es por cuestión de edad. Los datos están muy claros: entre los mayores de 55 años, sólo el 9% son usuarios de Internet, pero entre los menores de 25 años, son el 90%.
P. ¿Es, pues, sólo una cuestión de tiempo?
R. Cuando mi generación haya desaparecido, no habrá brecha digital en el acceso. Ahora bien, en la sociedad de Internet, lo complicado no es saber navegar, sino saber dónde ir, dónde buscar lo que se quiere encontrar y qué hacer con lo que se encuentra. Y esto requiere educación. En realidad, Internet amplifica la más vieja brecha social de la historia, que es el nivel de educación. Que un 55% de los adultos no haya completado en España la educación secundaria, ésa es la verdadera brecha digital.
P. En esta sociedad que tiende a ser tan líquida, en expresión de Zygmunt Bauman, en que todo cambia constantemente, y que cada vez está más globalizada, ¿puede aumentar la sensación de inseguridad, de que el mundo se mueve bajo nuestros pies?
R. Hay una nueva sociedad que yo he intentado definir teóricamente con el concepto de sociedad-red, y que no está muy lejos de la que define Bauman. Yo creo que, más que líquida, es una sociedad en que todo está articulado de forma transversal y hay menos control de las instituciones tradicionales.
P. ¿En qué sentido?
R. Se extiende la idea de que las instituciones centrales de la sociedad, el Estado y la familia tradicional, ya no funcionan. Entonces se nos mueve todo el suelo a la vez. Primero, la gente piensa que sus gobiernos no la representan y no son fiables. Empezamos, pues, mal. Segundo, piensan que el mercado les va bien a los que ganan y mal a los que pierden. Como la mayoría pierde, hay una desconfianza hacia lo que la lógica pura y dura del mercado le pueda proporcionar a la gente. Tercero, estamos globalizados; esto quiere decir que nuestro dinero está en algún flujo global que no controlamos, que la población se ve sometida a unas presiones migratorias muy fuertes, de modo que cada vez es más difícil encerrar a la gente en una cultura o en unas fronteras nacionales.
P. ¿Qué papel desempeña Internet en este proceso?
R. Por un lado, al permitirnos acceder a toda la información, aumenta la incertidumbre, pero al mismo tiempo es un instrumento clave para la autonomía de las personas, y esto es algo que hemos demostrado por primera vez en nuestra investigación. Cuanto más autónoma es una persona, más utiliza Internet. En nuestro trabajo hemos definido seis dimensiones de autonomía, y hemos comprobado que cuando una persona tiene un fuerte proyecto de autonomía, en cualquiera de esas dimensiones, utiliza Internet con mucha más frecuencia e intensidad. Y el uso de Internet refuerza a la vez su autonomía. Pero, claro, cuanto más controla una persona su vida, menos se fía de las instituciones.
P. Y mayor puede ser su frustración por la distancia que hay entre las posibilidades teóricas de participación y las que ejercen en la práctica, que se limitan a votar cada cuatro años, ¿no cree?
R. Sí, hay un desfase enorme entre la capacidad tecnológica y la cultura política. Muchos municipios han puesto puntos Wi-Fi de acceso, pero si al mismo tiempo no son capaces de articular un sistema de participación, sirven para que la gente organice mejor sus propias redes, pero no para participar en la vida pública. El problema es que el sistema político no está abierto a la participación, al diálogo constante con los ciudadanos, a la cultura de la autonomía, y, por tanto, estas tecnologías lo que hacen es distanciar todavía más la política de la ciudadanía.
Fuente: http://www.elpais.com/
Enviado por Manuel Gross el 06/01/2008 a las 19:39
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/114094/Manuel-Castells-El-poder-tiene-miedo-de-Internet.html#content-top
Los mitos de Internet
Manuel Castells: Los mitos de Internet
Estamos ante algo más profundo: el rechazo de los mayores, de las elites y de las instituciones de la vieja sociedad a las tecnologías, y modos de relación de la sociedad que nace y vive en los jóvenes.
Por Manuel Castells
Los medios de comunicación españoles se han hecho amplio eco de los resultados de la investigación que hemos terminado en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) después de seis años de trabajo.
Se trata de uno de los estudios más exhaustivos que se hayan hecho, tanto en el ámbito catalán como en el panorama internacional, sobre los usos de Internet en la sociedad, las empresas y las instituciones. Y, a través de este hilo conductor, sobre la emergencia de una nueva sociedad, la sociedad red, con características propias en Cataluña pero siguiendo en líneas generales el patrón de transformación detectado por la investigación académica en el conjunto del mundo.
Ahora bien, lo que me parece más significativo al respecto no es tanto la investigación en sí, que podrá consultarse en la web de la UOC y en siete libros que se hallan en vías de publicación, como la sorpresa que ha causado en la sociedad, reflejada en los titulares de los medios, un resultado banal: esto es, que Internet no aísla ni aliena, sino que incrementa la sociabilidad y la actividad de las personas en todas las dimensiones de la vida. Y digo banal porque es una conclusión a la que ha llegado sistemáticamente la inmensa mayoría de las investigaciones científicas y encuestas rigurosas realizadas sobre los usos de Internet en el mundo.
Entre otros, el World Internet Survey que realiza periódicamente Jeff Cole desde la University of Southern California (antes lo hacía desde la UCLA) por medio de encuestas a muestras representativas de 22 países, incluida España. Asimismo, en mi libro “La galaxia Internet” publicado en 2001 (en castellano y catalán) sinteticé los datos existentes sobre el tema hasta entonces y que iban en el mismo sentido.
Podría aburrirles en este artículo con decenas de referencias científicas que convergen hacia ese resultado. Internet es un espacio de relación social y comunicación directamente vinculado con lo que hacemos en nuestra vida. Es, de forma creciente, un medio fundamental de nuestra vida social, de nuestro trabajo, de nuestras empresas, de nuestro sistema educativo, de nuestras instituciones, exceptuando los grupos de edad más avanzada a los que hay que dejar tranquilos si no quieren alterar sus hábitos de vida para adaptarse a un mundo que fundamentalmente no es el suyo (otra cosa es que tengan el derecho y la oportunidad de digitalizarse si así lo quieren).
De modo que los usuarios más activos y frecuentes de Internet, cuando se comparan con los no usuarios, son personas más sociables, tienen más amigos, más intensidad de relaciones familiares, más iniciativa profesional, menos tendencia a la depresión y al aislamiento, más autonomía personal, más riqueza comunicativa y más participación ciudadana y sociopolítica.
Así es en Cataluña y en todo el mundo. Estamos muy lejos de la imagen generalizada en la percepción de la sociedad, y por tanto de los medios de comunicación, del internauta activo como un ser cortado de la realidad, aislado en el mundo virtual, incapaz de vivir una vida normal de relación y, en definitiva, medio chiflado y potencialmente peligroso.
Sensación de peligro que se extiende a Internet como universo poblado de virus, pederastas, spam, porno, falsedades, hackers, crackers y otras gentes de mal vivir.
Que todavía esté difundida esta imagen deformada y errónea, a pesar de toda la evidencia contraria, en un mundo en el que hay más de mil millones de usuarios de Internet, y en un país, Cataluña en que hay 54% de la población que son usuarios (42% usuarios activos), proporción que sube a 88% entre los menores de 25 años y que se sitúa en 60% en los de menos de 40 años y en 41% en los de menos de 55 años, implica un grave desfase entre la realidad de la sociedad red en que vivimos y la percepción con que la vivimos.
¿De dónde, entonces, proviene esta disonancia cognitiva? En parte, existe un sesgo de los medios hacia la publicación de informaciones alarmantes por aquello de que sólo es noticia lo que son malas noticias; por ejemplo, que nuestro equilibrio mental y el de nuestros hijos están gravemente amenazados por las tecnologías. Pero no hay que echar la culpa a los periodistas que, simplemente, reflejan el sentimiento de la sociedad y también las rotundas afirmaciones de una serie de seudoexpertos desconocedores del nuevo entorno, que lo denuncian sin datos rigurosos aprovechando un contexto en el que las tertulias sientan cátedra en mucha mayor medida que la academia.
En realidad, estamos ante algo más profundo: el rechazo de las personas mayores, de las elites de poder y de las instituciones y organizaciones de la vieja sociedad a las tecnologías, culturas y modos de relación de la sociedad que nace y que ya vive plenamente en los jóvenes. Y es que Internet es, ante todo, instrumento de libertad y espacio de comunicación autónoma, tal como lo demuestra la investigación.
Y como el poder, desde siempre, se ha fundado en el control de la comunicación y la información, la idea de perder ese mismo control resulta simplemente insoportable. Tanto en la política como en los medios de la comunicación de masas -la televisión tradicional sobre todo- o en la industria cultural basada en el monopolio de los productos culturales con fines de ganancia. Pero como a decir verdad no se puede prescindir de Internet, se intenta acotarlo en sus usos y deslegitimarlo en su desarrollo en las nuevas formas, aun más potentes, del Web 2.0, como YouTube o Second Life, además de buscar, con escasa eficacia, formas de censurar y reprimir.
Y debido a que la gente de mayor edad se siente insegura en un mundo en el que la comunicación y la información dependen de tecnologías que les son ajenas y que, en cambio, son el entorno natural de sus nietos, existe una gran masa susceptible de ser influenciada por las historias de horror acerca de la red.
De hecho, nuestra encuesta muestra que el miedo a Internet existe, sobre todo, entre quienes nunca lo han usado. Es ese miedo a lo desconocido sustentado en los intereses comerciales y políticos que Internet pone en cuestión con su dinámica de autonomía y libertad, factor que alimenta el temor a la virtualización de nuestras vidas y convierte en titular el resultado más banal de nuestra investigación: que nuestra existencia es a la vez virtual y presencial, que las dos dimensiones se entreveran en todas nuestras prácticas y que la ampliación de nuestras posibilidades de expresión extiende y enriquece nuestro ser social.
Bienvenidos al mundo que ya es el nuestro, bienvenidos a la cultura de la virtualidad real.
La Nación
Enviado por Manuel Gross el 05/07/2007 a las 23:06
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/50516/Manuel-Castells-Los-mitos-de-Internet.html#content-top
Comunicación y poder. Una reseña.
por Carlos A. Scolari
carlos.scolari@gmail.com
www.hipermediaciones.com
www.digitalismo.com
Castells, Manuel (2009) Comunicación y Poder. Madrid: Alianza.
Comunicación y Poder de Manuel Castells es quizás el libro del año: fue publicado a
mediados del 2009 en los Estados Unidos e Inglaterra y unos meses más tarde en
España. Debido a la extensión del texto - 680 páginas- en esta reseña crítica sólo
desarrollaré algunos temas y hablaré de las cuestiones que más me llamaron la atención.
La reseña se divide en tres partes, las cuales fueron publicadas en Digitalismo.com a lo
largo del mes de enero de 2010. Antes de pasar al libro, quisiera resaltar lo de “reseña
crítica”: en realidad, todas las reseñas deberían ser “críticas”; sin embargo, a menudo
muchas se dedican a promover la compra de algún libro sin profundizar demasiado en
su contenido o sin evidenciar los aspectos polémicos del mismo. Este no es el caso.
Al final de mi libro Hipermediaciones (Gedisa, 2008) incorporé a modo de conclusión
una breve sección sobre comunicación y poder: ahí decía que los procesos de
producción, distribución y consumo cultural "... no son actividades políticamente
inertes o neutrales. Todos estos procesos tienen lugar bajo relaciones sociales
marcadas por el conflicto y deberían encuadrarse en las confrontaciones hegemónicas
que atraviesan la sociedad. Tampoco los discursos teóricos, incluido el de este libro,
son neutrales ni gozan de inmunidad de frente a los relatos míticos o a las ideologías."
Si hiciéramos click en ese párrafo, se extendería ante nosotros la monumental obra que
Manuel Castells acaba de publicar. Sin embargo, si el lector se piensa que nos
encontramos ante “el nuevo libro de Castells sobre Internet”, está equivocado: este es un
libro duro y contundente sobre sociología del poder.
Las redes
El primer capítulo del libro de Manuel Castells (del prólogo ya hablaré más adelante) es
un texto brillante, con vida propia, que resume desde una perspectiva global lo que
entendemos por una sociedad en red. La visión del mejor sociólogo de Internet –su bien
merecida fama lo colocan entre los científicos sociales más citados de las últimas
décadas- es a 360º: Castells tiene una enorme capacidad para identificar tendencias,
trazar mapamundos y construir paisajes sociológicos actualizados. A diferencia de otros
pensadores que se dejan llevar por la poética, Castells no da puntada sin mencionar una
investigación empírica que la sustente. Cada afirmación, cada análisis de Castells se
basa en un estudio propio o de reconocidos miembros de la comunidad científica (sobre
todo anglosajona).
En su análisis de las redes Castells se mueve con habilidad por la cornisa que separa el
tecnologismo del sociologismo, evitando caer en cualquiera de los abismos: "la
tecnología de redes y la organización en red son sólo medios que reflejan las
tendencias inscriptas en la estructura social. El actual proceso de globalización tiene
2
su origen en factores económicos, políticos y culturales... pero... las fuerzas que
impulsaron la globalización sólo pudieron desencadenarse porque tenían a su
disposición la capacidad de conexión en red global que proporcionan las tecnologías
digitales de comunicación y los sistemas de información ... " (p. 51).
Podríamos dedicar varios posts a comentar este primer capítulo, pero lo mejor es leerlo.
Lo repito: el primer capítulo de "Comunicación y poder" es brillante, es un texto
autónomo que debería formar parte de la bibliografía obligatoria de todas las carreras de
ciencias sociales.
La autocomunicación de masas
No es fácil definir las nuevas formas y prácticas de comunicación nacidas al calor de la
web. En Hipermediaciones dediqué casi todo un capítulo a reflexionar sobre el tema:
new media, multimedia, comunicación digital, comunicación interactiva, cibermedios,
comunicación participativa, comunicación 2.0, cibercomunicación, eComunicación...
¿Cómo nombrar lo nuevo? Castells propone en el segundo capítulo de Comunicación y
Poder el concepto de “autocomunicación de masas” para nombrar las nuevas formas de
comunicación. A lo largo del capítulo deja caer varias definiciones:
"Es comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una
audiencia global, como cuando se cuelga un vídeo en Youtube, un blog con
enlaces RSS (...) (y) al mismo tiempo, es autocomunicación porque uno mismo
genera el mensaje, define los posibles receptores y selecciona los mensajes
concretos (...) que quiere recuperar" (p. 88).
"Esta forma de comunicación ha surgido con el desarrollo de las llamadas Web
2.0 y Web 3.0, o el grupo de tecnologías, dispositivos y aplicaciones que
sustentan la proliferación de espacios sociales en Internet..." (p. 101).
"... su contenido está autogenerado, su emisión autodirigida y su recepción
autoseleccionada por todos aquellos que se comunican" (p. 108).
Por mi parte, creo que desde la perspectiva de las teorías de la comunicación el
concepto de “autocomunicación de masas” es desafortunado. Según el Diccionario de la
Real Academia Española el prefijo “auto" viene del Griego y significa "propio" o "por
uno mismo" (autosugestión, autobiografía, automóvil). “Autocomunicación” me suena a
comunicación con uno mismo, por ejemplo a la reflexión silenciosa que llevamos
internamente dentro de nuestra mente. En cierta forma, desde esta perspectiva
etimológica el concepto de “autocomunicación” no se encontraría muy lejos de la
“comunicación intrapersonal” propuesta por Mortensen, Ruesch o Bateson en los años
‘60.
Con este prefijo Castells quiere llamar la atención sobre uno de los elementos que
caracterizan a las nuevas formas de comunicación: el carácter de producción
individual/artesanal, o sea el espíritu de DIY (Do It Yourself). Obviamente, estamos
hablando de una característica muy importante de la comunicación de la era postbroadcasting:
la comunicación sin intermediarios profesionales. Pero aún queriendo
evidenciarla en nuestra definición, el prefijo “auto” no me parece la mejor opción para
nombrar estas nuevas formas de comunicación (quizás bastaría llamarlas “comunicación
directa” o “comunicación desintermediada”).
3
Por otro lado, definir a las nuevas formas de comunicación como “de masas”
(“autocomunicación de masas”) entraña sus riesgos: por más que Facebook tenga 350
millones de usuarios... ¿Podemos seguir hablando de “masas” en una sociedad
hiperfragmentada donde los grupos de consumo e identidades se desarman y
recomponen a ritmo contínuo? La idea de “masa” no es sólo cuantitativa: implica
también la existencia de una homogeneidad que cada día está más en discusión en los
nuevos entornos de comunicación. Sin duda estamos de frente a fenómenos masivos por
su cantidad, pero no por su calidad.
La discusión sobre cómo nombrar al nuevo “objeto” comunicacional es compleja.
Podemos pasar varios años buscando el nombre más adecuado... Por mi parte, en
Hipermediaciones decidí -como sostenía Jesús Martín Barbero en De los medios a las
mediaciones (Gustavo Gilli, 1987)- abandonar el objeto para recuperar el proceso: o sea,
preferí no perderme en la discusión semántica sobre el nombre que deberíamos dar a los
“nuevos medios” y apostar por analizar los nuevos procesos (las “hipermediaciones”).
Si tuviera que hacer un balance del segundo capítulo (que no se agota en estas
cuestiones semánticas y del cual seguiremos hablando), tengo la impresión de que
Castells se mueve con mayor soltura en la sociología de las redes que en las teorías de la
comunicación. Sus referencias en el campo comunicacional no son tan profundas ni
amplias como en el mundo de las redes. Un ejemplo basta de muestra: a la hora de
afrontar las estrategias semióticas y los efectos del medio televisivo, Castells cita un
texto clásico de Umberto Eco (¿Il pubblico fa male alla televisione?), un artículo
publicado originalmente en 1973 y posteriormente incluido en Dalla periferia
all’impero (Bompiani, 1977) y en uno de los volúmenes recopilatorios de Sociología de
la Comunicación de Masas de Miquel de Moragas a mediados de los ‘80.
La semiótica y análisis de discurso han recorrido un largo camino desde que Eco
realizara sus primeros y polémicos aportes a la histórica discusión sobre los efectos de
la televisión, pero no aparecen en Comunicación y poder. En la próxima sección de la
reseña analizaré más a fondo la relación entre el texto de Manuel Castells y los enfoques
semióticos, discursivos y cognitivos, sobre todo en lo referente a los estudios sobre el
discurso político.
Castells y el giro cognitivo
En el tercer capítulo de Comunicación y poder Manuel Castells da un giro cognitivo,
abandona la reflexión social sobre las redes y se mete en un territorio nuevo: el universo
de las ciencias cognitivas. Para este viaje Castells se sirve de un par de guías de primer
nivel, entre ellos George Lakoff, el teórico de los "marcos" (frames) que ha tenido un
gran éxito entre los politólogos progresistas españoles gracias a su libro No pienses en
un elefante. Lenguaje y debate político.
Para complementar su visión sociológica Castells recurre a los estudios de la cognición.
El poder es un dispositivo que comienza en el Estado pero termina en la mente de los
ciudadanos; entre ambos extremos, el sistema de medios opera como bisagra
constructora de hegemonías políticas. Como ya dije en la primera parte de la reseña,
Castells basa su análisis en infinidad de investigaciones empíricas y ejemplifica con
situaciones políticas ampliamente conocidas. Sin embargo, y el mismo Castells lo
reconoce, las ciencias cognitivas no son su especialidad, por lo que su discurso se
fundamenta en los estudios de figuras reconocidas como el ya mencionado Lakoff.
4
Castells presenta la teoría de los marcos y destaca su importancia a la hora de crear
contextos y modelos para interpretar la realidad. La persuasión política tiene que ver
con redes y narraciones porque el cerebro político es un cerebro emocional. Manipular
la (des)información, construir buenas historias y tocar la fibra sensible de los
ciudadanos (el factor emocional) son algunas de las coordenadas de este tipo de
estrategia persuasiva. Castells, es necesario decirlo con todas las letras, adhiere sin
medias tintas a una teoría manipulatoria de los medios.
A la hora de buscar ejemplos era inevitable analizar el más grande ejercicio
contemporáneo de manipulación política de las masas: la movilización de la sociedad
estadounidense para invadir Irak y destruir las armas de destrucción masiva. Dos
marcos encuadraron esta estrategia: 1) la guerra contra el terror, y 2) el patriotismo. Los
medios de comunicación fueron el entorno donde estas grandes narraciones se
expresaron y llegaron a todos los hogares de Estados Unidos.
A modo de conclusión, Castells sostiene que "los ciudadanos estadounidenses fueron
sometidos a los marcos de la guerra contra el terror y el patriotismo a través de los
medios de comunicación, y después se les desinformó con la agenda establecida por la
administración, con el consentimiento de las élites política, tal y como se reflejó en los
medios" (p. 252).
Discurso, poder y sociedad
El análisis de Castells, como ya expliqué, se basa en una sólida recopilación
bibliográfica e informes de investigación sobre opinión pública, audiencias y estrategias
cognitivas de persuasión. Sin embargo, a este fascinante viaje por el mundo de la
hegemonía política creo que le falta una parada. El autor habla de narraciones,
persuasión, marcos y emociones, pero no cubre un aspecto que considero fundamental:
el de los discursos políticos.
Mientras leía estos capítulos del libro de Manuel Castells esperaba en cualquier
momento la aparición de dos reconocidos autores... pero no llegaron. Me refiero a Teu
Van Dijk y Eliseo Verón, dos de los más eminentes analistas de discursos políticos. El
planteo de Castells, impecable en su intento de trazar puentes entre la sociología del
poder y las ciencias cognitivas, hubiera salido aún más reforzado si hubiera incorporado
la dimensión discursiva. Entre el medio de comunicación y el marco mental que
encuadra nuestras acciones/decisiones hay "algo": el discurso, esa narración simple pero
emotiva que a través de metáforas y otras figuras retóricas nos cuenta quiénes son
nuestros aliados, quiénes los enemigos, y qué debemos hacer para enfrentarlos.
El último libro de Teu Van Dijk - Discurso y poder (Gedisa, 2009)- es el complemento
ideal del recorrido propuesto por Castells. Ya desde las primeras páginas Van Dijk nos
explica que "la cognición personal y social siempre media entre la sociedad o las
situaciones sociales y el discurso. De ahí que los Estudios Críticos de Discurso
necesitamos estudiar los problemas sociales en la perspectiva del triángulo discursocognición-
sociedad. Ninguna de estas tres dimensiones puede comprenderse
plenamente sin las otras dos" (p. 39). Los textos de Van Dijk o Verón -desde Perón o
Muerte con Silvia Sigal hasta La palabra adversativa- nos brindan el soporte que le
falta al libro de Castells: un recorrido por el análisis de los discursos, las
metanarraciones políticas y las estrategias discursivas de manipulación.
5
Demás está decir que el enorme espacio que ocupan las reflexiones cognitivas dentro de
un texto de sociología de las redes y el poder no es casual: desde hace un par de décadas
las ciencias cognitivas han expandido su radio de acción y han comenzado a hacer sentir
su presión en la psicología, la semiótica, la sociología y muchos otros campos del
conocimiento. ¿Podemos hablar de un giro cognitivo en las ciencias sociales? Sin
dudas. A medida que se avanza en la construcción de teorías transversales, amplias y
globales, los campos científicos tienden a confluir y a buscarse entre ellos. A menudo la
comunicación es difícil y la famosa "interdisciplinariedad" se queda en las buenas
intenciones, pero esta convergencia científica es quizá la única manera de romper los
etnocentrismos epistemológicos.
La chomskysación de Castells
Como ya dije Comunicación y Poder no es un libro “sobre Internet”: es un texto duro y
contundente sobre sociología del poder donde Manuel Castells desmonta los
mecanismos actuales de dominación mediática y las nuevas formas de construcción de
la hegemonía en una sociedad en red. Antes que de tecnología, el libro habla de política.
Castells dedica páginas y páginas a explicar el funcionamiento económico/ideológico
del sistema de medios globalizado, describe su trama política y sus estrategias más
habituales. En varias partes el autor construye cuadros sobre la estructura empresarial
que liga entre sí a los grandes grupos de comunicación y tecnológicos, retomando un
ejercicio de descripción inaugurado por teóricos como Armand Mattelart y Herbert
Schiller en los años 1970. En pocas palabras, se trata de evidenciar la compleja retícula
de relaciones peligrosas que unen a los diferentes actores del mundo tecnocomunicacional
y político.
También sorprende al lector de Comunicación y Poder la cantidad de páginas que
Castells dedica a las estrategias de George Bush y sus amigos neoconservadores para
justificar la guerra del Golfo, de la misma manera que explica con lujo de detalles el
entramado mediático que llevó a la caída de Felipe González en España. El autor pasa al
rallenti este proceso, mapea sus actores y analiza sus movimientos en cada fase.
Escándalos, corrupciones y vídeos
La estrategia del escándalo y la corrupción, convenientemente articulada por los medios
opositores al primer ministro socialista, marcó el fin de una era en España y el comienzo
de la fase neoconservadora con José María Aznar a la cabeza. Cualquier parecido con
los procesos de tinellización de la vida política argentina no son mera coincidencia: no
será ni la primera ni la última vez que el aparato mediático se fija como objetivo la
remoción de un presidente elegido democráticamente (sé que esto que acabo de escribir
generará alguna polémica en Argentina, pero ya avisé que esta no es una reseña acrítica
o neutral. De todas maneras, antes de polemizar conmigo les recomiendo leer el libro de
Castells y después sintonizar a Tinelli, Mirta Legrand o Susana Giménez).
Castells es exhaustivo en el análisis del proceso español, ya que comienza con el triunfo
de Felipe González y termina con las movilizaciones del 13M contra la manipulación
informativa del gobierno de Aznar ante el atentado de Al Quaeda. Mientras leía estos
capítulos por momentos me parecía no estar leyendo a Manuel Castells sino a Noam
Chomsky. Me pregunto ¿se está chomskyzando Manuel Castells? Si bien en todos sus
6
libros se respiraba un tono crítico inspirado en los mejores valores democráticos, en esta
obra Castells saca a relucir un tono casi militante que le desconocía.
No es casual que en el prólogo Castells reivindique su militancia antifranquista en las
épocas de juventud. La mirada que propone Comunicación y Poder es radicalmente
democrática, escapa a la crítica fácil y ofrece argumentos contundentes basados en la
mejor y más actualizada bibliografía científica disponible (con algún olvido que ya
indicamos en el campo del análisis de discurso).
Más allá de las estrategias de manipulación
Pero la dinámica del sistema de comunicación no se limita al intento de manipulación
de las masas por medio de la inculcación de marcos (frames). De frente a este
movimiento se levantan otras voces, otras redes, otras prácticas políticas que Castells no
duda en conceptualizar de “insurgentes”.
En el penúltimo capítulo de Comunicación y Poder Castells describe algunos de estos
contramovimientos, desde la campaña electoral de Barack Obama hasta las luchas
antiglobalización, pasando por la movida ecologista. Respecto a este último, resulta
muy instructivo ver como una inquietud científica -el calamitoso estado del planeta- fue
expandiéndose a diferentes colectivos hasta convertirse en una temática global y entrar a
formar parte del marco de análisis de las nuevas generaciones.
Hoy todos sabemos qué es el calentamiento global gracias a "un movimiento
polifacético cuyos principales componentes son los científicos, los famosos y los
ecologistas"; estos actores han sabido construir una alianza con los medios de
comunicación, ya que estos buscan atraer a las audiencias "escribiendo narraciones que
aumentan la preocupación de la gente" (p. 417).
Con estos análisis de las prácticas de comunicación insurgentes Castells reequilibra la
balanza después de habernos abrumado con datos sobre las estrategias de manipulación
política que se llevan adelante desde el poder. Las redes pueden ser programadas para la
manipulación, pero también pueden ser reprogramadas para generar movimientos de
democratización y defensa del medio ambiente.
Concluyendo
El último capítulo de Comunicación y Poder presenta una síntesis del planteo de
Castells a modo de conclusión. Como ya dije al principio de esta reseña, tenemos entre
manos un texto total, con infinidad de referencias, cuestiones y problemas que
tardaríamos meses en reseñar a fondo. No tengo dudas de que el libro de Manuel
Castells, al igual que su trilogía de los '90, dará mucho que hablar en los próximos años,
tanto en el ámbito de los estudios de comunicación como en el resto de las ciencias
sociales.
carlos.scolari@gmail.com
www.hipermediaciones.com
www.digitalismo.com
Castells, Manuel (2009) Comunicación y Poder. Madrid: Alianza.
Comunicación y Poder de Manuel Castells es quizás el libro del año: fue publicado a
mediados del 2009 en los Estados Unidos e Inglaterra y unos meses más tarde en
España. Debido a la extensión del texto - 680 páginas- en esta reseña crítica sólo
desarrollaré algunos temas y hablaré de las cuestiones que más me llamaron la atención.
La reseña se divide en tres partes, las cuales fueron publicadas en Digitalismo.com a lo
largo del mes de enero de 2010. Antes de pasar al libro, quisiera resaltar lo de “reseña
crítica”: en realidad, todas las reseñas deberían ser “críticas”; sin embargo, a menudo
muchas se dedican a promover la compra de algún libro sin profundizar demasiado en
su contenido o sin evidenciar los aspectos polémicos del mismo. Este no es el caso.
Al final de mi libro Hipermediaciones (Gedisa, 2008) incorporé a modo de conclusión
una breve sección sobre comunicación y poder: ahí decía que los procesos de
producción, distribución y consumo cultural "... no son actividades políticamente
inertes o neutrales. Todos estos procesos tienen lugar bajo relaciones sociales
marcadas por el conflicto y deberían encuadrarse en las confrontaciones hegemónicas
que atraviesan la sociedad. Tampoco los discursos teóricos, incluido el de este libro,
son neutrales ni gozan de inmunidad de frente a los relatos míticos o a las ideologías."
Si hiciéramos click en ese párrafo, se extendería ante nosotros la monumental obra que
Manuel Castells acaba de publicar. Sin embargo, si el lector se piensa que nos
encontramos ante “el nuevo libro de Castells sobre Internet”, está equivocado: este es un
libro duro y contundente sobre sociología del poder.
Las redes
El primer capítulo del libro de Manuel Castells (del prólogo ya hablaré más adelante) es
un texto brillante, con vida propia, que resume desde una perspectiva global lo que
entendemos por una sociedad en red. La visión del mejor sociólogo de Internet –su bien
merecida fama lo colocan entre los científicos sociales más citados de las últimas
décadas- es a 360º: Castells tiene una enorme capacidad para identificar tendencias,
trazar mapamundos y construir paisajes sociológicos actualizados. A diferencia de otros
pensadores que se dejan llevar por la poética, Castells no da puntada sin mencionar una
investigación empírica que la sustente. Cada afirmación, cada análisis de Castells se
basa en un estudio propio o de reconocidos miembros de la comunidad científica (sobre
todo anglosajona).
En su análisis de las redes Castells se mueve con habilidad por la cornisa que separa el
tecnologismo del sociologismo, evitando caer en cualquiera de los abismos: "la
tecnología de redes y la organización en red son sólo medios que reflejan las
tendencias inscriptas en la estructura social. El actual proceso de globalización tiene
2
su origen en factores económicos, políticos y culturales... pero... las fuerzas que
impulsaron la globalización sólo pudieron desencadenarse porque tenían a su
disposición la capacidad de conexión en red global que proporcionan las tecnologías
digitales de comunicación y los sistemas de información ... " (p. 51).
Podríamos dedicar varios posts a comentar este primer capítulo, pero lo mejor es leerlo.
Lo repito: el primer capítulo de "Comunicación y poder" es brillante, es un texto
autónomo que debería formar parte de la bibliografía obligatoria de todas las carreras de
ciencias sociales.
La autocomunicación de masas
No es fácil definir las nuevas formas y prácticas de comunicación nacidas al calor de la
web. En Hipermediaciones dediqué casi todo un capítulo a reflexionar sobre el tema:
new media, multimedia, comunicación digital, comunicación interactiva, cibermedios,
comunicación participativa, comunicación 2.0, cibercomunicación, eComunicación...
¿Cómo nombrar lo nuevo? Castells propone en el segundo capítulo de Comunicación y
Poder el concepto de “autocomunicación de masas” para nombrar las nuevas formas de
comunicación. A lo largo del capítulo deja caer varias definiciones:
"Es comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una
audiencia global, como cuando se cuelga un vídeo en Youtube, un blog con
enlaces RSS (...) (y) al mismo tiempo, es autocomunicación porque uno mismo
genera el mensaje, define los posibles receptores y selecciona los mensajes
concretos (...) que quiere recuperar" (p. 88).
"Esta forma de comunicación ha surgido con el desarrollo de las llamadas Web
2.0 y Web 3.0, o el grupo de tecnologías, dispositivos y aplicaciones que
sustentan la proliferación de espacios sociales en Internet..." (p. 101).
"... su contenido está autogenerado, su emisión autodirigida y su recepción
autoseleccionada por todos aquellos que se comunican" (p. 108).
Por mi parte, creo que desde la perspectiva de las teorías de la comunicación el
concepto de “autocomunicación de masas” es desafortunado. Según el Diccionario de la
Real Academia Española el prefijo “auto" viene del Griego y significa "propio" o "por
uno mismo" (autosugestión, autobiografía, automóvil). “Autocomunicación” me suena a
comunicación con uno mismo, por ejemplo a la reflexión silenciosa que llevamos
internamente dentro de nuestra mente. En cierta forma, desde esta perspectiva
etimológica el concepto de “autocomunicación” no se encontraría muy lejos de la
“comunicación intrapersonal” propuesta por Mortensen, Ruesch o Bateson en los años
‘60.
Con este prefijo Castells quiere llamar la atención sobre uno de los elementos que
caracterizan a las nuevas formas de comunicación: el carácter de producción
individual/artesanal, o sea el espíritu de DIY (Do It Yourself). Obviamente, estamos
hablando de una característica muy importante de la comunicación de la era postbroadcasting:
la comunicación sin intermediarios profesionales. Pero aún queriendo
evidenciarla en nuestra definición, el prefijo “auto” no me parece la mejor opción para
nombrar estas nuevas formas de comunicación (quizás bastaría llamarlas “comunicación
directa” o “comunicación desintermediada”).
3
Por otro lado, definir a las nuevas formas de comunicación como “de masas”
(“autocomunicación de masas”) entraña sus riesgos: por más que Facebook tenga 350
millones de usuarios... ¿Podemos seguir hablando de “masas” en una sociedad
hiperfragmentada donde los grupos de consumo e identidades se desarman y
recomponen a ritmo contínuo? La idea de “masa” no es sólo cuantitativa: implica
también la existencia de una homogeneidad que cada día está más en discusión en los
nuevos entornos de comunicación. Sin duda estamos de frente a fenómenos masivos por
su cantidad, pero no por su calidad.
La discusión sobre cómo nombrar al nuevo “objeto” comunicacional es compleja.
Podemos pasar varios años buscando el nombre más adecuado... Por mi parte, en
Hipermediaciones decidí -como sostenía Jesús Martín Barbero en De los medios a las
mediaciones (Gustavo Gilli, 1987)- abandonar el objeto para recuperar el proceso: o sea,
preferí no perderme en la discusión semántica sobre el nombre que deberíamos dar a los
“nuevos medios” y apostar por analizar los nuevos procesos (las “hipermediaciones”).
Si tuviera que hacer un balance del segundo capítulo (que no se agota en estas
cuestiones semánticas y del cual seguiremos hablando), tengo la impresión de que
Castells se mueve con mayor soltura en la sociología de las redes que en las teorías de la
comunicación. Sus referencias en el campo comunicacional no son tan profundas ni
amplias como en el mundo de las redes. Un ejemplo basta de muestra: a la hora de
afrontar las estrategias semióticas y los efectos del medio televisivo, Castells cita un
texto clásico de Umberto Eco (¿Il pubblico fa male alla televisione?), un artículo
publicado originalmente en 1973 y posteriormente incluido en Dalla periferia
all’impero (Bompiani, 1977) y en uno de los volúmenes recopilatorios de Sociología de
la Comunicación de Masas de Miquel de Moragas a mediados de los ‘80.
La semiótica y análisis de discurso han recorrido un largo camino desde que Eco
realizara sus primeros y polémicos aportes a la histórica discusión sobre los efectos de
la televisión, pero no aparecen en Comunicación y poder. En la próxima sección de la
reseña analizaré más a fondo la relación entre el texto de Manuel Castells y los enfoques
semióticos, discursivos y cognitivos, sobre todo en lo referente a los estudios sobre el
discurso político.
Castells y el giro cognitivo
En el tercer capítulo de Comunicación y poder Manuel Castells da un giro cognitivo,
abandona la reflexión social sobre las redes y se mete en un territorio nuevo: el universo
de las ciencias cognitivas. Para este viaje Castells se sirve de un par de guías de primer
nivel, entre ellos George Lakoff, el teórico de los "marcos" (frames) que ha tenido un
gran éxito entre los politólogos progresistas españoles gracias a su libro No pienses en
un elefante. Lenguaje y debate político.
Para complementar su visión sociológica Castells recurre a los estudios de la cognición.
El poder es un dispositivo que comienza en el Estado pero termina en la mente de los
ciudadanos; entre ambos extremos, el sistema de medios opera como bisagra
constructora de hegemonías políticas. Como ya dije en la primera parte de la reseña,
Castells basa su análisis en infinidad de investigaciones empíricas y ejemplifica con
situaciones políticas ampliamente conocidas. Sin embargo, y el mismo Castells lo
reconoce, las ciencias cognitivas no son su especialidad, por lo que su discurso se
fundamenta en los estudios de figuras reconocidas como el ya mencionado Lakoff.
4
Castells presenta la teoría de los marcos y destaca su importancia a la hora de crear
contextos y modelos para interpretar la realidad. La persuasión política tiene que ver
con redes y narraciones porque el cerebro político es un cerebro emocional. Manipular
la (des)información, construir buenas historias y tocar la fibra sensible de los
ciudadanos (el factor emocional) son algunas de las coordenadas de este tipo de
estrategia persuasiva. Castells, es necesario decirlo con todas las letras, adhiere sin
medias tintas a una teoría manipulatoria de los medios.
A la hora de buscar ejemplos era inevitable analizar el más grande ejercicio
contemporáneo de manipulación política de las masas: la movilización de la sociedad
estadounidense para invadir Irak y destruir las armas de destrucción masiva. Dos
marcos encuadraron esta estrategia: 1) la guerra contra el terror, y 2) el patriotismo. Los
medios de comunicación fueron el entorno donde estas grandes narraciones se
expresaron y llegaron a todos los hogares de Estados Unidos.
A modo de conclusión, Castells sostiene que "los ciudadanos estadounidenses fueron
sometidos a los marcos de la guerra contra el terror y el patriotismo a través de los
medios de comunicación, y después se les desinformó con la agenda establecida por la
administración, con el consentimiento de las élites política, tal y como se reflejó en los
medios" (p. 252).
Discurso, poder y sociedad
El análisis de Castells, como ya expliqué, se basa en una sólida recopilación
bibliográfica e informes de investigación sobre opinión pública, audiencias y estrategias
cognitivas de persuasión. Sin embargo, a este fascinante viaje por el mundo de la
hegemonía política creo que le falta una parada. El autor habla de narraciones,
persuasión, marcos y emociones, pero no cubre un aspecto que considero fundamental:
el de los discursos políticos.
Mientras leía estos capítulos del libro de Manuel Castells esperaba en cualquier
momento la aparición de dos reconocidos autores... pero no llegaron. Me refiero a Teu
Van Dijk y Eliseo Verón, dos de los más eminentes analistas de discursos políticos. El
planteo de Castells, impecable en su intento de trazar puentes entre la sociología del
poder y las ciencias cognitivas, hubiera salido aún más reforzado si hubiera incorporado
la dimensión discursiva. Entre el medio de comunicación y el marco mental que
encuadra nuestras acciones/decisiones hay "algo": el discurso, esa narración simple pero
emotiva que a través de metáforas y otras figuras retóricas nos cuenta quiénes son
nuestros aliados, quiénes los enemigos, y qué debemos hacer para enfrentarlos.
El último libro de Teu Van Dijk - Discurso y poder (Gedisa, 2009)- es el complemento
ideal del recorrido propuesto por Castells. Ya desde las primeras páginas Van Dijk nos
explica que "la cognición personal y social siempre media entre la sociedad o las
situaciones sociales y el discurso. De ahí que los Estudios Críticos de Discurso
necesitamos estudiar los problemas sociales en la perspectiva del triángulo discursocognición-
sociedad. Ninguna de estas tres dimensiones puede comprenderse
plenamente sin las otras dos" (p. 39). Los textos de Van Dijk o Verón -desde Perón o
Muerte con Silvia Sigal hasta La palabra adversativa- nos brindan el soporte que le
falta al libro de Castells: un recorrido por el análisis de los discursos, las
metanarraciones políticas y las estrategias discursivas de manipulación.
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Demás está decir que el enorme espacio que ocupan las reflexiones cognitivas dentro de
un texto de sociología de las redes y el poder no es casual: desde hace un par de décadas
las ciencias cognitivas han expandido su radio de acción y han comenzado a hacer sentir
su presión en la psicología, la semiótica, la sociología y muchos otros campos del
conocimiento. ¿Podemos hablar de un giro cognitivo en las ciencias sociales? Sin
dudas. A medida que se avanza en la construcción de teorías transversales, amplias y
globales, los campos científicos tienden a confluir y a buscarse entre ellos. A menudo la
comunicación es difícil y la famosa "interdisciplinariedad" se queda en las buenas
intenciones, pero esta convergencia científica es quizá la única manera de romper los
etnocentrismos epistemológicos.
La chomskysación de Castells
Como ya dije Comunicación y Poder no es un libro “sobre Internet”: es un texto duro y
contundente sobre sociología del poder donde Manuel Castells desmonta los
mecanismos actuales de dominación mediática y las nuevas formas de construcción de
la hegemonía en una sociedad en red. Antes que de tecnología, el libro habla de política.
Castells dedica páginas y páginas a explicar el funcionamiento económico/ideológico
del sistema de medios globalizado, describe su trama política y sus estrategias más
habituales. En varias partes el autor construye cuadros sobre la estructura empresarial
que liga entre sí a los grandes grupos de comunicación y tecnológicos, retomando un
ejercicio de descripción inaugurado por teóricos como Armand Mattelart y Herbert
Schiller en los años 1970. En pocas palabras, se trata de evidenciar la compleja retícula
de relaciones peligrosas que unen a los diferentes actores del mundo tecnocomunicacional
y político.
También sorprende al lector de Comunicación y Poder la cantidad de páginas que
Castells dedica a las estrategias de George Bush y sus amigos neoconservadores para
justificar la guerra del Golfo, de la misma manera que explica con lujo de detalles el
entramado mediático que llevó a la caída de Felipe González en España. El autor pasa al
rallenti este proceso, mapea sus actores y analiza sus movimientos en cada fase.
Escándalos, corrupciones y vídeos
La estrategia del escándalo y la corrupción, convenientemente articulada por los medios
opositores al primer ministro socialista, marcó el fin de una era en España y el comienzo
de la fase neoconservadora con José María Aznar a la cabeza. Cualquier parecido con
los procesos de tinellización de la vida política argentina no son mera coincidencia: no
será ni la primera ni la última vez que el aparato mediático se fija como objetivo la
remoción de un presidente elegido democráticamente (sé que esto que acabo de escribir
generará alguna polémica en Argentina, pero ya avisé que esta no es una reseña acrítica
o neutral. De todas maneras, antes de polemizar conmigo les recomiendo leer el libro de
Castells y después sintonizar a Tinelli, Mirta Legrand o Susana Giménez).
Castells es exhaustivo en el análisis del proceso español, ya que comienza con el triunfo
de Felipe González y termina con las movilizaciones del 13M contra la manipulación
informativa del gobierno de Aznar ante el atentado de Al Quaeda. Mientras leía estos
capítulos por momentos me parecía no estar leyendo a Manuel Castells sino a Noam
Chomsky. Me pregunto ¿se está chomskyzando Manuel Castells? Si bien en todos sus
6
libros se respiraba un tono crítico inspirado en los mejores valores democráticos, en esta
obra Castells saca a relucir un tono casi militante que le desconocía.
No es casual que en el prólogo Castells reivindique su militancia antifranquista en las
épocas de juventud. La mirada que propone Comunicación y Poder es radicalmente
democrática, escapa a la crítica fácil y ofrece argumentos contundentes basados en la
mejor y más actualizada bibliografía científica disponible (con algún olvido que ya
indicamos en el campo del análisis de discurso).
Más allá de las estrategias de manipulación
Pero la dinámica del sistema de comunicación no se limita al intento de manipulación
de las masas por medio de la inculcación de marcos (frames). De frente a este
movimiento se levantan otras voces, otras redes, otras prácticas políticas que Castells no
duda en conceptualizar de “insurgentes”.
En el penúltimo capítulo de Comunicación y Poder Castells describe algunos de estos
contramovimientos, desde la campaña electoral de Barack Obama hasta las luchas
antiglobalización, pasando por la movida ecologista. Respecto a este último, resulta
muy instructivo ver como una inquietud científica -el calamitoso estado del planeta- fue
expandiéndose a diferentes colectivos hasta convertirse en una temática global y entrar a
formar parte del marco de análisis de las nuevas generaciones.
Hoy todos sabemos qué es el calentamiento global gracias a "un movimiento
polifacético cuyos principales componentes son los científicos, los famosos y los
ecologistas"; estos actores han sabido construir una alianza con los medios de
comunicación, ya que estos buscan atraer a las audiencias "escribiendo narraciones que
aumentan la preocupación de la gente" (p. 417).
Con estos análisis de las prácticas de comunicación insurgentes Castells reequilibra la
balanza después de habernos abrumado con datos sobre las estrategias de manipulación
política que se llevan adelante desde el poder. Las redes pueden ser programadas para la
manipulación, pero también pueden ser reprogramadas para generar movimientos de
democratización y defensa del medio ambiente.
Concluyendo
El último capítulo de Comunicación y Poder presenta una síntesis del planteo de
Castells a modo de conclusión. Como ya dije al principio de esta reseña, tenemos entre
manos un texto total, con infinidad de referencias, cuestiones y problemas que
tardaríamos meses en reseñar a fondo. No tengo dudas de que el libro de Manuel
Castells, al igual que su trilogía de los '90, dará mucho que hablar en los próximos años,
tanto en el ámbito de los estudios de comunicación como en el resto de las ciencias
sociales.
Guía DD.HH. a la Comunicacion
Derechos de la comunicación -Plataformas intergubernamentales: NOMIC, UNESCO y Comisión MacBride - Después del NOMIC: Participación de la sociedad civil - El “derecho a comunicar” y los “derechos de la comunicación” - Derechos a la comunicación vs.libertad de expresión - Formulación de los “derechos a la comunicación” - Derechos habilitadores - Valor agregado de los derechos a la comunicación - Derechos a la comunicación: ¿por qué ahora? Este texto es un extracto del libro Palabras en Juego: Enfoques Multiculturales sobre las Sociedades de la Información. Este libro, coordinado por Alain Ambrosi, Valérie Peugeot y Daniel Pimienta, fue publicado el 5 de noviembre de 2005
Campaña Continental por los Derechos de la Comunicación- El reto de la formulación del derecho humano a la comunicación. Por Romel Jurado Vargas- Profesor e investigador en temas de Derechos Humanos y Políticas Públicas, actualmente becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para realizar estudios de Doctorado en Derechos Fundamentales, en Instituto Bartolomé de las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid.
Este artículo ha sido elaborado como una introducción al debate sobre la formulación del derecho a la comunicación, y desde esa perspectiva ofrece una síntesis del contexto, avances y dificultades que han condicionado su abordaje, desde su origen en el seno de la UNESCO hasta su tratamiento actual en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para luego enunciar una propuesta sobre los pasos que, en el plano conceptual, considero que deberían realizarse con el propósito de avanzar en la compleja tarea de formular jurídicamente este nuevo derecho. Estos pasos, implican básicamente la reconstrucción histórica de la demanda de crear un nuevo derecho humano a la comunicación; la construcción de una fundamentación filosófica que justifique la creación de este derecho; y, la formulación jurídica del nuevo derecho a la comunicación como concreción de la noción de dignidad y de los valores que están en la base de su fundamentación.
Encuentro Latinoamericano sobre Derechos Humanos y Comunicación- Declaración conjunta
El derecho humano a la comunicación 9 Marzo 2010 | Autor: Romel Jurado Vargas es Profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Quito, Ecuador.
Este artículo pretende hacer una síntesis del origen y desarrollo sobre el debate acerca del derecho humano a la comunicación, presentando elementos que contribuyan a contextualizarlo históricamente y a entender los cambios legislativos, sociales y políticos que se están proponiendo y realizando en diferentes países sobre la gestión de la comunicación, la información, sus medios y tecnologías.
Un malestar invisible: derechos humanos y comunicación - Rossana Reguillo La relación entre derechos humanos y comunicación alude a una relación cultural, se trata fundamentalmente del debate entre la inclusión y la exclusión, por lo que se impone un trabajo para el desmontaje crítico de los dispositivos, discursos y mecanismos que naturalizan la exclusión y expropian la posibilidad de la palabra a mujeres, indígenas, jóvenes... Para analizar el modo en que estos son construidos y representados en el espacio público, la autora recurre a tres estrategias: el desmontaje de una expresión popular, la crítica a un pensamiento legitimado y el uso del relato etnográfico.
Llamamiento sobre “Derechos Humanos y Comunicación”.Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social (AIECS), del 21 al 24 de julio de 2009, con el tema “Derechos Humanos y Comunicación”. Universidad Nacional Autónoma de México
Campaña Continental por los Derechos de la Comunicación- El reto de la formulación del derecho humano a la comunicación. Por Romel Jurado Vargas- Profesor e investigador en temas de Derechos Humanos y Políticas Públicas, actualmente becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para realizar estudios de Doctorado en Derechos Fundamentales, en Instituto Bartolomé de las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid.
Este artículo ha sido elaborado como una introducción al debate sobre la formulación del derecho a la comunicación, y desde esa perspectiva ofrece una síntesis del contexto, avances y dificultades que han condicionado su abordaje, desde su origen en el seno de la UNESCO hasta su tratamiento actual en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para luego enunciar una propuesta sobre los pasos que, en el plano conceptual, considero que deberían realizarse con el propósito de avanzar en la compleja tarea de formular jurídicamente este nuevo derecho. Estos pasos, implican básicamente la reconstrucción histórica de la demanda de crear un nuevo derecho humano a la comunicación; la construcción de una fundamentación filosófica que justifique la creación de este derecho; y, la formulación jurídica del nuevo derecho a la comunicación como concreción de la noción de dignidad y de los valores que están en la base de su fundamentación.
Encuentro Latinoamericano sobre Derechos Humanos y Comunicación- Declaración conjunta
El derecho humano a la comunicación 9 Marzo 2010 | Autor: Romel Jurado Vargas es Profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Quito, Ecuador.
Este artículo pretende hacer una síntesis del origen y desarrollo sobre el debate acerca del derecho humano a la comunicación, presentando elementos que contribuyan a contextualizarlo históricamente y a entender los cambios legislativos, sociales y políticos que se están proponiendo y realizando en diferentes países sobre la gestión de la comunicación, la información, sus medios y tecnologías.
Un malestar invisible: derechos humanos y comunicación - Rossana Reguillo La relación entre derechos humanos y comunicación alude a una relación cultural, se trata fundamentalmente del debate entre la inclusión y la exclusión, por lo que se impone un trabajo para el desmontaje crítico de los dispositivos, discursos y mecanismos que naturalizan la exclusión y expropian la posibilidad de la palabra a mujeres, indígenas, jóvenes... Para analizar el modo en que estos son construidos y representados en el espacio público, la autora recurre a tres estrategias: el desmontaje de una expresión popular, la crítica a un pensamiento legitimado y el uso del relato etnográfico.
Llamamiento sobre “Derechos Humanos y Comunicación”.Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social (AIECS), del 21 al 24 de julio de 2009, con el tema “Derechos Humanos y Comunicación”. Universidad Nacional Autónoma de México
Campaña Continental por losDerechos de la Comunicación
2007-08-27
El reto de la formulación del derecho humano a la comunicación
Romel Jurado Vargas
Este artículo ha sido elaborado como una introducción al debate sobre la formulación del derecho a la comunicación, y desde esa perspectiva ofrece una síntesis del contexto, avances y dificultades que han condicionado su abordaje, desde su origen en el seno de la UNESCO hasta su tratamiento actual en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para luego enunciar una propuesta sobre los pasos que, en el plano conceptual, considero que deberían realizarse con el propósito de avanzar en la compleja tarea de formular jurídicamente este nuevo derecho. Estos pasos, implican básicamente la reconstrucción histórica de la demanda de crear un nuevo derecho humano a la comunicación; la construcción de una fundamentación filosófica que justifique la creación de este derecho; y, la formulación jurídica del nuevo derecho a la comunicación como concreción de la noción de dignidad y de los valores que están en la base de su fundamentación.
Origen y contexto de la propuesta
La idea de que era necesario formular un nuevo derecho humano a la comunicación fue esbozada por primera ocasión por Jean D´Arcy, en el seno de la UNESCO, "como un concepto todavía en curso de gestación [enunciado] de una manera esencialmente prospectiva y como una posible dirección de investigación"(1). En ese sentido este autor consideraba que el derecho a la comunicación necesariamente tendría que ser más amplio que los derechos de opinión, expresión e información, que fueron reconocidos en el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948(2), el cual resultaba insuficiente como paraguas normativo para orientar la regulación del fenómeno de la comunicación en un contexto de acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)(3)
así como de una creciente concentración a nivel mundial de los medios masivos de comunicación en empresas transnacionales de la información.
Para 1973, en la Conferencia de Argelia de la UNESCO, los países No Alineados plantearon el Nuevo Orden Internacional de la Información (NOII)(4) "como el correlato en el campo cultural de los alegatos en favor de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI)" , esto es, como un discurso que completaba, en el plano de la información, las demandas de multilateralidad y más equidad promovidas por estos países: Multilateralidad frente a una realidad geopolítica bipolar protagonizada por los Estados Unidos y la Unión Soviética; y, más equidad frente a las relaciones de intercambio desigual que caracterizaban la dinámica establecida entre el Norte, conformado por países industrializados y el Sur, identificado con los países subdesarrollados.
En 1977 las connotaciones polémicas del debate político en torno a la producción y los flujos de información a nivel estatal e internacional en el contexto geopolítico que caracterizaba la Guerra Fría y las relaciones Norte-Sur, así como las fuertes tensiones sobre como configurar los derechos, responsabilidades y atribuciones de los sujetos involucrados en la actividad mediática, desembocó en la creación de La Comisión Internacional Para el Estudio de los Problemas de la Comunicación de la UNESCO(5). Esta Comisión fue presidida por Sean MacBride(6), e integrada por otras notables personalidades del mundo contemporáneo "como el fundador de Le Monde, Hubert Beuce-Mery, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, el portavoz del gobierno soviético Leònidas Zamiatine y el sociólogo canadiense Marshall MacLuhan"(7).
El Informe MacBride
La Comisión presentó en 1980 el informe "Un solo mundo, voces múltiples" conocido también como el Informe MacBride. La amplitud, complejidad, interdependencia de los problemas analizados así como el contexto político e internacional hacían imposible que el resultado fuese un documento académico, en el sentido de contar con un rigor metodológico que permitiese comprender integralmente los temas analizados y justificar las recomendaciones formuladas. Sin embargo su aporte al debate internacional sobre la comunicación fue trascendental en tanto describía y denunciaba los desequilibrios en la producción y circulación de información, argumentaba sobre la necesidad de contar con un derecho a la comunicación y se identificaba con un reordenamiento mundial de la gestión de las comunicaciones basada en el ideal humanista que expresan los Derechos Humanos.
En este marco el Informe abordaba el tratamiento del derecho a la comunicación como una necesidad política, aunque aún sin forma jurídica precisa. En efecto, a manera de recomendaciones, se formularon orientaciones jurídicas para que los Estados regulen las nuevas relaciones provenientes de la actividad comunicacional y sobre todo mediática. En síntesis, según estas recomendaciones, eran necesarias disposiciones para consolidar el ejercicio de los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación (opinión, expresión e información) así como de los demás derechos humanos relacionados con éstos. Pero también se proponía a los Estados intervenir para asegurar el acceso democrático a la información y a los medios de comunicación por parte de los individuos y de los colectivos sociales; evitar la concentración de la propiedad de los medios así como el monopolio de la producción de información; y, asegurar la posibilidad de libre elección de los individuos frente a la amplia gama de información ofertada.(8)
A partir del Informe MacBride, la idea impulsada desde mediados de la década de los 70 por los países No Alineados y promovida, principal aunque no suficientemente, por UNESCO en el seno de Naciones Unidas, sobre la construcción de un Nuevo Orden Mundial de la Comunicación (NOMIC) como parte de un Nuevo Orden Mundial de la Economía, parecía ganar en articulación política y proyección de una determinada visión jurídica. Así, desde mi perspectiva, en el NOMIC, el nuevo derecho a la comunicación aspiraba a ser un instrumento para regular desde una intencionalidad equitativa y democrática, lo siguiente:
• Las relaciones Norte-Sur respecto del acceso, producción y circulación de la información;
• La necesidad de subordinar al poder de los Estados a las empresas mediáticas transnacionales y evitar el monopolio sobre la propiedad de los medios y sobre la generación de información en los ámbitos nacional e internacional;
• Responsabilizar al Estado de asegurar para los sujetos individuales y para los colectivos humanos específicos (analfabetos, indígenas, mujeres, niños) mejores condiciones para el ejercicio de la autodeterminación o autonomía frente al poder mediático y la amplia gama de información ofertada.
Sin embargo, el NOMIC aprobado en la XXI Conferencia General de la UNESCO, celebrada en Belgrado, en 1980, constituyó, literalmente, el nacimiento de un muerto. Efectivamente, en la citada Conferencia "se adoptó por consenso la resolución que sancionaba el Informe. Se trataba sin embargo, de una decisión altamente retórica, ya que no comportaba la adopción de medidas concretas (…) Paradójicamente en la misma Conferencia se aprobó la resolución 4/19, que establecía las bases del NOMIC -cuya inoperatividad se iría confirmando con el paso del tiempo- y la creación de un Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PIDC)"(9).
El encriptamiento del debate
A diferencia de la dinámica democratizadora y de definición de derechos que promovía el NOMIC, el PIDC constituyó básicamente una estrategia de neutralización y sustitución de las demandas de los países del Tercer Mundo; estrategia que se sustentaba en una propuesta desarrollista o modernizadora según la cual "la diseminación del conocimiento y las tecnologías de los países del Norte, así como la extensión de los medios de comunicación de esos países, repercutiría directamente en los países del Sur. Así, la superación de unos umbrales mínimos de acceso a medios de comunicación equivaldría a una garantía de desarrollo general"(10). La similitud de esta estrategia con el actual paradigma que sostiene la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, en tanto órgano de Naciones Unidas, encargado de gestionar el debate y los planes de acción en materia de Internet, es innegable. En síntesis este cambio de paradigma implica dejar de prestar atención a los temas y tensiones sociales, políticas, jurídicas y culturales que son propias de la comunicación globalizada para centrar toda la preocupación de los actores involucrados en el debate sobre las relaciones mercantiles y tecnológicas que implica el acceso masivo a las tecnologías de la información comunicación (TIC) en el contexto de la llamada Sociedad de la Información(11).
En este contexto, y aunque la expectativa de los países del llamado tercer Mundo era que el proceso jurídico, político y social hacia la formulación del derecho a la comunicación, como expresión jurídica del NOMIC, continuase después del informe MacBride, la realidad de la política internacional produjo exactamente lo contrario. En efecto, en diciembre de 1983, durante la presidencia de Ronald Reagan y con la acusación de que la UNESCO se había politizado, los Estados Unidos comunicaron su decisión de retirarse de este organismo "invocando como motivo "tendencias en la política, la orientación ideológica, el presupuesto y la gestión", que "han desviado a la UNESCO de los principios originales enunciados en su acta constitutiva" y que "han servido a los objetivos políticos de algunos Estados Miembros más que a la vocación internacional de la UNESCO"(12)
. En 1985 esta media también fue adoptada por el Reino Unido durante el período de Primera Misnistra Margaret Thatcher así como por Singapur. Según Gonzales, tanto Estados Unidos como el Reino Unido promovieron en la comunidad internacional y en la opinión pública, con apoyo de la prensa occidental, la idea de que el NOMIC constituía un atentado a la libertad de información, le atribuyeron un sesgo estatista y acusaron a las autoridades de la UNESCO de propiciar en los países del Sur la creación de estructuras comunicacionales de inspiración socialista.(13)
Dadas las tensiones que el NOMIC había generado, la UNESCO decide en 1987 adoptar la Nueva Estrategia de la Comunicación, de la cual fue parte el PIDC. En esta estrategia se actualiza la retórica de la libre circulación de la información a nivel global aunque sin dejar de reconocer las distancias entre los países ricos y pobres, por lo que se coloca el énfasis, aunque no muchos recursos financieros, en la profesionalización de los comunicadores sociales y el acceso a la tecnología para los medios de comunicación. Así el debate político, social y económico sobre el que se levantó y proyectó el NOMIC va diluyéndose en una marea de proyectos desarrollistas de asistencia al Sur, en la que la preocupación central entre las organizaciones del Tercer Mundo parece girar en torno a la mejor forma de conseguir y gastar los escasos recursos financieros que sirvieron para implementar dicha estrategia.(14)
Esta fue la tendencia que gobernó la dinámica de las políticas de comunicación en y para el Tercer Mundo desde finales de los años 80 hasta finales de la 90, con la significativa diferencia de que esta ha sido la década de proliferación del uso de la Internet caracterizada por la transformación y transnacionalización de muchos de los agentes productivos y económicos así como por el cambio de los hábitos de consumo, de las fuentes y formas de producir, circular y recibir la información que sustentan y proyectan cada vez con mayor fuerza en la llamada convergencia tecnológica, esto es, en la utilización de equipos multimedia que integran todos los medios de transmisión de la información.(15)
En este contexto, los intereses por enterrar definitivamente los debates generados por el NOMIC parecen multiplicarse y profundizarse, y probablemente, es esta la razón para que la exploración sobre el derecho a la comunicación, como forma de juridificar las relaciones internacionales y nacionales en este campo desde las perspectiva de los derechos humanos, se hayan marginado intencionalmente. En efecto, en el 2001 con la Convocatoria de la ONU a la Cumbre Mundial de la Información (Ginebra 2003-Túnez 2005) cuya organización se encargó a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y no a la UNESCO como hubiese sido razonable, se ha intentado por una parte encriptar el debate sobre el derecho a la comunicación sobre la base de las reflexiones acumuladas en el Informe MacBride y la referencia al NOMIC, para sustituirlo por un debate centrado en la forma de regular las relaciones comerciales y tecnológicas que generarán el uso de las TIC en la globalización del mercado. Así pues, los debates jurídicos que se promovieron oficialmente en esta Cumbre giraron principalmente en torno a los derechos de autor, la privacidad de las comunicaciones y los delitos informáticos, como los pilares sobre los cuales dinamizar las relaciones tecno-comerciales de la Sociedad y la Economía de la Información.
No solo se ha sustituido la discusión sobre el derecho humano a la comunicación por la discusión de la regulación instrumental de corte tecno-comercial acerca del uso de las TIC desde los presupuestos del libre mercado, sino que, en segundo lugar se ha desplazado al conductor institucional del debate sobre la comunicación, como fenómeno social, político y cultural, que constituyó la UNESCO, para sustituirlo por la UIT. Es decir se sacó del seno de un organismo de deliberación política un tema supremamente trascendente para el orden global y se lo colocó en el seno de un organismo "técnico" de menor jerarquía, para disolver las deliberaciones políticas sobre el derecho a la comunicación en las particularidades de los requerimientos tecnológicos y mercantiles para realizar telecomunicaciones, lo cual equivale a sustituir el debate sobre el derecho a la comunicación por el debate sobre el uso y costos de la tecnología para comunicarse.
De este modo no solo el contenido sino también la dinámica misma del debate y los actores que intervinieron en él se han modificado. En efecto, en esta Cumbre Mundial se reconoció como actores participantes a los gobiernos, la familia de Naciones Unidas, el sector privado y la sociedad civil; y se prevé como resultado de la cumbre "la elaboración y promoción de una declaración nítida de voluntad política y un plan de acción concreto para lograr los objetivos de la sociedad de la información, que refleje plenamente todos los distintos intereses en juego.(16)"
Sin embargo tanto la Declaración como el Plan de Acción de la Cumbre Mundial, están condicionados por la forma en que se ha planteado el debate para obtenerlos, esto es, enfatizando las potencialidades de mercado relacionados con los usos de las tecnologías de la información y comunicación en un contexto hegemónico neoliberal, y, por otra parte, invisibilizando y marginando cualquier debate sobre los derechos relacionados con la comunicación o el derecho a la comunicación como un derecho humano. En esa dirección las organizaciones de la Sociedad Civil en su Declaración sobre la Cumbre de la Sociedad de la Información (CMSI) señalaron:
El mandato general de la CMSI era abordar los viejos temas del desarrollo económico y social desde la nueva perspectiva de oportunidades y riesgos planteados por las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Se esperaba que la Cumbre identificara nuevas posibilidades y paradigmas del desarrollo que la sociedad de la información está volviendo posibles, y que formulara distintas opciones de políticas públicas que posibilitarán y materializaran esas oportunidades(…) En términos generales, resulta imposible evitar la conclusión de que la CMSI no cumplió con esas expectativas(17)
Los modestos avances
Aunque las instancias oficiales de Naciones Unidas parecen cancelar o al menos esquivar el debate sobre la formulación del derecho a la comunicación, desde Noviembre de 2001, una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil (18) emprendieron la Campaña CRIS (Communication Rights in the Information Society) "proponiendo el derecho a la comunicación como medio para afianzar los derechos humanos y fortalecer la vida social, económica y cultural de la gente y de las comunidades"(19), con la expectativa de aprovechar la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información para posicionar en ese foro esta demanda ciudadana. Nada se ha podido lograr en esa dirección.
Aunque oficialmente no han existido avances en torno al derecho de la comunicación cabe señalar que, en el ámbito de la sociedad civil, si se han producido algunos en la perspectiva de formular este nuevo derecho. En efecto, en el marco de la Campaña CRIS, en Ginebra, en diciembre de 2003, fue presentada una Declaración de los Derechos a la Comunicación trabajada por el Profesor Cess Hamelink, y en su texto se señala que está "basada en los principios claves de la libertad, la Inclusión, la Diversidad y la Participación"(20). Sin embargo, los propios voceros de la Campaña CRIS han señalado que el alcance de esta Declaración es "recolectar bajo el nombre de "derechos a la comunicación" un número de derechos humanos relacionados con la información y comunicación. Esta declaración trata de recordarnos que se ignoran a la mayoría de estos derechos ya aprobados por varias Convenciones Internacionales"(21).
Con eso mismo alcance, aunque con la intención de incluir entre los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación, el derecho al acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como con la finalidad de ampliar la lectura de estos derechos de cara a su aplicabilidad en la llamada Sociedad de la Información realizamos, conjuntamente con Antonio Pacuali, en junio de 2002, una Propuesta de formulación del Derecho a la Comunicación(22), convencidos de que los derechos humanos tienen una esencia utópica y liberadora ante los desafíos que se presentan históricamente para defender y proteger la dignidad humana, y que proyectan, como ha señalado Oliva, un "anhelo de realización práctica al servicio de la autonomía del hombre" así "la fuerza de los derechos reside en su capacidad crítica, su virtualidad por poner en entredicho, revolucionar y transformar (…) reconociendo la determinación de lo transitivo, se abren, como construcciones humanas, a nuevos contenidos y se sitúan ante la posibilidad del cambio y de su perfección"(23).
El reto pendiente
A pesar de los esfuerzos realizados, todavía está pendiente de ser satisfecha la necesidad y el reto planteado por Jean D´Arcy en 1969, esto es, lograr formular el derecho humano a la comunicación como una síntesis superadora de los derechos tradicionalmente relacionados con ella, que sirva para acotar en clave jurídica la evolución ascendente de las libertades que concretan la dignidad humana en un contexto social en que la tecnología y el comercio globalizado parecen haberle restado relevancia.
Desde mi perspectiva responder a este reto con seriedad supone, desde el plano conceptual, la realización tres pasos:
• Realizar una reconstrucción de la demanda histórica para la formulación del derecho a la comunicación.
• Articular los argumentos históricos (hechos políticos, sociales y económicos) y filosóficos en un discurso que permita fundamentar el derecho a la comunicación en el marco de los relatos modernos de la democracia y el Estado de Derecho.
• Explorar la factibilidad de la formulación del derecho humano a la comunicación desde los presupuestos la Teoría Jurídica de los derechos fundamentales.
Primer paso: La reconstrucción de la demanda histórica.
La reconstrucción de la demanda histórica de la formulación del derecho a la comunicación implica el análisis del enfoque político y conceptual(24) con que se ha tratado a la información, a las tecnologías y a los medios de comunicación(25), pero de forma contextualizada, esto es, examinando quiénes son los actores que han jugado un rol relevante en este tratamiento, cuáles son sus intereses reales y cuales las relaciones de poder que han caracterizado su interacción, así como las circunstancias concretas que determinaron las decisiones asumidas.
Un análisis de este tipo no debería agotarse en el pasado reciente o mediato sobre la pretensión de formular el derecho a la comunicación sino también incluir el presente. Así, su utilidad residiría no solo en recuperar y ordenar los aprendizajes producidos sino en constituirse en un insumo estratégico y habilitador de cualquier intervención desde la sociedad civil -o cualquier otro sector- para incidir en la formulación, primero conceptual y luego jurídica, de este derecho. En efecto, la realización de esta reconstrucción analítica serviría, al menos, para clarificar el contenido y el alcance de las propuestas en juego frente a la formulación del derecho, la fortaleza o la debilidad de los actores que intervienen en los escenarios de debate internacional o regional -incluidas las propias organizaciones de la sociedad civil-, y, para clasificar a tales actores (en función de sus propuestas) como aliados, opositores o indiferentes respecto de la demanda de formular jurídicamente el derecho a la comunicación.
Segundo paso: La fundamentación
Esta ampliamente difundida la creencia de que, si demuestra que un fenómeno social, político, económico o cultural compromete -o pude comprometer- gravemente la dignidad de las personas y no hay un derecho establecido para protegerlas, esto constituye por si mismo causa suficiente para afirmar que se halla justificada la demanda de crear un nuevo derecho humano que procese la conflictividad generada por ese fenómeno o fenómenos sociales.
Sin embargo esta creencia no es del todo correcta. En primer lugar porque no existe una sola concepción de dignidad, sino muchas; las cuales han sido configuradas en un marco histórico e incluso geográfico particular, aún dentro del mundo moderno -para no hablar de culturas distintas a las del mundo occidental- y por lo tanto es necesario acotar argumentativamente lo que debe entenderse por dignidad y lo que ha de constituir una afectación grave de ella; y, en segundo lugar porque hay que ser capaces de argumentar razonablemente acerca de que, entre la noción de dignidad que se maneja y los valores que ella proyecta existe una relación de coherencia respecto del alcance y contenido que se pretende atribuir al nuevo derecho(26).
Con estos elementos fundamentar es un ejercicio intelectual que va mucho más allá del voluntarismo simplista que se expresa en la frase "creemos que es necesario o adecuado", para estructurarse como una argumentación ética, política e histórica capaz de articular coherentemente las razones, los valores y los hechos que hacen plausible la justificación de un nuevo derecho, desde una determinada noción de dignidad. Este ejercicio intelectual, pero de proyección práctica, se hace con el uso del lenguaje de los derechos humanos, que es el lenguaje del poder legítimamente institucionalizado en la comunidad jurídica internacional y en los Estados que se definen a si mismos como de Derecho y/o como democráticos, esto es, como Estados modernos. En esa dirección, considero que el modelo integral de los derechos humanos, planteado por Gregorio Peces- Barba expresa consistentemente esta visión fundamentadora:
El modelo integral de los derechos humanos que rechaza los reduccionismos, supone aceptar una moralidad de la libertad y de la igualdad que se va formando en la historia del mundo moderno, con aportaciones liberales, democráticas y socialistas, que se pueden ordenar en un modelo racional, aunque partiendo de su ineludible dimensión histórica. Supone aceptar que la eficacia social de esas pretensiones morales necesita de su incorporación al Derecho positivo. Supone igualmente, que la relación entre moralidad y Derecho positivo necesita de la mediación de un poder político que asuma esos valores éticos como valores políticos, y los incorpore a su Ordenamiento como valores del Derecho.(27)
Es preciso reconocer que los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación, esto es, los derechos de opinión, expresión, difusión e información, se han considerado derechos esencialmente liberales, y por lo tanto comparten el anclaje de su fundamentación y juridificación en el valor de la libertad, sin mayor referencia al valor de la igualdad. Esto, por si mismo, podría ser causa para dudar de la consistencia de una fundamentación acerca de estos derechos, si aceptamos, como señala Peces-Barba, que los derechos humanos -en general- expresan la moralidad de ambos valores y no solo de uno de ellos. Sin embargo, aceptando que podrían existir derechos cuyo motor de desarrollo solo sea el valor de igualdad y que éste es el caso de los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación, entonces es coherente esperar que tales derechos desarrollen todas las dimensiones de la libertad(28).
La primera dimensión es aquella que se conoce como libertad negativa, en virtud de la cual los derechos humanos se concretan en impedir que se restrinja o viole la libertad de hacer o no hacer lo que los individuos quieren, pero con el límite de lo que manda ley. Es decir que el individuo puede hacer cualquier cosa siempre que no viole la ley. La segunda dimensión es la de la libertad positiva, concretada en los derechos y deberes que los individuos tienen para participar como miembros de una comunidad política y definir (también redefinir) su proyecto social en clave jurídico-política. La tercera dimensión es la que se ha llamado libertad real, la que se identifica con la noción de capacidad, es decir, que el individuo es realmente libre para hacer algo solo si tiene las capacidades, condiciones y recursos que lo habilitan para hacer ese algo.
Ahora bien, si se examinase los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación a luz de las dimensiones que se ha descrito y en el contexto actual de la sociedad globalizada, cabría preguntarse ¿Tales derechos posibilitan realmente que los individuos accedan, produzcan, circulen y elijan la información que quieren? ¿Estos derechos los habilitan y los promueven como sujetos políticos que participan en la construcción del destino de la sociedad a la que pertenecen? ¿Estos derechos permiten a todas las personas contar con los recursos y medios que son indispensables para realizar los dos primeros supuestos?
Los liberales más optimistas se atreverían a decir que se puede contestar afirmativamente la primera pregunta aunque, si son serios, tendrían que señalar ciertos matices sobre el acceso, producción, circulación y elección de la información. Pero nadie podría afirmar que las dos preguntas restantes puedan responderse afirmativamente en un contexto caracterizado por el acelerado desarrollo y convergencia de las tecnologías de la información y comunicación, la descontextualización del discurso público y de la información en general, la creciente transnacionalización y concentración empresarial de los medios masivos de comunicación así como la hegemonía de estas empresas en la producción y circulación de información.
Frente a este planteamiento se podría objetar que la falta de respuesta afirmativa a las dos últimas preguntas está generada por problemas o distorsiones en la aplicación de los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación y no por del discurso fundamentador que subyace a ellos, es decir señalando que el discurso fundamentador sigue siendo consistente pero no logra ser trasladado limpiamente a las relaciones sociales que busca orientar. Sin embargo creo que esta apreciación no es del todo correcta, pues aunque tales problemas y distorsiones efectivamente se producen en la práctica, éstas son avaladas y posibles porque opera un uso segmentado e ideologizado del discurso de la libertad respecto de los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación.
En efecto, mi perspectiva es que los ideólogos neoliberales de la globalización apelan al discurso de la libertad enfocándolo exclusivamente desde las libertades negativas, así los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación son proyectados como una coraza que blinda al individuo pero sobre todo a las empresas de la comunicación frente a cualquier intervención del Estado, aunque éste tenga como propósito racionalizar o gestionar políticamente los flujos de información. Desde esta perspectiva, el gran valor de la libertad sirve de escudo filosófico y político para, por ejemplo, justificar la elección que hacen los "clientes o espectadores" sobre la información que consumen, aunque esta elección privilegie un voraz apetito por la información basura o aquella que desinforma(29); y, así mismo, ofrece cobertura de apariencia filosófica a las empresas de comunicación para generar este tipo de información y ganar poder y dinero con ello. Y esto se hace simple y llanamente porque la información, sus tecnologías y sus medios se han tratado como mercancías que generan ingentes utilidades a quienes las controlan. Así pues la instrumentalización del discurso de la libertad se funcionaliza para defender los intereses del mercado de las comunicaciones, y esto constituye un uso parcial e ideologizado del discurso de la libertad.
Entonces cabe plantearse que, si el problema es que el discurso fundamentador de los derechos relacionados con la comunicación ha sido solo parcial e interesadamente reivindicado, lo que se debería hacer, en este plano, es tomar todas las dimensiones del valor de la libertad y proyectarlas sobre estos derechos. En efecto, desde mi perspectiva esta podría ser la vía que el ejercicio intelectual de la fundamentación adopte y que tendría como consecuencia la resignificación de estos derechos, es decir la completación de su sentido filosófico y político pero también la reformulación de su alcance y contenido en el plano jurídico positivo. Este resultado es el que llamaré: el nuevo derecho humano a la comunicación o los nuevos derechos humanos de la comunicación.
Ahora bien, esta vía presenta el problema de la ausencia del valor de la igualdad en el discurso fundamentador y por lo tanto en la configuración jurídica de los derechos que resultan de tal discurso; y, frente a este cuestionamiento la respuesta que considero viable es, sostener que no es relevante considerar el valor de la igualdad si se logra articular y proyectar todas las dimensiones de la libertad en la fundamentación filosófico-jurídica de estos nuevos derechos(30), pues éstas incluyen las dimensiones igualitarias que son posibles en un sistema políticamente liberal y económicamente capitalista, con los diferentes matices que dentro de tal sistema se puedan producir respecto de las prestaciones y leyes sociales que el Estado ponga a disposición de sus asociados(31). O dicho de otra manera, tanto la igualdad formal, entendida como igualdad ante la ley, así como la igualdad material, entendida como igualdad de oportunidades para el acceso de todas las personas a un mínimo de condiciones que les permitan ejercer sus derechos, están incluidas ya en el discurso integral de la libertad, esto es, en las tres dimensiones que lo conforman.
Bastante diferente y mas complejo sería el problema del discurso fundamentador si se tiene en cuenta los planteamientos formulados por Ricardo García Manrique al evidenciar, lo que considera un dilema todavía no resuelto -mientras hace una lectura crítica de la Constitución Francesa de 1948- y que consisten, desde mi interpretación, en que hay dos formas inconciliables de comprender los derechos humanos y proyectar los valores que articulan su fundamentación, para constituir la organización jurídico-política de una sociedad. La primera opción es entenderlos como la concreción de unos criterios mínimos de legitimidad política que en clave jurídica garantizarían un mínimo de condiciones para que los sujetos intenten realizar su plan de vida, admitiendo por tanto que unos tendrán mayor o menor éxito e incluso que algunos fracasarán completamente en esta tarea, por lo que las desigualdades del capitalismo serían compatibles con estos derechos y valores, y consecuentemente, la propiedad privada lo sería también. Y, la segunda opción es comprender a estos derechos como criterios máximos de la organización jurídico-política de la sociedad, en cuyo caso su propósito supremo es lograr el pleno disfrute de todos los derechos para todos los integrantes del corpus social, lo cual implicaría la supresión de la propiedad privada y de la herencia por ser generadoras de desigualdades sustanciales entre las personas y causa de que algunas no puedan disfrutar plenamente de tales derechos. Creo no equivocarme al afirmar, que es en esta dirección lo que García Manrique anota:
El dilema del 48, y nuestro dilema, no atañe sólo a la inclusión de un derecho del catálogo, sino que va mucho más allá: de lo que se trata es saber que son los derechos humanos, o qué función cumplen, porque solo respondiendo a estas preguntas estaremos en condiciones de elegir correctamente, dad que bien pudiera ser que los constituyentes franceses de 1848 de hubiesen equivocado y hubiesen optado por una concepción de los derechos (y de las relaciones económicas) incompatible con el sentido último de esos derechos, es decir, no ya con los derechos en sí, sino con su raíz, que tiene que ser una determinada concepción de la relación política. En breve, se trata de saber si los derechos humanos son un mínimo o un máximo, esto es, si cumplen la función de garantizar una mínima legitimidad política o si funcionan como criterio máximo de la misma. Siendo el caso lo primero, entonces, en principio, podríamos admitir una concepción liberal de los mismos, compatible con la propiedad privada y la desigualdad capitalista, es decir, la opción de la constitución de 1848; pero entonces seguiría teniendo valor la célebre crítica que dirigió Marx a los derechos de la primera revolución francesa: no eran los derechos del hombre, sino los derechos del burgués, porque a este favorecían, única o en todo caso principalmente. En cambio, si los derechos humanos son, por decirlo con una expresión reciente, "condición necesaria y suficiente para justificar la existencia, el origen y el contenido de un sistema jurídico", esto es, si son un criterio máximo de legitimidad política, entonces los constituyentes franceses se equivocaron, porque una concepción liberal de los derechos, compatible con la propiedad y con la herencia, no les permite cumplir con esa función.(32)
Desde mi perspectiva la toma de posición sobre el dilema entre máximos y mínimos, tiene la ventaja de acotar el territorio de deliberación y clarificar las posiciones de los actores interesados en el debate sobre la fundamentación del derecho a la comunicación, evitando argumentaciones inconexas y hasta contradictorias, sobre todo, respecto de la propiedad de los medios de comunicación, el conocimiento y la información.
Tercer paso: La formulación jurídica
Hay muchos aspectos que deben ser problematizados y definidos técnica y políticamente antes de que sea posible pasar del discurso del derecho a la comunicación a la configuración del Derecho a la comunicación. La diferencia reside en que, cuando se emplea el término derecho (con minúscula) todavía el debate se sitúa en el ámbito de las pretensiones morales justificadas que aspiran a ser normas jurídicas, con la mediación política que ello implicaría; mientras que, cuando se habla de Derecho (con mayúscula), se alude al territorio de las normas jurídicas que vinculan y que obligan, se alude al Ordenamiento Jurídico que opera en una determinada sociedad o en la comunidad internacional.
Sin embargo, eso no significa que se deba esperar pasivamente a que los órganos con autoridad y competencia dentro del Estado o la Comunidad Internacional definan (si es que lo hacen) cual será el contenido del Derecho a la comunicación, ya que la posibilidad de que los intereses, expectativas y enfoques de cualquier actor interesado, se coloquen en esta definición, solo puede ser evaluada si se tiene un parámetro de medida, esto es, una propuesta inicial sobre el contenido y alcance de tal Derecho.
Desde esta perspectiva la formulación del Derecho a la comunicación implica, en primera instancia articular esa propuesta inicial sobre su alcance y contenido jurídico, que recoja los intereses de quien la formula; y, en segundo lugar, la articulación de una estrategia de incidencia dirigida a los órganos con autoridad y competencia -del Estado o de la Comunidad Internacional- para incorporarlo al Ordenamiento Jurídico, de la forma más fiel posible respecto de la propuesta planteada inicialmente.
En este espacio trataré solamente la primera parte de este proceso; y en esa línea cabría preguntarse ¿si todos los intereses pueden legítimamente articularse en una propuesta de Derecho a la comunicación, como derecho fundamental? Y creo que la respuesta es no. En mi opinión, solamente podrán legitimarse aquellos intereses que demuestren, que la formulación que ofrecen es el resultado de proyectar, en formato jurídico, una determinada noción de dignidad humana (y de sus valores), que sea compatible con el ethos del discurso moderno de los derechos humanos, o como señala Peces-Barba, con la ética pública ilustrada de la modernidad(33). Es por esto que la fundamentación juega un rol tan trascendente respecto de la formulación de un derecho humano, porque establece un nexo de legitimación y reconocimiento con ese universo de pretensiones morales que han adquirido forma jurídica, al que se denomina Derechos Fundamentales, y que por lo general, ocupa la mayor jerarquía jurídica en el Ordenamiento, o al que se denomina Derecho Internacional de los derechos humanos, en el ámbito internacional.
Ahora bien, suponiendo que se cuenta con una fundamentación del derecho a la comunicación que permite legítimamente proyectar su formulación jurídica, entonces es momento de enfrentarse al problema de su redacción como norma jurídica. Este no es un asunto de fácil abordaje, porque hay que definir dónde y cómo se debe realizar la positivación del derecho a la comunicación.
Si se sigue la senda señalada en el Informe MacBride, parece ser que el lugar más propicio para insertar el nuevo derecho humano a la comunicación es el de los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos; los cuales pueden ser clasificados, por lo efectos que producen, básicamente en declaraciones y pactos.
Una Declaración del Derecho a la Comunicación, tendría la ventaja de colocar una primera formulación jurídica de este derecho en la comunidad internacional aunque lo haría sin carácter vinculante, esto es, sin generar ninguna obligación legal a quienes la suscriban. En esto reside la fuerza y la debilidad de las declaraciones internacionales de derechos, por una parte son menos difíciles de conseguir debido a que quienes la suscriben pueden hacerlo por una verdadera sintonía política con su contenido o porque hacerlo coincide con el discurso moderno "políticamente correcto", sin que ello implique un coste inmediato de cualquier tipo; y, por otra parte la incapacidad para vincular jurídicamente a los Estados o a otros sujetos del Derecho Internacional, puede convertir a esta declaración en mera retórica, en un acto donde la voluntad política se agota en la enunciación, en un acto que no canaliza la acción para el ejercicio del derecho declarado y que incluso puede instrumentalizarse para intentar inmovilizar a los actores críticos interesados en este tema.
Con estas consideraciones, un Pacto Internacional del Derecho Humano de la Comunicación, parece ofrecer las mayores ventajas formales para la positivación de este derecho, pues implica que los Estados que lo suscriben aceptan la responsabilidad jurídica y política de extender las obligaciones generales en materia de derechos humanos(34) al campo de las comunicaciones y reconocer en este territorio una serie de derechos de los individuos e incluso de ciertas colectividades. Además, los pactos internacionales en derechos humanos se incorporan al Derecho interno de los Estados, generalmente, por efecto del acto de ratificación; y, tal incorporación se hace dotando al Pacto Internacional de una jerarquía, al menos, equivalente a la que tiene la ley en el Ordenamiento Jurídico interno, aunque hay Estados que reconocen incluso rango supraconstitucional a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.
El problema con un instrumento internacional de estas caracterírsticas es que, en el contexto de la globalización económica, resulta muy difícil de viablizar su suscripción, no solo por los innegables vínculos de los actores políticos nacionales e internacionales con las empresas transnacionales de tecnologías y medios de comunicación, o por la oposición que estas empresas puedan hacer a la suscripción de un Pacto de este tipo desde la escena mediática, sino también, porque supondría para los Estados reconocer la responsabilidad de intervenir en este campo, no solo desde la perspectiva regulatoria, sino también en la generación de condiciones económicas, materiales y culturales que hagan accesibles los bienes y servicios que el nuevo Derecho a la comunicación conlleva, y esto a su vez supone, disponer de recursos suficientes para asumir ese rol.
Otro abordaje, sugerido por algunas organizaciones sociales y no gubernamentales interesadas en este tema, es insertar el nuevo derecho humano a la comunicación en el catálogo de los derechos fundamentales que se reconocen en la Constitución de cada Estado. Esta propuesta no resulta menos compleja, no solo porque a nivel interno operan las mismas restricciones que hemos señalado para suscripción de un pacto internacional, sino también porque supondría procesos de positivación diferentes en la medida en que se enfrentan a los condicionamientos y reglas específicas que operan en cada Estado para la creación del Derecho, y porque difuminaría los esfuerzos por una formulación integral del derecho a la comunicación como una construcción jurídica homogénea en su alcance y contenido.
Sin embargo de lo anotado, la tendencia respecto del espacio en que resulta más conveniente plantear la formulación del derecho a la comunicación parece orientarse con una estrategia singular, que consistiría en promover el debate interno sobre la necesidad, pertinencia y factibilidad de este derecho, al tiempo que se aprovecha espacios mundiales y regionales de encuentro de organizaciones de la sociedad civil para ensayar propuesta de declaraciones sobre el contenido del derecho a la comunicación, como es el caso del Foro Social Mundial y los Foros Regionales, con la expectativa de que tanto la demanda social canalizada por estas organizaciones como sus propuestas sean receptadas por los organismos internacionales, como la UNESCO y la UIT, así como por los parlamentos de cada Estado.
Respecto de la segunda cuestión relevante en la formulación del derecho a la comunicación, esto es, sobre cómo se debe realizar su positivación, también hay ciertas cuestiones que atender, ya que la experiencia sobre todo en los países en vías de desarrollo ha mostrado que, cuando los enunciados de los derechos humanos que se establecen en instrumentos internacionales o los contenidos de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, son formulados de forma general, vaga y no condicional, es decir como normas jurídicas con forma de principios, su aplicación puede resultar mermada ya por la mediación política que pone énfasis en unos contenidos y no en otros, o ya por que ciertos casos la interpretación de esos principios, en el ámbito judicial, parece disminuir su alcance e incluso contradecir el sentido mismo de su creación.
Por esa razón, la formulación de los derechos humanos o de los derechos fundamentales parece requerir de un desarrollo jurídico que incluya normas jurídicas con forma de reglas, esto es, con normas jurídicas que amplíen la certeza de los ciudadanos -en la medida que esto sea posible(35) - respecto del alcance, contenido, titulares del derecho, así como el contenido y los responsables de las obligaciones que son su correlato, y también las consecuencias jurídicas de la desobediencia a la norma, pero sobre todo, de los mecanismos para su exigibilidad jurídica.
Expresado en otros términos, lo que se plantea es que, una formulación declarativa del Derecho a la comunicación a través de normas con forma de principio, aunque sería un gran avance, no sería suficiente para lograr su aplicabilidad jurídica con el sentido de la pretensión ética que informa, orienta y fundamenta el derecho a la comunicación(36), sí simultáneamente no se proyecta este Derecho en la formulación de normas jurídicas con forma de regla, que se esfuercen por trasladar lo más limpiamente posible ese sentido de la pretensión ética a las reglas aplicables a los casos concretos y establecer mecanismos para hacerlos jurídicamente exigibles por cualquier persona.
Ahora bien, cuando se señala la fundamentalidad de las normas con forma de principio -ya sea que contengan derechos fundamentales o los principios de organización del Estado- se está planteando en el fondo que su transformación o sustitución implican la modificación del resto del Ordenamiento Jurídico(37), y en ese sentido cabe plantearse ¿en qué medida la introducción de un nuevo Derecho a la comunicación, redactado como normas con forma de principios, modificará o deberá modificar el resto del Ordenamiento Jurídico?
Creo que la contestación a esta pregunta puede ser articulada partiendo del siguiente presupuesto: es indispensable explicitar, no solo la posibilidad, sino la voluntad de que la introducción de un nuevo Derecho a la comunicación modifique las secciones del Ordenamiento Jurídico que guardan una relación relevante con él; es más, creo que es preciso diseñar detalladamente en que consistirán esas modificaciones en las leyes y otros instrumentos con fuerza jurídica vinculante. Esto, como ya se ha dicho, implica desarrollar el Derecho a la comunicación a través de normas con forma de reglas.
La última afirmación abre un complejo abanico de problemas respecto de la formulación del Derecho a la comunicación, entre los cuáles me parece indispensable, en este trabajo, explicitar dos: el del contenido del derecho y el de sus mecanismos de protección.
Respecto del contenido del derecho, que incluye al objeto(s) de la regulación, vale hacer propias las palabras de Oliva, quien al estudiar los derechos de los pueblos indígenas señala: "Soy conciente de que trabajo desde una perspectiva poco desarrollada, y sobre un objeto de estudio no consolidado, dinámico, plural, cambiante, complejo y no claramente estructurado"(38). En efecto, tal como ha surgido la demanda social del derecho a la comunicación, parece ser que su objeto y contenido quieren abarcar a: la resignificación de las libertades tradicionalmente relacionadas con la comunicación, a la información y la conocimiento en sí mismos, al acceso y usos de las tecnologías de la comunicación, a papel los medios de comunicación como espacio privilegiado de la esfera de deliberación pública, a las relaciones económicas que generan las empresas de comunicación y al papel que le corresponde jugar al Estado.
Como es evidente, articular en clave jurídica el contenido de un derecho con un objeto tan amplio resulta una tarea difícil de realizar, no solo por razones o restricciones técnico-jurídicas, que en última instancia pueden ser vencibles, sino y sobre todo, porque suponen tensiones ideológicas, políticas y económicas que, aunque ya estaban en el origen de la propuesta de Jean D´Arcy, se han amplificado, profundizado y diversificado, desde que la sociedad y la economía contemporánea se han identificado como sociedad y economía del conocimiento y la información, es decir desde que se ha establecido la noción de que el conocimiento y la información son sus notas esenciales, el motor que las dinamiza y las significa.
El otro problema que no quiero dejar de mencionar es el de los mecanismos de protección que, desde mi perspectiva, son supremamente importantes en relación a la aplicabilidad del Derecho y parte constitutiva de su formulación, porque, por una parte, son la medida del compromiso de los poderes públicos respecto la protección y garantía que efectivamente están dispuestos a otorgar a favor de determinados derechos en el marco del Orden Jurídico operante, y por otra, son el parámetro formal que cada individuo tiene para estimar sus expectativas sobre la aplicabilidad de los derechos que tiene en dicho Orden Jurídico; considero que ese es su alcance y su función, pero para Luis Prieto Sanchís, seguido por Xavier Ansuátegui(39), la presencia o ausencia de estos mecanismos puede actuar incluso como criterio para definir la mayor o menor fundamentalidad de un derecho, subrayando así su carácter constitutivo en la formulación del derecho.
Así, la relevancia de estos mecanismos no debe ser subestimada, pues la experiencia de lo sucedido con el tratamiento jurídico de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales y sus equivalentes en los ordenamientos jurídicos internos, nos ha demostrado que, a pesar de su consistencia jurídica y teórica, son regateados, degradados y descartados como derechos fundamentales desde la práctica sostenida por las agencias políticas y judiciales del propio Estado que los reconoce, pero que no garantiza con mecanismos efectivos de protección(40).
Finalmente y para subrayar la vinculación que debe tener todo debate teórico con la práctica, creo pertinente advertir que de poco servirán los esfuerzos de los comunicadores juristas, filósofos, antropólogos y otros científicos, si no existe una base social organizada que pueda movilizarse con inteligencia y creatividad para gestionar políticamente la inclusión de este derecho en el catálogo de los derechos humanos ya sea en el ámbito de los pactos internacionales o en el ámbito del Orden Jurídico interno del Estado.
A Modo de conclusiones
En este espacio se plantea puntualizar, desde una aproximación más bien metodológica, las ideas principales que fueron expresadas o insinuadas en el texto:
a) El problema de la realidad que nos interesa consiste en que, en el contexto de la globalización, el acceso y uso de las TIC así como el papel que han adoptado los medios de comunicación profundizan las brechas sociales, económicas y políticas entre los Estados y las personas así como la contracción de sus capacidades deliberativa y de autodeterminación.
Dicho de otra manera, la promesa de potenciar la libertad de las personas y los pueblos así como de servir de factor para su desarrollo, que constituye la justificación política, económica y social de las TIC y los medios de comunicación, ha sido, en buena medida, traicionada por una globalización que antepone los intereses particulares de los actores de mercado a los intereses de los Estados y de sus ciudadanos.
b) Aunque el problema es multicausal y complejo, parece que una de las causas de mayor relevancia es el enfoque tecnológico-mercantil con que se gestiona a las TIC y los medios de comunicación, no solo desde el ámbitos empresarial, sino, y sobre todo desde el ámbito del papel que desempeña el Estado.
Así, el énfasis en la producción del Derecho en temas relacionados a la comunicación se ha puesto en privilegiar la dimensión más básica de la libertad, esto es libertad negativa, y con base en ella se ha promovido la idea de que los debates jurídicos relevantes giran alrededor de las formas más eficaces de regular las relaciones comerciales y tecnológicas que generarán el uso de las TIC y de los medios de comunicación en la globalización del mercado, ejemplo de ello serían la creciente importancia que se otorgan a temas como la privatización de las telecomunicaciones, la protección de la propiedad intelectual, la privacidad de las comunicaciones y los delitos informáticos.
c) Frente al problema y a su causa más relevante desde el ámbito del Estado, algunos sectores ciudadanos, gestores públicos y miembros de organismos internacionales se plantean la posibilidad de formular un nuevo derecho humano a la comunicación, como un marco jurídico de máxima jerarquía que permita gestionar las tensiones políticas y económicas que operan entre lo que prometía ser para el bienestar de la humanidad el desarrollo de las TIC y de los medios de comunicación, y lo que ha resultado ser en el marco de la actual globalización.
d) Frente al planteamiento anterior, considero que la respuesta que se puede ofrecer desde el campo teórico es explorar la historia reciente de esta pretensión así como la posibilidad de fundamentar y formular este nuevo derecho. Este sería el objetivo de una primera investigación sobre el derecho a la comunicación, y que a la vez, expresa las fases o pasos de la investigación:
• Reconstrucción histórica de la demanda del derecho a la comunicación
• Fundamentación filosófica del derecho a la comunicación
• Formulación jurídica del derecho a la comunicación
e) El marco teórico que sirve para trabajar esta exploración conceptual esta definido y condicionado por una idea central, que consiste en que sea cual fuere la formulación que adopte un nuevo derecho humano sobre la comunicación, a dicha formulación debe subyacer un conjunto de valores y una noción de dignidad que sean consistentes con el ethos de la modernidad, esto es, con su ética pública ilustrada. Si esta condición no se cumple, el resultado de la formulación jurídica podrá reputarse como Derecho (mercantil, civil, financiero, etc.), pero no como Derecho de los derechos humanos o de los derechos fundamentales.
f) A pesar de la aparente consistencia de la pretensión moral y política de formular un nuevo derecho a la comunicación, acotar el contenido de este derecho resulta supremamente complejo porque el objeto sobre el cual debería actuar no está claramente estructurado ni de limitado, y a primera vista podría abarcar: la resignificación de las libertades tradicionalmente relacionadas con la comunicación, a la información y la conocimiento en sí mismos, al acceso y usos de las tecnologías de la comunicación, a papel los medios de comunicación como espacio privilegiado de la esfera de deliberación pública, a las relaciones económicas que generan las empresas de comunicación y al papel que le corresponde jugar al Estado.
Notas
1. D´ARCY Jean, El derecho a comunicar, UNESCO, Serie de Estudios y Documentos de Información, Documento Nº 36, p.1
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii), del 10 de diciembre de 1948 "Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
3. "La base de esta revolución [tecnológica] está formada por tres ámbitos tecnológicos estrechamente vinculados, como son la microelectrónica, la informática (software y hardware) y las telecomunicaciones. Los tres experimentan avances formidables desde los años cincuenta y sesenta, pero durante los años setenta la innovación en cualquiera de ellos se transmite y aplica a los otros dos, de tal forma que, en muy poco tiempo, los cambios tecnológicos y económicos adquieren un ritmo vertiginoso." IBAÑEZ Josep, "Globalización e Internet: poder y gobernanza en la sociedad de la información", en Revista Académica de Relaciones Internacionales, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, Nº 4, febrero de 2006.
4. GONZÁLEZ Gustavo, "Del "Estado comunicador" a la ciudadanía comunicacional", en http://www.encuentroconosur.uchile.cl/ponencias/1/1b_gustavogonzalez.html, consultado 17.03.06
5. "De la XIX Conferencia general de la UNESCO, celebrada en Nairobi en 1976, emanó el mandato de crear una comisión de expertos cuya misión sería el estudio de los problemas de la comunicación. El encargo fue realizado al entonces director general, el senegalés Amadou Mathar M´Bow. La Comisión Internacional Para el Estudio de los Problemas de la Comunicación fue constituida en 1977, bajo la presidencia del Irlandés Sean MacBride". MORAGAS Miguel, DIEZ Mercé y otros, "EL Informe MacBride, 25 años después. Contexto y contenido de un debate inacabado" en Cuaderns del Consell de L´Audiovisual de Catalunya, Nº 21 enero-abril de 2005, p.7.
6. Sean MacBride, era un figura muy prestigiosa de la época entre otras cosas fue cofundador y presidente de Amnistía Internacional, y recibió los premios Nobel y Lenin de la Paz.
7. MACBRIDE Sean, "Entre la exaltación y la Inquietud. El testimonio del presidente de la Comisión Internacional Para el estudio de los Problemas de la Comunicación" en Cuaderns del Consell de L´Audiovisual de Catalunya, Nº 21 enero-abril de 2005, p. 141.
8. "Muchas voces, un mundo". Informe de la Comisión McBride. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1980.
9. MORAGAS Miguel, DIEZ Mercé y otros, "EL Informe MacBride, 25 años después. Contexto y contenido de un debate inacabado" en Cuaderns del Consell de L´Audiovisual de Catalunya, Nº 21 enero-abril de 2005, p.8.
10. MORAGAS Miguel, DIEZ Mercé y otros, "EL Informe MacBride, 25 años después. Contexto y contenido de un debate inacabado" en Cuaderns del Consell de L´Audiovisual de Catalunya, Nº 21 enero-abril de 2005, p.6.
11. Ver AMBROSI Alain, PIMIENTA Daniel y PEUGOET Valérie, Palabras en Juego. Enfoques Culturales sobre la Sociedad de la Información, C & F éditions, Caen, 2005. p. 4-7.
12. QUESADA Lisbet, "Los Estados Unidos y La UNESCO: Apuntes Sobre Una Confrontación", en el Boletín del Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García" del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, No. 8 enero-febrero 2005.
13. Ver GONZÁLEZ Gustavo, "Del "Estado comunicador" a la ciudadanía comunicacional", en http://www.encuentroconosur.uchile.cl/ponencias/1/1b_gustavogonzalez.html, consultado 17.03.06.
14. "[Con la Nueva Estrategia de Comunicación de la UNESCO] Se apuesta, por tanto, por la doctrina del free flow combinada con medidas de ayuda al desarrollo, eludiendo cualquier referencia crítica a los fenómenos que explican los desequilibrios de la comunicación internacional" FERNANDEZ Isabel, "Las políticas de comunicación de la UNESCO en 2005 ¿Qué queda del espíritu MacBride?", en Cuaderns del Consell de L´Audiovisual de Catalunya, Nº 21 enero-abril de 2005, p. 113.
15. Ver IBAÑEZ Josep, "Globalización e Internet: poder y gobernanza en la sociedad de la información", en Revista Académica de Relaciones Internacionales, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, Nº 4, febrero de 2006.
16. Cumbre Mundial de la Información, en http://www.itu/wisis/
17. Declaración de la Sociedad Civil sobre la CMSI, en http//www.worldsummit2003.de/download_en/WISIS-CS-summit-estatement-rev1-23-12-2005-en.pdf
18. Esta coalición esta formada por un gran número de las organizaciones internacionales de la sociedad civil de mayor reconocimiento internacional en materia de comunicación social: ALAI, ALER, APC, AMARC, CAMECO, CCNS, EED International, ECCR, FEMNET, GlobalCN, IWTC, IPS, MediaChannel, PANOS London, Les Penelopes, People.s Communication Charter, RITS, VECAM, WACC.
19. Campaña Derechos a la Comunicación en la Sociedad de la Información (Communication Rights in the Information Society), en http://ww.comminit.com/la/descripciones/lapdsglobal/descripciones-1148.html, consultado 11.04.2006
20. Declaración de los Derechos de la comunicación, en http://comonucationsrigths.org/stament_es.html, consultado el 06.03.2006.
21. Declaración de los Derechos de la comunicación, en http://comonucationsrigths.org/stament_es.html, consultado el 06.03.2006.
22. PAQUALI Antonio y JURADO Romel, Propuesta de formulación del Derecho a la Comunicación, en http://www.movimientos.org/foro_comunicacion/show_text.php3?key=1019
23. OLIVA, D., La Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas: Fundamento, Contextos de Creación y Reconocimiento Normativo en el Derecho Internacional, Tesis Doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2004, p. 38.
24. "El enfoque político y conceptual actúa como una lente con la que miramos la realidad, comprenderla de una determinada manera y proyectar sobre ella soluciones desde nuestros intereses y principios de actuación" JURADO Romel, Manual práctico para telecentros comunitarios sobre políticas públicas y regulaciones en materia de TIC, Chasquinet, Quito, 2004, p. 17.
25. Para establecer la característica principal tanto de las tecnologías como de los medios y por tanto su diferencia, es de gran valor didáctico el siguiente texto de Postman: "Podríamos decir que una tecnología es a un medio lo que el cerebro es a la mente. Al igual que el cerebro, una tecnología es un aparato físico. Al igual que la mente, un medio es la utilización que se hace de un aparato físico. Una tecnología se convierten un medio cuando emplea un código simbólico particular, cuando descubre su lugar en un ámbito social específico, cuando se insinúa en contextos económicos y políticos. En otras palabras, la tecnología es solo una máquina. Un medio es el entorno social e intelectual que una máquina crea". POSTMAN Neil, Divertirse hasta morir, El discurso público en la era del "show bussines", Barcelona, 2001, p.88.
26. Los procesos de positivación, interpretación y garantía de los derechos fundamentales, a través de los cuales se concreta su vigencia y protección, no pueden excluir las relaciones e influencia que los conecta a una o varias de las posiciones que se plantean respecto de su fundamento y concepto. Ver en este sentido ASÍS Rafael de, Sobre el concepto y el fundamento de los Derechos: una aproximación dualista. Dykinson, Madrid, 2001. p. 47-87. También BARRANCO María, "El concepto de derechos humanos", en AA.VV, El Derecho contemporáneo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, 2004.
27. PECES-BARBA Gregorio y otros, Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Universidad Carlos III de Madrid, B.O.E., Madrid, 1995, p. 57.
28. Ver BERLIN I, Cuatro ensayos sobre la libertad, Traducción de Julio Bayón, Alianza Editorial, Madrid, 1998. También PECES-BARBA Gregorio y otros, Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Universidad Carlos III de Madrid, B.O.E., Madrid, 1995, p. 215 - 228. También ASÍS Rafael de, Sobre el concepto y el fundamento de los Derechos: una aproximación dualista. Dykinson, Madrid, 2001. p. 56, 57 y ss.
29. "La televisión está alterando el significado de la expresión "estar informado", al crear un tipo de información que para ser más exactos habría que calificar de desinformación (...) La desinformación no significa información falsa, sino engañosa, equivocada, irrelevante, fragmentada o superficial; la información que crea la ilusión de que sabemos algo, pero de hecho nos aparta del conocimiento. Al decir esto no quiero insinuar que los noticieros de televisión pretendan deliberadamente privar a los estadounidenses de una comprensión coherente y contextual de su mundo. Lo que quiero decir es que cuando las noticias son presentadas como entretenimiento, ese es el resultado inevitable. Y al afirmar que los noticieros de televisión entretienen pero no informan, estoy diciendo algo mucho más serio, que estamos siendo privados de una información auténctica y perdiendo el sentido de lo que significa estar bien informado. La ignorancia es siempre corregible, pero ¿qué pasaría con nosotros si llegamos a aceptar que la ignorancia es conocimiento?". POSTMAN Neil, Divertirse hasta morir, El discurso público en la era del "show bussines", Barcelona, 2001, p.111.
30. En este sentido Fiss, a analizar el papel del Estado en Estados Unidos sobre el alcance de la libertad de expresión en situaciones límite, ha señalado "No podemos evitar el problema planteado por la regulación estatal de las expresiones de odio, de la pornografía y de la financiación de campañas electorales expulsando de la ecuación el elemento expresivo, y, por otra parte, no tenemos una manera fundamentada de resolver el conflicto entre igualdad y libertad. En consecuencia, los liberales se hallan divididos, casi en guerra, unos dando preferencia a la libertad, y otros a la igualdad, Quizás tengamos que vivir este lamentable estado de cosas, pero talvez pueda haber otra manera de articular el problema que vaya más allá de esta batalla entre valores trascendentales. Quizás sea posible ver las regulaciones en cuestión como medidas que promueven la libertad de expresión, en lugar de restringirla.
Esta manera de entender lo que el Estado [como gestor político de los derechos] está tratando de conseguir transformaría lo que a primera a vista era un conflicto entre libertad e igualdad, en un conflicto entre libertad y libertad. Esta formulación no haría desaparecer todos los conflictos existentes, pero colocaría estas elecciones dentro de una matriz común. Haría de la controversia sobre tales regulaciones, no tanto una batalla sobre valores últimos, una indagación estéril acerca de si es la Décimo Cuarta Enmienda o es la primera la que tiene preeminencia, cuanto un desacuerdo entre personas de fuertes convicciones que tratan de alcanzar un objetivo común: la libertad de expresión". FISS Owen, La ironía de la libertad de expresión, Traducción de Víctor Ferres y Jorge Malem, Gedisa, Barcelona, 1999, p. 27.
31. "Los debates del pasado asumían como premisa que el Estado era un enemigo natural de la libertad. Era el Estado el que estaba tratando de silenciar al individuo, y era el estado a quien había que poner límites. Hay una gran dosis de sabiduría en esta concepción, pero se trata de una verdad a medias. Ciertamente el Estado puede ser opresor, pero también puede constituir una fuente de libertad (… ) Este punto de vista -inquietante para algunos- descansa en una serie de premisas. Una de ellas se refiere al impacto que las concentraciones privadas de poder tienen sobre nuestra libertad; a veces se necesita al Estado para contrarrestar estas fuerzas (…) En algunos casos los órganos del Estado tratarán de asfixiar el debate libre y abierto, y la Primera Enmienda constituye entonces el mecanismo, de éxito ya acreditado, que frena o evita los abusos del poder estatal. En otros casos sin embargo, el estado puede verse obligado a actuar para promover el debate público: cuando poderes de carácter no estatal ahogan la expresión de opiniones. Habrá que asignar recursos públicos -repartir megáfonos- a aquellos cuyas voces de otra forma no serían oídas en la plaza pública". FISS Owen, La ironía de la libertad de expresión, Traducción de Víctor Ferres y Jorge Malem, Gedisa, Barcelona, 1999, p.12 y 14.
32. GARCIA MANRIQUE Ricardo, "La Constitución Francesa de 1848", Universidad de Barcelona, Barcelona, 2006.
33. "Lo universal es la moralidad básica de estos derechos, más que los derechos mismos, al menos en esta consideración a priori. No se puede dudar que la construcción teórica de este gran edificio de la cultura que es la ética pública ilustrada, de la modernidad, tiene una vocación de universalidad que se fundamenta en los valores básicos que defiende y que arrancan de la idea de dignidad humana." PECES-BARBA Gregorio y otros, Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Universidad Carlos III de Madrid, B.O.E., Madrid, 1995, p. 312.
34. Nos referimos a las obligaciones generales de respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos que los Estados tienen, independientemente de cual sea el derecho específico que se trate; al respecto ver Derecho a la Reparación en el Procesamiento Penal, INREDH-CEPAM, Quito, 2000, p. 113-116.
35. Ver CIANCARDIO Juan, "Principios y reglas: una aproximación desde los criterios de distinción" en Boletín Mexicano de Derecho Comparado Nueva Serie, año XXXVI, número 108, septiembre-diciembre de 2003, p. 891-906.
36. Sin embargo, desde otro punto de vista, la formulación de los derechos fundamentales como normas jurídicas con forma de principio permitiría el desarrollo permanente del Derecho, en el sentido de que habilitaría a los operadores jurídicos actualizar su alcance con arreglo a las circunstancias siempre cambiantes de la realidad social, evitando así la petrificación o el congelamiento del Derecho.
37. "Se puede afirmar que los derechos desarrollan una función importante en la producción de normas jurídicas, considerada tanto desde el punto de vista formal como desde el material. Analizada la cuestión desde el punto de vista formal, los derechos contribuyen a diseñar los mecanismos y procedimientos de producción normativa (…) Pero los derechos fundamentales también contribuyen a definir la producción de normas desde un punto de vista sustancial o material. En este sentido cabe recordar que los derechos forman parte de la norma básica material de identificación normativa. Los contenidos materiales de la Constitución, cuyo vértice es ocupado por normas con una "carga moral" fuerte y evidente, condicionan el contenido del resto de normas del sistema." ANSUATEGUI Javier, "Ordenamiento Jurídico y Derechos Humanos", Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2006.
38. OLIVA, D., La Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas: Fundamento, Contextos de Creación y Reconocimiento Normativo en el Derecho Internacional, Tesis Doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2004, p. 45.
39. "Es aquí cuando cobra pleno sentido la identificación de los derechos fundamentales a partir de determinados mecanismos de resistencia constitucional. El carácter fundamental de un derecho viene determinado en realidad por su posición constitucional, entendiendo aquí por posición el conjunto de mecanismos normativos e institucionales que definen y acompañan su presencia en el Ordenamiento (…) Será la mayor o menor densidad de la dimensión limitativa a la que los derechos someten al Poder la que defina el carácter más o menos resistente. Y si la mayor o menor resistencia es el criterio de fundamentalidad aplicable a los derechos, se puede concluir que existen, entre los derechos fundamentales, derechos más fundamentales que otros". ANSUATEGUI Javier, "Ordenamiento Jurídico y Derechos Humanos", Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2006.
40. Ver ABRAMOVICH Victor y COURTIS Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 2002.
* Profesor e investigador en temas de Derechos Humanos y Políticas Públicas, actualmente becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para realizar estudios de Doctorado en Derechos Fundamentales, en Instituto Bartolomé de las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid.
El reto de la formulación del derecho humano a la comunicación
Romel Jurado Vargas
Este artículo ha sido elaborado como una introducción al debate sobre la formulación del derecho a la comunicación, y desde esa perspectiva ofrece una síntesis del contexto, avances y dificultades que han condicionado su abordaje, desde su origen en el seno de la UNESCO hasta su tratamiento actual en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para luego enunciar una propuesta sobre los pasos que, en el plano conceptual, considero que deberían realizarse con el propósito de avanzar en la compleja tarea de formular jurídicamente este nuevo derecho. Estos pasos, implican básicamente la reconstrucción histórica de la demanda de crear un nuevo derecho humano a la comunicación; la construcción de una fundamentación filosófica que justifique la creación de este derecho; y, la formulación jurídica del nuevo derecho a la comunicación como concreción de la noción de dignidad y de los valores que están en la base de su fundamentación.
Origen y contexto de la propuesta
La idea de que era necesario formular un nuevo derecho humano a la comunicación fue esbozada por primera ocasión por Jean D´Arcy, en el seno de la UNESCO, "como un concepto todavía en curso de gestación [enunciado] de una manera esencialmente prospectiva y como una posible dirección de investigación"(1). En ese sentido este autor consideraba que el derecho a la comunicación necesariamente tendría que ser más amplio que los derechos de opinión, expresión e información, que fueron reconocidos en el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948(2), el cual resultaba insuficiente como paraguas normativo para orientar la regulación del fenómeno de la comunicación en un contexto de acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)(3)
así como de una creciente concentración a nivel mundial de los medios masivos de comunicación en empresas transnacionales de la información.
Para 1973, en la Conferencia de Argelia de la UNESCO, los países No Alineados plantearon el Nuevo Orden Internacional de la Información (NOII)(4) "como el correlato en el campo cultural de los alegatos en favor de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI)" , esto es, como un discurso que completaba, en el plano de la información, las demandas de multilateralidad y más equidad promovidas por estos países: Multilateralidad frente a una realidad geopolítica bipolar protagonizada por los Estados Unidos y la Unión Soviética; y, más equidad frente a las relaciones de intercambio desigual que caracterizaban la dinámica establecida entre el Norte, conformado por países industrializados y el Sur, identificado con los países subdesarrollados.
En 1977 las connotaciones polémicas del debate político en torno a la producción y los flujos de información a nivel estatal e internacional en el contexto geopolítico que caracterizaba la Guerra Fría y las relaciones Norte-Sur, así como las fuertes tensiones sobre como configurar los derechos, responsabilidades y atribuciones de los sujetos involucrados en la actividad mediática, desembocó en la creación de La Comisión Internacional Para el Estudio de los Problemas de la Comunicación de la UNESCO(5). Esta Comisión fue presidida por Sean MacBride(6), e integrada por otras notables personalidades del mundo contemporáneo "como el fundador de Le Monde, Hubert Beuce-Mery, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, el portavoz del gobierno soviético Leònidas Zamiatine y el sociólogo canadiense Marshall MacLuhan"(7).
El Informe MacBride
La Comisión presentó en 1980 el informe "Un solo mundo, voces múltiples" conocido también como el Informe MacBride. La amplitud, complejidad, interdependencia de los problemas analizados así como el contexto político e internacional hacían imposible que el resultado fuese un documento académico, en el sentido de contar con un rigor metodológico que permitiese comprender integralmente los temas analizados y justificar las recomendaciones formuladas. Sin embargo su aporte al debate internacional sobre la comunicación fue trascendental en tanto describía y denunciaba los desequilibrios en la producción y circulación de información, argumentaba sobre la necesidad de contar con un derecho a la comunicación y se identificaba con un reordenamiento mundial de la gestión de las comunicaciones basada en el ideal humanista que expresan los Derechos Humanos.
En este marco el Informe abordaba el tratamiento del derecho a la comunicación como una necesidad política, aunque aún sin forma jurídica precisa. En efecto, a manera de recomendaciones, se formularon orientaciones jurídicas para que los Estados regulen las nuevas relaciones provenientes de la actividad comunicacional y sobre todo mediática. En síntesis, según estas recomendaciones, eran necesarias disposiciones para consolidar el ejercicio de los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación (opinión, expresión e información) así como de los demás derechos humanos relacionados con éstos. Pero también se proponía a los Estados intervenir para asegurar el acceso democrático a la información y a los medios de comunicación por parte de los individuos y de los colectivos sociales; evitar la concentración de la propiedad de los medios así como el monopolio de la producción de información; y, asegurar la posibilidad de libre elección de los individuos frente a la amplia gama de información ofertada.(8)
A partir del Informe MacBride, la idea impulsada desde mediados de la década de los 70 por los países No Alineados y promovida, principal aunque no suficientemente, por UNESCO en el seno de Naciones Unidas, sobre la construcción de un Nuevo Orden Mundial de la Comunicación (NOMIC) como parte de un Nuevo Orden Mundial de la Economía, parecía ganar en articulación política y proyección de una determinada visión jurídica. Así, desde mi perspectiva, en el NOMIC, el nuevo derecho a la comunicación aspiraba a ser un instrumento para regular desde una intencionalidad equitativa y democrática, lo siguiente:
• Las relaciones Norte-Sur respecto del acceso, producción y circulación de la información;
• La necesidad de subordinar al poder de los Estados a las empresas mediáticas transnacionales y evitar el monopolio sobre la propiedad de los medios y sobre la generación de información en los ámbitos nacional e internacional;
• Responsabilizar al Estado de asegurar para los sujetos individuales y para los colectivos humanos específicos (analfabetos, indígenas, mujeres, niños) mejores condiciones para el ejercicio de la autodeterminación o autonomía frente al poder mediático y la amplia gama de información ofertada.
Sin embargo, el NOMIC aprobado en la XXI Conferencia General de la UNESCO, celebrada en Belgrado, en 1980, constituyó, literalmente, el nacimiento de un muerto. Efectivamente, en la citada Conferencia "se adoptó por consenso la resolución que sancionaba el Informe. Se trataba sin embargo, de una decisión altamente retórica, ya que no comportaba la adopción de medidas concretas (…) Paradójicamente en la misma Conferencia se aprobó la resolución 4/19, que establecía las bases del NOMIC -cuya inoperatividad se iría confirmando con el paso del tiempo- y la creación de un Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PIDC)"(9).
El encriptamiento del debate
A diferencia de la dinámica democratizadora y de definición de derechos que promovía el NOMIC, el PIDC constituyó básicamente una estrategia de neutralización y sustitución de las demandas de los países del Tercer Mundo; estrategia que se sustentaba en una propuesta desarrollista o modernizadora según la cual "la diseminación del conocimiento y las tecnologías de los países del Norte, así como la extensión de los medios de comunicación de esos países, repercutiría directamente en los países del Sur. Así, la superación de unos umbrales mínimos de acceso a medios de comunicación equivaldría a una garantía de desarrollo general"(10). La similitud de esta estrategia con el actual paradigma que sostiene la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, en tanto órgano de Naciones Unidas, encargado de gestionar el debate y los planes de acción en materia de Internet, es innegable. En síntesis este cambio de paradigma implica dejar de prestar atención a los temas y tensiones sociales, políticas, jurídicas y culturales que son propias de la comunicación globalizada para centrar toda la preocupación de los actores involucrados en el debate sobre las relaciones mercantiles y tecnológicas que implica el acceso masivo a las tecnologías de la información comunicación (TIC) en el contexto de la llamada Sociedad de la Información(11).
En este contexto, y aunque la expectativa de los países del llamado tercer Mundo era que el proceso jurídico, político y social hacia la formulación del derecho a la comunicación, como expresión jurídica del NOMIC, continuase después del informe MacBride, la realidad de la política internacional produjo exactamente lo contrario. En efecto, en diciembre de 1983, durante la presidencia de Ronald Reagan y con la acusación de que la UNESCO se había politizado, los Estados Unidos comunicaron su decisión de retirarse de este organismo "invocando como motivo "tendencias en la política, la orientación ideológica, el presupuesto y la gestión", que "han desviado a la UNESCO de los principios originales enunciados en su acta constitutiva" y que "han servido a los objetivos políticos de algunos Estados Miembros más que a la vocación internacional de la UNESCO"(12)
. En 1985 esta media también fue adoptada por el Reino Unido durante el período de Primera Misnistra Margaret Thatcher así como por Singapur. Según Gonzales, tanto Estados Unidos como el Reino Unido promovieron en la comunidad internacional y en la opinión pública, con apoyo de la prensa occidental, la idea de que el NOMIC constituía un atentado a la libertad de información, le atribuyeron un sesgo estatista y acusaron a las autoridades de la UNESCO de propiciar en los países del Sur la creación de estructuras comunicacionales de inspiración socialista.(13)
Dadas las tensiones que el NOMIC había generado, la UNESCO decide en 1987 adoptar la Nueva Estrategia de la Comunicación, de la cual fue parte el PIDC. En esta estrategia se actualiza la retórica de la libre circulación de la información a nivel global aunque sin dejar de reconocer las distancias entre los países ricos y pobres, por lo que se coloca el énfasis, aunque no muchos recursos financieros, en la profesionalización de los comunicadores sociales y el acceso a la tecnología para los medios de comunicación. Así el debate político, social y económico sobre el que se levantó y proyectó el NOMIC va diluyéndose en una marea de proyectos desarrollistas de asistencia al Sur, en la que la preocupación central entre las organizaciones del Tercer Mundo parece girar en torno a la mejor forma de conseguir y gastar los escasos recursos financieros que sirvieron para implementar dicha estrategia.(14)
Esta fue la tendencia que gobernó la dinámica de las políticas de comunicación en y para el Tercer Mundo desde finales de los años 80 hasta finales de la 90, con la significativa diferencia de que esta ha sido la década de proliferación del uso de la Internet caracterizada por la transformación y transnacionalización de muchos de los agentes productivos y económicos así como por el cambio de los hábitos de consumo, de las fuentes y formas de producir, circular y recibir la información que sustentan y proyectan cada vez con mayor fuerza en la llamada convergencia tecnológica, esto es, en la utilización de equipos multimedia que integran todos los medios de transmisión de la información.(15)
En este contexto, los intereses por enterrar definitivamente los debates generados por el NOMIC parecen multiplicarse y profundizarse, y probablemente, es esta la razón para que la exploración sobre el derecho a la comunicación, como forma de juridificar las relaciones internacionales y nacionales en este campo desde las perspectiva de los derechos humanos, se hayan marginado intencionalmente. En efecto, en el 2001 con la Convocatoria de la ONU a la Cumbre Mundial de la Información (Ginebra 2003-Túnez 2005) cuya organización se encargó a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y no a la UNESCO como hubiese sido razonable, se ha intentado por una parte encriptar el debate sobre el derecho a la comunicación sobre la base de las reflexiones acumuladas en el Informe MacBride y la referencia al NOMIC, para sustituirlo por un debate centrado en la forma de regular las relaciones comerciales y tecnológicas que generarán el uso de las TIC en la globalización del mercado. Así pues, los debates jurídicos que se promovieron oficialmente en esta Cumbre giraron principalmente en torno a los derechos de autor, la privacidad de las comunicaciones y los delitos informáticos, como los pilares sobre los cuales dinamizar las relaciones tecno-comerciales de la Sociedad y la Economía de la Información.
No solo se ha sustituido la discusión sobre el derecho humano a la comunicación por la discusión de la regulación instrumental de corte tecno-comercial acerca del uso de las TIC desde los presupuestos del libre mercado, sino que, en segundo lugar se ha desplazado al conductor institucional del debate sobre la comunicación, como fenómeno social, político y cultural, que constituyó la UNESCO, para sustituirlo por la UIT. Es decir se sacó del seno de un organismo de deliberación política un tema supremamente trascendente para el orden global y se lo colocó en el seno de un organismo "técnico" de menor jerarquía, para disolver las deliberaciones políticas sobre el derecho a la comunicación en las particularidades de los requerimientos tecnológicos y mercantiles para realizar telecomunicaciones, lo cual equivale a sustituir el debate sobre el derecho a la comunicación por el debate sobre el uso y costos de la tecnología para comunicarse.
De este modo no solo el contenido sino también la dinámica misma del debate y los actores que intervinieron en él se han modificado. En efecto, en esta Cumbre Mundial se reconoció como actores participantes a los gobiernos, la familia de Naciones Unidas, el sector privado y la sociedad civil; y se prevé como resultado de la cumbre "la elaboración y promoción de una declaración nítida de voluntad política y un plan de acción concreto para lograr los objetivos de la sociedad de la información, que refleje plenamente todos los distintos intereses en juego.(16)"
Sin embargo tanto la Declaración como el Plan de Acción de la Cumbre Mundial, están condicionados por la forma en que se ha planteado el debate para obtenerlos, esto es, enfatizando las potencialidades de mercado relacionados con los usos de las tecnologías de la información y comunicación en un contexto hegemónico neoliberal, y, por otra parte, invisibilizando y marginando cualquier debate sobre los derechos relacionados con la comunicación o el derecho a la comunicación como un derecho humano. En esa dirección las organizaciones de la Sociedad Civil en su Declaración sobre la Cumbre de la Sociedad de la Información (CMSI) señalaron:
El mandato general de la CMSI era abordar los viejos temas del desarrollo económico y social desde la nueva perspectiva de oportunidades y riesgos planteados por las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Se esperaba que la Cumbre identificara nuevas posibilidades y paradigmas del desarrollo que la sociedad de la información está volviendo posibles, y que formulara distintas opciones de políticas públicas que posibilitarán y materializaran esas oportunidades(…) En términos generales, resulta imposible evitar la conclusión de que la CMSI no cumplió con esas expectativas(17)
Los modestos avances
Aunque las instancias oficiales de Naciones Unidas parecen cancelar o al menos esquivar el debate sobre la formulación del derecho a la comunicación, desde Noviembre de 2001, una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil (18) emprendieron la Campaña CRIS (Communication Rights in the Information Society) "proponiendo el derecho a la comunicación como medio para afianzar los derechos humanos y fortalecer la vida social, económica y cultural de la gente y de las comunidades"(19), con la expectativa de aprovechar la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información para posicionar en ese foro esta demanda ciudadana. Nada se ha podido lograr en esa dirección.
Aunque oficialmente no han existido avances en torno al derecho de la comunicación cabe señalar que, en el ámbito de la sociedad civil, si se han producido algunos en la perspectiva de formular este nuevo derecho. En efecto, en el marco de la Campaña CRIS, en Ginebra, en diciembre de 2003, fue presentada una Declaración de los Derechos a la Comunicación trabajada por el Profesor Cess Hamelink, y en su texto se señala que está "basada en los principios claves de la libertad, la Inclusión, la Diversidad y la Participación"(20). Sin embargo, los propios voceros de la Campaña CRIS han señalado que el alcance de esta Declaración es "recolectar bajo el nombre de "derechos a la comunicación" un número de derechos humanos relacionados con la información y comunicación. Esta declaración trata de recordarnos que se ignoran a la mayoría de estos derechos ya aprobados por varias Convenciones Internacionales"(21).
Con eso mismo alcance, aunque con la intención de incluir entre los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación, el derecho al acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como con la finalidad de ampliar la lectura de estos derechos de cara a su aplicabilidad en la llamada Sociedad de la Información realizamos, conjuntamente con Antonio Pacuali, en junio de 2002, una Propuesta de formulación del Derecho a la Comunicación(22), convencidos de que los derechos humanos tienen una esencia utópica y liberadora ante los desafíos que se presentan históricamente para defender y proteger la dignidad humana, y que proyectan, como ha señalado Oliva, un "anhelo de realización práctica al servicio de la autonomía del hombre" así "la fuerza de los derechos reside en su capacidad crítica, su virtualidad por poner en entredicho, revolucionar y transformar (…) reconociendo la determinación de lo transitivo, se abren, como construcciones humanas, a nuevos contenidos y se sitúan ante la posibilidad del cambio y de su perfección"(23).
El reto pendiente
A pesar de los esfuerzos realizados, todavía está pendiente de ser satisfecha la necesidad y el reto planteado por Jean D´Arcy en 1969, esto es, lograr formular el derecho humano a la comunicación como una síntesis superadora de los derechos tradicionalmente relacionados con ella, que sirva para acotar en clave jurídica la evolución ascendente de las libertades que concretan la dignidad humana en un contexto social en que la tecnología y el comercio globalizado parecen haberle restado relevancia.
Desde mi perspectiva responder a este reto con seriedad supone, desde el plano conceptual, la realización tres pasos:
• Realizar una reconstrucción de la demanda histórica para la formulación del derecho a la comunicación.
• Articular los argumentos históricos (hechos políticos, sociales y económicos) y filosóficos en un discurso que permita fundamentar el derecho a la comunicación en el marco de los relatos modernos de la democracia y el Estado de Derecho.
• Explorar la factibilidad de la formulación del derecho humano a la comunicación desde los presupuestos la Teoría Jurídica de los derechos fundamentales.
Primer paso: La reconstrucción de la demanda histórica.
La reconstrucción de la demanda histórica de la formulación del derecho a la comunicación implica el análisis del enfoque político y conceptual(24) con que se ha tratado a la información, a las tecnologías y a los medios de comunicación(25), pero de forma contextualizada, esto es, examinando quiénes son los actores que han jugado un rol relevante en este tratamiento, cuáles son sus intereses reales y cuales las relaciones de poder que han caracterizado su interacción, así como las circunstancias concretas que determinaron las decisiones asumidas.
Un análisis de este tipo no debería agotarse en el pasado reciente o mediato sobre la pretensión de formular el derecho a la comunicación sino también incluir el presente. Así, su utilidad residiría no solo en recuperar y ordenar los aprendizajes producidos sino en constituirse en un insumo estratégico y habilitador de cualquier intervención desde la sociedad civil -o cualquier otro sector- para incidir en la formulación, primero conceptual y luego jurídica, de este derecho. En efecto, la realización de esta reconstrucción analítica serviría, al menos, para clarificar el contenido y el alcance de las propuestas en juego frente a la formulación del derecho, la fortaleza o la debilidad de los actores que intervienen en los escenarios de debate internacional o regional -incluidas las propias organizaciones de la sociedad civil-, y, para clasificar a tales actores (en función de sus propuestas) como aliados, opositores o indiferentes respecto de la demanda de formular jurídicamente el derecho a la comunicación.
Segundo paso: La fundamentación
Esta ampliamente difundida la creencia de que, si demuestra que un fenómeno social, político, económico o cultural compromete -o pude comprometer- gravemente la dignidad de las personas y no hay un derecho establecido para protegerlas, esto constituye por si mismo causa suficiente para afirmar que se halla justificada la demanda de crear un nuevo derecho humano que procese la conflictividad generada por ese fenómeno o fenómenos sociales.
Sin embargo esta creencia no es del todo correcta. En primer lugar porque no existe una sola concepción de dignidad, sino muchas; las cuales han sido configuradas en un marco histórico e incluso geográfico particular, aún dentro del mundo moderno -para no hablar de culturas distintas a las del mundo occidental- y por lo tanto es necesario acotar argumentativamente lo que debe entenderse por dignidad y lo que ha de constituir una afectación grave de ella; y, en segundo lugar porque hay que ser capaces de argumentar razonablemente acerca de que, entre la noción de dignidad que se maneja y los valores que ella proyecta existe una relación de coherencia respecto del alcance y contenido que se pretende atribuir al nuevo derecho(26).
Con estos elementos fundamentar es un ejercicio intelectual que va mucho más allá del voluntarismo simplista que se expresa en la frase "creemos que es necesario o adecuado", para estructurarse como una argumentación ética, política e histórica capaz de articular coherentemente las razones, los valores y los hechos que hacen plausible la justificación de un nuevo derecho, desde una determinada noción de dignidad. Este ejercicio intelectual, pero de proyección práctica, se hace con el uso del lenguaje de los derechos humanos, que es el lenguaje del poder legítimamente institucionalizado en la comunidad jurídica internacional y en los Estados que se definen a si mismos como de Derecho y/o como democráticos, esto es, como Estados modernos. En esa dirección, considero que el modelo integral de los derechos humanos, planteado por Gregorio Peces- Barba expresa consistentemente esta visión fundamentadora:
El modelo integral de los derechos humanos que rechaza los reduccionismos, supone aceptar una moralidad de la libertad y de la igualdad que se va formando en la historia del mundo moderno, con aportaciones liberales, democráticas y socialistas, que se pueden ordenar en un modelo racional, aunque partiendo de su ineludible dimensión histórica. Supone aceptar que la eficacia social de esas pretensiones morales necesita de su incorporación al Derecho positivo. Supone igualmente, que la relación entre moralidad y Derecho positivo necesita de la mediación de un poder político que asuma esos valores éticos como valores políticos, y los incorpore a su Ordenamiento como valores del Derecho.(27)
Es preciso reconocer que los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación, esto es, los derechos de opinión, expresión, difusión e información, se han considerado derechos esencialmente liberales, y por lo tanto comparten el anclaje de su fundamentación y juridificación en el valor de la libertad, sin mayor referencia al valor de la igualdad. Esto, por si mismo, podría ser causa para dudar de la consistencia de una fundamentación acerca de estos derechos, si aceptamos, como señala Peces-Barba, que los derechos humanos -en general- expresan la moralidad de ambos valores y no solo de uno de ellos. Sin embargo, aceptando que podrían existir derechos cuyo motor de desarrollo solo sea el valor de igualdad y que éste es el caso de los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación, entonces es coherente esperar que tales derechos desarrollen todas las dimensiones de la libertad(28).
La primera dimensión es aquella que se conoce como libertad negativa, en virtud de la cual los derechos humanos se concretan en impedir que se restrinja o viole la libertad de hacer o no hacer lo que los individuos quieren, pero con el límite de lo que manda ley. Es decir que el individuo puede hacer cualquier cosa siempre que no viole la ley. La segunda dimensión es la de la libertad positiva, concretada en los derechos y deberes que los individuos tienen para participar como miembros de una comunidad política y definir (también redefinir) su proyecto social en clave jurídico-política. La tercera dimensión es la que se ha llamado libertad real, la que se identifica con la noción de capacidad, es decir, que el individuo es realmente libre para hacer algo solo si tiene las capacidades, condiciones y recursos que lo habilitan para hacer ese algo.
Ahora bien, si se examinase los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación a luz de las dimensiones que se ha descrito y en el contexto actual de la sociedad globalizada, cabría preguntarse ¿Tales derechos posibilitan realmente que los individuos accedan, produzcan, circulen y elijan la información que quieren? ¿Estos derechos los habilitan y los promueven como sujetos políticos que participan en la construcción del destino de la sociedad a la que pertenecen? ¿Estos derechos permiten a todas las personas contar con los recursos y medios que son indispensables para realizar los dos primeros supuestos?
Los liberales más optimistas se atreverían a decir que se puede contestar afirmativamente la primera pregunta aunque, si son serios, tendrían que señalar ciertos matices sobre el acceso, producción, circulación y elección de la información. Pero nadie podría afirmar que las dos preguntas restantes puedan responderse afirmativamente en un contexto caracterizado por el acelerado desarrollo y convergencia de las tecnologías de la información y comunicación, la descontextualización del discurso público y de la información en general, la creciente transnacionalización y concentración empresarial de los medios masivos de comunicación así como la hegemonía de estas empresas en la producción y circulación de información.
Frente a este planteamiento se podría objetar que la falta de respuesta afirmativa a las dos últimas preguntas está generada por problemas o distorsiones en la aplicación de los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación y no por del discurso fundamentador que subyace a ellos, es decir señalando que el discurso fundamentador sigue siendo consistente pero no logra ser trasladado limpiamente a las relaciones sociales que busca orientar. Sin embargo creo que esta apreciación no es del todo correcta, pues aunque tales problemas y distorsiones efectivamente se producen en la práctica, éstas son avaladas y posibles porque opera un uso segmentado e ideologizado del discurso de la libertad respecto de los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación.
En efecto, mi perspectiva es que los ideólogos neoliberales de la globalización apelan al discurso de la libertad enfocándolo exclusivamente desde las libertades negativas, así los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación son proyectados como una coraza que blinda al individuo pero sobre todo a las empresas de la comunicación frente a cualquier intervención del Estado, aunque éste tenga como propósito racionalizar o gestionar políticamente los flujos de información. Desde esta perspectiva, el gran valor de la libertad sirve de escudo filosófico y político para, por ejemplo, justificar la elección que hacen los "clientes o espectadores" sobre la información que consumen, aunque esta elección privilegie un voraz apetito por la información basura o aquella que desinforma(29); y, así mismo, ofrece cobertura de apariencia filosófica a las empresas de comunicación para generar este tipo de información y ganar poder y dinero con ello. Y esto se hace simple y llanamente porque la información, sus tecnologías y sus medios se han tratado como mercancías que generan ingentes utilidades a quienes las controlan. Así pues la instrumentalización del discurso de la libertad se funcionaliza para defender los intereses del mercado de las comunicaciones, y esto constituye un uso parcial e ideologizado del discurso de la libertad.
Entonces cabe plantearse que, si el problema es que el discurso fundamentador de los derechos relacionados con la comunicación ha sido solo parcial e interesadamente reivindicado, lo que se debería hacer, en este plano, es tomar todas las dimensiones del valor de la libertad y proyectarlas sobre estos derechos. En efecto, desde mi perspectiva esta podría ser la vía que el ejercicio intelectual de la fundamentación adopte y que tendría como consecuencia la resignificación de estos derechos, es decir la completación de su sentido filosófico y político pero también la reformulación de su alcance y contenido en el plano jurídico positivo. Este resultado es el que llamaré: el nuevo derecho humano a la comunicación o los nuevos derechos humanos de la comunicación.
Ahora bien, esta vía presenta el problema de la ausencia del valor de la igualdad en el discurso fundamentador y por lo tanto en la configuración jurídica de los derechos que resultan de tal discurso; y, frente a este cuestionamiento la respuesta que considero viable es, sostener que no es relevante considerar el valor de la igualdad si se logra articular y proyectar todas las dimensiones de la libertad en la fundamentación filosófico-jurídica de estos nuevos derechos(30), pues éstas incluyen las dimensiones igualitarias que son posibles en un sistema políticamente liberal y económicamente capitalista, con los diferentes matices que dentro de tal sistema se puedan producir respecto de las prestaciones y leyes sociales que el Estado ponga a disposición de sus asociados(31). O dicho de otra manera, tanto la igualdad formal, entendida como igualdad ante la ley, así como la igualdad material, entendida como igualdad de oportunidades para el acceso de todas las personas a un mínimo de condiciones que les permitan ejercer sus derechos, están incluidas ya en el discurso integral de la libertad, esto es, en las tres dimensiones que lo conforman.
Bastante diferente y mas complejo sería el problema del discurso fundamentador si se tiene en cuenta los planteamientos formulados por Ricardo García Manrique al evidenciar, lo que considera un dilema todavía no resuelto -mientras hace una lectura crítica de la Constitución Francesa de 1948- y que consisten, desde mi interpretación, en que hay dos formas inconciliables de comprender los derechos humanos y proyectar los valores que articulan su fundamentación, para constituir la organización jurídico-política de una sociedad. La primera opción es entenderlos como la concreción de unos criterios mínimos de legitimidad política que en clave jurídica garantizarían un mínimo de condiciones para que los sujetos intenten realizar su plan de vida, admitiendo por tanto que unos tendrán mayor o menor éxito e incluso que algunos fracasarán completamente en esta tarea, por lo que las desigualdades del capitalismo serían compatibles con estos derechos y valores, y consecuentemente, la propiedad privada lo sería también. Y, la segunda opción es comprender a estos derechos como criterios máximos de la organización jurídico-política de la sociedad, en cuyo caso su propósito supremo es lograr el pleno disfrute de todos los derechos para todos los integrantes del corpus social, lo cual implicaría la supresión de la propiedad privada y de la herencia por ser generadoras de desigualdades sustanciales entre las personas y causa de que algunas no puedan disfrutar plenamente de tales derechos. Creo no equivocarme al afirmar, que es en esta dirección lo que García Manrique anota:
El dilema del 48, y nuestro dilema, no atañe sólo a la inclusión de un derecho del catálogo, sino que va mucho más allá: de lo que se trata es saber que son los derechos humanos, o qué función cumplen, porque solo respondiendo a estas preguntas estaremos en condiciones de elegir correctamente, dad que bien pudiera ser que los constituyentes franceses de 1848 de hubiesen equivocado y hubiesen optado por una concepción de los derechos (y de las relaciones económicas) incompatible con el sentido último de esos derechos, es decir, no ya con los derechos en sí, sino con su raíz, que tiene que ser una determinada concepción de la relación política. En breve, se trata de saber si los derechos humanos son un mínimo o un máximo, esto es, si cumplen la función de garantizar una mínima legitimidad política o si funcionan como criterio máximo de la misma. Siendo el caso lo primero, entonces, en principio, podríamos admitir una concepción liberal de los mismos, compatible con la propiedad privada y la desigualdad capitalista, es decir, la opción de la constitución de 1848; pero entonces seguiría teniendo valor la célebre crítica que dirigió Marx a los derechos de la primera revolución francesa: no eran los derechos del hombre, sino los derechos del burgués, porque a este favorecían, única o en todo caso principalmente. En cambio, si los derechos humanos son, por decirlo con una expresión reciente, "condición necesaria y suficiente para justificar la existencia, el origen y el contenido de un sistema jurídico", esto es, si son un criterio máximo de legitimidad política, entonces los constituyentes franceses se equivocaron, porque una concepción liberal de los derechos, compatible con la propiedad y con la herencia, no les permite cumplir con esa función.(32)
Desde mi perspectiva la toma de posición sobre el dilema entre máximos y mínimos, tiene la ventaja de acotar el territorio de deliberación y clarificar las posiciones de los actores interesados en el debate sobre la fundamentación del derecho a la comunicación, evitando argumentaciones inconexas y hasta contradictorias, sobre todo, respecto de la propiedad de los medios de comunicación, el conocimiento y la información.
Tercer paso: La formulación jurídica
Hay muchos aspectos que deben ser problematizados y definidos técnica y políticamente antes de que sea posible pasar del discurso del derecho a la comunicación a la configuración del Derecho a la comunicación. La diferencia reside en que, cuando se emplea el término derecho (con minúscula) todavía el debate se sitúa en el ámbito de las pretensiones morales justificadas que aspiran a ser normas jurídicas, con la mediación política que ello implicaría; mientras que, cuando se habla de Derecho (con mayúscula), se alude al territorio de las normas jurídicas que vinculan y que obligan, se alude al Ordenamiento Jurídico que opera en una determinada sociedad o en la comunidad internacional.
Sin embargo, eso no significa que se deba esperar pasivamente a que los órganos con autoridad y competencia dentro del Estado o la Comunidad Internacional definan (si es que lo hacen) cual será el contenido del Derecho a la comunicación, ya que la posibilidad de que los intereses, expectativas y enfoques de cualquier actor interesado, se coloquen en esta definición, solo puede ser evaluada si se tiene un parámetro de medida, esto es, una propuesta inicial sobre el contenido y alcance de tal Derecho.
Desde esta perspectiva la formulación del Derecho a la comunicación implica, en primera instancia articular esa propuesta inicial sobre su alcance y contenido jurídico, que recoja los intereses de quien la formula; y, en segundo lugar, la articulación de una estrategia de incidencia dirigida a los órganos con autoridad y competencia -del Estado o de la Comunidad Internacional- para incorporarlo al Ordenamiento Jurídico, de la forma más fiel posible respecto de la propuesta planteada inicialmente.
En este espacio trataré solamente la primera parte de este proceso; y en esa línea cabría preguntarse ¿si todos los intereses pueden legítimamente articularse en una propuesta de Derecho a la comunicación, como derecho fundamental? Y creo que la respuesta es no. En mi opinión, solamente podrán legitimarse aquellos intereses que demuestren, que la formulación que ofrecen es el resultado de proyectar, en formato jurídico, una determinada noción de dignidad humana (y de sus valores), que sea compatible con el ethos del discurso moderno de los derechos humanos, o como señala Peces-Barba, con la ética pública ilustrada de la modernidad(33). Es por esto que la fundamentación juega un rol tan trascendente respecto de la formulación de un derecho humano, porque establece un nexo de legitimación y reconocimiento con ese universo de pretensiones morales que han adquirido forma jurídica, al que se denomina Derechos Fundamentales, y que por lo general, ocupa la mayor jerarquía jurídica en el Ordenamiento, o al que se denomina Derecho Internacional de los derechos humanos, en el ámbito internacional.
Ahora bien, suponiendo que se cuenta con una fundamentación del derecho a la comunicación que permite legítimamente proyectar su formulación jurídica, entonces es momento de enfrentarse al problema de su redacción como norma jurídica. Este no es un asunto de fácil abordaje, porque hay que definir dónde y cómo se debe realizar la positivación del derecho a la comunicación.
Si se sigue la senda señalada en el Informe MacBride, parece ser que el lugar más propicio para insertar el nuevo derecho humano a la comunicación es el de los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos; los cuales pueden ser clasificados, por lo efectos que producen, básicamente en declaraciones y pactos.
Una Declaración del Derecho a la Comunicación, tendría la ventaja de colocar una primera formulación jurídica de este derecho en la comunidad internacional aunque lo haría sin carácter vinculante, esto es, sin generar ninguna obligación legal a quienes la suscriban. En esto reside la fuerza y la debilidad de las declaraciones internacionales de derechos, por una parte son menos difíciles de conseguir debido a que quienes la suscriben pueden hacerlo por una verdadera sintonía política con su contenido o porque hacerlo coincide con el discurso moderno "políticamente correcto", sin que ello implique un coste inmediato de cualquier tipo; y, por otra parte la incapacidad para vincular jurídicamente a los Estados o a otros sujetos del Derecho Internacional, puede convertir a esta declaración en mera retórica, en un acto donde la voluntad política se agota en la enunciación, en un acto que no canaliza la acción para el ejercicio del derecho declarado y que incluso puede instrumentalizarse para intentar inmovilizar a los actores críticos interesados en este tema.
Con estas consideraciones, un Pacto Internacional del Derecho Humano de la Comunicación, parece ofrecer las mayores ventajas formales para la positivación de este derecho, pues implica que los Estados que lo suscriben aceptan la responsabilidad jurídica y política de extender las obligaciones generales en materia de derechos humanos(34) al campo de las comunicaciones y reconocer en este territorio una serie de derechos de los individuos e incluso de ciertas colectividades. Además, los pactos internacionales en derechos humanos se incorporan al Derecho interno de los Estados, generalmente, por efecto del acto de ratificación; y, tal incorporación se hace dotando al Pacto Internacional de una jerarquía, al menos, equivalente a la que tiene la ley en el Ordenamiento Jurídico interno, aunque hay Estados que reconocen incluso rango supraconstitucional a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.
El problema con un instrumento internacional de estas caracterírsticas es que, en el contexto de la globalización económica, resulta muy difícil de viablizar su suscripción, no solo por los innegables vínculos de los actores políticos nacionales e internacionales con las empresas transnacionales de tecnologías y medios de comunicación, o por la oposición que estas empresas puedan hacer a la suscripción de un Pacto de este tipo desde la escena mediática, sino también, porque supondría para los Estados reconocer la responsabilidad de intervenir en este campo, no solo desde la perspectiva regulatoria, sino también en la generación de condiciones económicas, materiales y culturales que hagan accesibles los bienes y servicios que el nuevo Derecho a la comunicación conlleva, y esto a su vez supone, disponer de recursos suficientes para asumir ese rol.
Otro abordaje, sugerido por algunas organizaciones sociales y no gubernamentales interesadas en este tema, es insertar el nuevo derecho humano a la comunicación en el catálogo de los derechos fundamentales que se reconocen en la Constitución de cada Estado. Esta propuesta no resulta menos compleja, no solo porque a nivel interno operan las mismas restricciones que hemos señalado para suscripción de un pacto internacional, sino también porque supondría procesos de positivación diferentes en la medida en que se enfrentan a los condicionamientos y reglas específicas que operan en cada Estado para la creación del Derecho, y porque difuminaría los esfuerzos por una formulación integral del derecho a la comunicación como una construcción jurídica homogénea en su alcance y contenido.
Sin embargo de lo anotado, la tendencia respecto del espacio en que resulta más conveniente plantear la formulación del derecho a la comunicación parece orientarse con una estrategia singular, que consistiría en promover el debate interno sobre la necesidad, pertinencia y factibilidad de este derecho, al tiempo que se aprovecha espacios mundiales y regionales de encuentro de organizaciones de la sociedad civil para ensayar propuesta de declaraciones sobre el contenido del derecho a la comunicación, como es el caso del Foro Social Mundial y los Foros Regionales, con la expectativa de que tanto la demanda social canalizada por estas organizaciones como sus propuestas sean receptadas por los organismos internacionales, como la UNESCO y la UIT, así como por los parlamentos de cada Estado.
Respecto de la segunda cuestión relevante en la formulación del derecho a la comunicación, esto es, sobre cómo se debe realizar su positivación, también hay ciertas cuestiones que atender, ya que la experiencia sobre todo en los países en vías de desarrollo ha mostrado que, cuando los enunciados de los derechos humanos que se establecen en instrumentos internacionales o los contenidos de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, son formulados de forma general, vaga y no condicional, es decir como normas jurídicas con forma de principios, su aplicación puede resultar mermada ya por la mediación política que pone énfasis en unos contenidos y no en otros, o ya por que ciertos casos la interpretación de esos principios, en el ámbito judicial, parece disminuir su alcance e incluso contradecir el sentido mismo de su creación.
Por esa razón, la formulación de los derechos humanos o de los derechos fundamentales parece requerir de un desarrollo jurídico que incluya normas jurídicas con forma de reglas, esto es, con normas jurídicas que amplíen la certeza de los ciudadanos -en la medida que esto sea posible(35) - respecto del alcance, contenido, titulares del derecho, así como el contenido y los responsables de las obligaciones que son su correlato, y también las consecuencias jurídicas de la desobediencia a la norma, pero sobre todo, de los mecanismos para su exigibilidad jurídica.
Expresado en otros términos, lo que se plantea es que, una formulación declarativa del Derecho a la comunicación a través de normas con forma de principio, aunque sería un gran avance, no sería suficiente para lograr su aplicabilidad jurídica con el sentido de la pretensión ética que informa, orienta y fundamenta el derecho a la comunicación(36), sí simultáneamente no se proyecta este Derecho en la formulación de normas jurídicas con forma de regla, que se esfuercen por trasladar lo más limpiamente posible ese sentido de la pretensión ética a las reglas aplicables a los casos concretos y establecer mecanismos para hacerlos jurídicamente exigibles por cualquier persona.
Ahora bien, cuando se señala la fundamentalidad de las normas con forma de principio -ya sea que contengan derechos fundamentales o los principios de organización del Estado- se está planteando en el fondo que su transformación o sustitución implican la modificación del resto del Ordenamiento Jurídico(37), y en ese sentido cabe plantearse ¿en qué medida la introducción de un nuevo Derecho a la comunicación, redactado como normas con forma de principios, modificará o deberá modificar el resto del Ordenamiento Jurídico?
Creo que la contestación a esta pregunta puede ser articulada partiendo del siguiente presupuesto: es indispensable explicitar, no solo la posibilidad, sino la voluntad de que la introducción de un nuevo Derecho a la comunicación modifique las secciones del Ordenamiento Jurídico que guardan una relación relevante con él; es más, creo que es preciso diseñar detalladamente en que consistirán esas modificaciones en las leyes y otros instrumentos con fuerza jurídica vinculante. Esto, como ya se ha dicho, implica desarrollar el Derecho a la comunicación a través de normas con forma de reglas.
La última afirmación abre un complejo abanico de problemas respecto de la formulación del Derecho a la comunicación, entre los cuáles me parece indispensable, en este trabajo, explicitar dos: el del contenido del derecho y el de sus mecanismos de protección.
Respecto del contenido del derecho, que incluye al objeto(s) de la regulación, vale hacer propias las palabras de Oliva, quien al estudiar los derechos de los pueblos indígenas señala: "Soy conciente de que trabajo desde una perspectiva poco desarrollada, y sobre un objeto de estudio no consolidado, dinámico, plural, cambiante, complejo y no claramente estructurado"(38). En efecto, tal como ha surgido la demanda social del derecho a la comunicación, parece ser que su objeto y contenido quieren abarcar a: la resignificación de las libertades tradicionalmente relacionadas con la comunicación, a la información y la conocimiento en sí mismos, al acceso y usos de las tecnologías de la comunicación, a papel los medios de comunicación como espacio privilegiado de la esfera de deliberación pública, a las relaciones económicas que generan las empresas de comunicación y al papel que le corresponde jugar al Estado.
Como es evidente, articular en clave jurídica el contenido de un derecho con un objeto tan amplio resulta una tarea difícil de realizar, no solo por razones o restricciones técnico-jurídicas, que en última instancia pueden ser vencibles, sino y sobre todo, porque suponen tensiones ideológicas, políticas y económicas que, aunque ya estaban en el origen de la propuesta de Jean D´Arcy, se han amplificado, profundizado y diversificado, desde que la sociedad y la economía contemporánea se han identificado como sociedad y economía del conocimiento y la información, es decir desde que se ha establecido la noción de que el conocimiento y la información son sus notas esenciales, el motor que las dinamiza y las significa.
El otro problema que no quiero dejar de mencionar es el de los mecanismos de protección que, desde mi perspectiva, son supremamente importantes en relación a la aplicabilidad del Derecho y parte constitutiva de su formulación, porque, por una parte, son la medida del compromiso de los poderes públicos respecto la protección y garantía que efectivamente están dispuestos a otorgar a favor de determinados derechos en el marco del Orden Jurídico operante, y por otra, son el parámetro formal que cada individuo tiene para estimar sus expectativas sobre la aplicabilidad de los derechos que tiene en dicho Orden Jurídico; considero que ese es su alcance y su función, pero para Luis Prieto Sanchís, seguido por Xavier Ansuátegui(39), la presencia o ausencia de estos mecanismos puede actuar incluso como criterio para definir la mayor o menor fundamentalidad de un derecho, subrayando así su carácter constitutivo en la formulación del derecho.
Así, la relevancia de estos mecanismos no debe ser subestimada, pues la experiencia de lo sucedido con el tratamiento jurídico de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales y sus equivalentes en los ordenamientos jurídicos internos, nos ha demostrado que, a pesar de su consistencia jurídica y teórica, son regateados, degradados y descartados como derechos fundamentales desde la práctica sostenida por las agencias políticas y judiciales del propio Estado que los reconoce, pero que no garantiza con mecanismos efectivos de protección(40).
Finalmente y para subrayar la vinculación que debe tener todo debate teórico con la práctica, creo pertinente advertir que de poco servirán los esfuerzos de los comunicadores juristas, filósofos, antropólogos y otros científicos, si no existe una base social organizada que pueda movilizarse con inteligencia y creatividad para gestionar políticamente la inclusión de este derecho en el catálogo de los derechos humanos ya sea en el ámbito de los pactos internacionales o en el ámbito del Orden Jurídico interno del Estado.
A Modo de conclusiones
En este espacio se plantea puntualizar, desde una aproximación más bien metodológica, las ideas principales que fueron expresadas o insinuadas en el texto:
a) El problema de la realidad que nos interesa consiste en que, en el contexto de la globalización, el acceso y uso de las TIC así como el papel que han adoptado los medios de comunicación profundizan las brechas sociales, económicas y políticas entre los Estados y las personas así como la contracción de sus capacidades deliberativa y de autodeterminación.
Dicho de otra manera, la promesa de potenciar la libertad de las personas y los pueblos así como de servir de factor para su desarrollo, que constituye la justificación política, económica y social de las TIC y los medios de comunicación, ha sido, en buena medida, traicionada por una globalización que antepone los intereses particulares de los actores de mercado a los intereses de los Estados y de sus ciudadanos.
b) Aunque el problema es multicausal y complejo, parece que una de las causas de mayor relevancia es el enfoque tecnológico-mercantil con que se gestiona a las TIC y los medios de comunicación, no solo desde el ámbitos empresarial, sino, y sobre todo desde el ámbito del papel que desempeña el Estado.
Así, el énfasis en la producción del Derecho en temas relacionados a la comunicación se ha puesto en privilegiar la dimensión más básica de la libertad, esto es libertad negativa, y con base en ella se ha promovido la idea de que los debates jurídicos relevantes giran alrededor de las formas más eficaces de regular las relaciones comerciales y tecnológicas que generarán el uso de las TIC y de los medios de comunicación en la globalización del mercado, ejemplo de ello serían la creciente importancia que se otorgan a temas como la privatización de las telecomunicaciones, la protección de la propiedad intelectual, la privacidad de las comunicaciones y los delitos informáticos.
c) Frente al problema y a su causa más relevante desde el ámbito del Estado, algunos sectores ciudadanos, gestores públicos y miembros de organismos internacionales se plantean la posibilidad de formular un nuevo derecho humano a la comunicación, como un marco jurídico de máxima jerarquía que permita gestionar las tensiones políticas y económicas que operan entre lo que prometía ser para el bienestar de la humanidad el desarrollo de las TIC y de los medios de comunicación, y lo que ha resultado ser en el marco de la actual globalización.
d) Frente al planteamiento anterior, considero que la respuesta que se puede ofrecer desde el campo teórico es explorar la historia reciente de esta pretensión así como la posibilidad de fundamentar y formular este nuevo derecho. Este sería el objetivo de una primera investigación sobre el derecho a la comunicación, y que a la vez, expresa las fases o pasos de la investigación:
• Reconstrucción histórica de la demanda del derecho a la comunicación
• Fundamentación filosófica del derecho a la comunicación
• Formulación jurídica del derecho a la comunicación
e) El marco teórico que sirve para trabajar esta exploración conceptual esta definido y condicionado por una idea central, que consiste en que sea cual fuere la formulación que adopte un nuevo derecho humano sobre la comunicación, a dicha formulación debe subyacer un conjunto de valores y una noción de dignidad que sean consistentes con el ethos de la modernidad, esto es, con su ética pública ilustrada. Si esta condición no se cumple, el resultado de la formulación jurídica podrá reputarse como Derecho (mercantil, civil, financiero, etc.), pero no como Derecho de los derechos humanos o de los derechos fundamentales.
f) A pesar de la aparente consistencia de la pretensión moral y política de formular un nuevo derecho a la comunicación, acotar el contenido de este derecho resulta supremamente complejo porque el objeto sobre el cual debería actuar no está claramente estructurado ni de limitado, y a primera vista podría abarcar: la resignificación de las libertades tradicionalmente relacionadas con la comunicación, a la información y la conocimiento en sí mismos, al acceso y usos de las tecnologías de la comunicación, a papel los medios de comunicación como espacio privilegiado de la esfera de deliberación pública, a las relaciones económicas que generan las empresas de comunicación y al papel que le corresponde jugar al Estado.
Notas
1. D´ARCY Jean, El derecho a comunicar, UNESCO, Serie de Estudios y Documentos de Información, Documento Nº 36, p.1
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii), del 10 de diciembre de 1948 "Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
3. "La base de esta revolución [tecnológica] está formada por tres ámbitos tecnológicos estrechamente vinculados, como son la microelectrónica, la informática (software y hardware) y las telecomunicaciones. Los tres experimentan avances formidables desde los años cincuenta y sesenta, pero durante los años setenta la innovación en cualquiera de ellos se transmite y aplica a los otros dos, de tal forma que, en muy poco tiempo, los cambios tecnológicos y económicos adquieren un ritmo vertiginoso." IBAÑEZ Josep, "Globalización e Internet: poder y gobernanza en la sociedad de la información", en Revista Académica de Relaciones Internacionales, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, Nº 4, febrero de 2006.
4. GONZÁLEZ Gustavo, "Del "Estado comunicador" a la ciudadanía comunicacional", en http://www.encuentroconosur.uchile.cl/ponencias/1/1b_gustavogonzalez.html, consultado 17.03.06
5. "De la XIX Conferencia general de la UNESCO, celebrada en Nairobi en 1976, emanó el mandato de crear una comisión de expertos cuya misión sería el estudio de los problemas de la comunicación. El encargo fue realizado al entonces director general, el senegalés Amadou Mathar M´Bow. La Comisión Internacional Para el Estudio de los Problemas de la Comunicación fue constituida en 1977, bajo la presidencia del Irlandés Sean MacBride". MORAGAS Miguel, DIEZ Mercé y otros, "EL Informe MacBride, 25 años después. Contexto y contenido de un debate inacabado" en Cuaderns del Consell de L´Audiovisual de Catalunya, Nº 21 enero-abril de 2005, p.7.
6. Sean MacBride, era un figura muy prestigiosa de la época entre otras cosas fue cofundador y presidente de Amnistía Internacional, y recibió los premios Nobel y Lenin de la Paz.
7. MACBRIDE Sean, "Entre la exaltación y la Inquietud. El testimonio del presidente de la Comisión Internacional Para el estudio de los Problemas de la Comunicación" en Cuaderns del Consell de L´Audiovisual de Catalunya, Nº 21 enero-abril de 2005, p. 141.
8. "Muchas voces, un mundo". Informe de la Comisión McBride. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1980.
9. MORAGAS Miguel, DIEZ Mercé y otros, "EL Informe MacBride, 25 años después. Contexto y contenido de un debate inacabado" en Cuaderns del Consell de L´Audiovisual de Catalunya, Nº 21 enero-abril de 2005, p.8.
10. MORAGAS Miguel, DIEZ Mercé y otros, "EL Informe MacBride, 25 años después. Contexto y contenido de un debate inacabado" en Cuaderns del Consell de L´Audiovisual de Catalunya, Nº 21 enero-abril de 2005, p.6.
11. Ver AMBROSI Alain, PIMIENTA Daniel y PEUGOET Valérie, Palabras en Juego. Enfoques Culturales sobre la Sociedad de la Información, C & F éditions, Caen, 2005. p. 4-7.
12. QUESADA Lisbet, "Los Estados Unidos y La UNESCO: Apuntes Sobre Una Confrontación", en el Boletín del Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García" del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, No. 8 enero-febrero 2005.
13. Ver GONZÁLEZ Gustavo, "Del "Estado comunicador" a la ciudadanía comunicacional", en http://www.encuentroconosur.uchile.cl/ponencias/1/1b_gustavogonzalez.html, consultado 17.03.06.
14. "[Con la Nueva Estrategia de Comunicación de la UNESCO] Se apuesta, por tanto, por la doctrina del free flow combinada con medidas de ayuda al desarrollo, eludiendo cualquier referencia crítica a los fenómenos que explican los desequilibrios de la comunicación internacional" FERNANDEZ Isabel, "Las políticas de comunicación de la UNESCO en 2005 ¿Qué queda del espíritu MacBride?", en Cuaderns del Consell de L´Audiovisual de Catalunya, Nº 21 enero-abril de 2005, p. 113.
15. Ver IBAÑEZ Josep, "Globalización e Internet: poder y gobernanza en la sociedad de la información", en Revista Académica de Relaciones Internacionales, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, Nº 4, febrero de 2006.
16. Cumbre Mundial de la Información, en http://www.itu/wisis/
17. Declaración de la Sociedad Civil sobre la CMSI, en http//www.worldsummit2003.de/download_en/WISIS-CS-summit-estatement-rev1-23-12-2005-en.pdf
18. Esta coalición esta formada por un gran número de las organizaciones internacionales de la sociedad civil de mayor reconocimiento internacional en materia de comunicación social: ALAI, ALER, APC, AMARC, CAMECO, CCNS, EED International, ECCR, FEMNET, GlobalCN, IWTC, IPS, MediaChannel, PANOS London, Les Penelopes, People.s Communication Charter, RITS, VECAM, WACC.
19. Campaña Derechos a la Comunicación en la Sociedad de la Información (Communication Rights in the Information Society), en http://ww.comminit.com/la/descripciones/lapdsglobal/descripciones-1148.html, consultado 11.04.2006
20. Declaración de los Derechos de la comunicación, en http://comonucationsrigths.org/stament_es.html, consultado el 06.03.2006.
21. Declaración de los Derechos de la comunicación, en http://comonucationsrigths.org/stament_es.html, consultado el 06.03.2006.
22. PAQUALI Antonio y JURADO Romel, Propuesta de formulación del Derecho a la Comunicación, en http://www.movimientos.org/foro_comunicacion/show_text.php3?key=1019
23. OLIVA, D., La Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas: Fundamento, Contextos de Creación y Reconocimiento Normativo en el Derecho Internacional, Tesis Doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2004, p. 38.
24. "El enfoque político y conceptual actúa como una lente con la que miramos la realidad, comprenderla de una determinada manera y proyectar sobre ella soluciones desde nuestros intereses y principios de actuación" JURADO Romel, Manual práctico para telecentros comunitarios sobre políticas públicas y regulaciones en materia de TIC, Chasquinet, Quito, 2004, p. 17.
25. Para establecer la característica principal tanto de las tecnologías como de los medios y por tanto su diferencia, es de gran valor didáctico el siguiente texto de Postman: "Podríamos decir que una tecnología es a un medio lo que el cerebro es a la mente. Al igual que el cerebro, una tecnología es un aparato físico. Al igual que la mente, un medio es la utilización que se hace de un aparato físico. Una tecnología se convierten un medio cuando emplea un código simbólico particular, cuando descubre su lugar en un ámbito social específico, cuando se insinúa en contextos económicos y políticos. En otras palabras, la tecnología es solo una máquina. Un medio es el entorno social e intelectual que una máquina crea". POSTMAN Neil, Divertirse hasta morir, El discurso público en la era del "show bussines", Barcelona, 2001, p.88.
26. Los procesos de positivación, interpretación y garantía de los derechos fundamentales, a través de los cuales se concreta su vigencia y protección, no pueden excluir las relaciones e influencia que los conecta a una o varias de las posiciones que se plantean respecto de su fundamento y concepto. Ver en este sentido ASÍS Rafael de, Sobre el concepto y el fundamento de los Derechos: una aproximación dualista. Dykinson, Madrid, 2001. p. 47-87. También BARRANCO María, "El concepto de derechos humanos", en AA.VV, El Derecho contemporáneo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, 2004.
27. PECES-BARBA Gregorio y otros, Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Universidad Carlos III de Madrid, B.O.E., Madrid, 1995, p. 57.
28. Ver BERLIN I, Cuatro ensayos sobre la libertad, Traducción de Julio Bayón, Alianza Editorial, Madrid, 1998. También PECES-BARBA Gregorio y otros, Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Universidad Carlos III de Madrid, B.O.E., Madrid, 1995, p. 215 - 228. También ASÍS Rafael de, Sobre el concepto y el fundamento de los Derechos: una aproximación dualista. Dykinson, Madrid, 2001. p. 56, 57 y ss.
29. "La televisión está alterando el significado de la expresión "estar informado", al crear un tipo de información que para ser más exactos habría que calificar de desinformación (...) La desinformación no significa información falsa, sino engañosa, equivocada, irrelevante, fragmentada o superficial; la información que crea la ilusión de que sabemos algo, pero de hecho nos aparta del conocimiento. Al decir esto no quiero insinuar que los noticieros de televisión pretendan deliberadamente privar a los estadounidenses de una comprensión coherente y contextual de su mundo. Lo que quiero decir es que cuando las noticias son presentadas como entretenimiento, ese es el resultado inevitable. Y al afirmar que los noticieros de televisión entretienen pero no informan, estoy diciendo algo mucho más serio, que estamos siendo privados de una información auténctica y perdiendo el sentido de lo que significa estar bien informado. La ignorancia es siempre corregible, pero ¿qué pasaría con nosotros si llegamos a aceptar que la ignorancia es conocimiento?". POSTMAN Neil, Divertirse hasta morir, El discurso público en la era del "show bussines", Barcelona, 2001, p.111.
30. En este sentido Fiss, a analizar el papel del Estado en Estados Unidos sobre el alcance de la libertad de expresión en situaciones límite, ha señalado "No podemos evitar el problema planteado por la regulación estatal de las expresiones de odio, de la pornografía y de la financiación de campañas electorales expulsando de la ecuación el elemento expresivo, y, por otra parte, no tenemos una manera fundamentada de resolver el conflicto entre igualdad y libertad. En consecuencia, los liberales se hallan divididos, casi en guerra, unos dando preferencia a la libertad, y otros a la igualdad, Quizás tengamos que vivir este lamentable estado de cosas, pero talvez pueda haber otra manera de articular el problema que vaya más allá de esta batalla entre valores trascendentales. Quizás sea posible ver las regulaciones en cuestión como medidas que promueven la libertad de expresión, en lugar de restringirla.
Esta manera de entender lo que el Estado [como gestor político de los derechos] está tratando de conseguir transformaría lo que a primera a vista era un conflicto entre libertad e igualdad, en un conflicto entre libertad y libertad. Esta formulación no haría desaparecer todos los conflictos existentes, pero colocaría estas elecciones dentro de una matriz común. Haría de la controversia sobre tales regulaciones, no tanto una batalla sobre valores últimos, una indagación estéril acerca de si es la Décimo Cuarta Enmienda o es la primera la que tiene preeminencia, cuanto un desacuerdo entre personas de fuertes convicciones que tratan de alcanzar un objetivo común: la libertad de expresión". FISS Owen, La ironía de la libertad de expresión, Traducción de Víctor Ferres y Jorge Malem, Gedisa, Barcelona, 1999, p. 27.
31. "Los debates del pasado asumían como premisa que el Estado era un enemigo natural de la libertad. Era el Estado el que estaba tratando de silenciar al individuo, y era el estado a quien había que poner límites. Hay una gran dosis de sabiduría en esta concepción, pero se trata de una verdad a medias. Ciertamente el Estado puede ser opresor, pero también puede constituir una fuente de libertad (… ) Este punto de vista -inquietante para algunos- descansa en una serie de premisas. Una de ellas se refiere al impacto que las concentraciones privadas de poder tienen sobre nuestra libertad; a veces se necesita al Estado para contrarrestar estas fuerzas (…) En algunos casos los órganos del Estado tratarán de asfixiar el debate libre y abierto, y la Primera Enmienda constituye entonces el mecanismo, de éxito ya acreditado, que frena o evita los abusos del poder estatal. En otros casos sin embargo, el estado puede verse obligado a actuar para promover el debate público: cuando poderes de carácter no estatal ahogan la expresión de opiniones. Habrá que asignar recursos públicos -repartir megáfonos- a aquellos cuyas voces de otra forma no serían oídas en la plaza pública". FISS Owen, La ironía de la libertad de expresión, Traducción de Víctor Ferres y Jorge Malem, Gedisa, Barcelona, 1999, p.12 y 14.
32. GARCIA MANRIQUE Ricardo, "La Constitución Francesa de 1848", Universidad de Barcelona, Barcelona, 2006.
33. "Lo universal es la moralidad básica de estos derechos, más que los derechos mismos, al menos en esta consideración a priori. No se puede dudar que la construcción teórica de este gran edificio de la cultura que es la ética pública ilustrada, de la modernidad, tiene una vocación de universalidad que se fundamenta en los valores básicos que defiende y que arrancan de la idea de dignidad humana." PECES-BARBA Gregorio y otros, Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Universidad Carlos III de Madrid, B.O.E., Madrid, 1995, p. 312.
34. Nos referimos a las obligaciones generales de respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos que los Estados tienen, independientemente de cual sea el derecho específico que se trate; al respecto ver Derecho a la Reparación en el Procesamiento Penal, INREDH-CEPAM, Quito, 2000, p. 113-116.
35. Ver CIANCARDIO Juan, "Principios y reglas: una aproximación desde los criterios de distinción" en Boletín Mexicano de Derecho Comparado Nueva Serie, año XXXVI, número 108, septiembre-diciembre de 2003, p. 891-906.
36. Sin embargo, desde otro punto de vista, la formulación de los derechos fundamentales como normas jurídicas con forma de principio permitiría el desarrollo permanente del Derecho, en el sentido de que habilitaría a los operadores jurídicos actualizar su alcance con arreglo a las circunstancias siempre cambiantes de la realidad social, evitando así la petrificación o el congelamiento del Derecho.
37. "Se puede afirmar que los derechos desarrollan una función importante en la producción de normas jurídicas, considerada tanto desde el punto de vista formal como desde el material. Analizada la cuestión desde el punto de vista formal, los derechos contribuyen a diseñar los mecanismos y procedimientos de producción normativa (…) Pero los derechos fundamentales también contribuyen a definir la producción de normas desde un punto de vista sustancial o material. En este sentido cabe recordar que los derechos forman parte de la norma básica material de identificación normativa. Los contenidos materiales de la Constitución, cuyo vértice es ocupado por normas con una "carga moral" fuerte y evidente, condicionan el contenido del resto de normas del sistema." ANSUATEGUI Javier, "Ordenamiento Jurídico y Derechos Humanos", Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2006.
38. OLIVA, D., La Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas: Fundamento, Contextos de Creación y Reconocimiento Normativo en el Derecho Internacional, Tesis Doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2004, p. 45.
39. "Es aquí cuando cobra pleno sentido la identificación de los derechos fundamentales a partir de determinados mecanismos de resistencia constitucional. El carácter fundamental de un derecho viene determinado en realidad por su posición constitucional, entendiendo aquí por posición el conjunto de mecanismos normativos e institucionales que definen y acompañan su presencia en el Ordenamiento (…) Será la mayor o menor densidad de la dimensión limitativa a la que los derechos someten al Poder la que defina el carácter más o menos resistente. Y si la mayor o menor resistencia es el criterio de fundamentalidad aplicable a los derechos, se puede concluir que existen, entre los derechos fundamentales, derechos más fundamentales que otros". ANSUATEGUI Javier, "Ordenamiento Jurídico y Derechos Humanos", Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2006.
40. Ver ABRAMOVICH Victor y COURTIS Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 2002.
* Profesor e investigador en temas de Derechos Humanos y Políticas Públicas, actualmente becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para realizar estudios de Doctorado en Derechos Fundamentales, en Instituto Bartolomé de las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid.
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