AFIRMAN DESCONOCER EL ALCANCE Y EL CONTENIDO
Dura crítica de SUTEL contra acuerdo entre LATU y MoviStar por Plan Ceibal
Víctor Carrato (La República)
El presidente del sindicato de las telecomunicaciones, SUTEl, Gabiel Molina fue entrevistado por La República sobre el reciente acuerdo entre el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la multinacional española Movitar con respecto al Plan Ceibal. Aquí brindamos un resumen de las duras críticas que el sindicato efectuó sobre el acuerdo que afirman desconocer en su alcance y contenido.
La empresa telefónica Movistar, propiedad de Telefónica de España, acaba de realizar un convenio con el Latu, firmado el pasado 24 de febrero para que el Plan Ceibal se apoye en su red de cobertura en todo el país. ¿Antel y el sindicato de SUTEL estaban en conocimiento de este acuerdo?
Esto va mucho más allá. SUTEL ha sido dejado de lado en este caso como en otros acuerdos que se han realizado, tal es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Pero va más allá porque el actual gobierno no tenía conocimiento de esto. El acuerdo se hizo a espaldas de todo el mundo, que se firmó 3 días hábiles antes que se realizara el cambio de mando. El nuevo gobierno había dado la orden de trabajar en una comisión para la elaboración de una Ley en telecomunicaciones, en la cual estamos participando porque fuimos invitados para dar una mano con las ideas que nosotros tenemos junto al PIT-CNT. Entendemos que esto, de alguna manera, termina lesionando la futura Ley, porque todo lo que se haga previo a su elaboración, termina encasillando el proyecto. Todo lo que se haga previo a ella está coartando el alcance de la misma. Nosotros no teníamos conocimiento de este convenio. Nos enteramos por la prensa como se enteraron todos y nos pusimos en contacto con algunos compañeros para avisarles de esta situación para ver cómo avanzamos en esto. Yo estuve buscando en las páginas web del gobierno, como nos tiene acostumbrados el presidente anterior, de transparentar toda la información y no he encontrado nada de nada sobre esto, ni siquiera en la página web de Movistar. Es decir que no conocemos el alcance y el contenido de este acuerdo. Lo que sí es claro es que estas multinacionales no dan nada gratis. Hoy la cobertura de los servicios de banda ancha de ANTEL supera el 95% de los hogares del país. La penetración más alta de todo Latinoamérica. No pueden decir que lo que se está haciendo es propender a impulsar la conectividad del Plan Ceibal. Antel está comprometido con el plan Ceibal desde su inicio, poniendo a su disposición recursos humanos, materiales y económicos para que el Ceibal sea un ejemplo para el mundo y también un orgullo para los uruguayos. No entendemos la razón de estos intentos de parte del Sr. Brechner, presidente del LATU, ahora que está prácticamente finalizada la implementación del proyecto de conectividad, se haga necesaria la participación de terceros, los cuales han estado ajenos durante todos estos años al gran esfuerzo realizado al respecto.
¿Ustedes temen a la participación de las empresas privadas?
De ninguna manera, no le tenemos miedo a la participación de los privados si es en forma ordenada y prolija. La colaboración desinteresada siempre es bienvenida, lo que nos preocupa es la falta de trasparencia y de oportunidad de este acuerdo. Hay que sentarse para ver el alcance de los acuerdos porque nada de lo que dan es gratis. Los únicos que aportan gratuitamente, porque lo tienen que hacer ya que es una obligación, son las empresas públicas. Las multinacionales que compiten vienen para tratar de quedarse con el mercado y después que pase eso, hay ejemplos en el mundo, va a ser totalmente imposible acceder a todos los servicios que los privados van a brindar si es que Antel desaparece. Eso es lo que no queremos. Antel tiene que ser pública, estatal y eficiente, así lo es, así está gracias al esfuerzo de miles de uruguayos que apuestan a usar sus servicios y también de los trabajadores que hemos apostado, con mucho esfuerzo, trabajamos para mantener a Antel en el lugar que está, en los primeros lugares de América Latina, lo cual es un orgullo para los uruguayos. Se están haciendo inversiones, hay tendido de cable de fibra óptica a nivel submarino entre la localidad de Las Toninas en Argentina y Maldonado en Uruguay, lo que va a multiplicar varias veces la conectividad de Uruguay con el mundo. O sea que Antel sigue impulsando su actividad para estar en uno de los primeros lugares. Todas estas cosas ocultas atentan contra esta realidad. De parte del presidente del Latu no nos extraña nada porque ha hecho todo lo posible para desprestigiar a Antel al igual que otros que andan en la vuelta y escriben en algunos periódicos de derecha, que lo único que hacen, desde hace muchos años, es justificar que Antel debería desaparecer porque dicen que la empresa está quedando en la prehistoria en las telecomunicaciones. Sin embargo está claro, incluso a través de encuestas realizadas, que Antel ocupa uno de los primeros lugares desde el punto de vista de la tecnología, a la cual acceden los uruguayos y también de los costos, es una de las más baratas en América Latina.
¿Usted dice que este convenio en realidad no aporta más conectividad al plan Ceibal?
Reitero, no conozco las implicancias totales del acuerdo, por lo cual no podemos decir esto hoy. Si, entendemos que es innecesario, porque Antel llega al 95% del territorio nacional y adonde no llega va a llegar y hace y hará el despliegue necesario para llegar al 100% de cobertura del país porque es parte de su misión como empresa.
¿Cómo puede afectar este convenio a Antel?
En la competencia, al comenzar a darle parte de lo que maneja el sistema público, se está entregando algo por nada. Aunque no conocemos el contenido, habría que ver hasta que punto se está entregando algo. Primero porque Telefónica española y Claro no tienen un sistema que les permita llegar a todo el país. La única empresa que tiene conexiones en todo el país es Antel. No entiendo si después se le van a alquilar las antenas para que la propia MoviStar se cuelgue sin hacer ningún tipo de inversión. Hay cosas que desconocemos porque no se ha hecho público y estamos solicitando conocer este acuerdo para ver qué es lo que vamos a hacer. No nos vamos a quedar quietos.
¿Algo similar sucedió con el decreto sobre el Plan Cardales que finalmente fue retirado?
Efectivamente fue retirado para dejarle al nuevo gobierno del Sr. Mujica todas las posibilidades para ver cómo se desarrolla el Cardales. El presidente Mujica lo que hizo fue crear una comisión para elaborar una Ley de telecomunicaciones, todo esto otro que se hace de forma oculta atenta contra eso. Es como retomar los intentos de lo que no se pudo hacer con el decreto sobre el Plan Cardales a espaldas de toso los actores. Lo tenían muy bien guardadito y se hizo nada menos que a 72 horas de la asunción del nuevo gobierno.
Telefónica de España acaba de ser multada en Argentina por realizar propaganda engañosa.
Acá habría que investigar y explorar porque también acá se dio la apertura en la competencia, dejando que estos operadores compitan con Antel en un marco bastante complejo. Hoy por hoy estamos discutiendo ese marco de regulación para que cada uno tenga sus roles y ver la participación de cada uno en todos los emprendimientos. Hay que ver si no se está haciendo aquí también publicidad engañosa, porque el minuto más barato por telefonía celular lo ofrece Ancel, que además te fracciona el minuto de comunicación. Contra lo que no puede competir Ancel es con la venta de aparatos telefónicos porque estas multinacionales compran millones en el mundo y no les importa venir a Uruguay y regalarlos porque lo recuperan en cualquier otra parte del mundo ya que tienen 120 o 130 millones de clientes. Entonces es estratégico quedarse con las telecomunicaciones en Uruguay. Lo que no pudieron hacer de una forma lo van a intentar hacer de otro modo.
RECUADRO
CONTRATOS SOLAPADOS
¿Qué beneficios puede obtener Movistar con este acuerdo?
Después pueden venir a ofrecer módems inalámbricos conjuntamente con laptops como ya lo han intentado hacer. Tiempo atrás la empresa que proveía las laptops a los profesores de Secundaria y a los maestros, subsidiadas por el Estado, ofrecían muy solapadamente un contrato con Movistar. Nosotros lo detectamos y lo denunciamos e inmediatamente el ministerio de Educación y Cultura paró eso. No queremos contratos solapados ni con falta de trasparencia y menos cuando se trata de inclusión social.
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No mas apertura a multinacionales con el CARDALES
No mas apertura a multinacionales con el CARDALES
Montevideo, noviembre 9 de 2009.
Presente
De nuestra consideración:
Con referencia al Proyecto de Decreto sobre licencias para
Empresas licenciatarias de televisión para abonados que adhieran al Plan CARDALES,
hemos elaborado nuestra posición sobre el tema, la cual presentamos a usted para su
consideración.
Mesa Ejecutiva SUTEL – MSCE – PIT-CNT
El Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), ante la inminente aprobación de un decreto por parte del Poder Ejecutivo que abriría aún más las puertas del mercado uruguayo a las empresas multinacionales, permitiéndoles utilizar redes que fueron autorizadas con otros fines para competir con la empresa pública en el suministro de acceso a Internet, con lo que se agravan otra vez las condiciones de la desigual competencia a que está sometida ANTEL, declara:
1. Su extrañeza ante el hecho de que el decreto en cuestión desconoce un compromiso asumido por el Poder Ejecutivo ante la bancada de senadores del gobierno, en ocasión de vetar el artículo 241 de la Rendición de Cuentas de 2007, en cuanto a que no se otorgarían nuevas licencias para servicios de telecomunicaciones hasta que no estuviera definida y acordada la Política Nacional de Telecomunicaciones.
2. Mientras no se defina una política de telecomunicaciones, y se den los pasos para concretarla mediante la aprobación de un plan nacional y una ley al respecto, no es necesario ni conveniente innovar a través de decisiones particulares, tales como este decreto que otorga habilitaciones de servicios. Esas decisiones particulares generan derechos adquiridos prácticamente irreversibles y diseñan de hecho el mapa del sector, reduciendo las posibilidades de definir posteriormente una política pública consistente y coherente, en la que se marquen claramente las reglas de juego del mercado de telecomunicaciones (quien fija políticas, quien regula, quienes operan), y se proteja adecuadamente, otorgando los medios y los plazos necesarios para el ajuste a la nueva realidad, a nuestra empresa pública y a las empresas privadas nacionales.-
3. La declaración de “intransferibles” de las nuevas habilitaciones sería puramente teórica y no inhibiría la apertura indiscriminada del mercado a las multinacionales. Dentro de la legislación uruguaya (como de la mayor parte de los países) es imposible determinar quien es el propietario real de las acciones que representan el capital de una determinada empresa. Por consiguiente, atraídas por las nuevas oportunidades de mercado, grupos que ya actúan en el país u otros, podrán adquirir empresas nacionales existentes, cualesquiera sean las prohibiciones que se establezcan en la letra de los decretos, constituyéndose así en competencia absolutamente desigual para nuestra empresa pública y las empresas nacionales que deseen sobrevivir.-
4. Su rechazo a que el decreto mencionado se haya dictado invocando el Plan CARDALES, siendo que éste, al igual que el Plan Ceibal, por ser un plan de inclusión social dirigido a los sectores más carenciados, sólo podrá implementarse gracias a la existencia y la participación de ANTEL. En realidad, el único hecho concreto de ejecución del Plan CARDALES ha sido el comienzo de una experiencia piloto en la ciudad de Trinidad, experiencia que aún no está siquiera completa ni ha sido evaluada, y que por otra parte sólo fue posible por la cooperación entre ANTEL y el operador de TV para abonados de esa ciudad.
5. Su compromiso en la defensa de ANTEL, asumida en reiteradas oportunidades junto a todo el pueblo uruguayo. La existencia de ANTEL es lo que ha permitido al país alcanzar logros como el Plan Ceibal, colocarse a la cabeza de América Latina en penetración de Internet y acceso a banda ancha, así como ocupar el primer lugar en telefonía fija y uno de los primeros lugares en telefonía celular. Nuestra empresa pública, soportando una competencia desigual con grandes multinacionales y un sistema regulatorio hóstil, da hoy trabajo directo a seis mil uruguayos, representa un fuerte incentivo a la innovación y al desarrollo tecnológico nacional, aporta sumas muy importantes a Rentas Generales y enmarca su actividad en un fuerte compromiso social. Asegurar el rol estratégico de ANTEL debe ser un objetivo fundamental en una política nacional de telecomunicaciones.
6. Seguir abriendo a las empresas multinacionales nuevos sectores de la industria de las telecomunicaciones, implica destruir fuentes genuinas de empleo, anular la posibilidad de creación de contenidos nacionales y reducir las oportunidades de desarrollo tecnológico. En definitiva, compromete la propia autonomía del Uruguay en un sector esencial y estratégico.
7. Su reclamo de participación de los trabajadores en el diseño de una Política Nacional de Telecomunicaciones, la que deberá ser instrumentada necesariamente en el nuevo período de gobierno.
Por todo lo señalado, SUTEL resuelve:
a – Que Interpondrá todos los recursos legales y desplegará las medidas de lucha necesarias para obtener la anulación del decreto referido.
b - Exigirá la participación de los trabajadores en el diseño de una Política Nacional de Telecomunicaciones, la que deberá ser instrumentada necesariamente en el nuevo período de gobierno.
Mesa Ejecutiva SUTEL – MSCE PIT-CNT
Respecto al decreto:
Hay una falta de claridad entre habilitación de Plan Cardales y licencias. Se presenta el proyecto para que se de la habilitación, en el art. 2 del Resuelve se dice que la habilitación implica el otorgamiento de los derechos necesarios para prestar el Triple Play, es decir licencia B, las licencias se solicitan o se gestionan por el reglamento de licencias.
La habilitación tiene carácter precario, revocable e intransferible, esto se usa en radiodifusión, en los hechos, cuando se quiere remover una autorización siempre se recurre a juicio, prevalecen los contratos que se firmen y se puede argumentar daños por las inversiones realizadas. Mientras tanto las licencias sigue otro decreto que es el reglamento de licencias, no queda claro si se pueden revocar juntas, no surge de este texto.
La exigencia de tener el 50% de la red bidireccional para adherir, habilita a entrar a aquellas empresas con un porte importante, seguro Montevideo. Algunas redes de empresas de cableros del interior, tienen que hacer inversiones, muchos cableoperadores del interior tienen deudas con URSEC por el pago de espectro, es previsible que no obtengan crédito para inversión.
art. 3 Según este artículo parece que se podrán habilitar nuevas empresas de TV cable, además de las actuales, esto sin regulación puede poner en riesgo las empresas actuales.
art.6 Los proyectos se presentan ante el LATU y luego se informa a Secretaría de la Presidencia de la República, esto no sigue ninguna institucionalidad actual, no se sabe dónde se podrán presentar los recursos derivados de los conflictos de intereses.
art. 9 donde dice: “asegurando además, la regularidad, la prestación igualitaria y la calidad de los servicios brindados”, no queda claro a qué calidad se refiere, no está establecida y si hay quejas de los clientes las mismas se presentarán ante URSEC como corresponde, entonces URSEC controla contra lo establecido en el reglamento de licencias que no dice nada de estas condiciones.
art 11 Otra vez aparece la suspensión o revocación de la habilitación, no queda claro si también de las licencias de datos.
Sugerencias:
1. Se debería esperar a tener una legislación más clara al respecto para el otorgamiento, lo mejor una Ley, en su defecto si se pretende dar más rápido, fijar que las licencias son por el período que transcurra hasta que haya una ley, como forma de que luego queden comprendidas en ella.
2. Fijar un plazo de funcionamiento de las mismas, renovable previa evaluación.
3. Para acelerar el despliegue en las zonas de bajos recursos, se puede pedir como condición que se verifique el despliegue en estas zonas de bajos recursos y luego se pueda hacer uso de las licencias en los lugares más rentables de la población.
4. Verificar que la exoneración de IRAE esté bien hecha, es decir por cuánto es la misma y que a su vez se le de esta misma exoneración también a ANTEL, por cubrir los hogares de bajos recursos.
COMENTARIOS AL PROYECTO DE DECRETO.-
1.- El Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 301/009 del 29 de junio de 2009 (mencionado en el Resultando II) del Proyecto de Decreto ) excluye a ANTEL ya que habla de “empresas licenciatarias de televisión para abonados que adhieran al Plan CARDALES”, aunque con la interpretación que este mismo texto incorpora, ANTEL es licenciataria de televisión para abonados, ya que puede prestar todos los servicios de telecomunicaciones, a pesar de no tener licencia D. (En realidad, ANTEL no tiene ningún tipo de licencia de las del decreto 115/003). La interpretación dada por un decreto puede ser impugnada y ésta seguramente lo será. No agrega nada que ANTEL ya no tenga de acuerdo su régimen legal.
2.- El Resultando III), refiriéndose al art. 6 del Decreto antes referido menciona la existencia de compromisos que refieran a un quintil de hogares del sector más pobre, cuando lo que existe para los hogares es una medida estadística relativa que se actualiza con encuestas que no abarcan la totalidad de la población (porque son encuestas), resultando muy llamativo pretender que cada hogar va a estar etiquetado en función del quintil a que pertenece.
Los compromisos de cobertura son geográficos o de disponibilidad de servicios. Puede existir cobertura pero para que efectivamente se traduzca en servicios debe existir demanda dado el precio que se vaya a cobrar.
En ningún lugar se establece qué tipo de servicio y a qué precio se pretende dar.
La cobertura técnica depende de la red, la cobertura efectiva no depende solo de la oferta sino también de la demanda.
3.- No se entiende que significa “eventuales reliquidaciones”. No queda claro si se promueve o no la inversión. ¿Se va a reliquidar en función de cuánto se conecte? De ser así, va a resultar muy difícil su implementación.
4.- Sin perjuicio del reconocimiento de las competencias de ANTEL en el Resultando V), no se está estableciendo una competencia justa. Las terminales promovidas van a ser sólo para los cableros, ¿ANTEL las debe solventar por sí misma? No se equiparan las condiciones de competencia. Este régimen genera una gran cantidad de dudas: ¿tiene sentido el subsidio del terminal?, ¿cómo se va a garantizar el acceso a determinada tarifa o el acceso será gratuito? ¿la tarifa será nacional y única?.
5.-El Considerando II) define el triple play pero no se establece como se va a dar el acceso conjunto a una telefonía que es de ANTEL.
No se explicita si ANTEL va a dar interconexión. Si así fuera ¿se puede decir que es telefonía de ANTEL?.
Otra hipótesis no aclarada: ¿ANTEL dará acceso a su red y el cablero cobrará determinada comisión por la facturación y cobro de la telefonía y por el acceso vía cable? ¿Es una especie de desagregación del bucle pero al revés?.
¿ANTEL venderá telefonía fija usando la red de los cableros o los cableros venderán telefonía fija de ANTEL con su red de acceso?
Esa red de acceso no podrá llegar a las centrales de ANTEL por lo tanto debería interconectarse con la red de ANTEL, pero en este caso ¿qué sucede con la numeración? ¿van a tener numeración propia?.
Conclusión: no resulta viable esta mezcla sobre la misma plataforma de conexión por lo que deberían tener un acceso y una tarifa aparte para el servicio de telefonía fija. Ya no se trataría entonces de un triple play, sino una tarifa especial para el acceso a la telefonía fija, que el cliente contratará a ANTEL por medio de la solicitud al cablero.
6.- INDEFINICION INSTITUCIONAL.- intervienen una gran cantidad de instituciones del Estado y paraestatales en el Proyecto Cardales y no se establece quien es la autoridad de aplicación de este Plan. ¿LATU, Comisión CARDALES, URSEC?.
Asimismo se agregan la dependencia del MIDES para determinar la cobertura y del MEF para el tema de las exoneraciones fiscales. No se mencionan ni al MIEM ni la Dirección Nacional de Telecomunicaciones.
7.- ARTICULO 1.- “..quedan habilitadas a adherir al Plan CARDALES las empresas que presenten…” Menciona la palabra “empresas” y no solamente los operadores de TV para abonados como se había establecido en un primer momento. Al decir “empresas” cualquiera puede presentarse, incluyendo operadores nuevos.
¿Qué se entiende por “cobertura”?. ¿son servicios vendidos? ¿se va a competir par venderles a los que integran el quintil más pobre?.
Conclusión: al establecerse un plan de tan difícil comprensión y además prácticamente incontrolable lo que se va a lograr es que cada uno venda lo que quiera y a la tarifa que quiera.
Finalmente refiere a cobertura “ …tomará en cuenta el número de empresas que compitan en el mercado de televisión para abonados en dicha ciudad o localidad”. La pregunta es , ¿no se está abriendo un mercado de triple play?
8.- ARTICULO 2.- “..El componente de telefonía fija de triple play, será provisto en forma exclusiva y excluyente por ANTEL tal como lo establece la normativa vigente…”
En realidad: ¿es un triple play que sólo lo puede prestar ANTEL?. ¿o es un doble play con un plan especial de telefonía fija que ANTEL debe dar?.
Eso no está aclarado en ningún lado, ni tampoco quién regula las tarifas. ¿ no van a ser reguladas, van a ser libres?.
9.- ARTICULO 3.- Acá aparece la limitación de la licencia clase D (licencia de TV para abonados). No estando limitado el número de licencias, es seguro que Telefónica y Telmex se asociarán con actuales operadores o crearán otras para competir en este mercado.
10.- ARTICULO 4.-Habla de “habilitación” y no de licencias. ¿es una nueva figura jurídica?.
11.- ARTICULO 5.- Bastante confuso: ¿está ampliando el espectro y elimina el requisito establecido en el artículo 3?. ¿No se les exigirá tener licencia clase D como se estableció en el art. 3?. ¿ se está diciendo que aunque no tenga la licencia D igualmente se le puede otorgar la habilitación? ¿se refiere a la empresa que es propietaria de la red que arriendan para operar una gran parte de los actuales licenciatarios de TV para abonados?.
12.- ARTICULO 6.- Se establece que los proyectos se presentan ante el LATU, anteriormente nunca se había previsto esto. El LATU es una persona pública no estatal, no está sujeta a control político parlamentario. No se pueden ampliar sus competencias por decreto y menos aún en detrimento de las competencias legalmente asignadas a otros órganos.
Además, según el Decreto 115/003 las licencias las otorga la URSEC. En este caso, las “habilitaciones” (¿no licencias?), ¿las va a otorgar directamente el PE?.
Dice “sustanciado el procedimiento”, pero no se establece a qué procedimiento se refiere, ni quién participa (¿será el análisis de la propuesta? ¿cómo se va a realizar?.
13.- ARTICULO 7.- Lo del puntaje y como se liquidará y se reliquidará es extremadamente confuso, además de no saberse como proceder, tampoco se sabe que organismo es el responsable de esa liquidación o reliquidación. En los beneficios fiscales generales es la COMAP en consulta con el Ministerio respectivo y luego controla todo la DGI.
14.- ARTICULO 9.- Siguen las inconsistencias. ¿ que és y como se mide la cobertura según este decreto? ¿cobertura de qué?. Además ¿quién fijará los objetivos? ¿ El LATU, la Comisión CARDALES, la URSEC, el MIDES, la Presidencia, etc.?
15.- ARTICULO 10.- Aquí aparece el tema “multas”. Lo que se establecía eran exoneraciones y reliquidaciones. ¿ dónde se establecen las multas? ¿ quién determina el incumplimiento y quién aplica las mismas?
16.- ARTICULO 11.- Refiere al “régimen sancionatorio ordinario” pero éste no contempla el incumplimiento de cobertura de algo que sería semejante al “servicio universal”.
En este caso, no se estaría otorgando “licencias” de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto de Licencias por lo que no puede sancionarse en base a dicho decreto.
17.- ARTICULO 12.- No surge claro “incumplimiento de qué”. ¿tiene que vender en forma obligatoria a todos los hogares del quintil más pobre.?
Antes que nada, habría que identificar el quintil. ¿el quintil es nacional o por localidad.?
¿si el hogar beneficiado no quiere o no puede pagar la tarifa Cardales, eso implica un incumplimiento?.
En cuanto al “comportamiento predatorio”. ¿alguien que vende más caro va a ser castigado como incumplidor? Se supone que el propio mercado lo va a castigar, puesto que en ese caso no va a vender.
Debería establecerse un plan básico con una tarifa prefijada que todos estén obligados a suministrar si es que realmente se quiere dar un plan accesible, tal como se había manejado originalmente.
La práctica predatoria es difícil de probar para todos lossistemas de defensa de la competencia, pero acá se presupone además que ganar más mercado es presunción de práctica predatoria. En ralidad sería suficiente con aplicar la Ley de Defensa de la Competencia y no hay necesidad de innovar nada.
Este artículo castiga al que se destaque vendiendo más, lo que estaría incitando a repartirse el mercado, lo que sí es una práctica anticompetitiva.
18.- ARTICULO 13.- Los institutos más adecuados para establecer los criterios de identificación del quintil serían el INE que depende de OPP y el MEF.
Reiteramos que lo que se identifica es una categoría estadística y no un hogar.
Ese hogar tiene una especie de CI que indica que pertenece a determinado quintil.
No se establece que sucede si mejora el ingreso y cambia, ¿uién verifica la pertenencia del quintil? Se debería ir al caso a caso. ¿hay capacidad para administrar eso?.
Lo lógico sería que los beneficiarios fueran los del Plan de Equidad o ingreso ciudadano, etc. y en este caso no hablaríamos de quintil.
19.- ARTICULO 14.- lo que dice este artículo es que va a haber competencia en todo, excepto en la telefonía fija.
Está totalmente en contradicción con la posición unánime de la Sala de Abogados de ANTEL. (¿ANTEL lo va a impugnar?) ¿O se quiere convalidar el informe de la consultora Backer Mackenzie según el cual el monopolio de ANTEL se aplica sólo a la telefonía alámbrica?.
En definitiva, lo que se está haciendo es abrir a la competencia lo que no se pudo realizar por una vía directa.
Montevideo, noviembre 9 de 2009.
Presente
De nuestra consideración:
Con referencia al Proyecto de Decreto sobre licencias para
Empresas licenciatarias de televisión para abonados que adhieran al Plan CARDALES,
hemos elaborado nuestra posición sobre el tema, la cual presentamos a usted para su
consideración.
Mesa Ejecutiva SUTEL – MSCE – PIT-CNT
El Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), ante la inminente aprobación de un decreto por parte del Poder Ejecutivo que abriría aún más las puertas del mercado uruguayo a las empresas multinacionales, permitiéndoles utilizar redes que fueron autorizadas con otros fines para competir con la empresa pública en el suministro de acceso a Internet, con lo que se agravan otra vez las condiciones de la desigual competencia a que está sometida ANTEL, declara:
1. Su extrañeza ante el hecho de que el decreto en cuestión desconoce un compromiso asumido por el Poder Ejecutivo ante la bancada de senadores del gobierno, en ocasión de vetar el artículo 241 de la Rendición de Cuentas de 2007, en cuanto a que no se otorgarían nuevas licencias para servicios de telecomunicaciones hasta que no estuviera definida y acordada la Política Nacional de Telecomunicaciones.
2. Mientras no se defina una política de telecomunicaciones, y se den los pasos para concretarla mediante la aprobación de un plan nacional y una ley al respecto, no es necesario ni conveniente innovar a través de decisiones particulares, tales como este decreto que otorga habilitaciones de servicios. Esas decisiones particulares generan derechos adquiridos prácticamente irreversibles y diseñan de hecho el mapa del sector, reduciendo las posibilidades de definir posteriormente una política pública consistente y coherente, en la que se marquen claramente las reglas de juego del mercado de telecomunicaciones (quien fija políticas, quien regula, quienes operan), y se proteja adecuadamente, otorgando los medios y los plazos necesarios para el ajuste a la nueva realidad, a nuestra empresa pública y a las empresas privadas nacionales.-
3. La declaración de “intransferibles” de las nuevas habilitaciones sería puramente teórica y no inhibiría la apertura indiscriminada del mercado a las multinacionales. Dentro de la legislación uruguaya (como de la mayor parte de los países) es imposible determinar quien es el propietario real de las acciones que representan el capital de una determinada empresa. Por consiguiente, atraídas por las nuevas oportunidades de mercado, grupos que ya actúan en el país u otros, podrán adquirir empresas nacionales existentes, cualesquiera sean las prohibiciones que se establezcan en la letra de los decretos, constituyéndose así en competencia absolutamente desigual para nuestra empresa pública y las empresas nacionales que deseen sobrevivir.-
4. Su rechazo a que el decreto mencionado se haya dictado invocando el Plan CARDALES, siendo que éste, al igual que el Plan Ceibal, por ser un plan de inclusión social dirigido a los sectores más carenciados, sólo podrá implementarse gracias a la existencia y la participación de ANTEL. En realidad, el único hecho concreto de ejecución del Plan CARDALES ha sido el comienzo de una experiencia piloto en la ciudad de Trinidad, experiencia que aún no está siquiera completa ni ha sido evaluada, y que por otra parte sólo fue posible por la cooperación entre ANTEL y el operador de TV para abonados de esa ciudad.
5. Su compromiso en la defensa de ANTEL, asumida en reiteradas oportunidades junto a todo el pueblo uruguayo. La existencia de ANTEL es lo que ha permitido al país alcanzar logros como el Plan Ceibal, colocarse a la cabeza de América Latina en penetración de Internet y acceso a banda ancha, así como ocupar el primer lugar en telefonía fija y uno de los primeros lugares en telefonía celular. Nuestra empresa pública, soportando una competencia desigual con grandes multinacionales y un sistema regulatorio hóstil, da hoy trabajo directo a seis mil uruguayos, representa un fuerte incentivo a la innovación y al desarrollo tecnológico nacional, aporta sumas muy importantes a Rentas Generales y enmarca su actividad en un fuerte compromiso social. Asegurar el rol estratégico de ANTEL debe ser un objetivo fundamental en una política nacional de telecomunicaciones.
6. Seguir abriendo a las empresas multinacionales nuevos sectores de la industria de las telecomunicaciones, implica destruir fuentes genuinas de empleo, anular la posibilidad de creación de contenidos nacionales y reducir las oportunidades de desarrollo tecnológico. En definitiva, compromete la propia autonomía del Uruguay en un sector esencial y estratégico.
7. Su reclamo de participación de los trabajadores en el diseño de una Política Nacional de Telecomunicaciones, la que deberá ser instrumentada necesariamente en el nuevo período de gobierno.
Por todo lo señalado, SUTEL resuelve:
a – Que Interpondrá todos los recursos legales y desplegará las medidas de lucha necesarias para obtener la anulación del decreto referido.
b - Exigirá la participación de los trabajadores en el diseño de una Política Nacional de Telecomunicaciones, la que deberá ser instrumentada necesariamente en el nuevo período de gobierno.
Mesa Ejecutiva SUTEL – MSCE PIT-CNT
Respecto al decreto:
Hay una falta de claridad entre habilitación de Plan Cardales y licencias. Se presenta el proyecto para que se de la habilitación, en el art. 2 del Resuelve se dice que la habilitación implica el otorgamiento de los derechos necesarios para prestar el Triple Play, es decir licencia B, las licencias se solicitan o se gestionan por el reglamento de licencias.
La habilitación tiene carácter precario, revocable e intransferible, esto se usa en radiodifusión, en los hechos, cuando se quiere remover una autorización siempre se recurre a juicio, prevalecen los contratos que se firmen y se puede argumentar daños por las inversiones realizadas. Mientras tanto las licencias sigue otro decreto que es el reglamento de licencias, no queda claro si se pueden revocar juntas, no surge de este texto.
La exigencia de tener el 50% de la red bidireccional para adherir, habilita a entrar a aquellas empresas con un porte importante, seguro Montevideo. Algunas redes de empresas de cableros del interior, tienen que hacer inversiones, muchos cableoperadores del interior tienen deudas con URSEC por el pago de espectro, es previsible que no obtengan crédito para inversión.
art. 3 Según este artículo parece que se podrán habilitar nuevas empresas de TV cable, además de las actuales, esto sin regulación puede poner en riesgo las empresas actuales.
art.6 Los proyectos se presentan ante el LATU y luego se informa a Secretaría de la Presidencia de la República, esto no sigue ninguna institucionalidad actual, no se sabe dónde se podrán presentar los recursos derivados de los conflictos de intereses.
art. 9 donde dice: “asegurando además, la regularidad, la prestación igualitaria y la calidad de los servicios brindados”, no queda claro a qué calidad se refiere, no está establecida y si hay quejas de los clientes las mismas se presentarán ante URSEC como corresponde, entonces URSEC controla contra lo establecido en el reglamento de licencias que no dice nada de estas condiciones.
art 11 Otra vez aparece la suspensión o revocación de la habilitación, no queda claro si también de las licencias de datos.
Sugerencias:
1. Se debería esperar a tener una legislación más clara al respecto para el otorgamiento, lo mejor una Ley, en su defecto si se pretende dar más rápido, fijar que las licencias son por el período que transcurra hasta que haya una ley, como forma de que luego queden comprendidas en ella.
2. Fijar un plazo de funcionamiento de las mismas, renovable previa evaluación.
3. Para acelerar el despliegue en las zonas de bajos recursos, se puede pedir como condición que se verifique el despliegue en estas zonas de bajos recursos y luego se pueda hacer uso de las licencias en los lugares más rentables de la población.
4. Verificar que la exoneración de IRAE esté bien hecha, es decir por cuánto es la misma y que a su vez se le de esta misma exoneración también a ANTEL, por cubrir los hogares de bajos recursos.
COMENTARIOS AL PROYECTO DE DECRETO.-
1.- El Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 301/009 del 29 de junio de 2009 (mencionado en el Resultando II) del Proyecto de Decreto ) excluye a ANTEL ya que habla de “empresas licenciatarias de televisión para abonados que adhieran al Plan CARDALES”, aunque con la interpretación que este mismo texto incorpora, ANTEL es licenciataria de televisión para abonados, ya que puede prestar todos los servicios de telecomunicaciones, a pesar de no tener licencia D. (En realidad, ANTEL no tiene ningún tipo de licencia de las del decreto 115/003). La interpretación dada por un decreto puede ser impugnada y ésta seguramente lo será. No agrega nada que ANTEL ya no tenga de acuerdo su régimen legal.
2.- El Resultando III), refiriéndose al art. 6 del Decreto antes referido menciona la existencia de compromisos que refieran a un quintil de hogares del sector más pobre, cuando lo que existe para los hogares es una medida estadística relativa que se actualiza con encuestas que no abarcan la totalidad de la población (porque son encuestas), resultando muy llamativo pretender que cada hogar va a estar etiquetado en función del quintil a que pertenece.
Los compromisos de cobertura son geográficos o de disponibilidad de servicios. Puede existir cobertura pero para que efectivamente se traduzca en servicios debe existir demanda dado el precio que se vaya a cobrar.
En ningún lugar se establece qué tipo de servicio y a qué precio se pretende dar.
La cobertura técnica depende de la red, la cobertura efectiva no depende solo de la oferta sino también de la demanda.
3.- No se entiende que significa “eventuales reliquidaciones”. No queda claro si se promueve o no la inversión. ¿Se va a reliquidar en función de cuánto se conecte? De ser así, va a resultar muy difícil su implementación.
4.- Sin perjuicio del reconocimiento de las competencias de ANTEL en el Resultando V), no se está estableciendo una competencia justa. Las terminales promovidas van a ser sólo para los cableros, ¿ANTEL las debe solventar por sí misma? No se equiparan las condiciones de competencia. Este régimen genera una gran cantidad de dudas: ¿tiene sentido el subsidio del terminal?, ¿cómo se va a garantizar el acceso a determinada tarifa o el acceso será gratuito? ¿la tarifa será nacional y única?.
5.-El Considerando II) define el triple play pero no se establece como se va a dar el acceso conjunto a una telefonía que es de ANTEL.
No se explicita si ANTEL va a dar interconexión. Si así fuera ¿se puede decir que es telefonía de ANTEL?.
Otra hipótesis no aclarada: ¿ANTEL dará acceso a su red y el cablero cobrará determinada comisión por la facturación y cobro de la telefonía y por el acceso vía cable? ¿Es una especie de desagregación del bucle pero al revés?.
¿ANTEL venderá telefonía fija usando la red de los cableros o los cableros venderán telefonía fija de ANTEL con su red de acceso?
Esa red de acceso no podrá llegar a las centrales de ANTEL por lo tanto debería interconectarse con la red de ANTEL, pero en este caso ¿qué sucede con la numeración? ¿van a tener numeración propia?.
Conclusión: no resulta viable esta mezcla sobre la misma plataforma de conexión por lo que deberían tener un acceso y una tarifa aparte para el servicio de telefonía fija. Ya no se trataría entonces de un triple play, sino una tarifa especial para el acceso a la telefonía fija, que el cliente contratará a ANTEL por medio de la solicitud al cablero.
6.- INDEFINICION INSTITUCIONAL.- intervienen una gran cantidad de instituciones del Estado y paraestatales en el Proyecto Cardales y no se establece quien es la autoridad de aplicación de este Plan. ¿LATU, Comisión CARDALES, URSEC?.
Asimismo se agregan la dependencia del MIDES para determinar la cobertura y del MEF para el tema de las exoneraciones fiscales. No se mencionan ni al MIEM ni la Dirección Nacional de Telecomunicaciones.
7.- ARTICULO 1.- “..quedan habilitadas a adherir al Plan CARDALES las empresas que presenten…” Menciona la palabra “empresas” y no solamente los operadores de TV para abonados como se había establecido en un primer momento. Al decir “empresas” cualquiera puede presentarse, incluyendo operadores nuevos.
¿Qué se entiende por “cobertura”?. ¿son servicios vendidos? ¿se va a competir par venderles a los que integran el quintil más pobre?.
Conclusión: al establecerse un plan de tan difícil comprensión y además prácticamente incontrolable lo que se va a lograr es que cada uno venda lo que quiera y a la tarifa que quiera.
Finalmente refiere a cobertura “ …tomará en cuenta el número de empresas que compitan en el mercado de televisión para abonados en dicha ciudad o localidad”. La pregunta es , ¿no se está abriendo un mercado de triple play?
8.- ARTICULO 2.- “..El componente de telefonía fija de triple play, será provisto en forma exclusiva y excluyente por ANTEL tal como lo establece la normativa vigente…”
En realidad: ¿es un triple play que sólo lo puede prestar ANTEL?. ¿o es un doble play con un plan especial de telefonía fija que ANTEL debe dar?.
Eso no está aclarado en ningún lado, ni tampoco quién regula las tarifas. ¿ no van a ser reguladas, van a ser libres?.
9.- ARTICULO 3.- Acá aparece la limitación de la licencia clase D (licencia de TV para abonados). No estando limitado el número de licencias, es seguro que Telefónica y Telmex se asociarán con actuales operadores o crearán otras para competir en este mercado.
10.- ARTICULO 4.-Habla de “habilitación” y no de licencias. ¿es una nueva figura jurídica?.
11.- ARTICULO 5.- Bastante confuso: ¿está ampliando el espectro y elimina el requisito establecido en el artículo 3?. ¿No se les exigirá tener licencia clase D como se estableció en el art. 3?. ¿ se está diciendo que aunque no tenga la licencia D igualmente se le puede otorgar la habilitación? ¿se refiere a la empresa que es propietaria de la red que arriendan para operar una gran parte de los actuales licenciatarios de TV para abonados?.
12.- ARTICULO 6.- Se establece que los proyectos se presentan ante el LATU, anteriormente nunca se había previsto esto. El LATU es una persona pública no estatal, no está sujeta a control político parlamentario. No se pueden ampliar sus competencias por decreto y menos aún en detrimento de las competencias legalmente asignadas a otros órganos.
Además, según el Decreto 115/003 las licencias las otorga la URSEC. En este caso, las “habilitaciones” (¿no licencias?), ¿las va a otorgar directamente el PE?.
Dice “sustanciado el procedimiento”, pero no se establece a qué procedimiento se refiere, ni quién participa (¿será el análisis de la propuesta? ¿cómo se va a realizar?.
13.- ARTICULO 7.- Lo del puntaje y como se liquidará y se reliquidará es extremadamente confuso, además de no saberse como proceder, tampoco se sabe que organismo es el responsable de esa liquidación o reliquidación. En los beneficios fiscales generales es la COMAP en consulta con el Ministerio respectivo y luego controla todo la DGI.
14.- ARTICULO 9.- Siguen las inconsistencias. ¿ que és y como se mide la cobertura según este decreto? ¿cobertura de qué?. Además ¿quién fijará los objetivos? ¿ El LATU, la Comisión CARDALES, la URSEC, el MIDES, la Presidencia, etc.?
15.- ARTICULO 10.- Aquí aparece el tema “multas”. Lo que se establecía eran exoneraciones y reliquidaciones. ¿ dónde se establecen las multas? ¿ quién determina el incumplimiento y quién aplica las mismas?
16.- ARTICULO 11.- Refiere al “régimen sancionatorio ordinario” pero éste no contempla el incumplimiento de cobertura de algo que sería semejante al “servicio universal”.
En este caso, no se estaría otorgando “licencias” de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto de Licencias por lo que no puede sancionarse en base a dicho decreto.
17.- ARTICULO 12.- No surge claro “incumplimiento de qué”. ¿tiene que vender en forma obligatoria a todos los hogares del quintil más pobre.?
Antes que nada, habría que identificar el quintil. ¿el quintil es nacional o por localidad.?
¿si el hogar beneficiado no quiere o no puede pagar la tarifa Cardales, eso implica un incumplimiento?.
En cuanto al “comportamiento predatorio”. ¿alguien que vende más caro va a ser castigado como incumplidor? Se supone que el propio mercado lo va a castigar, puesto que en ese caso no va a vender.
Debería establecerse un plan básico con una tarifa prefijada que todos estén obligados a suministrar si es que realmente se quiere dar un plan accesible, tal como se había manejado originalmente.
La práctica predatoria es difícil de probar para todos lossistemas de defensa de la competencia, pero acá se presupone además que ganar más mercado es presunción de práctica predatoria. En ralidad sería suficiente con aplicar la Ley de Defensa de la Competencia y no hay necesidad de innovar nada.
Este artículo castiga al que se destaque vendiendo más, lo que estaría incitando a repartirse el mercado, lo que sí es una práctica anticompetitiva.
18.- ARTICULO 13.- Los institutos más adecuados para establecer los criterios de identificación del quintil serían el INE que depende de OPP y el MEF.
Reiteramos que lo que se identifica es una categoría estadística y no un hogar.
Ese hogar tiene una especie de CI que indica que pertenece a determinado quintil.
No se establece que sucede si mejora el ingreso y cambia, ¿uién verifica la pertenencia del quintil? Se debería ir al caso a caso. ¿hay capacidad para administrar eso?.
Lo lógico sería que los beneficiarios fueran los del Plan de Equidad o ingreso ciudadano, etc. y en este caso no hablaríamos de quintil.
19.- ARTICULO 14.- lo que dice este artículo es que va a haber competencia en todo, excepto en la telefonía fija.
Está totalmente en contradicción con la posición unánime de la Sala de Abogados de ANTEL. (¿ANTEL lo va a impugnar?) ¿O se quiere convalidar el informe de la consultora Backer Mackenzie según el cual el monopolio de ANTEL se aplica sólo a la telefonía alámbrica?.
En definitiva, lo que se está haciendo es abrir a la competencia lo que no se pudo realizar por una vía directa.
El Cardales que necesitamos
Avanzando en el CARDALES sin condicionar la realización de una necesaria Ley de Telecomunicaciones…
La existencia del Plan CEIBAL va a quedar como una referencia histórica de la gestión del primer gobierno frenteamplista del país. Asimismo el Plan CARDALES es la lógica extensión de los principios de democratización del acceso, avanzando hacia la Sociedad de la Información Inclusiva en Uruguay, estimulando de manera equilibrada el acceso a educación y a información, el crecimiento económico, la cohesión social y la promoción del esparcimiento.
Debe ser además un instrumento que fomente no sólo la identidad nacional sino que ayude a desarrollar una industria de contenidos de entretenimiento, información y cultura que potencie el trabajo de calidad de los uruguayos.
El segundo gobierno frenteamplista deberá continuar con el camino abierto en el actual período y comprometerse activamente con la llegada del CARDALES a todo el país en los menores plazos posibles. Pero la forma en que este plan llegue a todo el país no es indiferente. Se deberá evaluar la forma más eficiente de implementación de tan desafiante Plan, ya que las decisiones de implementación pueden condicionar la sustentabilidad de Antel y por ende poner en riesgo los objetivos estratégicos de todos los planes de desarrollo e inclusión social hoy existentes.
En este sentido SUTEL ha manifestado su oposición al actual decreto de cardales. El decreto es un mosaico donde se mezclan habilitaciones, tecnologías, aspectos jurídicos, beneficios económicos y un conjunto de intenciones a declarar. Sobre todos estos puntos, SUTEL respondió fundamentando su oposición al decreto (537/009), y a la forma de implementar el CARDALES a través del mismo, pero no así al Proyecto CARDALES.
Por esto último, es que además de trabajar en oponernos a los que nos parece está mal, trabajamos en plantear alternativas para mejorar la propuesta. Queremos plantear el problema desde otro punto de vista y proponer acciones para continuar el camino de acortar la brecha digital.
Necesitamos un CARDALES que universalice el acceso a internet y triple play de manera ágil, que consolide una cadena de producción de contenidos nacionales que sirva para fortalecer la identidad, dar trabajo calificado y nos permita entrar en mercados externos.
Estos resultados sólo pueden ser garantizados con una alternativa al diseño que en el decreto se propone.
Viendo CARDALES desde nuestro punto de vista…
Los trabajadores de ANTEL, agrupados en SUTEL, hemos recorrido varias veces el país juntando firmas, para mantenerla pública y monopólica, pero también nos comprometimos a transformarla, mejorándola cada día para mantener las comunicaciones en el nivel esperado y tener siempre en la mira la universalidad de los servicios.
Muchos también hemos recorrido escuelas y centros sociales apoyando al Plan CEIBAL, en contacto estrecho con padres y maestros. Desde esas experiencias y algunos aspectos técnicos vamos a ver que problemas vemos en este CARDALES y como nos gustaría cambiarlo.
Se planteó un piloto de un año en Trinidad. Consideramos que cualquier avance en nuevas propuestas, sin evaluar el piloto, va contra todos los procedimientos que dan seguridad sobre el éxito de un plan o proyecto.
Más aún, cuando los reportes relevados nos indican que el piloto está teniendo problemas.
El Piloto de Trinidad
La cantidad de servicios actualmente contratados se cuentan con los dedos de una mano. Concretamente, cuando se inició el plan piloto en Agosto del 2009, se habilitaron 5 servicios (con 90 días sin costo), de los cuales hoy quedan 3 servicios, ya que 2 de ellos fueron dados de baja por morosidad. Es decir, hoy el piloto a poco más de 4 meses de su implementación cuenta únicamente con 3 usuarios.
El servicio CARDALES cuesta $300, servicio telefónico (con tarjeta prepago), acceso a Internet (ADSL de 1G) con router WiFi para la conectividad de XO’s, TV con un contenido de señales básico donde no están incluidos los canales abiertos montevideanos, salvo canal 5, ni canales de fútbol, por ejemplo.
La esencia es lo que llamamos disminuir la brecha digital y no está en desparramar tecnología simplemente, sino en dar acceso a contenidos. La tecnología es una simple herramienta. En el piloto se evidencia, la tecnología está, pero la oferta no es tentadora para las familias objeto del plan.
Haciendo una analogía exagerada, es como pretender hacer una campaña de alfabetización repartiendo lápices y cuadernos. Lo más importante es lo otro, hacer llegar los contenidos, como usarlos, las partes negativas de Internet, como encontrar lo que se busca en ese océano de datos.
Hoy ANTEL cubre a más del 95% de la población con acceso de banda ancha, la infraestructura ya está, no entendemos la necesidad de subsidiar inversiones de privados para hacer bidireccionales sus redes en lugares donde talvez habrán hogares del quintil más pobre. Creemos que la forma más rápida de democratizar el acceso a banda ancha es usar exclusivamente la red ya existente de ANTEL.
Una de las razones del éxito en el Plan Ceibal, sobre todo en sus etapas iniciales, fue que nadie paga nada por la XO. Esto permitió que ningún niño quedara sin su XO. Imaginemos que en la etapa inicial, cuando había incluso ciertas resistencias, hubiera sido necesario cobrar $200 por única vez por las computadoras. Seguramente, no se hubiera logrado llegar a todos los niños. Esto se evidencia en el costo de reparación de las XO, muchos no lo asumen y el niño queda sin su portátil.
El acceso familiar, en este caso a varios servicios, si tiene costo. La evaluación de si le vale la pena o no ese costo, por más subsidio que tenga está en cada hogar o individuo. Este es uno de los problemas que vemos del piloto y debe ser analizado en profundidad.
La oferta del servicio ofrecido debe ser atractiva al público objeto, por ejemplo en el contenido de las señales de televisión. Cualquier paquete debiera tener como mínimo, una señal de deportes con fútbol uruguayo y otros deportes uruguayos, una señal de espectáculos y música, una de cine, noticias más libres que las manipuladas de los canales uruguayos o la cnn, y contenidos a desarrollar en el ámbito local. Sin una oferta de estas características como mínimo, aparentemente no estamos dando una oferta que la gente sienta que vale la pena. Se puede discutir cual es la oferta valiosa mínima, pero es un tema fundamental en el plan.
Creemos que los contenidos y la “educación” del acceso a Internet (tomado como extensión del Plan CEIBAL) son los 2 problemas más grandes del piloto y los tenemos que solucionar.
Otro tema aún más complejo es el tema de la interactividad, en el piloto es prácticamente nula. Pero antes de invertir en esto, debemos plantearnos el objeto de la misma, que le vamos a ofrecer, ¿Qué compre películas a demanda? Probablemente no pueda. Que otra oferta de contenidos hay, responder la cantidad de pelotitas en un auto, apostar, jugar a la cédula. No creemos que eso sea disminuir la brecha digital, más bien es desparramar mediocridad intelectual.
El punto de la interactividad es un tema complejo, que hoy se puede solucionar casi totalmente a través de una computadora con acceso a Internet, pero lo primero es que a la computadora la tenemos que tener y después la tenemos que saber usar…y en eso contribuyó el Plan Ceibal, sigamos en esa dirección y con el esfuerzo realizado hasta ahora...
Hay mucho por hacer mientras madura el siguiente paso y cuesta dinero, por eso queremos usar el dinero de ANTEL en esto, y no entregárselo a las multinacionales en función del mercado que obtengan.
Los interesados en meterse al negocio no han hecho demasiado por el desarrollo de contenidos uruguayos, ni por dar información. Hagamos a los usuarios libres de elegir por que interesarse o que escuchar o ver, educándolos para eso.
Nuestra propuesta.
Por todo lo expuesto anteriormente, los pasos que creemos conveniente dar de inmediato son:
1. Evaluar las razones por las que no tuvo éxito el piloto de Trinidad.
2. Mantener la propuesta original de desplegar el Plan en un plazo de 60 meses, pero con un fuerte impulso en el comienzo, planteándose la meta de alcanzar los 60 mil servicios en el primer semestre.
3. Revisar el público objeto, el servicio tiene un valor de $300 pesos, seguramente el quintil más pobre no sea el único público objeto de este plan. Hay que evaluar el proyecto en los hogares donde tienen teléfono fijo y no tienen ni cable ni Internet, los hogares con computador ó XO’s y de bajos ingresos (que el público objeto sean los hogares con un ingreso promedio menor a cierto valor a definir).
4. Plantear el CARDALES en etapas.
a. Etapa 1: Acceso a banda ancha y telefonía.
b. Etapa 2: Acceso a TV e interactividad (completando el triple play).
Creemos que la etapa 1 es rápida de concretar y la etapa 2 por ser más compleja tanto en desarrollos de interactividad como en los actores que entran en juego, debe de esperar una Ley marco de Telecomunicaciones.
5. Etapa 1. Acceso a banda ancha y telefonía. En el mundo, las metas de telecomunicaciones en cada país se diseñan manejando el % de penetración de banda ancha…y cada vez “más ancha”, es decir la inclusión es llegar al acceso de banda ancha a toda la población, fijando un ancho de banda objetivo. Por lo tanto, en una primera etapa,
● potenciando las más de 300.000 computadoras distribuidas por el Ceibal
● a capacidad de ANTEL de llegar a más del 95% de la población con banda ancha,
se puede extender el acceso a Internet a los hogares más pobres que ya tengan computadores (de hogar o ceibalitas). Se podría plantear un plan alterrnativo $200 Internet + teléfono o el CARDALES como se ofrece en el piloto, con un paquete de contenidos más atractivo a discutir con las cableras.
Se propone asegurar el acceso a Internet en los hogares donde hay XO’s y hoy no tienen Internet y seguir con el CARDALES dando TV cable por el cablero y datos y telefonía por ANTEL (extendiendo el piloto), con una revisión de los contenidos de la oferta.
6. Etapa 2. Acceso a TV e interactividad. En este punto se deberán discutir varios temas, los actores involucrados, implementación más eficiente y económica del triple play para los hogares más pobres, digitalización de la TV abierta, los contenidos, priorizando contenidos y desarrollos nacionales.
Lo que implicará:
a. Fortalecer los vínculos con la industria del software para incorporar aplicativos de interactividad que mejoren la oferta disponible.
b. Fortalecer los vínculos con la industria de creación de contenidos en el país para discutir las formas de creación de una cadena de valor que incluya.
c. Evaluar diferentes propuestas, técnicamente viables de llegar con TV y TV interactiva a la mayor cantidad de los hogares uruguayos.
d. Trabajar con los distintos actores para lograr estructuras de precios y de servicios complementarios para hacer viable el equilibrio económico de los participantes.
e. Analizar las ofertas de señales codificadas para cada departamento al menos. Entendemos que las ofertas deben ser con un mínimo por departamento y buscar adicionalmente, fomentar la creación de espacios o señales de contenido local y su incorporación a la oferta.
Este punto será más sencillo de evaluar y negociar en un marco legal de telecomunicaciones más claro. Con una nueva ley de telecomunicaciones que fije la estrategia de telecomunicaciones del país y la posición de cada uno de los actores del sector la implementación de esta segunda etapa será más sencilla de abordar.
Este Plan es muy ambicioso y creemos que la mejor forma de implementarlo es de a pasos, siguiendo muy de cerca la evolución de cada etapa y sobretodo alfabetizando en Internet, en principio y en las herramientas que se quiera luego.
Probablemente quienes diseñaron el decreto, no hallan estado frente a personas que nunca habían visto una computadora.
Hay que planificar contenidos, desde algo tan básico a como crearse una casilla de correo, como comunicarse con otros, como buscar información valiosa (aún de acuerdo a los criterios de cada uno, que siempre hay que respetar), contenidos inconvenientes, riesgos de las comunicaciones anónimas y como manejarlas, y muchos riesgos que implica el acceso a Internet en los hogares que deberían de considerarse y mitigarse.
Hay muchos esfuerzos por disminuir la brecha digital y quitarle poder a los más poderosos en el mundo, software libre, licencias gnu, olpc y muchos esfuerzos más.
Queremos seguir adelante en esto, pero mirando a Santa Marta para evitarla.
CARDALES tiene una enorme potencialidad y debería satisfacer necesidades que comienzan a ser básicas para una población que tiene el porcentaje de computadoras por hogar más alto de América Latina. Pero si no se evalúa la experiencia de Trinidad, si no se orienta el crecimiento del Plan y se lo deja librado a las conveniencias de los actores privados, es probable que estos actores se apropien de todo lo valioso que tiene y no devuelvan más que beneficios parciales a los uruguayos.
La existencia del Plan CEIBAL va a quedar como una referencia histórica de la gestión del primer gobierno frenteamplista del país. Asimismo el Plan CARDALES es la lógica extensión de los principios de democratización del acceso, avanzando hacia la Sociedad de la Información Inclusiva en Uruguay, estimulando de manera equilibrada el acceso a educación y a información, el crecimiento económico, la cohesión social y la promoción del esparcimiento.
Debe ser además un instrumento que fomente no sólo la identidad nacional sino que ayude a desarrollar una industria de contenidos de entretenimiento, información y cultura que potencie el trabajo de calidad de los uruguayos.
El segundo gobierno frenteamplista deberá continuar con el camino abierto en el actual período y comprometerse activamente con la llegada del CARDALES a todo el país en los menores plazos posibles. Pero la forma en que este plan llegue a todo el país no es indiferente. Se deberá evaluar la forma más eficiente de implementación de tan desafiante Plan, ya que las decisiones de implementación pueden condicionar la sustentabilidad de Antel y por ende poner en riesgo los objetivos estratégicos de todos los planes de desarrollo e inclusión social hoy existentes.
En este sentido SUTEL ha manifestado su oposición al actual decreto de cardales. El decreto es un mosaico donde se mezclan habilitaciones, tecnologías, aspectos jurídicos, beneficios económicos y un conjunto de intenciones a declarar. Sobre todos estos puntos, SUTEL respondió fundamentando su oposición al decreto (537/009), y a la forma de implementar el CARDALES a través del mismo, pero no así al Proyecto CARDALES.
Por esto último, es que además de trabajar en oponernos a los que nos parece está mal, trabajamos en plantear alternativas para mejorar la propuesta. Queremos plantear el problema desde otro punto de vista y proponer acciones para continuar el camino de acortar la brecha digital.
Necesitamos un CARDALES que universalice el acceso a internet y triple play de manera ágil, que consolide una cadena de producción de contenidos nacionales que sirva para fortalecer la identidad, dar trabajo calificado y nos permita entrar en mercados externos.
Estos resultados sólo pueden ser garantizados con una alternativa al diseño que en el decreto se propone.
Viendo CARDALES desde nuestro punto de vista…
Los trabajadores de ANTEL, agrupados en SUTEL, hemos recorrido varias veces el país juntando firmas, para mantenerla pública y monopólica, pero también nos comprometimos a transformarla, mejorándola cada día para mantener las comunicaciones en el nivel esperado y tener siempre en la mira la universalidad de los servicios.
Muchos también hemos recorrido escuelas y centros sociales apoyando al Plan CEIBAL, en contacto estrecho con padres y maestros. Desde esas experiencias y algunos aspectos técnicos vamos a ver que problemas vemos en este CARDALES y como nos gustaría cambiarlo.
Se planteó un piloto de un año en Trinidad. Consideramos que cualquier avance en nuevas propuestas, sin evaluar el piloto, va contra todos los procedimientos que dan seguridad sobre el éxito de un plan o proyecto.
Más aún, cuando los reportes relevados nos indican que el piloto está teniendo problemas.
El Piloto de Trinidad
La cantidad de servicios actualmente contratados se cuentan con los dedos de una mano. Concretamente, cuando se inició el plan piloto en Agosto del 2009, se habilitaron 5 servicios (con 90 días sin costo), de los cuales hoy quedan 3 servicios, ya que 2 de ellos fueron dados de baja por morosidad. Es decir, hoy el piloto a poco más de 4 meses de su implementación cuenta únicamente con 3 usuarios.
El servicio CARDALES cuesta $300, servicio telefónico (con tarjeta prepago), acceso a Internet (ADSL de 1G) con router WiFi para la conectividad de XO’s, TV con un contenido de señales básico donde no están incluidos los canales abiertos montevideanos, salvo canal 5, ni canales de fútbol, por ejemplo.
La esencia es lo que llamamos disminuir la brecha digital y no está en desparramar tecnología simplemente, sino en dar acceso a contenidos. La tecnología es una simple herramienta. En el piloto se evidencia, la tecnología está, pero la oferta no es tentadora para las familias objeto del plan.
Haciendo una analogía exagerada, es como pretender hacer una campaña de alfabetización repartiendo lápices y cuadernos. Lo más importante es lo otro, hacer llegar los contenidos, como usarlos, las partes negativas de Internet, como encontrar lo que se busca en ese océano de datos.
Hoy ANTEL cubre a más del 95% de la población con acceso de banda ancha, la infraestructura ya está, no entendemos la necesidad de subsidiar inversiones de privados para hacer bidireccionales sus redes en lugares donde talvez habrán hogares del quintil más pobre. Creemos que la forma más rápida de democratizar el acceso a banda ancha es usar exclusivamente la red ya existente de ANTEL.
Una de las razones del éxito en el Plan Ceibal, sobre todo en sus etapas iniciales, fue que nadie paga nada por la XO. Esto permitió que ningún niño quedara sin su XO. Imaginemos que en la etapa inicial, cuando había incluso ciertas resistencias, hubiera sido necesario cobrar $200 por única vez por las computadoras. Seguramente, no se hubiera logrado llegar a todos los niños. Esto se evidencia en el costo de reparación de las XO, muchos no lo asumen y el niño queda sin su portátil.
El acceso familiar, en este caso a varios servicios, si tiene costo. La evaluación de si le vale la pena o no ese costo, por más subsidio que tenga está en cada hogar o individuo. Este es uno de los problemas que vemos del piloto y debe ser analizado en profundidad.
La oferta del servicio ofrecido debe ser atractiva al público objeto, por ejemplo en el contenido de las señales de televisión. Cualquier paquete debiera tener como mínimo, una señal de deportes con fútbol uruguayo y otros deportes uruguayos, una señal de espectáculos y música, una de cine, noticias más libres que las manipuladas de los canales uruguayos o la cnn, y contenidos a desarrollar en el ámbito local. Sin una oferta de estas características como mínimo, aparentemente no estamos dando una oferta que la gente sienta que vale la pena. Se puede discutir cual es la oferta valiosa mínima, pero es un tema fundamental en el plan.
Creemos que los contenidos y la “educación” del acceso a Internet (tomado como extensión del Plan CEIBAL) son los 2 problemas más grandes del piloto y los tenemos que solucionar.
Otro tema aún más complejo es el tema de la interactividad, en el piloto es prácticamente nula. Pero antes de invertir en esto, debemos plantearnos el objeto de la misma, que le vamos a ofrecer, ¿Qué compre películas a demanda? Probablemente no pueda. Que otra oferta de contenidos hay, responder la cantidad de pelotitas en un auto, apostar, jugar a la cédula. No creemos que eso sea disminuir la brecha digital, más bien es desparramar mediocridad intelectual.
El punto de la interactividad es un tema complejo, que hoy se puede solucionar casi totalmente a través de una computadora con acceso a Internet, pero lo primero es que a la computadora la tenemos que tener y después la tenemos que saber usar…y en eso contribuyó el Plan Ceibal, sigamos en esa dirección y con el esfuerzo realizado hasta ahora...
Hay mucho por hacer mientras madura el siguiente paso y cuesta dinero, por eso queremos usar el dinero de ANTEL en esto, y no entregárselo a las multinacionales en función del mercado que obtengan.
Los interesados en meterse al negocio no han hecho demasiado por el desarrollo de contenidos uruguayos, ni por dar información. Hagamos a los usuarios libres de elegir por que interesarse o que escuchar o ver, educándolos para eso.
Nuestra propuesta.
Por todo lo expuesto anteriormente, los pasos que creemos conveniente dar de inmediato son:
1. Evaluar las razones por las que no tuvo éxito el piloto de Trinidad.
2. Mantener la propuesta original de desplegar el Plan en un plazo de 60 meses, pero con un fuerte impulso en el comienzo, planteándose la meta de alcanzar los 60 mil servicios en el primer semestre.
3. Revisar el público objeto, el servicio tiene un valor de $300 pesos, seguramente el quintil más pobre no sea el único público objeto de este plan. Hay que evaluar el proyecto en los hogares donde tienen teléfono fijo y no tienen ni cable ni Internet, los hogares con computador ó XO’s y de bajos ingresos (que el público objeto sean los hogares con un ingreso promedio menor a cierto valor a definir).
4. Plantear el CARDALES en etapas.
a. Etapa 1: Acceso a banda ancha y telefonía.
b. Etapa 2: Acceso a TV e interactividad (completando el triple play).
Creemos que la etapa 1 es rápida de concretar y la etapa 2 por ser más compleja tanto en desarrollos de interactividad como en los actores que entran en juego, debe de esperar una Ley marco de Telecomunicaciones.
5. Etapa 1. Acceso a banda ancha y telefonía. En el mundo, las metas de telecomunicaciones en cada país se diseñan manejando el % de penetración de banda ancha…y cada vez “más ancha”, es decir la inclusión es llegar al acceso de banda ancha a toda la población, fijando un ancho de banda objetivo. Por lo tanto, en una primera etapa,
● potenciando las más de 300.000 computadoras distribuidas por el Ceibal
● a capacidad de ANTEL de llegar a más del 95% de la población con banda ancha,
se puede extender el acceso a Internet a los hogares más pobres que ya tengan computadores (de hogar o ceibalitas). Se podría plantear un plan alterrnativo $200 Internet + teléfono o el CARDALES como se ofrece en el piloto, con un paquete de contenidos más atractivo a discutir con las cableras.
Se propone asegurar el acceso a Internet en los hogares donde hay XO’s y hoy no tienen Internet y seguir con el CARDALES dando TV cable por el cablero y datos y telefonía por ANTEL (extendiendo el piloto), con una revisión de los contenidos de la oferta.
6. Etapa 2. Acceso a TV e interactividad. En este punto se deberán discutir varios temas, los actores involucrados, implementación más eficiente y económica del triple play para los hogares más pobres, digitalización de la TV abierta, los contenidos, priorizando contenidos y desarrollos nacionales.
Lo que implicará:
a. Fortalecer los vínculos con la industria del software para incorporar aplicativos de interactividad que mejoren la oferta disponible.
b. Fortalecer los vínculos con la industria de creación de contenidos en el país para discutir las formas de creación de una cadena de valor que incluya.
c. Evaluar diferentes propuestas, técnicamente viables de llegar con TV y TV interactiva a la mayor cantidad de los hogares uruguayos.
d. Trabajar con los distintos actores para lograr estructuras de precios y de servicios complementarios para hacer viable el equilibrio económico de los participantes.
e. Analizar las ofertas de señales codificadas para cada departamento al menos. Entendemos que las ofertas deben ser con un mínimo por departamento y buscar adicionalmente, fomentar la creación de espacios o señales de contenido local y su incorporación a la oferta.
Este punto será más sencillo de evaluar y negociar en un marco legal de telecomunicaciones más claro. Con una nueva ley de telecomunicaciones que fije la estrategia de telecomunicaciones del país y la posición de cada uno de los actores del sector la implementación de esta segunda etapa será más sencilla de abordar.
Este Plan es muy ambicioso y creemos que la mejor forma de implementarlo es de a pasos, siguiendo muy de cerca la evolución de cada etapa y sobretodo alfabetizando en Internet, en principio y en las herramientas que se quiera luego.
Probablemente quienes diseñaron el decreto, no hallan estado frente a personas que nunca habían visto una computadora.
Hay que planificar contenidos, desde algo tan básico a como crearse una casilla de correo, como comunicarse con otros, como buscar información valiosa (aún de acuerdo a los criterios de cada uno, que siempre hay que respetar), contenidos inconvenientes, riesgos de las comunicaciones anónimas y como manejarlas, y muchos riesgos que implica el acceso a Internet en los hogares que deberían de considerarse y mitigarse.
Hay muchos esfuerzos por disminuir la brecha digital y quitarle poder a los más poderosos en el mundo, software libre, licencias gnu, olpc y muchos esfuerzos más.
Queremos seguir adelante en esto, pero mirando a Santa Marta para evitarla.
CARDALES tiene una enorme potencialidad y debería satisfacer necesidades que comienzan a ser básicas para una población que tiene el porcentaje de computadoras por hogar más alto de América Latina. Pero si no se evalúa la experiencia de Trinidad, si no se orienta el crecimiento del Plan y se lo deja librado a las conveniencias de los actores privados, es probable que estos actores se apropien de todo lo valioso que tiene y no devuelvan más que beneficios parciales a los uruguayos.
Aporte de SUTEL Hacia el II congreso del pueblo
Aporte de SUTEL Hacia el II congreso del pueblo
Uno de los temas fundamentales que hace a la vida de todos los orientales es la necesidad de una profunda Transformación del Estado.
Rechazamos la filosofía de las “reformas neoliberales” financiadas por los organismos internacionales de crédito como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que proponen una simple racionalización de funciones o achicamiento de la burocracia.
Tampoco acordamos con los criterios de “eficientismo” o “productivismo” de mercado que han venido reduciendo sistemáticamente la capacidad reguladora del Estado, sus funciones específicas en la producción de bienes y servicios y en la protección de los sectores más necesitados (tomando como modelo el sistema privatizador chileno). Reformas neo liberales que han disminuido los ingresos de los trabajadores y los han marginado de las principales decisiones y del control de los procesos productivos empujándolos a una pauperización contante. En definitiva, reforma que han cuestionado las condiciones materiales de la democracia y las condiciones de vida de los ciudadanos en general.
El estado deberá edificarse de una manera más incluyente; para ello debemos apuntar a la contrición de un bloque hegemónico alternativo, que incorpore a los sectores más postergados y discriminados de la sociedad. Lo cual será sustancial para hacer efectivo el anhelo del PIT-CNT de “contribuir a lograr que el actual gobierno desarrolle un “programa Alternativo Nacional, Popular, Democrático e Integrador”. Es así que una transformación del estado en el sentido de una radicalización democrática, de un desarrollo auto-sustentado y basado en la apropiación popular de sus frutos se compatibiliza con la reivindicación de un Estado “honesto, eficiente, solidario, social y productivo”.
El estado no es de ningún modo un poder impuesto desde afuera de la sociedad; tampoco es en el contexto de la idea moral, ni la imagen ni la realidad de la razón. Es más bien un producto de la sociedad. Cuando se llega un de terminado grado de desarrollo, el estado es la manifestación de que esa sociedad esta en una irremediable contradicción consigo misma y está divididas por antagonismitos incompatibles y que es importante para resolverlos. Las clases dominantes toman entre sus manos el mismo; Estado tiene por fin mantener el orden de las cosas existentes y aplastar la resistencia de las otras clases. Surgió a consecuencia de la escisión de la sociedad en clases, como instrumento de la clase explotadora para mantener sometido al pueblo explotado. El proceso de formación del Estado consistió en destacar un poder público especial, sus leyes, su ejército, su policía, sus cárceles, instituciones coercidas de distinto género etcétera.
Planteamos un Estado democrático, donde se desarrollen los grandes cambios, gradualmente, que luche permanentemente por la independencia política y económica , desarrollando política firmes, de caras a sus pueblos contra los grandes centros de poder, la defensa de las libertadas democráticas, con la participación de las amplias masas. Un Estado de democracia nacional mediante la participación activa de la clase obrera a través de sus organizaciones. Dicho Estado no es socialista por su naturaleza social, pero puede permitir avances importantes.
Debemos recuperar para el Estado el control de las áreas estratégicas. En este tema juegan un papel fundamental las empresas públicas como locomotoras del desarrollo productivo por los siguientes factores:
■ Su peso en la economía.
■ Su papel en el control nacional de los recursos estratégicos y su impacto en todo el aparto productivo.
■ El papel que juegan en el desarrollo tecnológico y en la generación de empleos directos e indirectos.
■ Su poder de compra como factor dinamizador de la producción.
■ La posibilidad de una política de tarifas que implique proveer a la sociedad y a las empresas privadas de la infraestructura productiva con altísima calidad y bajos costos para facilitar el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Todos estos factores son fundamentales par el despegue del Uruguay productivo con justicia social que todos anhelamos.
■ Debemos asegurar el derecho del Estado a decidir sobre los asuntos públicos y a examinar la legitimidad de las operaciones realizadas, llevando adelante las auditorias correspondientes.
■ Las empresas estatales deberán ser favorecidas porque es indiscutiblemente un problema de soberanía.
■ Fomentar la investigación a invertir en recursos humanos y tecnológicos.
■ Potenciar la innovación y el desarrollo de las telecomunicaciones, designando los cargos de dirección por idoneidad.
■ Brindar especial atención a las actividades vinculadas a la información y nuevas tecnologías.
■ Las empresas públicas no venden mercancías, brindan servicios esenciales, por lo tanto, suministrarlos es una responsabilidad insoslayable.
Ante los planteamientos, SUTEL, la organización que nuclear a todos los trabajadores de ANTEL, rechaza cualquier intento de privatización de ANTEL (asociaciones o sociedades anónimas) y de todas las empresas públicas, así como a eventuales propuestas del pasaje al derecho privado de los trabajadores públicos, haciendo especial énfasis en la recuperación especificidad de los roles de los organismos públicos.
El mantenimiento de las empresas públicas en manos del Estado es un elemento imprescindible de la soberanía e instrumento especial para el desarrollo del país productivo con política social. El PIT-CNT lo impulsó a través de sus plebiscitos en defensa del patrimonio.
Por lo tanto, plateamos la más absoluta defensa de los pronunciamientos populares de 1992 y 2002.
Respecto a las comunicaciones tomadas como un servicio público, se debe garantizar los derechos de los habitantes al acceso material y libre a la información, verificando el cumplimiento de los preceptos contenidos en los tratados internacionales, en la Constitución y las leyes, además de procurar que los servicios estén disponibles a precios accesibles, verificar los principios de universalidad y de esta forma se generan condiciones materiales para:
■ Igualdad de oportunidades para todos los habitantes y equidad en el acceso a la información para todos los sectores de la sociedad, pilares estos de una democracia real.
■ Consolidación del Estado; sano y transparente, eficaz en los controles que le son encomendados y a la vez controlable por una población bien informada y alentada a participar activamente
■ La existencia de información suficiente, precisa y a tiempo, constituirá la base del orden y la eficiencia pública, factores necesarios para pensar en metas más ambiciosas que nos lleven a estudios superiores de bienestar, democracia y justicia.
■ En las áreas sociales, se destacan nítidamente el aporte que las telecomunicaciones manejadas con sentido social pueden aportar en la educación (sin olvidar el deporte y el entretenimiento como actividades recreativas y facilitadoras de la comunicación y la convivencia social), así como en la integración de regiones alejadas de los centros culturales. El concepto mismo de nación requiere la consolidación de una cultura nacional. Su vigencia, evolución y reproducción dependes esencialmente de la difusión tanto de valores como manifestaciones concretas. Así pues, la determinación de políticas nacionales de telecomunicaciones orientadas a los objetos culturales cobran trascendente relevancia.
La legislación vigente sobre telecomunicaciones
Componen el marco jurídico de las telecomunicaciones en el Uruguay:
■ Ley 12.082
Decreto ley 14.235 del 25 de julio de 1974: Separación de UTE y creación de ANTEL, consagrándole el monopolio en la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones, acorde a la UIT.
■ Ley 14.670.
■ Ley 15.671 del 8 de noviembre de 1984 (ley orgánica de la Dirección Nacional de Comunicaciones).
■ Ley de empresas públicas 16.211 del 1 de octubre de 1991.
■ Recursos de referéndum del 13 de diciembre de 1992, aprobado contra los artículos 1,2,3,10 y 32 por el 72% de la ciudadanía.
■ Ley 16.828 (ITC).
■ Ley de presupuesto 17.296 del 21 de febrero de 2001 (creación de URSEC, articulo 70 a 97), artículos 612 y 613, de cuestionable constitucionalidad.
■ Ley 17.524 del 5 de agosto de 2002, derogando el articulo 612 y 613 de la ley anterior. Para evitar ilegítima e inconstitucionalmente el plebiscito (construcción de la república, artículo 79, inciso2, artículo 82, incisos 2 y 4, y artículo 330 donde entre otros se consagra a la ciudadanía los actos de referéndum, cono legislador supremo).
Del estudio de estas disposiciones legales surge que:
■ básicamente siegue vigente la ley 14.235 salvo las modificaciones no derogadas por el referéndum de la ley 16-211 y por la ley 17.296 sin sus artículos 612 y 613.
■ En consecuencia ANTEL tiene como cometido específico y monopólico brindar todos los servicios de telecomunicaciones (en particular incluyendo a todos los de telefonía), entendiendo servicio público en su conjunto. El poder ejecutivo lo reconoce en una resolución del Presidente de la Republica en acuerdo con el ministerio de defensa del 24 de julio de 2003.
■ Los permisos otorgados “en forma precaria y revocable sin ningún tipo de indemnización para el Estado”, mientras rigieron las modificaciones derogadas, si bien podemos admitir su legalidad, sin embargo resultan cuestionables. Correspondimos por tanto su revisión y eventualmente sus cancelaciones.
■ La propia URSEC es alcanzada por los puntos 1,2, y 3, amén de que prestigiosos juristas entienden que su creación es inconstitucional por tratarse de organismos fuera del control de Poder Legislativo, ya que no pertenecen a ningún ministerio.
■ Resulta aún más claro el hecho del que el Poder Ejecutivo no puede innovar, respecto a los operadores ya autorizados (transformar autorizaciones precarias en plazos, o aprobar transferencias entre sociedades).
Defendemos ANTEL y al país, manteniendo niveles de excelencia técnica y gestión.
■ Brindando oportunidades de empleo a los jóvenes uruguayos.
■ Optimizar su gestión, mejorando la rentabilidad y contribuir al bienestar y desarrollo del país. Contribuir a las políticas de inclusión social, mediante su programa “relacionamiento con la Comunidad”.
■ Telefonía pública, servicio universal, convenios con ANEP y otras organizaciones por la igualdad de acceso a la información y la comunicación.
■ Fomentar la tecnología nacional y la investigación, fortaleciendo al Uruguay productivo e innovador. ANTEL, con la acumulación de conocimientos y estudios de sus propios técnicos y sus laboratorios, está en condiciones de desarrollar equipos con los últimos adelantos, con posibilidad para su fabricación; fomentando en la plaza la fabricación de los componentes para sus equipos e independizándose de las grandes multinacionales.
■ El fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico por la Universidad de la Republica.
■ Democratización de la información entre otras vías por medio de Internet. Dicha información está en manos del estado (ANTEL). A quién se le puede ocurrir pensar en las investigaciones de las universidades privadas serán de conocimiento público; éstas no apuntan al desarrollo del conocimiento de todo el pueblo, sino a los intereses de los grandes centros monopólicos, al enriquecimiento de los ya millonarios. Esto está garantizado porque son financiados por los grandes centros de poder, sus tarifas por estudiante son inalcanzable paro el hijo de los trabajadores.
El derecho a la información
El gobierno tiene las herramientas para apoyar el proyecto de fortalecimiento de las empresas públicas. Partiendo de la base que moderadamente el derecho a la información se reconoce dentro de los derechos individuales, se infiera inmediatamente que el aseguramiento del derecho público a la comunicación (en todas sus formas: epistolar, telecomunicación, acceso a los medios, etcétera) es una función indelegable del Estado, por lo tanto debe tener poder de decisión real sobre el desarrollo del sector, siendo primordial lo referente a la propiedad de los medios para la producción del servicio y la accesibilidad por parte de todos los habitantes.
Esto se opone irreconciliablemente al concepto de que la información y los servicios de telecomunicaciones pueden ser tratados como una mercancía más.
■ Tal derecho genérico a la información implica particularmente en el campo de las telecomunicaciones, instalaciones para la comunicación convencional o avanzada, para destruir información, derecho a acceder a los medios de comunicación, así como a los recursos, ideas y opiniones.
■ Derecho a reclamar que los recursos esenciales necesarios para la telecomunicación pública (tales como el espectro electromagnético y la infraestructura esencial de las telecomunicaciones, comprendiendo los cableados) sean patrimonio de la comunidad y no sean apropiados por sectores privados.
■ Derecho a participar en la toma de decisiones públicas acerca de la elección, desarrollo y aplicación de tecnologías de la telecomunicación, desarrollo y aplicación de tecnologías de la telecomunicación, y acerca de la estructura y política de la industria de servicios.
■ Derecho a acceder y hacer uso de manera igualitaria del nuevo entorno electrónico (ciberespacio) en condiciones de seguridad informática, entendida ésta como el respeto y la protección de la dignidad humana contra en abuso de las tecnologías de la información y comunicación cometidos por algunos gobiernos y entidades no estatales de cualquier naturaleza.
Los trabajadores de ANTEL y el pueblo uruguayo la defenderemos nuevamente para lograr el Uruguay de nuestros sueños.
Uno de los temas fundamentales que hace a la vida de todos los orientales es la necesidad de una profunda Transformación del Estado.
Rechazamos la filosofía de las “reformas neoliberales” financiadas por los organismos internacionales de crédito como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que proponen una simple racionalización de funciones o achicamiento de la burocracia.
Tampoco acordamos con los criterios de “eficientismo” o “productivismo” de mercado que han venido reduciendo sistemáticamente la capacidad reguladora del Estado, sus funciones específicas en la producción de bienes y servicios y en la protección de los sectores más necesitados (tomando como modelo el sistema privatizador chileno). Reformas neo liberales que han disminuido los ingresos de los trabajadores y los han marginado de las principales decisiones y del control de los procesos productivos empujándolos a una pauperización contante. En definitiva, reforma que han cuestionado las condiciones materiales de la democracia y las condiciones de vida de los ciudadanos en general.
El estado deberá edificarse de una manera más incluyente; para ello debemos apuntar a la contrición de un bloque hegemónico alternativo, que incorpore a los sectores más postergados y discriminados de la sociedad. Lo cual será sustancial para hacer efectivo el anhelo del PIT-CNT de “contribuir a lograr que el actual gobierno desarrolle un “programa Alternativo Nacional, Popular, Democrático e Integrador”. Es así que una transformación del estado en el sentido de una radicalización democrática, de un desarrollo auto-sustentado y basado en la apropiación popular de sus frutos se compatibiliza con la reivindicación de un Estado “honesto, eficiente, solidario, social y productivo”.
El estado no es de ningún modo un poder impuesto desde afuera de la sociedad; tampoco es en el contexto de la idea moral, ni la imagen ni la realidad de la razón. Es más bien un producto de la sociedad. Cuando se llega un de terminado grado de desarrollo, el estado es la manifestación de que esa sociedad esta en una irremediable contradicción consigo misma y está divididas por antagonismitos incompatibles y que es importante para resolverlos. Las clases dominantes toman entre sus manos el mismo; Estado tiene por fin mantener el orden de las cosas existentes y aplastar la resistencia de las otras clases. Surgió a consecuencia de la escisión de la sociedad en clases, como instrumento de la clase explotadora para mantener sometido al pueblo explotado. El proceso de formación del Estado consistió en destacar un poder público especial, sus leyes, su ejército, su policía, sus cárceles, instituciones coercidas de distinto género etcétera.
Planteamos un Estado democrático, donde se desarrollen los grandes cambios, gradualmente, que luche permanentemente por la independencia política y económica , desarrollando política firmes, de caras a sus pueblos contra los grandes centros de poder, la defensa de las libertadas democráticas, con la participación de las amplias masas. Un Estado de democracia nacional mediante la participación activa de la clase obrera a través de sus organizaciones. Dicho Estado no es socialista por su naturaleza social, pero puede permitir avances importantes.
Debemos recuperar para el Estado el control de las áreas estratégicas. En este tema juegan un papel fundamental las empresas públicas como locomotoras del desarrollo productivo por los siguientes factores:
■ Su peso en la economía.
■ Su papel en el control nacional de los recursos estratégicos y su impacto en todo el aparto productivo.
■ El papel que juegan en el desarrollo tecnológico y en la generación de empleos directos e indirectos.
■ Su poder de compra como factor dinamizador de la producción.
■ La posibilidad de una política de tarifas que implique proveer a la sociedad y a las empresas privadas de la infraestructura productiva con altísima calidad y bajos costos para facilitar el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Todos estos factores son fundamentales par el despegue del Uruguay productivo con justicia social que todos anhelamos.
■ Debemos asegurar el derecho del Estado a decidir sobre los asuntos públicos y a examinar la legitimidad de las operaciones realizadas, llevando adelante las auditorias correspondientes.
■ Las empresas estatales deberán ser favorecidas porque es indiscutiblemente un problema de soberanía.
■ Fomentar la investigación a invertir en recursos humanos y tecnológicos.
■ Potenciar la innovación y el desarrollo de las telecomunicaciones, designando los cargos de dirección por idoneidad.
■ Brindar especial atención a las actividades vinculadas a la información y nuevas tecnologías.
■ Las empresas públicas no venden mercancías, brindan servicios esenciales, por lo tanto, suministrarlos es una responsabilidad insoslayable.
Ante los planteamientos, SUTEL, la organización que nuclear a todos los trabajadores de ANTEL, rechaza cualquier intento de privatización de ANTEL (asociaciones o sociedades anónimas) y de todas las empresas públicas, así como a eventuales propuestas del pasaje al derecho privado de los trabajadores públicos, haciendo especial énfasis en la recuperación especificidad de los roles de los organismos públicos.
El mantenimiento de las empresas públicas en manos del Estado es un elemento imprescindible de la soberanía e instrumento especial para el desarrollo del país productivo con política social. El PIT-CNT lo impulsó a través de sus plebiscitos en defensa del patrimonio.
Por lo tanto, plateamos la más absoluta defensa de los pronunciamientos populares de 1992 y 2002.
Respecto a las comunicaciones tomadas como un servicio público, se debe garantizar los derechos de los habitantes al acceso material y libre a la información, verificando el cumplimiento de los preceptos contenidos en los tratados internacionales, en la Constitución y las leyes, además de procurar que los servicios estén disponibles a precios accesibles, verificar los principios de universalidad y de esta forma se generan condiciones materiales para:
■ Igualdad de oportunidades para todos los habitantes y equidad en el acceso a la información para todos los sectores de la sociedad, pilares estos de una democracia real.
■ Consolidación del Estado; sano y transparente, eficaz en los controles que le son encomendados y a la vez controlable por una población bien informada y alentada a participar activamente
■ La existencia de información suficiente, precisa y a tiempo, constituirá la base del orden y la eficiencia pública, factores necesarios para pensar en metas más ambiciosas que nos lleven a estudios superiores de bienestar, democracia y justicia.
■ En las áreas sociales, se destacan nítidamente el aporte que las telecomunicaciones manejadas con sentido social pueden aportar en la educación (sin olvidar el deporte y el entretenimiento como actividades recreativas y facilitadoras de la comunicación y la convivencia social), así como en la integración de regiones alejadas de los centros culturales. El concepto mismo de nación requiere la consolidación de una cultura nacional. Su vigencia, evolución y reproducción dependes esencialmente de la difusión tanto de valores como manifestaciones concretas. Así pues, la determinación de políticas nacionales de telecomunicaciones orientadas a los objetos culturales cobran trascendente relevancia.
La legislación vigente sobre telecomunicaciones
Componen el marco jurídico de las telecomunicaciones en el Uruguay:
■ Ley 12.082
Decreto ley 14.235 del 25 de julio de 1974: Separación de UTE y creación de ANTEL, consagrándole el monopolio en la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones, acorde a la UIT.
■ Ley 14.670.
■ Ley 15.671 del 8 de noviembre de 1984 (ley orgánica de la Dirección Nacional de Comunicaciones).
■ Ley de empresas públicas 16.211 del 1 de octubre de 1991.
■ Recursos de referéndum del 13 de diciembre de 1992, aprobado contra los artículos 1,2,3,10 y 32 por el 72% de la ciudadanía.
■ Ley 16.828 (ITC).
■ Ley de presupuesto 17.296 del 21 de febrero de 2001 (creación de URSEC, articulo 70 a 97), artículos 612 y 613, de cuestionable constitucionalidad.
■ Ley 17.524 del 5 de agosto de 2002, derogando el articulo 612 y 613 de la ley anterior. Para evitar ilegítima e inconstitucionalmente el plebiscito (construcción de la república, artículo 79, inciso2, artículo 82, incisos 2 y 4, y artículo 330 donde entre otros se consagra a la ciudadanía los actos de referéndum, cono legislador supremo).
Del estudio de estas disposiciones legales surge que:
■ básicamente siegue vigente la ley 14.235 salvo las modificaciones no derogadas por el referéndum de la ley 16-211 y por la ley 17.296 sin sus artículos 612 y 613.
■ En consecuencia ANTEL tiene como cometido específico y monopólico brindar todos los servicios de telecomunicaciones (en particular incluyendo a todos los de telefonía), entendiendo servicio público en su conjunto. El poder ejecutivo lo reconoce en una resolución del Presidente de la Republica en acuerdo con el ministerio de defensa del 24 de julio de 2003.
■ Los permisos otorgados “en forma precaria y revocable sin ningún tipo de indemnización para el Estado”, mientras rigieron las modificaciones derogadas, si bien podemos admitir su legalidad, sin embargo resultan cuestionables. Correspondimos por tanto su revisión y eventualmente sus cancelaciones.
■ La propia URSEC es alcanzada por los puntos 1,2, y 3, amén de que prestigiosos juristas entienden que su creación es inconstitucional por tratarse de organismos fuera del control de Poder Legislativo, ya que no pertenecen a ningún ministerio.
■ Resulta aún más claro el hecho del que el Poder Ejecutivo no puede innovar, respecto a los operadores ya autorizados (transformar autorizaciones precarias en plazos, o aprobar transferencias entre sociedades).
Defendemos ANTEL y al país, manteniendo niveles de excelencia técnica y gestión.
■ Brindando oportunidades de empleo a los jóvenes uruguayos.
■ Optimizar su gestión, mejorando la rentabilidad y contribuir al bienestar y desarrollo del país. Contribuir a las políticas de inclusión social, mediante su programa “relacionamiento con la Comunidad”.
■ Telefonía pública, servicio universal, convenios con ANEP y otras organizaciones por la igualdad de acceso a la información y la comunicación.
■ Fomentar la tecnología nacional y la investigación, fortaleciendo al Uruguay productivo e innovador. ANTEL, con la acumulación de conocimientos y estudios de sus propios técnicos y sus laboratorios, está en condiciones de desarrollar equipos con los últimos adelantos, con posibilidad para su fabricación; fomentando en la plaza la fabricación de los componentes para sus equipos e independizándose de las grandes multinacionales.
■ El fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico por la Universidad de la Republica.
■ Democratización de la información entre otras vías por medio de Internet. Dicha información está en manos del estado (ANTEL). A quién se le puede ocurrir pensar en las investigaciones de las universidades privadas serán de conocimiento público; éstas no apuntan al desarrollo del conocimiento de todo el pueblo, sino a los intereses de los grandes centros monopólicos, al enriquecimiento de los ya millonarios. Esto está garantizado porque son financiados por los grandes centros de poder, sus tarifas por estudiante son inalcanzable paro el hijo de los trabajadores.
El derecho a la información
El gobierno tiene las herramientas para apoyar el proyecto de fortalecimiento de las empresas públicas. Partiendo de la base que moderadamente el derecho a la información se reconoce dentro de los derechos individuales, se infiera inmediatamente que el aseguramiento del derecho público a la comunicación (en todas sus formas: epistolar, telecomunicación, acceso a los medios, etcétera) es una función indelegable del Estado, por lo tanto debe tener poder de decisión real sobre el desarrollo del sector, siendo primordial lo referente a la propiedad de los medios para la producción del servicio y la accesibilidad por parte de todos los habitantes.
Esto se opone irreconciliablemente al concepto de que la información y los servicios de telecomunicaciones pueden ser tratados como una mercancía más.
■ Tal derecho genérico a la información implica particularmente en el campo de las telecomunicaciones, instalaciones para la comunicación convencional o avanzada, para destruir información, derecho a acceder a los medios de comunicación, así como a los recursos, ideas y opiniones.
■ Derecho a reclamar que los recursos esenciales necesarios para la telecomunicación pública (tales como el espectro electromagnético y la infraestructura esencial de las telecomunicaciones, comprendiendo los cableados) sean patrimonio de la comunidad y no sean apropiados por sectores privados.
■ Derecho a participar en la toma de decisiones públicas acerca de la elección, desarrollo y aplicación de tecnologías de la telecomunicación, desarrollo y aplicación de tecnologías de la telecomunicación, y acerca de la estructura y política de la industria de servicios.
■ Derecho a acceder y hacer uso de manera igualitaria del nuevo entorno electrónico (ciberespacio) en condiciones de seguridad informática, entendida ésta como el respeto y la protección de la dignidad humana contra en abuso de las tecnologías de la información y comunicación cometidos por algunos gobiernos y entidades no estatales de cualquier naturaleza.
Los trabajadores de ANTEL y el pueblo uruguayo la defenderemos nuevamente para lograr el Uruguay de nuestros sueños.
Defensa del Derecho a la Información con ANTEL pública.
Defensa del Derecho a la Información
con ANTEL pública
Extractos del documento “Aporte de SUTEL Hacia el II congreso del pueblo”
(…)El mantenimiento de las empresas públicas en manos del Estado es un elemento imprescindible de la soberanía e instrumento especial para el desarrollo del país productivo con política social. El PIT-CNT lo impulsó a través de sus plebiscitos en defensa del patrimonio.
Por lo tanto, plateamos la más absoluta defensa de los pronunciamientos populares de 1992 y 2002.
Respecto a las comunicaciones tomadas como un servicio público, se debe garantizar los derechos de los habitantes al acceso material y libre a la información, verificando el cumplimiento de los preceptos contenidos en los tratados internacionales, en la Constitución y las leyes, además de procurar que los servicios estén disponibles a precios accesibles, verificar los principios de universalidad y de esta forma se generan condiciones materiales para (…)
■ (…) Democratización de la información entre otras vías por medio de Internet. Dicha información está en manos del estado (ANTEL). A quién se le puede ocurrir pensar en las investigaciones de las universidades privadas serán de conocimiento público; éstas no apuntan al desarrollo del conocimiento de todo el pueblo, sino a los intereses de los grandes centros monopólicos, al enriquecimiento de los ya millonarios. Esto está garantizado porque son financiados por los grandes centros de poder, sus tarifas por estudiante son inalcanzable paro el hijo de los trabajadores.(…)
El derecho a la información
El gobierno tiene las herramientas para apoyar el proyecto de fortalecimiento de las empresas públicas. Partiendo de la base que moderadamente el derecho a la información se reconoce dentro de los derechos individuales, se infiera inmediatamente que el aseguramiento del derecho público a la comunicación (en todas sus formas: epistolar, telecomunicación, acceso a los medios, etcétera) es una función indelegable del Estado, por lo tanto debe tener poder de decisión real sobre el desarrollo del sector, siendo primordial lo referente a la propiedad de los medios para la producción del servicio y la accesibilidad por parte de todos los habitantes.
Esto se opone irreconciliablemente al concepto de que la información y los servicios de telecomunicaciones pueden ser tratados como una mercancía más.
■ Tal derecho genérico a la información implica particularmente en el campo de las telecomunicaciones, instalaciones para la comunicación convencional o avanzada, para destruir información, derecho a acceder a los medios de comunicación, así como a los recursos, ideas y opiniones.
■ Derecho a reclamar que los recursos esenciales necesarios para la telecomunicación pública (tales como el espectro electromagnético y la infraestructura esencial de las telecomunicaciones, comprendiendo los cableados) sean patrimonio de la comunidad y no sean apropiados por sectores privados.
■ Derecho a participar en la toma de decisiones públicas acerca de la elección, desarrollo y aplicación de tecnologías de la telecomunicación, desarrollo y aplicación de tecnologías de la telecomunicación, y acerca de la estructura y política de la industria de servicios.
■ Derecho a acceder y hacer uso de manera igualitaria del nuevo entorno electrónico (ciberespacio) en condiciones de seguridad informática, entendida ésta como el respeto y la protección de la dignidad humana contra en abuso de las tecnologías de la información y comunicación cometidos por algunos gobiernos y entidades no estatales de cualquier naturaleza.
con ANTEL pública
Extractos del documento “Aporte de SUTEL Hacia el II congreso del pueblo”
(…)El mantenimiento de las empresas públicas en manos del Estado es un elemento imprescindible de la soberanía e instrumento especial para el desarrollo del país productivo con política social. El PIT-CNT lo impulsó a través de sus plebiscitos en defensa del patrimonio.
Por lo tanto, plateamos la más absoluta defensa de los pronunciamientos populares de 1992 y 2002.
Respecto a las comunicaciones tomadas como un servicio público, se debe garantizar los derechos de los habitantes al acceso material y libre a la información, verificando el cumplimiento de los preceptos contenidos en los tratados internacionales, en la Constitución y las leyes, además de procurar que los servicios estén disponibles a precios accesibles, verificar los principios de universalidad y de esta forma se generan condiciones materiales para (…)
■ (…) Democratización de la información entre otras vías por medio de Internet. Dicha información está en manos del estado (ANTEL). A quién se le puede ocurrir pensar en las investigaciones de las universidades privadas serán de conocimiento público; éstas no apuntan al desarrollo del conocimiento de todo el pueblo, sino a los intereses de los grandes centros monopólicos, al enriquecimiento de los ya millonarios. Esto está garantizado porque son financiados por los grandes centros de poder, sus tarifas por estudiante son inalcanzable paro el hijo de los trabajadores.(…)
El derecho a la información
El gobierno tiene las herramientas para apoyar el proyecto de fortalecimiento de las empresas públicas. Partiendo de la base que moderadamente el derecho a la información se reconoce dentro de los derechos individuales, se infiera inmediatamente que el aseguramiento del derecho público a la comunicación (en todas sus formas: epistolar, telecomunicación, acceso a los medios, etcétera) es una función indelegable del Estado, por lo tanto debe tener poder de decisión real sobre el desarrollo del sector, siendo primordial lo referente a la propiedad de los medios para la producción del servicio y la accesibilidad por parte de todos los habitantes.
Esto se opone irreconciliablemente al concepto de que la información y los servicios de telecomunicaciones pueden ser tratados como una mercancía más.
■ Tal derecho genérico a la información implica particularmente en el campo de las telecomunicaciones, instalaciones para la comunicación convencional o avanzada, para destruir información, derecho a acceder a los medios de comunicación, así como a los recursos, ideas y opiniones.
■ Derecho a reclamar que los recursos esenciales necesarios para la telecomunicación pública (tales como el espectro electromagnético y la infraestructura esencial de las telecomunicaciones, comprendiendo los cableados) sean patrimonio de la comunidad y no sean apropiados por sectores privados.
■ Derecho a participar en la toma de decisiones públicas acerca de la elección, desarrollo y aplicación de tecnologías de la telecomunicación, desarrollo y aplicación de tecnologías de la telecomunicación, y acerca de la estructura y política de la industria de servicios.
■ Derecho a acceder y hacer uso de manera igualitaria del nuevo entorno electrónico (ciberespacio) en condiciones de seguridad informática, entendida ésta como el respeto y la protección de la dignidad humana contra en abuso de las tecnologías de la información y comunicación cometidos por algunos gobiernos y entidades no estatales de cualquier naturaleza.
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